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Otra denuncia penal contra el Ejecutivo

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en mayo 2, 2006

Los concejales (ARI )Gustavo Longhi y Andrea Barra realizaron una denuncia contra el Estado Municipal por irregularidades en la ejecución de obras en el “Paseo Pacheco”, en la que se informa que empleados y herramientas del municipio son puestos al servicio de empresas privadas para la ejecución de trabajos adjudicados a las mismas. En defensa del Intendente, el secretario de obras públicas, Ariel Pagella, salió al cruce de las acusaciones aclarando la situación y atribuyendo el actuar de los ediles a una maniobra política “en la cual se han juntado la derecha y la izquierda”, a la par que cargó duramente contra la concejal justicialista, de quien dijo: no tiene memoria ni autoridad moral.

Río Grande.- Los concejales Gustavo Longhi y Andrea Barra presentaron, la semana pasada, una denuncia penal ante el representante del Ministerio Público Fiscal, Luis Alberto Giménez, por hechos que, dada su irregularidad, podrían originar sanciones penales contra el Ejecutivo Municipal.

El hecho que diera lugar a la denuncia involucra al Ejecutivo Municipal y a la empresa “TOTY Construcciones”, por la utilización de mano de obra y herramientas de la Municipalidad.

Esto ya había tomado estado público semanas atrás, cuando fuera divulgado por distintos medios radiales de Río Grande.

En la denuncia, que fuera radicada previo asesoramiento legal por parte del letrado del bloque concejales del ARI, se pone en conocimiento del fiscal “hechos de los cuales podría considerarse la existencia de una irregularidad imputable al estado municipal de la ciudad de Río Grande”.

Parte de que el Concejo Deliberante había tomado conocimiento, a partir del acta de inspección Nro 8349 labrada por autoridades de trabajo de la provincia el día 9 de marzo pasado, que se estaría utilizando personal municipal, para la realización de tareas que se encontraban tercerizadas, en empresas privadas.

Por medio de la denuncia radicada se informó al fiscal que, con motivo de la inspección mencionada “se constató que en el área de labor de la empresa TOTY Construcciones, cumplían funciones al mismo tiempo empleados de la Municipalidad de Río Grande”.

Inclusive se mencionan los nombres de los trabajadores que se encontraban en el lugar.

Exponen que, en la oportunidad, “luego de que los empleados de la firma TOTY Construcciones fueran inspeccionados e identificados, éstos se retiraron de la zona dejando las herramientas en el lugar donde estaban trabajando los empleados municipales, lo cual denota que dichas personas efectivamente estaban trabajando en coordinación con el personal municipal y utilizando herramientas y enseres municipales”.

En este marco, de los datos expresados en el acta de constatación, ha quedado constancia que “el personal relevado –de TOTY Construcciones- se retiró en un vehículo marca Toyota blanco que en sus laterales tenía el logo de la Municipalidad de Río Grande”.

Un dato a tener en cuenta es que “la persona que se encargó de retirar a los trabajadores de TOTY Construcciones fue, según testimonios brindados por delegados de ATE –presentes en el lugar-, un funcionario de apellido Flores quien sería Director General de Obras y Servicios Públicos, poniendo de resalto que las autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal estaban en conocimiento de que los empleados de la empresa y los empleados municipales se encontraban realizando las mismas tareas”.
De todo esto fueron testigos lo ediles Longhi y Barra, quienes habían concurrido al lugar a raíz de un llamado originado en el ATE, donde pudieron verificar la presencia de empleados del municipio y de la constructora trabajando en las mismas tareas y utilizando herramientas pertenecientes al Municipio.

Los hechos habrían sucedido en el “Paseo Avenida Pacheco” de esta ciudad. Donde TOTY Construcciones realizaba trabajos en el marco del plan Forestación Urbana 2006, para lo cual había sido contratada mediante el Contrato de Obra Nro. 34/06 aprobado por Resolución Nro. 259/06.

TOTY Construcciones ya había sido contratada por el municipio para llevar adelante otras obras, referidos al “plan de forestación año 2005”, “saneamiento y aseo urbano año 2005” y para la construcción de 25 núcleos húmedos en la ciudad.
Los concejales, además, pusieron en conocimiento del fiscal que, la primera etapa de la obra paseo Pacheco se encuentra adjudicada a la empresa JP SERVAL S.A., según licitación privada, y que el cuerpo de concejales no ha tenido acceso a los expedientes de la misma, razón por la cual no podían afirmar que la parquización de la obra no se encontraba incluida en el pliego de adjudicación a JP SERVAL S.A.

En la denuncia consta que las obras públicas llevadas adelante por el ejecutivo, en el sentido amplio de la palabra abarcan, en el proyecto de presupuesto del año 2006, una suma aproximada de 35 millones de pesos, si en tener en cuenta lo que puede surgir de obra pública en el presupuesto participativo, que son alrededor de 2 millones, ni el monto destinado al fondo solidario de incendios, que ronda los 900 mil pesos.

El escrito presentado llama la atención del fiscal respecto a que “es un signo de alerta muy importante el trabajo simultáneo de empleados municipales y empleados de empresas privadas que puede significar que la ecuación económica del empresario tenga un desahogo con el aporte del trabajo del personal municipal, lo que implica un doble pesar sobre las cuentas públicas, ya que se paga a terceros por un trabajo que no se realiza”.

Se deja constancia, que esta situación “había sido planteada verbalmente, en reiteradas oportunidades ante el Concejo Deliberante, por empleados municipales y representantes gremiales de ATE, quienes manifestaban que en obras que eran contratadas por el Departamento Ejecutivo Municipal para ser ejecutadas por empresas privadas, también el Departamento Ejecutivo Municipal disponía que el personal municipal trabajase en las mismas obras –bacheo, movimiento de suelo, parquizaciones, pintura, etc.-”.

Otro dato destacado es el que reza que éstos empleados municipales y gremialistas plantearon ante el Concejo que “el Departamento Ejecutivo Municipal realizaba obras públicas con empresas privadas a través de los mecanismos previstos por la ley –licitación pública, licitación privada o contratación directa-, pero que muchos ítems de las obras ejecutadas por empresas privadas no estaban de acuerdo a las normas del buen arte en la construcción y que el Departamento Ejecutivo esperaba que caducase el plazo de garantía de obra y trasladaba las tareas de reparación y/o arreglos a los empleados municipales”.

Estos reiterados planteados llevaron a que el Concejo Deliberante sancionara, el 4 de octubre de 2005, una Minuta de comunicación por la cual pedían informes al Intendente, sobre estas irregularidades, sin que se obtuviera respuesta en ese sentido hasta la fecha.

En relación a la mala ejecución de las obras del Paseo Pacheco, se tomaron distintas fotografías en las que constan problemas en la construcción, tales como fisuras, desprendimientos de los bancos y otros.

La denuncia reza además, “preocupa al Concejo Deliberante la cantidad de obras y trabajos tercerizados ante los posibles incumplimientos de las normas laborales por parte de los titulares de las empresas adjudicatarias de las obras”.
A raíz de esa preocupación, el órgano legislativo requirió, por medio de una minuta de comunicación, que el Intendente informe lo relacionado con: “nómina de obras y servicios públicos contratados con terceros, costos de las obras y servicios y modalidad de la contratación, titulares de las empresas contratistas y forma de contratación, nómina de empleados de cada empresa y situación de los mismos ante los organismos de la seguridad social, situación de revista de los empleados de la Municipalidad que se encontraban afectados a la realización de tareas que se encuentran tercerizadas, modalidad de selección de directores e inspectores de obra, y situación de revista de los empleados de la Municipalidad de Río Grande que se encontraban afectados a la Dirección e inspección de Obras y Servicios Públicos”.

Los ediles manifestaron en la denuncia que “preocupa la posibilidad que se esté utilizando la labor de los empleados municipales para la realización de tareas que son encomendadas y pagadas a terceros. Así como la posible afectación del patrimonio público, ya que surge del acta de constatación que dio origen a esta presentación se usufructúan las herramientas y enseres de la Municipalidad para beneficio de un particular”.

A más de esto, continúan, “toda esta indefinición es la que genera que los empleados municipales planteen que: son utilizados para el beneficio de las empresas, que las herramientas municipales también son usadas por las empresas privadas, que existiría aporte de material/es del Departamento Ejecutivo Municipal que deberían ser hechos por las empresas privadas, que las máquinas viales de la Municipalidad realizan trabajos que cobran empresas privadas, que los trabajadores de las empresas se quejen de estar en negro, etc”.

Culminan “ante la consideración de que la metodología de contratación es poco clara, que no se encuadra en la Ley Nacional de Obras y Servicios Públicos Nro 13.064, y que se puede causar un perjuicio al erario municipal es que decidimos realizar esta presentación”.
Fuente Prov 23

 

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