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Responsabilidad e imputabilidad penal

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en mayo 2, 2006



La absurda muerte y presunto homicidio de un adolescente, a manos de un grupo de pares, ha repropuesto un debate intermitente y esquizofrénico (que en la Argentina sólo parece avanzar y retroceder al golpes de tragedias), sobre la normativa jurídica a aplicar en estos casos. Una vez más, la discusión parece centrarse en el problema de la baja o no de la edad de la imputabilidad. De modo similar a algunas reacciones que frente al desastre del funcionamiento de ciertos servicios públicos, ya privatizados, proponen su privatización, se propone en este caso la baja de la edad de la imputabilidad. Más allá de la ignorancia o mala fe, “democráticamente” distribuida entre conservadores y progresistas, los menores de edad son desde hace tiempo imputables merced a un decreto de la dictadura militar (

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Las once condenas \na reclusión perpetua a menores de edad irrogadas desde 1997 hasta la fecha, no \nconsiguen ocultar más el mentiroso e inexistente tratamiento tutelar que \nsupuestamente se dispensa a los menores entre 16 y 18 años incompletos. Este \nhipócrita “baño Maria” en el que se mantiene a los menores de edad hasta que, \ncumplidos los 18 años, se los juzga como adultos, constituye una afrenta al \nmismo tiempo, al sentido común, a la Constitución Nacional y \na todos los tratados internacionales que la Argentina ha ratificado en la \nmateria.

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Algunas voces \nconocidas, que consideran a la política una forma de espectáculo y le proponen a \nla ciudadanía el trueque de la ilusión de seguridad por votos en el mercado \nelectoral, intentan nuevamente contribuir a la confusión general. Otras menos \nconocidas y que se auto perciben como “progresistas”, proponen seguir mirando \npara otro lado y continuar siendo cómplices de un sistema represivo discrecional \ncomo el actual, que se horroriza frente a palabras tales como privación de \nlibertad y responsabilidad, pero que no mueven un dedo frente a los horrores \ncotidianos. Niños menores de 14 años “institucionalizados por protección” en \ncondiciones materiales peores que las de muchos delincuentes adultos. \n

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Esta vez, la \npropuesta consistiría en colocar a una ley chilena recientemente aprobada \ndurante el gobierno de Ricardo Lagos, como el ejemplo a seguir para bajar la \nedad de la imputabilidad.

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Digámoslo por \nenésima vez. Bajar la edad de la imputabilidad consiste lisa y llanamente en \ntratar a los menores de edad exactamente igual que a los adultos. En el caso \nargentino, esto significaría comenzar desde los 14 años y no desde los 16 como \nsucede hoy.”,1] ); //–>22.278 de 1980), que casi un cuarto de siglo de democracia no ha conseguido derogar.

Las once condenas a reclusión perpetua a menores de edad irrogadas desde 1997 hasta la fecha, no consiguen ocultar más el mentiroso e inexistente tratamiento tutelar que supuestamente se dispensa a los menores entre 16 y 18 años incompletos. Este hipócrita “baño Maria” en el que se mantiene a los menores de edad hasta que, cumplidos los 18 años, se los juzga como adultos, constituye una afrenta al mismo tiempo, al sentido común, a la Constitución Nacional y a todos los tratados internacionales que la Argentina ha ratificado en la materia.

Algunas voces conocidas, que consideran a la política una forma de espectáculo y le proponen a la ciudadanía el trueque de la ilusión de seguridad por votos en el mercado electoral, intentan nuevamente contribuir a la confusión general. Otras menos conocidas y que se auto perciben como “progresistas”, proponen seguir mirando para otro lado y continuar siendo cómplices de un sistema represivo discrecional como el actual, que se horroriza frente a palabras tales como privación de libertad y responsabilidad, pero que no mueven un dedo frente a los horrores cotidianos. Niños menores de 14 años “institucionalizados por protección” en condiciones materiales peores que las de muchos delincuentes adultos.

Esta vez, la propuesta consistiría en colocar a una ley chilena recientemente aprobada durante el gobierno de Ricardo Lagos, como el ejemplo a seguir para bajar la edad de la imputabilidad.

Digámoslo por enésima vez. Bajar la edad de la imputabilidad consiste lisa y llanamente en tratar a los menores de edad exactamente igual que a los adultos. En el caso argentino, esto significaría comenzar desde los 14 años y no desde los 16 como sucede hoy.

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La ley chilena \nrecientemente aprobada no es una ley de baja de edad de la imputabilidad, sino \nuna ley de responsabilidad penal juvenil en esencia similar a la que hace tiempo \nhe presentado y que hoy se tramita \nen el Congresos Nacional. Se trata simplemente de establecer una responsabilidad \npenal diferenciada para la franja de 14 a 18 años, con todas las reglas de \ndebido proceso, con privación de libertad limitada para delitos graves \ntaxativamente determinados y con fuerte énfasis en la prestación de servicios a la comunidad \npara el grueso de los delitos que habitualmente cometen los adolescentes. \n

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Una ley \nexactamente igual a ésta, fue impulsada, y abandonada posteriormente sin \nexplicaciones, por el actual Gobierno en 2004.

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Una ley de \nresponsabilidad penal juvenil, no resuelve ni resolverá mágicamente los \nproblemas sociales que originan este tipo de conductas. Para ello están las \npolíticas sociales básicas y los programas especiales, responsabilidad del \nEstado y de la sociedad civil.

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Una ley de \nresponsabilidad penal juvenil tiene como modesta función la administración \ntransparente, democrática y racional de conflictos jurídico penales, que no \nresueltos seriamente por el Estado, son “resueltos” brutalmente por la \nsociedad.

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¿Cuántas \ntragedias más podremos todos soportar?

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Prensa: Analí Zvik 15 5327-1261

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La ley chilena recientemente aprobada no es una ley de baja de edad de la imputabilidad, sino una ley de responsabilidad penal juvenil en esencia similar a la que hace tiempo he presentado y que hoy se tramita en el Congresos Nacional. Se trata simplemente de establecer una responsabilidad penal diferenciada para la franja de 14 a 18 años, con todas las reglas de debido proceso, con privación de libertad limitada para delitos graves taxativamente determinados y con fuerte énfasis en la prestación de servicios a la comunidad para el grueso de los delitos que habitualmente cometen los adolescentes.

Una ley exactamente igual a ésta, fue impulsada, y abandonada posteriormente sin explicaciones, por el actual Gobierno en 2004.

Una ley de responsabilidad penal juvenil, no resuelve ni resolverá mágicamente los problemas sociales que originan este tipo de conductas. Para ello están las políticas sociales básicas y los programas especiales, responsabilidad del Estado y de la sociedad civil.

Una ley de responsabilidad penal juvenil tiene como modesta función la administración transparente, democrática y racional de conflictos jurídico penales, que no resueltos seriamente por el Estado, son “resueltos” brutalmente por la sociedad.

¿Cuántas tragedias más podremos todos soportar?

Emilio García Méndez (Diputado Nacional ARI)

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