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Voluntad popular y derechos humanos

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en mayo 14, 2006

Emilio García Méndez

Luís Abelardo Patti, poseedor de uno de los prontuarios más siniestros en materia de violaciones gravísimas a los derechos humanos, tanto durante la dictadura como durante los gobiernos democráticos posteriores, fue electo diputado nacional en las elecciones de octubre del 2005. Con innumerables procesos penales abiertos en algunos casos por encubrimiento de delitos de lesa humanidad, el caso Patti se adecua largamente a la exigencia de “pruebas suficientes de participación”, que exige el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para “cerciorarse de que las personas que participaron en violaciones graves de los derechos humanos no sigan ocupando un empleo en las fuerzas armadas o en la administración pública” (sesiones 1883,1884 y 1893 del año 2000 del Comité de DD.HH. de Naciones Unidas). Denunciado por sus propios pares, la Cámara de Diputados votó masivamente para impedir su jura e ingreso y giró el caso a la comisión específica de la propia Cámara, que deberá expedirse antes del 31 de mayo sobre la idoneidad moral del candidato. La Comisión respectiva decidió por mayoría, aunque sin unanimidad, recomendar que el pleno del cuerpo impida la asunción del cuestionado policía. Con dictamen de la comisión, el tema volverá al plenario de la Cámara para su votación en los próximos días.

El caso, uno más de los dilemas cruciales que enfrentamos los argentinos en materia de derechos humanos, ha dividido profundamente al conjunto de los representantes del pueblo. Diversos aspectos de naturaleza jurídica y política están en juego aquí. Para comenzar, tres artículos de la Constitución Nacional expresan con claridad, respectivamente, que cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos en cuanto a su validez (artículo 64), que para ser diputado se requieren alguno requisitos formales de edad y residencia expresamente enunciados (art.48) y que todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en sus empleos, sin otra condición que la idoneidad (art.16). Resulta casi obvio que el debate se haya centrado sobre el alcance que el cuerpo juzgador deba dar al concepto de “idoneidad” antes mencionado.

Dos argumentos fuertes, de diversa naturaleza, se esgrimen a favor de la incorporación del mencionado candidato. En primer lugar, que la Cámara sólo puede considerar requisitos formales de admisibilidad para el cargo y en segundo lugar, que la soberanía del voto popular debe ser respetada a rajatabla.

Sin embargo, en la “era de los derechos humanos” (para usar la feliz expresión del homónimo y magnifico libro de Norberto Bobbio), otras consideraciones ponen en evidencia la enorme complejidad del problema.

Para decirlo en forma rápida, así como el derecho internacional de los derechos humanos impone límites a la soberanía nacional, la positivizacion de los derechos humanos impone, y debe imponer, límites a la voluntad popular. Se trata de un delicadísimo equilibrio, donde sólo la asociación rigurosa y restrictiva de idoneidad moral con delitos de lesa humanidad, posibilita y exige la medida excepcional de no permitir su ingreso a la Cámara de Diputados.

Pero no se agota aquí la delicadeza de una cuestión como ésta. También es necesario enfrentar los argumentos que otorgan un carácter absoluto al voto popular. Resulta prácticamente imposible no vincular este tipo de argumentos con el concepto de “absolutismo de la mayoría” al que se ha referido en extenso el filósofo del derecho italiano Luigi Ferrajoli.

Varias son aquí las conclusiones posibles. Tal vez una de las más pertinentes, muy especialmente para el caso argentino, se refiera a las profundas contradicciones que encierra toda política de derechos humanos que pretenda “naturalmente” articularse con concepciones abiertamente plebiscitarias de la democracia. Concepción que, crecientemente sostiene el Gobierno argentino actual con notorio detrimento del respeto al funcionamiento de las instituciones democráticas. No en vano la Constitución Nacional argentina veda a la iniciativa popular en materia de leyes, temas tales como los tratados internacionales y la materia penal.

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