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ARI CHACO TERADA «TEMA TIERRAS»

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en junio 8, 2006

El caso Gualtieri: 23 años de trámites con evidencias de graves irregularidades 

La adjudicación de 10.000 hectáreas de tierras fiscales en el norte del Chaco a los hermanos Victorio Américo Gualtieri y Saverio Nicolás data de un proceso iniciado en marzo de 1983, donde ambos se presentan a concurso por ofrecimiento público en el marco de la ley 2.107, que permitía en su artículo 13 a quienes tengan la vocación de ser productores y que se comprometan a asumir la dirección de la explotación, pero la historia no fue así. No se cumplió esa ley, ni otra, ni la Constitución Provincial.

En un pormenorizado relato, la diputada por el ARI, Alicia Terada, afirmó que el 10 de octubre de 1983 se dictó la resolución 2.173, firmada por quienes estaban en ese momento como administrador por el administrador general de Colonización, Dante Floriani, por el que se la que le adjudica en venta las parcelas 203 y 204 para la explotación ganadera. Son 4.980 hectáreas.

Posteriormente, ya en el gobierno constitucional del doctor Florencio Tenev, el 8 de febrero de 1984 se formaliza ese contrato de adjudicación de venta, que ellos denominaban título provisorio y lleva el número 8.660. Fue firmado por el señor Carlos Palacios, quien en ese momento revestía la calidad de administrador general del Instituto de Colonización.

Entonces el compromiso que se hizo en el momento de la adjudicación en venta, no sólo fue pagar el precio el 10 por ciento y luego en 5 años no sólo completar el pago sino también realizar todas las mejoras que se presentaron en el plan de trabajo y comprometieron llevar a cabo. ese fue el compromiso de los empresarios bonaerenses, pero fue a cuenta gotas en un aspecto y en otros no hubo nada más que palabras, en este caso escritas inútilmente.Los campos sin ganado

Los campos de los hermanos Gualtieri en teoría eran una unidad económica ganadera, y cabe destacar que llama poderosamente la atención que en la declaración jurada dice que el domicilio de Victorio Américo es en Dolores, en provincia de Buenos Aires, y a su vez que no reside en el Chaco pero a pesar de eso se le adjudica en venta. El 30 de agosto de 1985 cancela la deuda con el Instituto de Colonización.

Desde la adjudicación pasaron 13 años sin ningún tipo de verificación ni control de esos 5 años en que se debieron cumplir con las distintas tareas que estaban comprometidas en el plan de trabajo. El 9 de abril de 1996 se efectúa una inspección en la Parcela 204 en la que se constata que las mejoras no han variado de las que se realizaron en su momento en el año 1983 y que respecto de la Parcela 203 se encuentra totalmente libre de mejoras.

‘Es más, en el acta de inspección que un señor Antonio Dante Andrada, que manifestó ser cuidador de esas tierras dijo que en ese predio hacía 5 o 6 años no se realizó ningún tipo de explotación o mejora. Esto motiva que el 5 de noviembre de 1996 se dicte la resolución 992 firmado por Mario Anselmo Sacchi, en ese entonces presidente del Instituto de Colonización, y por el que se rescinde la adjudicación en venta otorgada a Victorio Américo Gualtieri por incumplimiento de obligaciones, o sea por la falta de explotación conforme al tipo de unidad económica, que era ganadera, y conforme a la dimensión que tiene, de 5.000 hectáreas, afirmó la legisladora arista.

Ante ello Gualtieri plantea un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio. ambos recursos son rechazados. Entonces en el año 1999 plantea ante el Superior Tribunal de Justicia una demanda contenciosa administrativa que tuvo sentencia el 18 de diciembre de 2000 donde se rechaza la misma y se impone las costas del empresario bonaerense.

Recién 4 años después recién se lo notifica a Gualtieri de la sentencia dictada por el Superior Tribunal. En el interín se presentó el doctor Miguel Angel Vicente, como su apoderado planteando en el marco de la ley 2.913 la readjudicación de las Parcelas 203 y 204 en virtud de que siguió ocupando con posición plena esos predios y que se hicieron mejoras con un alto nivel de inversión.

‘Ahí se ve que como hubo, por lo menos, una actitud negligente de parte de quienes tenían la obligación de al haberse rechazado la demanda y quedado resuelto el contrato de adjudicación en venta lo que tendrían que haber pedido era la desajudicación de los inmuebles o de lo contrario el desalojo sino se avenían a la desocupación pacífica’, afirmó Terada.

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