La Justicia y el Congreso ya investigan el manejo de algunos de los 20 fondos fiduciarios, entre ellos el del gasoil que esta semana fue cuestionado por la Auditoría General de la Nación (AGN).
Mientras tanto, los líderes del ARI, Elisa Carrió, y de Recrear, Ricardo López Murphy, entre otros, reclamaron aumentar los controles sobre esos fondos, que este año acumularán más de 6.000 millones de pesos. En cambio, 18 cámaras del autotransporte, empresas ferroviarios y gremios del sector salieron a apoyar la política de subsidios para el transporte con esos fondos.
Ante la polémica, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, volvió ayer a rechazar las objeciones de la Auditoría por la falta de controles a la forma en que los empresarios gastan los subsidios y por un adelanto de $ 17 millones de al sindicato de los camioneros de Hugo Moyano.
Según un informe especial publicado por Clarín, los fondos fiduciarios son cuentas bancarias especiales abiertas al margen del presupuesto nacional y que manejan funcionarios como Jaime sin los controles que establece la ley de Administración Financiera.
Como la mayoría de los fondos fueron creados por diferentes decretos, el presidente de la AGN, Leandro Despouy, pidió ayer al Congreso que saque una ley para darles un marco legal regulatorio común a todos.
Mientras tanto, el juez federal Sergio Torres recibió ayer una copia del informe de la AGN que se queja por la falta de controles a los 1.600 millones de pesos entregados como subsidios a las empresas y sindicatos del transporte entre diciembre del 2001 y diciembre del 2004.
El juez Torres pasó ayer mismo el informe al fiscal Oscar Admirante para que decida si se abre una investigación específica sobre el manejo de esos 1.600 millones en una causa en la que se investigan supuestas irregularidades, entre otros juicios abiertos, informaron a este diario fuentes judiciales.
Paralelamente, el presidente de la comisión revisora de Cuentas Mixta del Congreso, el diputado peronista Oscar Lamberto, se excusó ayer de opinar sobre el contenido de la auditoría hasta tanto sea analizado en el seno de ese organismo parlamentario mixto la semana próxima.
Lamberto recordó que el fondo del gasoil fue auditado a pedido de la comisión que preside que tiene la facultad de archivar el informe, hacer un pedido de informes al Gobierno para subsanar los errores o en caso extremo formular una denuncia penal. La comisión mixta es controlada por legisladores oficialistas