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Sitios públicos no podrán tener nombres de represores

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en junio 9, 2006

Así lo aprobó Diputados de la provincia – Alcanza a quienes hayan estado ligados a actos de terrorismo de Estado.

La Cámara de Diputados provincial, con el voto de los distintos bloques políticos, dio ayer media sanción al proyecto de ley por el cual se niega la posibilidad de colocar a edificios o lugares públicos nombres de personas que hayan participado de actos de terrorismo de Estado durante la última dictadura.

El proyecto de ley que ahora pasó al Senado fue firmado por los diputados Alfredo Cecchi, Antonio Bonfatti, Sergio Liberati, Raúl Lamberto, Lucrecia Aranda y Aurora Baudín del socialismo; Edmundo Barrera, Mario Lacava y Liliana Meotto del PJ; Aldo Strada, Verónica Benas y Alicia Gutiérrez del ARI; Daniela Questa y Santiago Mascheroni de la UCR, y Marcelo Brignoni de Encuentro Popular.

La iniciativa está fundamentada en la necesidad de alejar toda posibilidad de que funcionarios, dirigentes o personas que hayan tenido que ver con el oscuro pasado instaurado en 1976 pueda ser impuesto en áreas públicas.

El articulado establece que "se prohíbe la imposición de nombres a edificios o lugares públicos en territorio provincial, de personas que hayan participado o estado ligadas a acciones de terrorismo estatal".

Expresa también que no se otorgará personería jurídica a ninguna asociación civil o similar cuya denominación no cumpla con lo dispuesto en el artículo principal de esta norma, alcanzando la prohibición a las escuelas privadas en sus distintos niveles y modalidades.

También faculta al Poder Ejecutivo a establecer las acciones y consultas que resulten pertinentes a fin de proceder al cambio de nombre de edificios o lugares públicos que no cumplen con lo dispuesto en la norma.

En cambio, la Cámara baja no consideró un proyecto presentado por la diputada del ARI Alicia Gutiérrez para que el cuerpo apruebe una declaración contra la separación del juez federal Reinaldo Rodríguez de la causa por violaciones de los derechos humanos en la provincia, y la designación del conjuez Carlos Lassaga Iturraspe como subrogante.

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