El legislador Raimbault promoverá un recurso de amparo para obligar a sus pares a trabajar

El parlamentario de ARI presentará mañana la medida, patrocinado por el abogado Federico Rauch. Es para que la Justicia obligue a los legisladores a fijar una fecha cierta de reunión de las comisiones y dictaminen sobre los proyectos cajoneados, en especial los relacionados con el Consejo de la Magistratura. Es la primera vez que un legislador se presenta ante un juzgado con el argumento de que no le dejan cumplir la función para la que fue electo

 

El legislador de ARI Manuel Raimbault presentará mañana ante la Justicia Civil de Ushuaia un recurso de amparo pidiendo que se obligue a sus pares a reunirse en comisión para tratar los proyectos de ley “cajoneados”, en especial los relacionados con el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

    La inédita demanda judicial que ingresará en el Juzgado Civil y Comercial a cargo del juez Juan José Ureta, llama la atención porque es la primera vez que un parlamentario se presenta ante la Justicia con el argumento de que un grupo de legisladores le impide cumplir la función para la que fue elegido por la ciudadanía.

    “En mi carácter de legislador electo por el pueblo de Tierra del Fuego y en ejercicio de ese mandato popular (…) vengo a promover formal acción de amparo con el objeto de que se fije un plazo cierto y razonable para que las comisiones de asesoramiento establecidas por el reglamento interno de la Legislatura dictaminen y remitan los proyectos de ley oportunamente girados a las mismas (…) para su deliberación y votación en sesión del Parlamento, conforme lo disponen los artículos 98 y 105 de la Constitución de la Provincia”, sostiene el escrito judicial en el que Raimbault es patrocinado por el abogado de Ushuaia Federico Rauch.

    En los fundamentos del recurso se expone que “en nuestro sistema parlamentario, cualquier legislador tiene el derecho de reclamar el ejercicio efectivo y concreto de su derecho a parlamentar y votar los proyectos de ley en consideración en el Parlamento”, y agrega que “para cumplir la función legislativa, en nuestra provincia, los legisladores deben votar los proyectos legislativos y exponer razones públicamente, en sesión, como ejercicio natural del cargo que invisten. El silencio o la omisión no es una opción válida”.

    El amparo argumenta que no se trata de la intromisión de un poder sobre el otro, sino del “correcto funcionamiento del orden establecido” en la Constitución provincial, y aclara que si bien el juego democrático de las mayorías y minorías determina el destino de los asuntos tratados por la Legislatura, en ningún caso las mayorías pueden evitar el tratamiento de los temas.

    “Lejos de desconocer la concertación política, nuestra Constitución fija los términos que permiten la misma en forma sana y efectiva, en tanto constriñe a la minoría (que no puede eludir el debate y la votación que avizora adversa, porque el proyecto puede ser sancionado sin su participación); y, a la vez, impone a las mayorías el debate y la votación para desechar iniciativas, en el único marco aceptable, esto es: en ejercicio de la función legislativa, de cara a la ciudadanía”, advierte el recurso judicial.

    En relación a los proyectos cajoneados en comisión, y que siguen sin dictamen, la presentación hace referencia “al presentado por los Dres. Carlos Bassanetti y Federico Rauch, cuyo objeto es participar al Pueblo de la Provincia en el procedimiento de designación de los miembros del Superior Tribunal de Justicia y órganos de contralor constitucionales, mediante una votación no vinculante y de preferencia de los postulantes a dichos cargos”, y a la “reforma de la ley Nº 8 que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, tendiente a fines similares de mejorar la participación y transparencia en el funcionamiento del órgano constitucional designado para proponer o acordar la designación de los magistrados y funcionarios judiciales