ARI DIPUTADO OLIVERA

La Constitución porteña no se cumple cabalmente

 

A 10 años, la autonomía de la ciudad es todavía una asignatura pendiente

La Nación no transfirió el control de la seguridad pública, el tránsito, el juego, el puerto y los servicios

A casi diez años de la sanción de la Constitución porteña, el basamento legal sobre el cual debía construirse la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, los vecinos de la Capital todavía se ven obligados a recurrir en ocasiones al gobierno y a la justicia nacionales para solucionar problemas barriales cuando, en gran medida, podrían hacerlo en la comuna y el tribunal descentralizados, a no más de 15 cuadras de su casa.

Sucede que la puesta en práctica del mandato doblemente constitucional -que aparece en la Carta Magna nacional y en el estatuto local- de dotar a la Capital de autonomía plena permanece, a pesar del transcurso del tiempo, a medio camino.

Ni las autoridades nacionales ni las porteñas instrumentaron, desde el 1° de octubre de 1996 hasta ahora, la totalidad de los mecanismos y acciones establecidos para que Buenos Aires fuera completamente independiente en su gobierno y administración.

Tal vez, lo esencial de esta deuda sea -según coinciden abogados constitucionalistas, legisladores porteños y ex estatuyentes consultados por LA NACION- el perjuicio causado a la vida cotidiana de la gente como consecuencia de la nebulosa jurídica.

Si la Nación hubiera terminado de traspasar la Justicia a la ciudad y le hubiera transferido la policía, los bomberos, la administración del puerto, los terrenos del Onabe junto a las vías del ferrocarril, el control del transporte, del tránsito y del juego, y si las autoridades porteñas hubieran conformado las comunas, sería más fácil solucionar los problemas de los vecinos y mejoraría la calidad de vida en la Capital.

Por ejemplo:

• Los vecinos de Núñez, afectados por una serie de violaciones en terrenos nacionales aledaños al ferrocarril, hubieran reclamado a la junta comunal (asentada en el barrio) que desmalezara y colocara luminarias, y no hubiera sido necesaria la intervención del ministro del Interior, Aníbal Fernández, para pedir un refuerzo policial en el lugar. Esta cuestión la hubiera podido resolver el hoy ministro de Gobierno porteño.

• Todo el operativo de atención posterior a la tragedia de Cromagnon hubiera estado en manos de la ciudad, con su policía y sus bomberos, además de su sistema médico. Por lo tanto, el gobierno porteño hubiera sido responsable exclusivo de lo actuado y sólo habría quedado discutir si la asistencia brindada había sido buena o mala.

• Para combatir la publicidad expuesta junto a las vías del ferrocarril Belgrano, que balconea sobre la avenida Lugones con sus efectos indeseables sobre la atención de los automovilistas, la ciudad podría obligar a bajar los carteles sin exponerse a que los empresarios planteen un conflicto jurisdiccional ante la Justicia.

• Si la autonomía fuera plena, también podría resolver el gobierno porteño el destino del casino flotante sin que los explotadores pudieran plantear un conflicto de jurisdicción ante la Justicia, y podría intervenir cuando una huelga de los trabajadores de subtes paraliza a Buenos Aires, si tuviese la potestad de controlar el servicio.

Cuestión de poder

Lo cierto es que, según los entendidos, la codicia del gobierno nacional por retener el poder y el beneficio económico que implica el manejo de la policía, el juego y el puerto impediría la expresión total de la autonomía durante varios años más.

Respecto de la justicia porteña, sólo hay tribunales contravencionales, de faltas y contencioso-administrativos y tributarios. Fueron transferidas parcialmente competencias penales y resta traspasar los fueros laboral, civil, comercial, de la seguridad social, criminal y correccional.

El hoy legislador porteño por ARI Enrique Olivera -que estrenó la autonomía como vice en la primera fórmula elegida por la ciudadanía para gobernar la Capital- consideró: "La autonomía debía ser plena para 2001. Pero la Nación no quiso perder competencias y los políticos porteños no se resignan a que, comunas mediante, ninguna corporación pueda ya controlar toda la ciudad".

Opinó: "Cualquier jefe de gobierno porteño trabaja con una mano atada si no puede controlar la calle, que es lo que sucede: no maneja ni a la policía ni a los bomberos, ni fiscaliza el tránsito y el transporte".

El constitucionalista Daniel Sabsay calificó la situación jurídica de la ciudad como "una gran nebulosa" que favorece los conflictos judiciales. "Si la autonomía fuera absoluta, los vecinos tendrían mayor capacidad de control porque estarían más cerca de quienes deciden. Ahora, en algunos aspectos, la Capital está en condición inferior a algunos municipios con carta orgánica, régimen electoral propio y control de los servicios", explicó.