ARI TIERRA DEL FUEGO LONGHI

Podrían someter a juicio político al Intendente

Para Longhi, fue una intromisión de poderes

El concejal del ARI Gustavo Longhi aseguró que los concejales tomaron conocimiento del dictamen fiscal de desestimación de una denuncia penal formulada por el intendente Martín. Al respecto, dijo que, con muy buen tino, el fiscal Giménez entendió que los concejales no cometieron delito al aprobar la resolución por la que se suspendiera al contador Labroca por quince días.
Según Longhi, el fiscal evaluó que la suspensión del contador José Labroca tenía que ver con un estricto cumplimiento a las normas vigentes y que los concejales tenían la facultad para dictar la medida, “así es que desestimó una presentación hecha por el juez López Tilli a pedido del Ejecutivo Municipal”.
En lo personal, dijo que está muy contento porque confiaba plenamente en la justicia y en que actuaron en consecuencia. “No nos equivocamos cuando consideramos que se trataba de una intromisión del Poder Judicial”, subrayó tras volver a destacar la decisión de la fiscalía.
Respecto de la medida de no innovar dictada por el juez López Tilli, Longhi señaló que ayer por la mañana presentaron un recurso de apelación a la medida, “porque nosotros nunca dijimos que íbamos a desoír a la justicia. Entendíamos que teníamos la facultad para resolver, en el recinto, en el día de la sesión, y, por otro lado, estábamos dispuestos a recurrir esa decisión judicial por la vía que corresponde”.
Será la cámara, ahora, la que pronuncie la última palabra en este litigio político que, en la opinión del concejal, no es materia judiciable, ya que se trata de la facultad indelegable de los concejales de aplicar una sanción a los funcionarios municipales ante una falta grave. Es una cuestión política

En caso de que la sentencia de la sala civil y comercial de la Cámara de Apelaciones sea favorable a las pretensiones del Concejo, quedaría firme la suspensión del contador Labroca; respuso Longhi, quien apuntó que “el Ejecutivo no va a poder abusar más de la intolerancia o el desconocimiento de la división de poderes y va a tener que acatar la resolución del cuerpo colegiado”.
En su reflexión, recordó que “hay un lugar desde donde no se vuelve, y es del ridículo, y hay un lugar donde la política pierde la esencia fundamental que es la capacidad de entender que no somos los dueños de la cosa pública, sino meros administradores; en la división de poderes los poderes ejecutivo y legislativo tienen asignado un rol. Como concejales, nuestro papel es controlar, requerir información, dictar ordenanzas y, en función de eso, el Ejecutivo –en la figura del propio intendente Martín- ha incursionado, en los últimos tiempos, en la figura de la suma de poderes públicos, arrogándose las facultades de legislar, pero, cuando las cosas no son conforme con sus intereses, utiliza cualquier recurso que nunca debería haber usado, que es el judicial”.
Dijo que la materia política se resuelve en el ámbito político, y que “en esta interpretación equivocada que ha tenido el intendente ha querido judicializar algo político, y por eso hablo de que no se vuelve desde el ridículo”, recalcó.
A su juicio, la medida adoptada por el fiscal Giménez es “un cerrojo a la suma del poder público; es un antídoto para aquellos gobernantes que creen que pueden hacer lo que quieren con la cosa pública