ARI NIRE ROLDAN

«No existe una política de la vivienda social»
Lo afirmó ayer el concejal Nire Roldán en un banderazo al que acudieron unas mil personas en plaza Pringles

«Hay una inexistencia de políticas de vivienda para los sectores sociales, desde la provincia y en la ciudad. Existen 130 asentamientos irregulares, hay cuatro de cada diez inquilinos al borde del desalojo y el 60 por ciento de los inmuebles en construcción no son populares». Con estas palabras, el concejal arista Nire Roldán se dirigió hacia unas mil personas que ayer coparon la plaza Pringles (Córdoba y Paraguay) en el marco de una jornada por la vivienda digna. Allí se propuso la creación de un Servicio Público de Alquiler.

El banderazo fue convocado por el Centro de Estudios Metropolitanos de la Concejalía Popular promovida desde el Concejo Municipal, Inquilinos de Rosario Autoconvocados (IRA) y la Agrupación para la Protección de la Vivienda Unica (Aprovu), entre otras instituciones junto al concejal Roldán.

Al acto concurrieron unas mil personas entre las que se destacaban la Asociación de Mujeres en Lucha y delegaciones vinculadas a la vivienda de todo Santa Fe y Buenos Aires.

Entre los reclamos figuraron la escalada de precios de los inmuebles, los remates de viviendas únicas, el aumento de los alquileres, los asentamientos irregulares, el abandono físico y la irregularidad jurídica de los edificios Fonavi.

Como soluciones a estos problemas habitacionales se exigió una activa participación del Estado. Además se reclamó la prohibición expresa de los remates como medio de adjudicación de inmuebles, y un esfuerzo compartido entre deudores y acreedores con asistencia inclusiva del Estado. También solicitan moratorias y planes de pago acordes a las posibilidades del deudor.

El listado de propuestas también contempla el incremento de la presión fiscal para quienes posean viviendas ociosas o secundarias. Y solicitan que el Estado regule los precios tanto de los contratos locativos como de las viviendas.

Como anexo a todo lo expuesto, los manifestantes propusieron la creación del Servicio Público de Alquiler con un cuerpo de inspectores que acabe con los abusos y el fraude inmobiliario. Y en los casos de viviendas sociales piden un control estricto del uso que se hace de las mismas por parte de los adjudicatarios. Por último, se reclamó un aumento inmediato del gasto público destinado a la construcción de viviendas sociales