ARI Leonardo Gorbacz Diputado Nacional

Leonardo Gorbacz

Sr. Gorbacz.- Señor presidente: como muchas veces ha sucedido en esta Cámara, estamos discutiendo sobre hechos consumados.
Este debate sobre la modificación de la ley de turismo estudiantil se acelera porque hubo una estafa ‑tal vez una de las más importantes pero no la única‑ a muchos estudiantes que debían viajar utilizando los servicios de la empresa Zaiga Travel.
No pretendo sostener que está mal discutir sobre hechos consumados ni que una vez que se produce un hecho de esta naturaleza no se pueda discutir la modificación de la legislación para evitar que se repitan. Sin embargo, lo que sí está mal en mi opinión es que una vez consumado el hecho, en lugar de debatir soluciones reales discutamos una especie de maquillaje a una norma, lo cual no tengo duda alguna sólo conseguirá que en poco tiempo más vuelvan a acontecer sucesos como estos y nuevamente debamos introducir enmiendas.
Entre las más resonantes cabe mencionar la estafa de la empresa Río Estudiantil acaecida en 2002, por la cual mil doscientos estudiantes quedaron varados en Bariloche; en 2003 LAPA dejó a tres mil estudiantes sin poder viajar; en 2005 por Cinco Zonas cuatrocientos estudiantes quedaron varados en Bariloche y ochocientos sin viajar, y en 2006 por el conflicto de Zaiga Travel seis mil estudiantes no pudieron viajar. Menciono estas cifras para que se observe que la concentración está dada hoy, con esta legislación, pues de lo contrario las estafas no podrían haber tenido la magnitud que tuvieron.
¿A quién sirve que estos hechos se repitan? ¿Por qué no podemos dictar una legislación que los resuelva? Resulta evidente que esto no sirve a los estudiantes, que son los principales perjudicados, ni a sus familias. Aparentemente algunas agencias, que se niegan a cambiar el tipo de comercialización ‑a nuestro juicio el punto central por el que se generan las estafas‑, tampoco van a ser beneficiadas si el mercado estudiantil desaparece, como resulta claro que en un tiempo sucederá si las estafas se reiteran. Quizás sí les sirva a algunos políticos que declaman que donde hay una necesidad hay un derecho, pero cada vez que aparece una necesidad lo utilizan. Entonces, no construyen derecho sobre la necesidad sino que hacen uso de eso.
A pesar de que en la Comisión de Turismo planteamos la necesidad de que se presentara el secretario del área a explicar cómo iban a resolver esta estafa y de que presentamos pedidos de informes –que no fueron siquiera tratados en la comisión- el gobierno hizo dos cosas. En primer lugar, ofreció a los padres que contraten con otra empresa con nombre y apellido, Flechabus, pagando una diferencia, que en muchos casos significaba un monto mayor que el precio original del viaje, y en segundo término repartió en forma poco clara un subsidio de más de un millón de pesos a través de una institución religiosa, lo que aparentemente constituía un reembolso del 20 por ciento de lo que cada estudiante había pagado. Una parte de ese millón de pesos ni siquiera fue a parar al bolsillo de los estudiantes y desconocemos su destino. Pero existiera o no esa diferencia, es claro que hubo un uso clientelar de esta estafa ‑que no se pudo resolver, aunque se intentó- de una manera absolutamente irregular, apareciendo el Estado como benefactor de una desgracia privada cuando en realidad es corresponsable de ella por no haber sabido controlar con las herramientas legales que tiene a su alcance a las agencias de viaje que comercializan turismo estudiantil.
Las estafas que mencioné se han producido después de la sanción de una ley de turismo estudiantil que se discutió sobre hechos consumados, del mismo modo que ahora estamos debatiendo este proyecto de ley.
¿Por qué no estamos de acuerdo con el dictamen de mayoría y lo vamos a votar negativamente? Haciendo un análisis de los motivos por los que se producen estas estafas advertimos que no es solamente porque hay algunos comerciantes inescrupulosos –por cierto, no todos lo son, y esto hay que aclararlo bien- sino porque también del otro lado existe una población especialmente vulnerable. No se trata del turismo al que habitualmente estamos acostumbrados sino de grupos de chicos, muchas veces de escasos recursos, que juntan la plata peso sobre peso, vendiendo rifas, haciendo empanadas y demás, que pagan el viaje en cuotas con un año de anticipación con su propio esfuerzo y el de sus familias. De esta manera quedan expuestos o vulnerables durante un año a la posibilidad de fugas y estafas. Por eso, lo que habría que corregir es, precisamente, esta forma de comercialización.
Había otras propuestas de diferentes diputados que no apuntaban estrictamente a esto pero que también podían haber sido viables y que no están contempladas en el dictamen de mayoría, como el establecimiento de garantías y cifras concretas que pudieran servir para afrontar este tipo de situaciones. Es evidente que no se ha querido incluir esas propuestas.
Además, quiero plantear que en materia de turismo deberíamos hablar un poco más del derecho social al turismo y no tanto del negocio del turismo y de las divisas que éste deja. Digo esto porque ni siquiera podemos discutir cómo se distribuyen esas rentas, aunque esperamos que pronto podamos hacerlo. Asimismo deberíamos discutir la forma de distribución del derecho a hacer turismo, ya que está claro que nuestro país carece de una política de turismo social al alcance de todos.
Tenemos por costumbre o por rito social denominar turismo social al segmento que comprende básicamente a algunas personas que realizan su primer viaje, y en algunos casos, el último. Para esa gente esto representa la posibilidad de conocer un lugar de su país, que habitualmente es Bariloche.
Eso hace que para nosotros dicho segmento del turismo merezca un reconocimiento y una protección especiales. Más allá de que esto tiene que ver con el derecho privado, ello no quita que el Estado, que ya está regulando insuficientemente la actividad, pueda tomar medidas para proteger mejor a ese sector.
Nuestro dictamen de minoría propone que las empresas de turismo que comercializan turismo estudiantil estén obligadas a hacerlo a través de un contrato de fideicomiso. A este respecto me llama la atención que muchos que defienden el fideicomiso cuando se trata de enorme cantidad de fondos públicos y les sirve para evitar los controles, se escandalicen cuando proponemos esta figura que sí es adecuada para proteger el dinero de los estudiantes –resguardado por terceros en un banco-, con el fin de que las agencias puedan cobrarlo una vez que el viaje se haya concretado.
Insistimos con este dictamen, porque entendemos que el dictamen de mayoría no resuelve para nada la situación de los estudiantes.
En cambio, estamos de acuerdo con algunos temas aislados, como el referido a la inclusión de lo prescripto en la ley de defensa del consumidor –la 25.599‑, que fuera parcialmente vetada; aunque esta sola incorporación no hace a la esencia de la cuestión porque no modifica el régimen de comercialización de las agencias.

Por lo tanto, debemos decir –con el fin de que quede debida constancia‑ que lamentablemente habrá nuevas estafas. Nosotros no queremos ser cómplices de un nuevo engaño a los jóvenes. Por lo tanto, vamos a votar negativamente el dictamen de mayoría. (Aplausos.)