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ARI ELISA CARRIO DIPUTADA NACIONAL

Publicado por LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en julio 27, 2006

Iniciativa cuestionada: la actividad pesquera en el puerto de Caleta Paula

Polémica por la creación de una aduana en Santa Cruz

El Senado aprobó velozmente un proyecto; para Carrió, será una zona liberada

El 28 de junio último, y luego de un veloz trámite, el Senado aprobó y giró a la Cámara baja un proyecto para crear una aduana en Caleta Paula, el puerto inaugurado en 1998 por el entonces gobernador Néstor Kirchner en la localidad de Caleta Olivia, Santa Cruz. La iniciativa, que pasó inadvertida para la mayoría de los senadores y la opinión pública nacional, fue impulsada por el senador santacruceño e incondicional del Presidente, Nicolás Fernández, quien justificó la medida en el crecimiento de las exportaciones pesqueras de la región y la necesidad de “efectivo control de la actividad a través del asiento físico del guarda aduanero”.

La diputada y líder de ARI Elisa Carrió (Capital) calificó la iniciativa de “acto escandaloso” y denunció a LA NACION que la aduana en Caleta Olivia significará crear “una especie de zona liberada” para la empresa pesquera Conarpesa, que controla buena parte del movimiento de mercadería de ese puerto a través, entre otras actividades, de una planta de secado de calamar, con permiso otorgado por la Legislatura de Santa Cruz en 2004.
Según Carrió, sin embargo, “es ridículo decir que esa aduana está lejos, cuando hay sólo 39 en todo el país y las distancias en la Patagonia son enormes”. El senador santacruceño esgrime también, sobre la base de datos oficiales suministrados por la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz, que el crecimiento en el movimiento anual de mercaderías y buques en Caleta Paula aumentó de manera exponencial desde 1998 hasta la fecha.

Omite un dato curioso: en Caleta Paula no se registraron exportaciones durante 2005, mientras que en otros puertos, como Puerto Deseado, donde no hay aduana, llegaron a 108.591,83 toneladas.

“Es evidente que aquí hay movimiento, y no sólo pesquero”, ironizó Carrió sin dar más precisiones. En febrero último, Kirchner y el entonces gobernador Sergio Acevedo firmaron un contrato para ampliar el puerto de Caleta Paula, que demandará una inversión de 139 millones de pesos.

Ferviente defensor del Gobierno en el Senado, Fernández es abogado y tiene 47 años. A contramano de los recientes encontronazos de la pareja presidencial con la prensa, el senador es socio gerente de la editora Centenario SRL que publica el diario Tiempo de Santa Cruz. Según datos de la AFIP, la editora tiene, hasta noviembre de 2005, cinco embargos.

Fernández también es director suplente de Establecimientos 9 de Julio, surgida durante el gobierno de Néstor Kirchner y cuyo titular es su hermano Claudio Fernández, que sería socio de la actual titular del Banco Nación, Gabriela Ciganotto, en un estudio contable.

Ciganotto tendría, según distintos medios santacruceños, una estrecha relación con el Ministro de Planificación, Julio De Vido.

Silencio

LA NACION intentó comunicarse varias veces con el senador Fernández, pero desde su despacho afirmaron que estaba enfermo y que no podía contestar las llamadas.

Carrió y Conarpesa tienen una causa pendiente en Tribunales luego de que la diputada vinculó a directivos de la empresa con la misteriosa muerte del titular de la firma Pesquera San Isidro, Raúl Espinosa, en enero de 2003. Carrió también denunció que Conarpesa realizó aportes a la campaña que llevó a Kirchner a la presidencia, y la acusó de obtener prebendas, cargos que la empresa rechazó.

En su informe preliminar sobre gestión de recursos pesqueros, de 2004, Carrió citaba una nota dirigida al gobernador de Chubut, Mario Das Neves, por parte de la Cámara Argentina de Pesqueras, Fileteras y Afines en la que acusaba a Conarpesa de tener “el uso exclusivo del Puerto de Caleta Paula”.

En abril de 2004, la interventora de la Dirección Nacional de Pesca, Nélida Videla Sánchez, fue separada de su cargo por el secretario del área, Miguel Campos, luego de denunciar la falta de controles y “posibles actos de corrupción” y fisuras en la fiscalización estatal de las actividades pesqueras de las empresas, entre las cuales mencionó a Conarpesa. Voceros de la firma recordaron a LA NACION la causa judicial pendiente como justificativo para no contestar las acusaciones.

Fuentes de la Comisión de Economía indicaron a LA NACION que el tratamiento del proyecto “no es prioritario”. El bloque arista solicitó al titular de la Cámara baja, Alberto Balestrini (FV-Buenos Aires) que el proyecto pase también por la Comisión de Presupuesto, dada la competencia de la AFIP en la recaudación de impuestos aduaneros, e intentará frenar el proyecto de uno de los hombres del Presidente

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