ARI NEUQUEN

Proponen una defensoría del pueblo descentralizada

El nuevo organismo está incluido en la Constitución reformada. Ya hay proyectos para reglamentarlo. Uno de ellos propicia que tenga facultades para investigar a los funcionarios.

Moraña y Kreitman quieren que la defensoría provincial sea autárquica y tenga amplias facultades

Los diputados del Frente ARI-PI presentaron a la Legislatura neuquina un proyecto de ley para reglamentar la puesta en marcha de la Defensoría del Pueblo de la provincia. La iniciativa promueve crear oficinas regionales para evitar la centralización del nuevo organismo en la capital neuquina. El nuevo instituto podrá investigar y monitorear el funcionamiento de la administración pública y de los funcionarios.

La Defensoría funcionará en forma independiente en el ámbito de la Legislatura y con autarquía financiera. La propuesta del ARI-PI es asignarle un presupuesto anual que ronde entre el 2,5 y el 4,5% de los recursos totales que recibe la Legislatura, que para este año ascienden a 57 millones de pesos, aunque casi 30 millones están reservados para la construcción del edificio legislativo.

La Defensoría se incorporó a la Constitución provincial reformada por la Convención Constituyente pasada. Tiene por objetivo defender, proteger y promover los derechos y garantías de los ciudadanos, de los intereses individuales, difusos o colectivos establecidos en la Constitución Nacional y provincial, frente a actos, hechos u omisiones de los tres poderes del Estado, los municipios, entes autárquicos y descentralizados y de prestadores de servicios públicos que operan en la provincia. Pero la reglamentación para poner en marcha el nuevo organismo está pendiente en la Legislatura.

El proyecto del ARI-PI ingresó la semana pasada a la Legislatura y se sumó a la iniciativa que presentó el diputado de Recrear Eduardo Mestre.

Moraña y Kreitman señalan que la Defensoría tendrá domicilio legal en la capital de la provincia y su competencia abarca toda la provincia. Pero para evitar la centralización de las actividades, impulsan la creación de oficinas regionales en Neuquén, para cubrir los departamentos Confluencia, Añelo y Picún Leufú; en Chos Malal, para abarcar la zona norte; en Zapala, para el centro de la provincia; y en Junín de los Andes, para la región cordillerana.

Para coordinar las acciones proponen designar defensores adjuntos regionales que podrán iniciar investigaciones, velar por la situación de las personas privadas de la libertad, solicitar a las autoridades y funcionarios públicos información y documentación y mediar en conflictos. Además estarán autorizados para interponer acciones de hábeas corpus, hábeas data y amparos.

El ARI-PI promueve constituir una comisión legislativa especial permanente que propondrá, en un plazo de 60 días a contar de la promulgación de la ley que reglamente el nuevo instituto, uno de los tres candidatos seleccionados para ocupar el cargo de defensor del Pueblo de la provincia.

El candidato deberá reunir el voto afirmativo de por lo menos 21 de los 35 diputados. Estará en el cargo 5 años, cobrará la remuneración de un legislador y no podrá ser reelecto. El defensor del Pueblo de la provincia podrá designar un defensor adjunto que deberá contar con el apoyo de la mayoría de la Legislatura. También nombrará a los responsables de las agencias regionales que serán seleccionados en concursos de oposición y antecedentes en cada región. Los adjuntos designados quedarán en el cargo con el aval de la mayoría de los legisladores.

Moraña y Kreitman advierten en el proyecto que no podrán postularse las personas que tengan parentesco con legisladores o funcionarios.