ARI OMAR RUIZ CÓRDOBA

VILLA CARLOS PAZ

Solicitan juicio político contra los tres tribunos

• Los ediles opositores elevarán el pedido hoy al Concejo.
• Miembros de la bancada oficialista avalarían la iniciativa.
• Al cierre de esta edición, los tribunos decidían si se apartaban.

VILLA CARLOS PAZ – Hoy tomará estado legislativo en el Concejo Deliberante el pedido de juicio político contra los tres integrantes del Tribunal de Cuentas
-Graciela Diana, Alejandro Vega y Carlos Benci- a quienes se los acusa, entre otras cosas, de inconducta en el ejercicio de sus funciones e indignidad pública.
La medida que podría derivar en la remoción de estos tres funcionarios electos es promovida por los cinco concejales opositores, pero contaría además con el aval de algunos miembros de la bancada oficialista del radicalismo. Estos últimos recién decidirán su posición definitiva al respecto en el transcurso de un nuevo encuentro que mantendrían hoy en las oficinas del bloque.

Ayer tras dos tensas reuniones los ediles Omar Ruiz y Liliana Bina (Encuentro por la Villa), Gustavo Dellamaggiore (MAC), Margarita Gallardo (PJ) y Esteban Avilés (UCR-disidente) acordaron impulsar el proceso político contra los encargados de controlar los gastos del municipio, al considerar que éstos no cumplieron con su deber al aprobar más de 120 facturas de distintos gastos que no se compadecen con las erogaciones propias y lógicas de sus respectivas funciones. Entre las mismas figuran las compras de medias, vaselina, prepizzas, helado, lomitos, yerba, comida para perros, dentífrico, nafta para autos de competición, vales de peaje y estacionamiento medido.

En forma paralela los concejales opositores promoverán la conformación de una comisión investigadora con la presencia de representantes de todos los bloques para analizar mes a mes, la tarea desarrollada por Diana, Vega y Benci, en los últimos dos años y medio de gestión. Finalmente solicitarán a los nombrados, que pidan licencia y se aparten transitoriamente de los cargos, mientras se sustancia el juicio político y se investigan sus actos administrativos.

Con buen tino y pese al vacío legal que existe en la Ley Orgánica 8102 que enmarca el funcionamiento de todos los municipios y comunas de Córdoba, los ediles de la oposición decidieron otorgarle el derecho a defensa a los 3 integrantes del Tribunal de Cuentas, de la misma forma en que se haría con el intendente si éste afrontara un juicio político. Finalmente acordaron que si se resuelve remover a Diana, Vega y Benci, serán en definitiva los electores de Carlos Paz los que con su voto avalarán o no esta medida.

Incertidumbre

Más allá de la firme actitud opositora, los 5 concejales del oficialismo que tienen la llave para hacer avanzar o no el juicio político ayer no sólo se reunieron entre sí y con los ediles de la oposición, sino que también se entrevistaron con Diana y Vega, los dos representantes que tiene la UCR en el Tribunal de Cuentas. Estos últimos esgrimieron algunos reproches contra el bloque legislativo por no haberlos defendido de los embates opositores, pero no dieron ningunas explicaciones sobre la aprobación de estos insólitos gastos de funcionamiento.
La posibilidad cierta de que varios de los ediles oficialistas aprueben el inicio del juicio político generó una gran incertidumbre entre los tribunos. Anoche no se descartaba que Diana y Vega pudieran presentar un pedido de licencia o directamente renunciar al cargo para el cual fueron electos en el 2003. Similar actitud podría adoptar el justicialista Carlos Benci que fue muy cuestionado por las autoridades de su partido en un encuentro durante el fin de semana.
Si bien la actitud de los cinco representantes del radicalismo se definirá hoy, ellos son conscientes de que si protegen del juicio político al Tribunal de Cuentas, recibirán las críticas de los medios y de la comunidad de Carlos Paz, que ya ha condenado a los tribunos por estos polémicos gastos aprobados.
En el plano judicial, se confirmó ayer la posibilidad cierta de que el fiscal Gustavo Marchetti impute esta semana a los tres vocales del supuesto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público o peculado.
Si piden licencia o renuncian Diana, Vega y Benci, asumirían en su reemplazo Adriana Vallone, Miguel Ballesteros (por UCR) y Cristian Metrebián (por PJ).