Escribe ALEARDO F. LARIA Abogado y periodista. Madrid

Superbeneficios petroleros 

Las 250 compañías petroleras más grandes del mundo, entre las que destacan Exxon-Mobil, BP, Shell y Repsol, obtuvieron en el año 2005 un beneficio global de 290.000 millones de dólares, un 35% más que en el año 2004. La subida imparable de los precios del petróleo provoca el aumento de la “renta petrolera”. La paradoja es que los Estados se apropian de una porción cada vez menor de esa renta.
Según un informe de la UNCTAD (Organización de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo), la participación del Estado argentino en la “renta petrolera” -es decir la diferencia entre el costo de extracción del petróleo y el precio internacional- se ha reducido del 44,6% obtenido en 2001 al 36% en 2004. El costo de extracción -incluyendo el costo de nuevas prospecciones- oscila alrededor de los 4/5 dólares, frente a un precio internacional del barril que ya roza los 80 dólares.
La renta captada por el Estado argentino proviene de las regalías, las retenciones y el impuesto a las Ganancias. Argentina ingresó por los tres conceptos un total de 2.568 millones de dólares en 2004, pero fue el Estado de América latina que se apropió de la menor proporción de esta renta. Las regalías en Argentina son del 12% frente, por ejemplo, al 50% en Bolivia.
En lo que se refiere a las retenciones, la exportación de petróleo crudo está gravada con un 45%, la de butano con un 20%, la de gas licuado con otro 20% y otros productos derivados del petróleo con un 5%. Sin embargo, tomando en cuenta las exportaciones de hidrocarburos, la recaudación por retenciones es apenas del 9% del total (843 millones en 2004). La razón es que la mayor parte de lo que se exporta sale con retenciones del 5%.
El grueso de lo que obtiene el fisco argentino proviene del impuesto a las Ganancias. Por este concepto se ingresaron en las arcas del Estado 1.217 millones de dólares en 2004. El contrapunto es que la renta apropiada por las empresas privadas argentinas, entre 1999 y 2004, según la UNCTAD, se ha aproximado a los 29.000 millones de dólares.
Ecuador, Venezuela y Bolivia modificaron la legislación interior para aumentar las regalías, el impuesto a las Ganancias, o conseguir una participación mayor -a través de las empresas estatales- en el negocio petrolero. Ahora es Argelia la que ha anunciado la modificación de la Ley de Hidrocarburos para restringir las participaciones y beneficios de las multinacionales.
Según el anteproyecto de ley argelino, se eleva al 51% la participación de Sonatrach, la petrolera estatal, en todos los contratos de explotación y exploración firmados con empresas extranjeras. Hasta ahora esa participación no superaba el 30%. La misma participación de la empresa estatal se deberá alcanzar en todas las concesiones para el transporte de los hidrocarburos, ya se traten de oleoductos o gasoductos.
Siempre que el barril de petróleo supere los 30 dólares, el Estado argelino considerará que las compañías obtienen beneficios extraordinarios. En ese supuesto, se aplicará una tasa del 62% sobre esos beneficios excepcionales, un porcentaje más elevado que el 48% actual del impuesto a las Ganancias.
Otra intención de la ley argelina es reducir el crecimiento de su producción de hidrocarburos. Conscientes de que se deben preservar recursos para las generaciones futuras, la ley establece unos límites a la producción diaria de petróleo y gas.
En Argentina, el Grupo MORENO, presidido por Fernando “Pino” Solanas acaba de lanzar una campaña para recoger un millón de firmas que avalen su propuesta de “nacionalización del petróleo y el gas argentino”. Según el MORENO, “Argentina es hoy el único país del mundo cuyos hidrocarburos están totalmente en manos extranjeras. Además, en nuestro país las multinacionales petroleras pagan los impuestos más bajos, que se calculan según sus propios informes, sin ningún control del Estado y encima los evaden, como reconoció la AFIP”.
La propuesta de nacionalización de los hidrocarburos puede parecer anacrónica a los ojos de muchos ciudadanos. Sin embargo, entre una medida tan radical y el “laissez faire, laissez passer” media una gran distancia y caben muchas fórmulas intermedias. Frente a las nuevas circunstancias internacionales, es hora de abrir un debate que permita definir una política energética de largo plazo, razonable, coherente, basada en la defensa del interés nacional.