Escribe NIRE ROLDAN DIRIGENTE DE ROSARIO ARI

«En la mayoría de los casos la

renovacion de los contratos

aumenta en 100 por ciento»

Luego de la devaluación el precio de los inmuebles han aumentando en 400 por ciento, sosteniendo en los hechos la paridad con la moneda estadounidense, mientras que los salarios se han mantenido congelados.

Esta dicotomía, entre valuación de las propiedades en dólares por un lado y congelamiento de salarios por el otro, ha afectado no sólo a quienes habían solicitado créditos hipotecarios, que en la gran mayoría de los casos perdieron las viviendas por los remates hipotecarios, sino también a la amplia franja de ciudadanos que alquilan.

No obstante los esfuerzos argumentales llevados a cabo por la Cámara Inmobiliaria de Rosario en diversas declaraciones públicas con relación a que los precios de «los alquileres se encuentran actualmente en una meseta» o que «han llegado a un punto de estancamiento», la realidad ilustra lo contrario.

Así se vio reflejado en la encuesta destinada a inquilinos, realizada desde el 22 de junio al 22 de julio de 2006 por El Centro de Estudios Metropolitanos de la Concejalía Popular (CEMCP) y la Asociación de Inquilinos de Rosario Autoconvocados (IRA).

La investigación indica que 39 por ciento de los encuestados no pudo, o no podrá, renovar los contratos como producto del aumento, que en la mayoría de los casos asciende a más del 100 por ciento con relación al canon anterior. Lo que implica que estas familias deban mudarse a inmuebles de menor calidad, a pensiones, a las periferias de la ciudad, que vuelvan a sus hogares de origen o directamente son expulsados a asentamientos irregulares.

En Rosario la oferta de inmuebles destinada a alquileres en la actualidad se ve claramente retrotraída, no obstante el llamado «boom» de la construcción que en los últimos dos años se produjo en la ciudad.

La situación se va a ver agravada aún más por la creación de una nueva organización que pretende nuclear a propietarios para destinar los inmuebles a locaciones temporarias, producto del auge turístico de la región. Esta iniciativa ya nuclea a setenta propiedades para ser alquiladas a 150 pesos por día.

Lo que debería resultar un beneficio para el conjunto de la ciudadanía, se expresa como un nuevo mecanismo de concentración de suelos y exclusión social de las mayorías siendo expulsados a las denominadas «periferias urbanas».

Teniendo en cuenta que el pago de los alquileres es un servicio de primera necesidad para quienes no tienen la posibilidad económica de acceder a una vivienda propia, no pueden estar regidos por la ley de la oferta y demanda, impuesta arbitrariamente por los grandes capitales inmobiliarios del país, sino que el Estado debe inexorablemente intervenir para reestablecer el desequilibrio económico.

Hoy, intervenir implica generar acciones legislativas que promuevan la inclusión y el acceso de ciudadanos a vivir en sus propias ciudades o territorios, garantizando el derecho constitucional a una vivienda digna.

(*) El autor es director del CEMCP, integrante del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano y presidente del bloque de concejales ROdel ARI, en Rosario.