ARI ADRIÁN PÉREZ ENTREVISTA

16 de Agosto de 2006
Leyes secretas – Educación sexual

Intervenciones de Diputados

Adrián Pérez

Sr. Pérez (A.).- Señor presidente: responderé a la convocatoria que ha realizado la señora miembro informante del oficialismo ‑referida a que busquemos un mayor grado de consenso‑ con otra: que revean el texto que hoy el oficialismo somete a consideración atento a que no atiende la cuestión central, que sí contemplan otros dictámenes, como por ejemplo el que suscribe el bloque del ARI, sustentado en proyectos legislativos presentados hace mucho tiempo en esta Cámara.
Los miembros informantes sostuvieron que este proyecto de ley constituye uno de los avances institucionales más importante de los últimos tiempos, y yo quiero demostrar que esta iniciativa es puro maquillaje. La verdad es que este proyecto de ley no atiende la cuestión de fondo, no resuelve el tema central: cómo evitar el secreto en los actos de gobierno.
Estamos dispuestos –como deberíamos estarlo todos‑ a respetar el principio constitucional de que en un esquema republicano los actos de gobierno deben ser públicos. Por ese motivo queremos que todos los actos de gobierno sean públicos, por supuesto los del Parlamento, pero también, y mucho más, los del Poder Ejecutivo, que es unilateral, discrecional y carece de controles.
Resulta claro que estamos de acuerdo con la publicidad de las leyes secretas existentes hasta el presente. Sin embargo, la pregunta es: ¿por qué exigimos la publicidad de las leyes secretas, reconocidas hoy por el oficialismo como de carácter histórico e intrascendentes, y no estamos dispuestos a dar publicidad a los decretos secretos que fueron el origen de los más vastos delitos cometidos desde la administración pública nacional en los últimos tiempos? Esta es la cuestión central.
Cuando se publiquen las leyes secretas encontraremos donaciones de caballos de pura sangre o importaciones de vajilla de porcelana para la Quinta Presidencial de Olivos exenta de impuestos. En cambio, cuando se den a publicidad los decretos secretos, que el oficialismo no quiere abrir, develaremos a la sociedad cómo se manejaron en la Argentina los fondos reservados, cómo absolutamente todos los gobiernos democráticos incrementaron los fondos reservados por la vía del dictado de decretos para desviarlos a las más diversas actividades ilícitas. Eso es lo que contienen los decretos y no las leyes secretas.
Obviamente queremos publicidad pero de las cuestiones trascendentes que pueden poner en evidencia cómo se desviaron los recursos de las arcas públicas.
Queremos saber, señor presidente, porque la sociedad lo necesita, cuál fue el instrumento que permitió el desvío ilegal de armas a Croacia y Ecuador, que no se posibilitó por medio de leyes secretas sino de los decretos secretos del Poder Ejecutivo.
No hay nada en las leyes secretas. Es más, todos sabemos que en los últimos 25 años de la historia argentina, desde la vuelta de la democracia, no hay leyes secretas, pero sí decretos secretos.
Tengo que confiar en la palabra de la miembro informante de mayoría que sostiene que este gobierno sólo dictó un decreto secreto. Ciertamente no lo sé. Asimismo tengo que confiar en algunos informes periodísticos y en la información que pude obtener en algunas causas judiciales, pero la verdad es que en una República los actos del Poder Ejecutivo deberían estar al servicio del conocimiento público, y hoy deberíamos estar abocados a analizar la publicidad fundamentalmente de los decretos secretos.
También deberíamos restringir los organismos habilitados para recibir fondos reservados y establecer mecanismos de control sobre esos fondos, porque estas cuestiones tampoco han sido tratadas en el proyecto del oficialismo.
Esos son los puntos que nos diferencian sustancialmente; no es una cuestión menor ni secundaria, sino central.
Días pasados una legisladora me decía que daba la sensación de que yo hablaba como si la historia hubiese empezado cuando me senté en esta banca, lo cual no es cierto. La verdad es que defendemos esta posición después de haber estudiado y analizado los hechos que sucedieron en nuestra historia más reciente, habilitados fundamentalmente por decretos secretos.
¿Cómo se inició el tratamiento de este tema en el Parlamento nacional? Empezó allá por abril de 2004, cuando María Julia Alzogaray declaró por primera vez en la causa que se le seguía por enriquecimiento ilícito que había recibido sobresueldos, que eran los que justificaban su enriquecimiento. Ese fue el primer reconocimiento de un funcionario público de la década del 90 de la existencia de los sobresueldos.
Pocos días después –también en abril de 2004‑ conocimos las declaraciones de Roberto Martínez Medina, que había sido secretario de Granillo Ocampo, quien reconoció que este último también cobraba sobresueldos con recursos provenientes de los fondos reservados. En aquel momento Martínez Medina manifestó que todos los meses iba a retirar el sobre a la secretaría de Aiello, donde se encontraba con todos los secretarios de los ministros y de los secretarios de Estado. Los secretarios de Mazza y de Alderete también iban del 1 al 10 a retirar los sobresueldos.
Luego conocimos la declaración de Santiago Lozano, funcionario del Ministerio del Interior, quien reconoció haber cobrado sobresueldos.
También en el mes de abril declaró Ricardo Cossio, ex director de la DGI entre 1989 y 1995, quien dijo: “Señores: yo cobré sobresueldos, pero también los recibían la mayoría de los funcionarios”.
La propia secretaria de Aiello dijo en su declaración que del 1 al 10 pasaban por su oficina los secretarios de los principales funcionarios del Poder Ejecutivo.
Así comenzó esta discusión, que en mayo de 2004 terminó con una condena contra María Julia Alzogaray por enriquecimiento ilícito. En aquella oportunidad el tribunal oral señaló: “Hay una actividad sistemática e irregular por parte del Poder Ejecutivo, que tenía a su cargo la administración de fondos públicos, acciones que a nuestro entender alcanzan la categoría de delito, consistente en el pago a los funcionarios de mayor jerarquía de la administración nacional en forma absolutamente discrecional de sobreasignaciones que no tenían respaldo legal.”
Quiere decir que todos los funcionarios de aquella época cobraban sobresueldos, y lo hacían porque existía un decreto secreto que permitía el incremento de los fondos reservados.
En diciembre de 2004 conocimos la declaración de Camilión. Esto es muy interesante, porque el ex ministro declaró en la causa por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, que no se perpetró en base a una ley secreta –a las que hoy les quieren dar publicidad y prohibir a futuro‑, sino a un decreto secreto.
Entonces, queda en claro que el problema pasaba y sigue pasando por los decretos secretos y no por las leyes secretas.
En su declaración Camilión reconoció que tenía 2 millones de dólares en Suiza, pero aclaró que provenían de los sobresueldos que cobraba ,al igual que el resto de los ministros del Poder Ejecutivo Nacional.
Existe otra causa que nosotros citamos cuando impugnamos el pliego de Martín Redrado cuando se lo designó como presidente del Banco Central. En esa causa cuatro funcionarios de la Comisión Nacional de Valores reconocieron que no solamente Redrado cobraba sobresueldos –chocolate por la noticia‑, sino que todos ellos también los percibían. Fue una suerte de autoimputación de esos cuatro funcionarios; me refiero al secretario privado, al gerente de Comunicaciones, a la directora de Recursos de la Comisión Nacional de Valores y a otra secretaria privada de Redrado. Era tan evidente que Martín Redrado cobraba sobresueldos que destinaba a cuestiones personales, que los propios funcionarios manifestaron que sus sobresueldos provenían de lo que aquél cobraba. Redrado era generoso, porque distribuía.
Luego nos enteramos de otras cuestiones –no solo del tema de los sobresueldos‑, que dejaban en claro que el dinero era desviado para otro tipo de actividades ilícitas, siempre proveniente de fondos reservados.
No era para sobresueldos, sino para coimas para que se aprobara la ley de reforma laboral. Entonces Rafecas dijo: “¿Señores, saben lo que pasó? Se sacaron 5 millones de dólares de la SIDE para pagar a los senadores para que voten el proyecto de ley de reforma laboral.”
Era agosto de 2005, y después vino la causa en la que estaba involucrado Galeano, y se descubrió que efectivamente este juez le había pagado 400 mil dólares a Telleldín para incriminar a los policías en la causa AMIA.
Así podría seguir nombrando causas judiciales en las que sucedieron hechos similares. También podemos mencionar los casos de los jueces federales que cobraban sobresueldos, de los periodistas que cobraban sobresueldos, y siempre lo mismo. ¿Saben de dónde salían esos sobresueldos? De los fondos reservados. ¿Y saben cómo se incrementaban los fondos reservados? No por ley secreta, sino por decreto secreto.
¿Saben cómo se vendían ilegalmente las armas? No por ley secreta, sino por decreto secreto. Siempre fueron decisiones del Poder Ejecutivo, y no del Parlamento Nacional.
Por eso queremos tratar la cuestión con seriedad, sensatez y racionalidad, y afrontar el tema central, que es el secreto en las decisiones del Poder Ejecutivo. Desde ahí siempre se han cometido los ilícitos.
La Oficina Anticorrupción elaboró un informe debido a la existencia de muchas causas, en el que explicaba que efectivamente lo que ocurría era que el Poder Ejecutivo incrementaba mediante decretos secretos los fondos reservados, y que no había posibilidad de controlarlos, porque los secretos no se controlan.
Nos decía, por ejemplo, que en el año 1992 los fondos de la SIDE se incrementaron por decreto secreto en 92 millones de pesos: pasaron de 115 a 207 millones. En el año 1993 se aumentaron en 76 millones de pesos y en el año 1995, en 66. ¿Pero saben qué pasó? Si yo observo año por año, encuentro que el incremento siempre se debió a un decreto secreto.
¿Hubo en estos años alguna ley secreta que incrementara esos fondos? No, era siempre lo mismo: un decreto secreto. Esto no fue patrimonio únicamente del menemismo, porque llegó el año 2000 y también hubo un incremento de los fondos de la SIDE: de 138 pasaron a 167 millones mediante un decreto reservado, y ahora estaba en el gobierno la Alianza. No es patrimonio del menemismo ni tampoco de la Alianza, porque también lo hizo este gobierno.
Cuando Beliz se fue del gobierno dijo: “Señores, ¿saben qué pasó? Les cuento. Hubo un incremento de fondos reservados para la SIDE de cien millones de pesos mediante dos decretos, uno de Duhalde y otro de Kirchner, que tenían como destino financiar la campaña de Kirchner.”
Nosotros dijimos que no podía ser. ¿Por qué decreto se incrementó? Buscamos todos los decretos y no existía. Entonces dijimos: “Mintió Beliz”. No, no mintió Beliz. Lo que pasó nuevamente es que hubo un decreto reservado que posibilitó el incremento de los fondos reservados.
Queremos que todo se publique porque el pueblo quiere saber de qué se trata. Queremos mostrar a la sociedad lo que pasó durante todos estos años con los fondos reservados, con los incrementos, con las ventas ilegales, y para esto indefectiblemente debemos publicar los decretos secretos.
No alcanza con la publicación de las leyes. Es más, diría que a esta altura es intrascendente la publicación de las leyes. Si verdaderamente queremos que la sociedad sepa, tenemos la obligación moral de publicar y poner en conocimiento las decisiones secretas del Poder Ejecutivo que permitieron los más vastos ilícitos de la administración pública nacional.
La otra vez me decía el diputado Bielsa lo siguiente: “La verdad es que mientras yo estuve en la función no tuve fondos reservados, y nunca tomé una decisión secreta.”
¿Saben una cosa? Le creo al señor diputado Bielsa. Pero qué bueno sería despejar las dudas para que ello se conociera efectivamente, tanto para el bien de nosotros como para el que nunca tomó decisiones secretas ni contó con fondos reservados.
Si uno observa lo que ocurrió en los últimos años, se va a dar cuenta de que en 1993 el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto incrementó los fondos reservados en un 93 por ciento. ¿Lo hizo mediante leyes secretas? No, utilizó decretos secretos.
Por eso consideramos que este proyecto es de una gran falacia, y de un marcado cinismo e hipocresía. Lo vienen a presentar como el gran avance institucional, pero no se deciden a tocar la cuestión central. No se animan a publicar un solo decreto secreto ni a prohibir al gobierno y, al presidente la posibilidad de que emita decretos secretos en el futuro.
¡Vaya paradoja! Estoy de acuerdo con que exista la prohibición de leyes secretas, pero en una república el único órgano habilitado para dictar una ley secreta es el Parlamento nacional, porque cuenta con un esquema interno de control. Es decir, por lo menos existen distintas representaciones políticas que toman una decisión. Sin embargo, decimos que el Parlamento no puede hacerlo. Pero el órgano con mayor discrecionalidad, que es unilateral y está cargado de arbitrariedad, sí puede legislar en secreto y emitir decretos secretos.
Siempre se procede habilitando y concentrando facultades en el Poder Ejecutivo, y ahora se le da la posibilidad de que mantenga en secreto sus decisiones.
Por eso cuando dicen que estamos dando un salto están mintiendo. Nuestra propuesta consiste en discutir en serio y dar a publicidad los decretos, prohibiendo para el futuro los decretos secretos.
Tengo una posición personal: ¿el Parlamento podría establecerse alguna regla excepcional para dictar una ley secreta? La respuesta es afirmativa si existieran condiciones de control posterior y si hubiera una ley de acceso a la información, que hoy no tenemos en la Argentina. O sea que en estas condiciones es imposible dictar una norma de ese carácter.
La ley de acceso a la información que sancionó esta Cámara fue destrozada en el Senado. La paró Cristina y la destrozaron. Entonces, ya no hay posibilidad de tener una ley de acceso a la información. Insisto: en estas condiciones es imposible legislar.
Lo que resulta irrisorio es que hoy nos presenten todo esto como un avance y un salto cualitativo en pos de la calidad institucional; esto es pura falacia, cinismo e hipocresía.
Nos han dicho que podemos llegar a invadir funciones propias del Poder Ejecutivo. Es una total mentira. En todo caso, lo que estamos haciendo es reglamentar un mandato constitucional, porque la Carta Magna nos obliga a que los actos de la administración pública deben revestir tal carácter –o sea, ser públicos‑ para el conocimiento de la sociedad. Este es el principio fundamental en todo esquema republicano. Entonces, no estamos vedando ninguna facultad al Poder Ejecutivo, sino que estamos cumpliendo con un mandato constitucional al prohibir al presidente que emita decretos secretos.
Hoy el miembro informante nos ha dicho que establecimos alguna limitación al Poder Ejecutivo en la ley de los superpoderes. Es cierto. Por eso la verdad es que aplaudo –en esto soy sincero‑, porque creo que la ley de superpoderes contó con una sola cuestión positiva: la cláusula por medio de la cual se impidió al señor jefe de Gabinete de Ministros reasignar partidas e incrementar fondos reservados.
Lo importante hoy habría sido que hubiéramos impedido al Poder Ejecutivo establecer disposiciones secretas, tal como lo hemos hecho con el Parlamento. Así como venimos a exigir la publicación de todas las leyes secretas, también deberíamos exigir al Poder Ejecutivo la publicación de todos los decretos secretos.
Uno de los grandes problemas que tuvimos fue la existencia de muchos organismos habilitados para recibir fondos reservados. Por eso dijimos que había que eliminar a todos aquellos que nada tuvieran que ver con la defensa y la seguridad nacional.

El problema consiste en que el texto que pretende aprobar el oficialismo nos remite a dos leyes: la de defensa nacional y la de seguridad interior. De modo tal que continuamos con la misma cantidad de organismos habilitados para recibir fondos reservados. Siguen estando el Congreso de la Nación, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, etcétera. Hay algunos organismos que figuran de manera correcta, pero hay otros que nada tienen que ver con la cuestión vinculada con la defensa y la seguridad. Esta es otra diferencia importante con nuestro dictamen.

Sr. Presidente (Cambareri).- Su tiempo ha concluido, señor diputado.

Sr. Pérez (A.).- Ya termino, señor presidente.
En nuestro dictamen proponemos el establecimiento de mecanismos de control, pero no me voy a extender en esto porque mi tiempo ha concluido.
Quiero cerrar mi exposición señalando que las últimas leyes que se han sancionado en el Congreso -la reglamentación del dictado de los decretos de necesidad y urgencia y los superpoderes- apuntan a una mayor concentración y secreto en las facultades del Poder Ejecutivo. Por eso apoyamos el dictamen del ARI; e queremos terminar en serio con el secreto y proponemos la prohibición de las leyes y decretos secretos.
Deseamos seriamente que la ciudadanía conozca lo que pasó: por eso pedimos la publicidad de las leyes y decretos secretos.
Queremos eliminar los organismos que utilizan fondos reservados y no realizan tareas de seguridad y de defensa nacional. Por eso sostenemos el dictamen del ARI y no el del oficialismo.
Pretendemos establecer mecanismos de control. Por eso apoyamos el dictamen del ARI y no el del oficialismo.

No queremos convalidar la hipocresía, el cinismo y el absolutismo. Por eso no vamos a votar el dictamen del oficialismo. (Aplausos.)