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MEDIO AMBIENTE : NO SE PUEDEN PONER EN PRACTICA TOTALMENTE PORQUE TODAVIA NO ESTAN REGLAMENTADAS

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en agosto 21, 2006

Todos hablan de «crear conciencia». Incluso, muchos aplaudieron a la chica de la bikini que ventiló por el mundo su anatomía y el problema de las «papeleras contaminantes». Sin embargo, parece que la morocha cosechó sólo piropos. Se sabe: entre las palabras y los hechos hay un agujero tan grande como el que deja la deforestación anual en el país, que equivale a 12 veces la superficie de la Capital, según el último informe de la Fundación Vida Silvestre. ¿De qué otro modo se explica que las leyes ambientales sean buenas en teoría, pero nulas en la práctica porque no se reglamentan? Los diagnósticos, las denuncias y las promesas ya no alcanzan. Tampoco los piropos.

Un organismo cuestionado


En la reglamentación de cinco de las seis leyes ambientales debe participar el Consejo Federal de Medio Ambiente, lo cual se plantea como un obstáculo para su aplicación. «Sería un gran espacio de la concertación pero requiere de la voluntad política de hacerlo y, sobre todo desde las provincias, el darles esa envergadura», apunta el presidente de Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Daniel Sabsay.

«Los desniveles son notables —describe—. Algunas provincias ponen como representantes a funcionarios de baja jerarquía, y no todos los secretarios de Ambiente tienen un buen equipo técnico».

Sabsay apunta que desde la gestión menemista, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable «no tiene la intervención necesaria en el diseño de planeamiento estratégico y de obras públicas. Las secretarías de Recursos Hídricos, Ganadería, Agricultura, Minería y Pesca recuperaron poder de policía: es el zorro cuidando las gallinas»

Denuncian que por burocracia se frenaron 6 leyes ambientales

Se sancionaron en 2002 y 2004, pero cuestiones operativas impiden su aplicación. Desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Sustentables, sin embargo, aseguran que están avanzando.

 

TRANSFORMADORES. El PCB, prohibido en el mundo por cancerígeno, persiste como refrigerante de viejos transformadores de energía.

 

RESIDUOS INDUSTRIALES. Una ley impulsa el uso de tecnologías limpias y que cesen los vertidos riesgosos para el ambiente.

BASURA HOGAREÑA. En una de las leyes se dispone acordar políticas que integran a los cartoneros o recolectores informales de residuos

 

DESMONTES. Para frenarlos, una ley promueve que se haga una mejor organización del uso de las tierras en todo el país.

El que contamina, paga; y el que podría contaminar, previene. Se realizan estudios de impacto previos a las obras o actividades de riesgo. Los ciudadanos son informados y participan en el ordenamiento ambiental del territorio. Se integra a los cartoneros en la recolección de residuos. Se elimina el PCB. No es Argentina año verde, sino lo que dicen las leyes ambientales. Pero no se cumplen porque no están reglamentadas.

Con retraso, en 2002 y 2004, el Congreso sancionó las seis primeras leyes derivadas de los derechos ambientales incluidos en la Constitución de 1994. Son la Ley General del Ambiente, la de Gestión Ambiental del Agua, la de Gestión y Eliminación de PCBs, la de Libre Acceso a la Información Ambiental, la de Residuos Domiciliarios, y la de Gestión Integral de Residuos Industriales y Actividades de Servicios.

«Las seis conforman un sistema. Aun sin reglamentar han servido para una gran evolución de la jurisprudencia, y para frenar muchos disparates», afirma el constitucionalista Daniel Sabsay, presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Esta entidad organizó talleres en los que representantes de organismos oficiales y de ONG elaboraron recomendaciones para su reglamentación.

«Fue una buena labor legislativa, liderada por la entonces senadora Mabel Muller, cuando presidía la Comisión de Medio Ambiente «, agrega Sabsay.

«Judicialmente, las leyes tienen aplicabilidad en cualquier presentación. Pero hay cuestiones operativas que no se pueden poner en práctica sin la reglamentación», señala el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino. Su oficina acaba de enviar una recomendación al PEN y al ministro de Salud, pidiendo la reglamentación de la ley de PCBs.

¿Por qué estas deudas? Respecto de la ley de residuos industriales, «hay interés en que eso no cambie», reconoce Muller. «La ley del agua obliga al manejo de cuencas. La provincia de Mendoza bloqueó el tema por su conflicto con La Pampa, por el río Atuel. El costo fue aceptar que Brasil hiciera lo mismo con sus represas», revela el ambientalista Antonio Brailovsky.

Otro cuello de botella: según las mismas leyes, en su mayoría deben ser reglamentadas por el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema). «Cada vez que cambian los funcionarios provinciales, cambian sus representantes —se queja la ahora diputada Muller—. Buscamos ser respetuosos de las provincias, pero no han demostrado ganas de trabajar; son confrontativos, quieren legislar en reemplazo nuestro».

«En ambas Cámaras hemos solicitado informes y proyectos de declaración, pidiendo al Ejecutivo que reglamente estas leyes; pero nunca llegó una respuesta», señala Muller. Sabsay va más allá: «No hay interés político para reglamentarlas, porque para ponerlas en marcha hace falta un modelo de desarrollo diferente».

«Las provincias ya dijeron lo suyo, sus senadores y sus diputados ya votaron —objeta Brailovsky—. Usaron el Cofema para bloquear la reglamentación» (ver Un organismo…). Pero aún sin el Cofema se podría avanzar: «Inaugurar el proceso de ordenamiento ambiental del territorio; organizar el sistema de seguros ambientales; crear el Fondo de Compensación Ambiental; ejercer el poder de policía en el caso de los PCBs», detalla Sabsay.

«Por falta de reglamentación en la Ley de Gestión y Eliminación de PCBs, no funcionan los registros previstos, ni los mecanismos para que las empresas reemplacen los transformadores con estas sustancias cancerígenas; ni corren los plazos para su descontaminación (año 2010); ni se realizan los estudios epidemiológicos en zonas del Riachuelo y Dock Sud», observa Brailovsky, y afirma que «ésta ley se cajoneó».

Clarín quiso conocer la posición de la Secretaría de Ambiente y Recursos Sustentables. Su titular, Romina Picolotti, comunicó a través de su vocera: «Es un tema importante para la Secretaría; se está avanzando en la reglamentación de las leyes, hay equipos trabajando estos temas».

La ley de libre acceso a la información ambiental tampoco requiere del Cofema. «El daño ambiental es irreversible, hay que pelear contra el tiempo —urge Sabsay—. Existe una cultura del secreto: no nos permiten informarnos ni tomar parte, y asistimos impotentes a la perpetuación de ese daño, en un momento tan precioso de toma de conciencia como el actual.»

GRACIAS Diana Baccaro
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