ARI NEUQUEN

El antecedente de la antigüedad

En el oficialismo miden los próximos pasos y no quieren pagar en soledad los costos políticos que representará convalidar los aumentos progresivos para los jueces y funcionarios judiciales. Argumentan que el acuerdo salarial se negoció entre el TSJ y el gremio judicial y que además beneficiará a los empleados. En consecuencia, dicen que no pueden intervenir. Fuentes del MPN admiten que no quieren repetir la experiencia de septiembre del año pasado, cuando sancionaron la polémica ley 2501.

La norma modificó la forma de liquidar la antigüedad de los jueces y funcionarios que pasaron a cobrar desde que se matricularon como abogados, en lugar de los años de trabajo en el Poder Judicial. La ley benefició sobre todo a Ricardo Kohon que saltó en diciembre de 2004 de la actividad privada al TSJ. Por eso el MPN intensificaba los contactos con los diputados de la oposición para consensuar las modificaciones al proyecto de ley que anoche no tenía despacho ni fecha de tratamiento en la Cámara.

«Si no sale por unanimidad el tratamiento no se trata», advirtió el ultrasobischista Oscar Gutiérrez. Pero la oposición no quiere quedar alineada con un aumento que «irritativo e inoportuno», como calificó la diputada del Frente ARI-PI Beatriz Kreitman.

«Hay que fijar una política salarial del Estado neuquino, porque si no se producen estas asimetrías que son irritativas en favor de quienes tienen los cargos más importantes», dijo Carlos Moraña, del ARI-PI. Y aclaró que no tiene inconveniente en votar el aumento para los trabajadores.