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ARI PÉREZ Y BLOQUE ARI Envío de tropas a Haití – Renegociación contractual Ferroexpreso Pampeano S.A.

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 7, 2006

Intervenciones de los Diputados

Adrián Pérez

Sr. Pérez (A.).- Señor presidente: quiero pedir un tratamiento sobre tablas que seguramente el oficialismo va a acompañar según lo expresado por el bloque en una sesión de hace unos veinte días.
El tratamiento que solicito es sobre la iniciativa contenida en el expediente 1.512-D.-06, de la señora diputada María América González, y tengo conocimiento de que hay varios proyectos en el mismo sentido.
El proyecto propone la derogación de la cláusula del artículo 4° de la ley 25.790, que establece que para el caso de las renegociaciones que el Poder Ejecutivo lleva adelante con las empresas privatizadas, vencidos los sesenta días una vez que el acuerdo llega al Parlamento sin que éste se pronuncie, dichas renegociaciones se consideran aprobadas por el silencio del Congreso.
Hoy tenemos en tratamiento un acuerdo con una empresa, que es Ferro Expreso Pampeano, y la verdad es que nosotros vamos a afrontar el tratamiento aun cuando no se está dando cumplimiento al artículo 113, que establece el plazo para presentar las observaciones. Pero lo hacemos porque si no estaríamos ante una nueva sanción tácita de una renegociación con empresas privatizadas. Una nueva porque ya llevamos veinte sanciones de esta forma y solamente dos han tenido tratamiento expreso.
La diputada María América González ha hecho un trabajo impecable en la comisión mientras la integró. Hoy no tenemos representantes en la Comisión de Seguimiento y por lo tanto lo único que nos queda es presentar observaciones, y no pudimos hacerlo porque en realidad no está todavía siquiera publicado el Orden del Día.
Me hago eco de las palabras del propio miembro informante, que ahora se ha retirado, el señor diputado Urtubey, que hace muy poco decía lo siguiente: “La cuestión sustancial y de fondo es si nosotros vamos a asignar o no un sentido al silencio. Desde nuestro bloque, y en línea con lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución Nacional –obviamente conocemos la opinión de otros bloques- no vamos a impulsar ningún tipo de sanción ficta, en ningún sentido, ni por aprobación ni por rechazo.
Entendemos que hay muchas cuestiones que se pueden discutir y consensuar pero hay una cuestión conceptual con la que se tiene que estar o no de acuerdo. Nosotros sostenemos que asignar un valor al silencio en términos afirmativos o negativos no corresponde de acuerdo con lo establecido en el artículo 82”.
Agregaba luego: “Nosotros sostenemos que el artículo 82 de la Constitución Nacional cuando habla de expreso tratamiento implica que si no hay tratamiento no podemos asignar un sentido a ese silencio”.
Dicho esto, hay que tener en consideración que públicamente y hace muy pocos días nos han dicho que no se puede asignar al silencio ningún valor, tanto en la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia como en ningún sentido, porque el artículo 82 es la imposibilidad concreta de que se le asigne valor al silencio, más allá de que no es nuestra posición, ya que nosotros creemos que sí puede haber rechazo tácito y el oficialismo sostiene que no se le puede asignar valor al silencio.
Como el artículo 4° de la ley 25.790, le asigna valor –es decir que pasado el plazo se considera aprobada la renegociación-, entendiendo que el oficialismo por lo menos por ahora va a mantener esta postura, entonces vamos a pedir, junto a otros, el tratamiento sobre tablas de este expediente. Nos referimos a la cláusula del artículo 4° de la ley 25.790.
La realidad es que nosotros desde el 19 de agosto del año pasado estamos en una acción judicial para que se declare la inconstitucionalidad de la norma, que es abiertamente inconstitucional. Nos han rechazado la medida cautelar en junio de este año y sin duda estamos dando una pelea judicial enorme para una cuestión que es obvia, que es la inconstitucionalidad del artículo 4° de esta ley.

Insisto en que como ahora el oficialismo nos viene a decir que no hay sanción ficta, lo que proponemos es saldar esta cuestión, derogando la cláusula seguramente con el acuerdo de todos los bloques, y vamos a pedir que la votación sea nominal.

MARCELA RODRIGUEZ

Sra. Rodríguez.- Señor presidente: lamentablemente me, veo en la obligación de tener que leer el artículo 82 de la Constitución Nacional, cosa que suponía que no tendría que hacer en este recinto.
Se trata de un artículo muy breve y muy claro: “La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente. Se excluye en todos los casos la sanción tácita o ficta”. Esto quiere decir simplemente eso.
Por otra parte en realidad no habría distinción alguna entre la legislación formal y material, y para el caso de renegociación de los contratos también se requiere voluntad de la Cámara. Siendo así, es de aplicación directa el artículo 82.
No entiendo cuál es la distinción que hace el señor diputado Cigogna. Si la concepción del miembro informante en relación con la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia es que no se puede asignar ningún valor al silencio, en este caso tampoco se le podría asignar valor alguno y correspondería la derogación del artículo 4°.

ELISA CARRIÓ

Sra. Carrió.- Señor presidente: solamente, deseo efectuar dos aclaraciones. En primer término, todos los actos que nosotros sancionamos y que no son resoluciones ni declaraciones, son leyes. Consecuentemente, la tesis del señor diputado Urtubey, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, debería llegar a decir que cuando aprobamos un tratado o el presupuesto no estamos sancionando una ley.
Esto constituye un gravísimo precedente, no sólo en lo que se refiere a la Constitución Nacional sino también a la inteligencia humana. Las leyes pueden ser formales o materiales. Cuando se aprueba o rechaza el presupuesto, un tratado o un contrato estamos en presencia de leyes formales. En cambio, cuando se legisla en general nos encontramos ante una ley de carácter material.
Me parece que no debemos expresar algunas cosas. A mi juicio, es preferible manifestar que no estamos de acuerdo, porque el oficialismo está cayendo en el tema de decir que los argumentos deben tomarse según la sesión de que se trate.
En segundo lugar, en octubre de 2003, cuando el señor diputado Camaño integraba el bloque oficialista y era presidente de esta Honorable Cámara se sancionó la ley por la cual se delegaron facultades en materia de renegociación de contratos. En esa oportunidad planteé la inconstitucionalidad de este artículo 4°.
Quiero expresar mi agradecimiento al señor diputado Camaño por haber cambiado de criterio respecto de un tema sobre el cual también habría podido modificar su posición cuando era presidente de este cuerpo.
Entonces, no hay ningún inconveniente en que este asunto se trate como una preferencia sin despacho. Pero este era un claro caso de inconstitucionalidad en el cual el oficialismo, para argumentar lo que no pudo argumentar en la sesión anterior, termina, además, reconociendo la inconstitucionalidad en que incurrió en octubre de 2003. Este no es un problema nuestro.

Por lo expuesto, solicito al señor diputado Urtubey, a quien respeto y personalmente aprecio, que tratemos de decir “estamos en contra”, pero que no expresemos tantas cosas en este recinto, ya que ello puede significar no sólo la posibilidad de que se incurra en contradicciones respecto de las posiciones que se asumen, sino también un desconocimiento absoluto de las nociones más elementales del derecho

CARLOS RAIMUNDI

Sr. Raimundi.- Señor presidente: voy a rescatar dos expresiones; la primera: “el mundo es como es”, y la segunda, la frase premonitoria de Dante Caputo durante su experiencia anterior a principios de los años 90 en la misión a Haití: “Si el mundo no puede resolver Haití, el mundo no puede resolver nada”. Desde aquel momento el mundo, siendo como es, estando dirigido como lo está y acogiéndose a los códigos y paradigmas, ha ampliado las brechas de desigualdad, los niveles de inseguridad interna e internacional, el número de conflictos y de víctimas de conflictos interestatales que en general tienen características más cruentas que ese tipo de guerras de la etapa anterior.
La prueba de esto es muy reciente: en el mismo momento en que los que dirigen el mundo, los que representan las sumas más ingentes del PBI mundial, estaban reunidos en San Petersburgo, se iniciaba uno de los enfrentamientos más cruentos y paradigmáticos de la actualidad: el conflicto de Medio Oriente. Estos liderazgos mundiales con estas características, siendo como son, no pudieron resolverlo. El mundo no pudo resolver Haití y tampoco está pudiendo resolver su propia situación caótica.
Adelanto el voto negativo de nuestro bloque por tres órdenes de razones. La primera es, de alguna, instrumental. Teniendo en cuenta la forma en que el gobierno está abordando este proyecto, daría la impresión de que esta iniciativa es importante y fundamental porque, de lo contrario, no necesitarían tratarlo con tanta rapidez.
Este proyecto ingresó al Senado el día 2 de agosto, y a una semana, sin tener dictamen de comisión, sin haber sido discutido y sin conocerlo hasta estas últimas horas, está siendo aprobado por ambas cámaras.
¿Desde cuándo este proyecto es fundamental? Desde hace mucho tiempo. No hacía falta este avasallamiento al respeto que institucionalmente nos debemos, porque esta iniciativa fue sancionada en su primera versión en el mes de junio de 2004, tenía seis meses de vigencia y ha sido prorrogada por tres períodos más de seis meses. Por lo tanto, el gobierno sabía hace mucho tiempo que vencía la vigencia de la anterior autorización, y sabía que había que tratarlo. No había necesidad de discutirlo en horas, sobre tablas, para evitar un debate más pormenorizado y con más elementos que nos permitieran profundizar su análisis.
Por lo tanto, ¿por qué si se trata de un proyecto fundamental el gobierno hizo esto? Puede ser por improvisación y torpeza o por el conocido desprecio a las instituciones. ¿Para qué vamos a discutir esto en las comisiones del Parlamento si vamos a tratarlo nomás en unas horas? Vamos a mandarlo del Senado a la Cámara de Diputados para que salga rápido. Esto demuestra que, indudablemente, hay una falta de claridad en los objetivos.
Supongo –y me consta‑ que existe una falta de claridad e improvisación en los objetivos porque personalmente planteamos a funcionarios de Cancillería la situación de Haití en varias oportunidades, e hicimos lo propio en la Comisión de Defensa cuando nos visitó la ministra Garré, el día 8 de junio –hace más de dos meses.
El encargado de respondernos fue el viceministro, el licenciado Vázquez Ocampo, quien planteó que realmente ésta iba a ser una segunda etapa, y que iba a tener connotaciones estructuralmente diferentes a las que había tenido la misión anterior. Sostuvo que ésta iba a ser una segunda etapa que se iniciaba con una misión de altos componentes civiles, sanitarios, de ingeniería civil y de personal de apoyo a la reestructuración de un Poder Judicial colapsado, y que después de una etapa de recomposición del sistema de seguridad interno había que pasar a la reconstrucción de las instituciones básicas del estado social en Haití para disipar los riesgos de que cayera en las condiciones del Estado fallido.
Interpreté de buena fe esos objetivos. Inclusive, hay noticias periodísticas que plantearon esa misma situación y, sin embargo, hoy vemos que hay una nueva etapa, que existen nuevas condiciones.
Si releyéramos algunos párrafos de la intervención del miembro informante, podríamos decir que este es el proyecto para defender la alegría. Parece que al salir a las calles de Haití se cambió el chaleco antibalas por la alegría. La gente está alegre porque eligió un presidente. Pero yo no creo que eso sea así, y aun suponiendo que así fuera, que se tratara de dos etapas conceptualmente distintas y que estamos al inicio de un nuevo camino, ¿por qué parecen calcados el texto del proyecto, sus fundamentos y los anexos que establecen las características de la misión? Son un calco. Es decir, frente a dos etapas sustancialmente distintas, el gobierno nacional apela a la misma solución.
Teniendo en cuenta que no se trata de etapas distintas –como debería suceder‑ el gobierno vuelve a apelar a la misma solución tendiente a encarar la situación desde una perspectiva absolutamente militar. En términos de gastos, de personal acreditado, de trascendencia política, lo que vale de la función argentina en Haití es la misión militar y no el Plan Huerta. No se trata de que esté en desacuerdo, sino de que no podemos darle un valor que realmente no tiene, en comparación con el proyecto que estamos considerando.
Además, me remito a los fundamentos de la ministra que lo envía, porque en el punto I de los objetivos del proyecto se plantea el contribuir a crear un entorno de seguridad.
En el punto II se menciona asistir al gobierno de Haití en programas de desarme y de reinserción de todos los grupos armados. El punto III se habla del entrenamiento de la Policía Nacional Haitiana; el punto IV, del suministro de apoyo operacional a la Policía Nacional Haitiana y al Servicio de Guardacostas; el punto V menciona el proteger al personal de las Naciones Unidas, y el punto VI señala el dar apoyo de seguridad a los actos electorales.
Es decir que de los ocho puntos de objetivos, en seis se menciona la cuestión de la seguridad. Por eso estamos en desacuerdo básicamente con una lógica, que en breve voy a sintetizar, pero antes quiero referirme a su descripción histórica.
No voy a abundar porque ya fue mencionada, pero entre los antecedentes se encuentra la ocupación militar entre 1915 y 1934, y el bloqueo de 2001, que impidió el ingreso de 500 millones de dólares al país, que habrían anticipado los resultados de la reconstrucción de la situación social en Haití, que ahora se está promoviendo. Esto también incluye el hecho de que no llegara un crédito de fomento del Banco Interamericano de Desarrollo por 146 millones de dólares.
Todo ello fue producto de la desestabilización creada por los propios marines norteamericanos, que fueron los que dominaron políticamente el territorio de Haití. Así llegamos al año 2004.
Simplemente quiero resumir la lógica que se utiliza. El mundo no pudo resolver la cuestión de Haití porque los que proponen la fuerza de paz para restablecer la democracia son los mismos que interrumpieron el proceso democrático.
También se trata de los mismos que provocaron la inestabilidad política a partir del bloqueo, la corrupción de la policía y de la Aduana y la incorporación de capital en empresas que trafican ilegalmente, armas, personas y drogas en la región.
Ahora nos ofrecen la solución para detener la inseguridad. En definitiva, la lógica que utiliza el gobierno para justificar el envío es la siguiente: hasta tanto no se resuelvan las cuestiones de seguridad básica, no podemos reconstruir las instituciones sociales y eliminar la probabilidad de caer en un Estado fallido.
Nosotros planteamos que mientras el conflicto se mire desde la lógica estrictamente militar y de seguridad, nunca se van a poder llegar a atender las situaciones vinculadas con la recuperación institucional y social de la República de Haití.
Del mensaje de la ministra que acompaña el proyecto también surge que se persiste en la lógica de este tipo de misiones, cuando el propio mensaje constituye la prueba del fracaso. Uno de los párrafos de ese mensaje señala ‑fíjense que despropósito; parece mentira‑ lo siguiente: “La República Argentina ha contribuido activamente en el restablecimiento de la situación política y humanitaria de la República de Haití, a partir de su participación en la Misión de Naciones Unidas en Haití (UNMIH) entre los años 1993 y 1996, en la Misión Policial de Naciones Unidas en Haití (MIPONUH) entre los años 1997 y 1999, y actualmente en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), a partir del año 2004.” Es decir que ha contribuido a recuperar una situación política de una degradación tal que hace necesario que después de dos años y de una tercera misión fracasada, tengamos que renovarla desde la misma lógica y composición. Digo esto porque no existe ni una coma de diferencia en la composición militar del proyecto que estamos analizando.
Sería extraordinario volver a lo que pidió Preval. Es cierto que él visitó Argentina, Brasil y Chile, pero en esa oportunidad planteó que necesitaba de nuestra presencia civil para eclipsar la fuerza política del comando militar, que aunque formalmente lo ejerce la fuerza brasileña, se encuentra monitoreado y supervisado por el eje Washington-París, que fue el que originó la última etapa de inestabilidad en este conflicto.
No podemos negarnos por el mero hecho de hacerlo; es necesario brindar una alternativa, pero ella responde a una clave distinta. Así, en la reunión de Brasilia, que después se continuó en Puerto Príncipe, los países que decidimos acompañar este proceso nos comprometimos a donar aproximadamente 1.800 millones de dólares. Esto es la reiteración de la etapa anterior, en la que se asumió el compromiso de ayudar financieramente mediante créditos del Fondo Monetario Internacional y del Comité de Asistencia. Pero esto no quiere decir que el dinero tiene que ir a las consultoras, sino que debe ser utilizado en la recomposición del sistema institucional, social y civil del territorio haitiano.
Quisiera finalizar mi exposición con dos reflexiones. En primer lugar, y a pesar de lo que he señalado, deseo resaltar el muy buen comportamiento de las tropas argentinas -por el conocimiento que tengo, me veo obligado a hacerlo‑ en términos de disciplina, de racionalidad, de eficacia y, sobre todo, de respeto a los derechos humanos. En estos términos me animo a valorar lo que hicieron las Fuerzas Armadas argentinas. Son fuerzas que se han comportado correctamente en una misión cuyo objetivo se encuentra en las antípodas de lo que considero que tendría que hacer la Argentina en Haití.
En segundo término, creo que no debemos recubrir esto con un barniz de política exterior de la región. Es cierto que esta semana se reunió el Comité de los Siete Países, conocido como el Dos por Siete, es decir, dos ministros por cada país. Pero ello no indica por sí mismo que estemos en presencia de una política exterior de alcance regional. Tengamos en cuenta que en la declaración de presidentes del Mercosur que se reunieron hace veinte días en la ciudad de Córdoba, la cuestión de Haití no figuró como prioridad en materia de política exterior de la región. Además, en los Parlamentos de la región en los que se debatió este mismo proyecto, tanto en Uruguay como en Chile –puedo estar equivocado, pero de acuerdo con la información que tengo todavía no se discutió en Brasil‑, las exposiciones a favor y en contra de los parlamentarios estuvieron regidas por una lógica de intereses nacionales. Y nadie me va a poder discutir que el interés de Brasil de comandar esta misión militar en Haití tiene que ver con una estrategia de ponerse en el nivel de potencia de segundo orden en el ámbito internacional junto con otros países del mundo, con la discusión de la representación regional en el sillón del Consejo de Seguridad, con involucrarse en temas internacionales y regionales más allá del Mercosur. Este es el objetivo real de política nacional que tiene Brasil, y no de política regional como se lo quiere plantear en este debate.
La última reflexión que quiero hacer es que la región debiera tener una alternativa a esto, ya que estamos en condiciones inmejorables. Esto es una invitación a un debate muy profundo. América Latina está en condiciones que no tienen precedentes históricos. Tenemos dos décadas de continuidad electoral, de un proceso de crecimiento en la economía, de reducción de los déficit y en muchos casos de superávit de las economías y de precios internacionales apropiados.
Estamos en condiciones objetivas inmejorables para sentar una posición de principios, para reconstruir la situación de Haití no desde el punto de vista militar sino desde la óptica de qué significa reconstruir un Estado democrático con la ayuda civil de la región.
No me quiero referir a otras cosas que tienen que ver con la política de la región, sobre las que recién estuvimos conversando en privado con el señor diputado Argüello, porque significaría entorpecer un debate que tiene que ser franco y limpio. Pero quiero decir que frente a todas estas posibilidades lo que tenemos ante nosotros es un proyecto que en su artículo 1° dice que se autoriza la salida de tropas con un componente estrictamente militar para reconstruir un Estado que no está clamando por condiciones militares ni de seguridad sino que está reclamando reconstruir sus instituciones sociales.

 

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