CTA La defensa de los recursos energéticos

Férrea oposición a los subsidios para las petroleras

Se realizó hoy en el Congreso de la Nación una nueva reunión de organizaciones sociales y diputados que rechazan el proyecto de Ley de Promoción de Exploración Petrolera, que beneficia impositiva y financieramente a las multinacionales del petróleo. Además, ayer, en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo se llevó a cabo una conferencia de prensa convocada por la FeTERA, MORENO y la Asociación de Madres de Plaza de Mayo para cuestionar esta iniciativa impulsada desde el Poder Ejecutivo.

En el Edificio Anexo de la Cámara de Diputados se realizó un nuevo encuentro de las organizaciones sociales que rechazan el proyecto oficial que determina que “las inversiones y las pérdidas sean del Estado argentino y las ganancias para las empresas privadas.

En cuanto a la conferencia de prensa realizada ayer, participaron el presidente del Movimiento Por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MORENO), Fernando “Pino” Solanas, y la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe Bonafini, quienes exhibieron su preocupación por la posible sanción de esta vez que consideran perjudicial para los intereses del pueblo argentino.

Participaron de la rueda de prensa el secretario gremial de la CTA, Víctor Mendibil, el dirigente de la Central y diputado nacional Claudio Lozano; el referente del Movimiento Territorial de Liberación (MTL), Carlos Chile; Pablo Vasco del MST, Elena Hanono de la Corriente Clasista y Combativa; Patricio Echegaray del PC y Antonio Sofía del PCR, entre otros.

La solicitada

Por otra parte, ayer el MORENO y la Asociación Madres de Plaza de Mayo publicaron una solicitada en el diario Página/12 en la que asumieron “el compromiso histórico de señalar ante el pueblo de la Nación e iniciar las acciones legales que oportunamente correspondan, a quienes, votando positivamente el proyecto en cuestión, se sumen a la larga lista de los infames traidores a la patria”.

Bajo el título “El Congreso en la encrucijada. Pueblo o Petroleras – Patriotas o Traidores”, el texto sostiene que “en los próximos días, los legisladores deberán resolver si ceden una gran porción de los ingresos de los argentinos a las mayores beneficiarias del espectacular saqueo a que fue sometida nuestra Nación por el proceso de desregulación y privatización, iniciado en 1989 y aún vigente”.

La solicitada agrega que “vuelve a repetirse la historia: las inversiones y las pérdidas son del Estado Argentino y las ganancias son privadas. Con este proyecto, se restan recursos a la educación, salud, seguridad y desarrollo infraestructural. Resulta curioso que si no invirtieron con el barril que superó los 70 dólares, ahora exijan hacerlo a costa de los impuestos que paga toda la población argentina. Es inadmisible que se pretenda que en esta actividad tan rentable tenga que venir el Estado a apoyar exigencias que no son aceptadas en ningún lugar del mundo”.

“En contrapartida, siguen gozando de la libre disponibilidad del 70% de las divisas de exportación y obtienen beneficios descomunales: el costo promedio de producción del barril en Argentina son u$s 5.- y en el mercado internacional supera los u$s 70. Diecisiete años de vigencia incontrolada de las reglas del mercado muestran un fracaso inocultable ante la pérdida del autoabastecimiento, logrado en la década del 80 sobre la base del esfuerzo de nuestra empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales”, se explica en otro párrafo.

El texto, que lleva las firmas de Pino Solanas, Félix Herrero, Gustavo Callejas y José Rigane por el Moreno y Hebe Bonaifini por Madres, indica que “no nos cabe duda que el Congreso es el poder popular por excelencia. Históricamente, existe un gran número de legisladores que integran la larga lista de traidores a la patria. En forma destacada, figuran en ella quienes votaron, en la Infame Década de los 90, las leyes de Reforma del Estado y Emergencia Económica, como también los que dieron quórum para el tratamiento de las leyes de Federalización del Subsuelo y privatización Y.P.F., Gas del Estado -votada con cinco falsos diputados- Agua y Energía Eléctrica, Hidronor y Segba, y los que permitieron la Reforma Constitucional de 1994 que, con el eufemismo de provincializar el dominio originario del subsuelo, han viabilizado su privatización”.

Y concluye: “Así como el Poder Legislativo, haciendo justicia a la memoria de los desaparecidos, torturados y asesinados por el Proceso dictatorial reparó la sanción de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, tiene hoy la obligación de iniciar la reparación de los perjuicios ocasionados por aquellas leyes medulares en el proceso de saqueo y depredación de la más importante riqueza nativa de los argentinos; leyes que provocaron la conversión de millones de trabajadores en desaparecidos sociales”.