La Iglesia denuncia en un documento extranjerización de tierras productivas

La Iglesia católica presentará el documento «Una tierra para todos», donde denuncia un proceso de «extranjerización» de los espacios productivos y advierte sobre la «escandalosa» concentración de la propiedad en pocas manos.

El texto de más de cien páginas, sobre relevamientos estatales y privados, se dará a conocer hoy en la sede del Episcopado por el titular de Cáritas Argentina, monseñor Fernando Bargalló, y presidentes de las comisiones de Pastoral Social, monseñor Jorge Casaretto, y Pastoral Aborigen, monseñor Marcelo Melani.

La iniciativa «pastoral» retoma la idea de la reforma agraria para una mejor distribución y, aunque condena la apropiación indebida, fomenta la concepción religiosa del destino universal de los bienes creados por Dios.

El documento critica la falta de política estatal para equilibrar la distribución de terrenos rurales, y lamenta que los sucesivos gobiernos no saldaran la «deuda histórica» con los pueblos originarios, a pesar del rango constitucional que el derecho a las tierras tradicionalmente ocupadas tiene desde hace una década.

Las estadísticas recientes -que cita el diagnóstico eclesiástico- revelan que los problemas habitacionales afectan a más de 14 millones de personas, aproximadamente el 30% de los hogares del país y el 40% de la población urbana.

Frente a este contexto, que según se advierte se agrava con el déficit de habitabilidad y tenencia irregular o inestable, la Iglesia ofrece un decálogo de medidas alternativas que tiene al Estado como principal ejecutor, más allá de trazar líneas pastoral para poner en práctica en las diócesis.

Los obispos proponen, entre otras acciones, generar políticas fiscales que favorezcan el uso racional y eficiente de la tierra, propiciar una estructura tributaria diferenciada que grave la tierra ociosa y el latifundio, y desarrollar un sistema catastral que simplifique los procedimientos de regularización dominial.

También sugieren acortar procesos burocráticos innecesarios para asegurar transacciones de propiedades transparentes y verificables, revisar las leyes de usurpación, y diseñar políticas ágiles que permitan el traspaso de tierras fiscales a la población carenciada que las ocupa.