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Por Adriana Meyer, contaminación Ingeniero Ledesma

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 11, 2006

AVANZA LA CAUSA CONTRA EL INGENIO LEDESMA POR CONTAMINACION

Nadie aporta información sobre controles

 

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El Ingenio Ledesma está acusado por contaminar.

 

Poco a poco avanza el proceso contra el Ingenio Ledesma por contaminación, la causa iniciada por Olga Arédez, luchadora por los derechos humanos y esposa del desaparecido Luis Arédez. El 6 de septiembre se realizó la audiencia oral y pública en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy en el marco del caso “asociación civil Codesedh contra Ledesma y Estado provincial”, por violación de derechos humanos a la salud y el medio ambiente. “Ni la empresa Ledesma ni el Estado, en todo el desarrollo y sustanciación del proceso, han aportado documentación alguna que acredite la existencia de registros de controles sobre el funcionamiento de la empresa respecto del tratamiento del bagazo”, alegó el abogado Francisco Cullen de Codesedh (Comité por la Defensa de la Salud, la Etica y los Derechos Humanos), la ONG que continuó con el legado de Olga Arédez, fallecida en marzo de 2005.

El bagazo es el desecho de la caña de azúcar que Ledesma acumula en enormes montículos a cielo abierto en el medio de Libertador General San Martín, causando trastornos respiratorios y bagazosis.

En la audiencia estuvo presente una delegación de ex trabajadores del Ingenio y Adriana Arédez, hija de Olga y Luis. Hubo reticencia por parte del tribunal para realizar la audiencia, pero luego de casi una hora de tensión finalmente se constituyó bajo la presidencia de María Silvia Bernal. La defensa de la empresa acusada no utilizó sus treinta minutos para hacer su exposición y se remitió a los escritos presentados en el caso. El fiscal general, Alejandro Ficoseco, tampoco lo hizo mientras que el fiscal provincial realizó una breve presentación en la que expresó “el rechazo del amparo por falta de agravios”.

El abogado Cullen manifestó que no se produjo la apertura a prueba, y en ese sentido “se han violado las formas del proceso”. Y que “como consecuencia de ello no se solicita que se haga valoración de la prueba porque la misma directamente no ha existido, no se ha producido la comprobación de calidad y la correcta utilización del método Ritter, y tampoco se ha realizado el estudio epidemiológico ni de calidad del aire”.

Según el escrito presentado por Codesedh, la sala IV de la Cámara Civil y Comercial de San Pedro, Jujuy, reconoce en su sentencia la enfermedad de bagazosis de Olga Márquez de Arédez. Y recordó que se trata de un recurso de amparo colectivo en el cual se pretende tutelar los derechos humanos al medio ambiente y a la salud.

Sin embargo, fueron tajantes al insistir en que “no existe prueba suficiente para dirimir un amparo donde se afectan los intereses difusos de los trabajadores y vecinos de la comunidad de Libertador General San Martín”. Esto se debe a la “ausencia de un sistema de control periódico y riguroso de la empresa Ledesma, respecto de la aplicación y calidad del método Ritter y de métodos adecuados de rigor científico para el diagnóstico de bagazosis en el Hospital Orias”, de esa localidad.

Por otra parte, Cullen destacó que por iniciativa de los ex trabajadores la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación se está haciendo un estudio sobre insalubridad a consecuencia de un informe del Consejo Federal de Trabajo que consideró insuficientes las evaluaciones de la Dirección Provincial de Trabajo.

“Superar las invisibilidades es parte de un nuevo ciclo histórico, que así como en el pasado se produjo la desaparición del doctor Luis Arédez (ex intendente de Libertador), actualmente pretendemos que se termine con la invisibilidad que afecta a la salud y a la vida de los habitantes de Libertador General San Martín y a la zona de reserva de la biosfera y de las yungas.”

En esta acción legal intervienen como amicus curiae el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) de Adolfo Pérez Esquivel, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría del Pueblo de la Nación.

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