LA ARGENTINIDAD….. AL PALO

Política, Videos, Ciencia,Cultura, Espectáculos, Cine, Deportes, Tegnologías, Arte, Humor, Música, Reportajes. ETC

Elisa Carrió y diputados del ARI presentan Informe sobre el PACO. Proponen crear un Programa Nacional y piden informes al Poder Ejecutivo. Martes 12 de septiembre

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 13, 2006

Proyecto para la creación del Programa Nacional para la prevención, el tratamiento, la reducción de daños y la seguridad ciudadana asociados con el consumo de drogas.

 

Artículo 1: Créase en el ámbito del Ministerio de Salud y Medioambiente de la Nación el Programa Nacional para la prevención, el tratamiento, la reducción de daños y la seguridad ciudadana asociados con el consumo de drogas.

 

Artículo 2: El Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación deberá coordinar sus acciones con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, el Centro Nacional de Reeducación Social, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, las máximas autoridades competentes en políticas de salud y drogas de las Provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

 

Artículo 3: Los principios rectores del programa son la prevención, el tratamiento, la reducción de daños y la seguridad ciudadana.

 

Prevención

Artículo 4: Denomínese Prevención a todas las acciones que eviten el consumo de drogas, la participación en su venta, fabricación o distribución.

 

Artículo 5: El Ministerio de Salud coordinará con las autoridades mencionadas en el artículo 2 según sus competencias las siguientes acciones:

a)      Censo periódico nacional sobre el perfil de los consumidores de drogas, debiendo asegurar la confidencialidad de la información y la no penalización del participante. Deberá detectar tipo de droga, zonas de consumo, fabricación y distribución, riesgos epidemiológicos y todo otro indicador que la autoridad de aplicación decida. Se solicitará la participación de los efectores de salud, de los establecimientos escolares, de los órganos competentes en materia de drogas de cada localidad, de organizaciones no gubernamentales especializadas, entre otros actores que determine la autoridad de aplicación.

b)      Campaña Nacional de concientización de los efectos e impactos del uso de drogas. Deberá contener información veraz teniendo en cuenta las distintas consecuencias físicas y psíquicas según el estado general de salud del consumidor y la droga del cual se trate.

c)      Formulación de un plan de recolección de datos permanentes en los efectores de salud y establecimientos escolares a fin de obtener estadísticas actualizadas. Deberán contener indicadores de tipo de droga, zona de compra y consumo, además de todo otro que establezca la autoridad de aplicación. 

d)      Capacitación gratuita para familiares de consumidores y vecinos de zonas de consumo de drogas, que deberá entrenarlos en la detección del uso de las sustancias y reducción de los daños asociados a su consumo; orientarlos en los servicios de salud y legales disponibles.

e)      Direccionamiento de planes sociales, emprendimientos productivos y becas escolares hacia zonas detectadas como sensibles al consumo, fabricación casera, distribución y venta para consumo personal de drogas.

f)        Creación de espacios recreativos cercanos a las zonas sensibles al consumo, fabricación, venta y distribución de estupefacientes, en los cuales deberán implementarse campañas de concientización e información veraz.

 

Tratamiento

Artículo 6: Denomínese tratamiento a todas las acciones urgentes, inmediatas o de largo plazo, que tengan como objetivo mejorar el estado de salud psicofísica de los consumidores de drogas, incluyéndose la vacunación gratuita contra enfermedades asociadas al consumo.

 

Artículo 7: El objetivo del tratamiento debe ser la abstención de consumir drogas. Deberá contemplar las necesidades y circunstancias sociales, culturales y económicas de cada paciente.

 

Artículo 8: La autoridad de aplicación deberá proveer los medios necesarios a las personas que no puedan concurrir a los efectores de salud o centro en el cual se cumpla en parte o de forma total el tratamiento, por cuestiones físicas o económicas, con el objetivo de asegurar el acceso a la prestación. Deberán facilitarse los medios también a familiares que lo requieran.

 

Artículo 9: Los efectores de salud deberán contar con servicios de emergencia y crisis, ambulatorios y de internación. La calidad de las prestaciones deberá ser auditada de manera periódica por la autoridad de aplicación.

 

Artículo 10: No deberá excluirse a los pacientes recurrentes que no permanezcan en tratamiento.

 

Artículo 11: El Estado Nacional otorgará presupuesto destinado a personal e infraestructura, destinada a la atención de consumidores de estupefacientes, a los efectores de salud que cuenten servicios especializados en adicciones, debiendo priorizar las zonas con mayor incidencia de consumo de drogas.

 

Artículo 12: El Estado Nacional otorgará presupuesto destinado a personal e infraestructura a los efectores de salud que no cuenten con servicios especializados en adicciones.

 

Artículo 13: La ejecución de las obras de infraestructura quedará a cargo de la autoridad de aplicación, quien podrá firmar convenios según los criterios de eficiencia, eficacia y economía que el proyecto requiera. Deberán respetarse las normas de contrataciones que aseguren transparencia. El control de la ejecución del gasto quedará a cargo de la Auditoría General de la Nación.

 

Artículo 14: El personal especializado deberá seleccionarse por concurso público.

 

Artículo 15: La autoridad de aplicación conformará equipos interdisciplinarios y decidirá la conveniencia sobre la ubicación edilicia de las áreas especializadas en adicciones.

 

Reducción de Daños

Artículo 16: Denominasen acciones de reducción de daños todas las tendientes a minimizar daños en la salud psicofísica de quien consume drogas y su entorno familiar y social.

 

Artículo 17: La autoridad de aplicación establecerá centros de atención interdisciplinaria que cuenten con prestaciones de carácter urgente, abarcando tanto situaciones de carácter psíquico como físico. Deberán contar con herramientas suficientes que permitan atender en la emergencia la salud del paciente y efectuar las derivaciones necesarias a los efectores de salud que correspondan por el tipo de afección que la persona presente.

 

Artículo 18: Los centros de atención interdisciplinaria deberán instalarse en zonas sensibles al consumo de drogas, priorizando las de escasos recursos socioeconómicos.

 

Artículo 19: Los centros de atención interdisciplinaria deberán prestar capacitación gratuita a quienes deseen conocer las consecuencias del consumo de drogas y brindarles herramientas para la transmisión de ese conocimiento. Se tendrá como objetivo colaborar con miembros de la comunidad para que actúen como agentes de prevención y contención.

 

Artículo  20: En los casos en el objetivo de la abstinencia del consumo de drogas no pueda alcanzarse en un plazo inmediato, los efectores de salud deberán instruir a la persona o su familia sobre el manejo de la sustancia a fin de evitar consecuencias epidemiológicas perjudiciales para sí u otras personas. No constituirá delito impartir instrucciones de este tipo. 

 

Artículo 21: Deberá invitarse a las personas mencionadas en el artículo anterior a participar de tratamientos voluntarios, a permitir la vacunación y toda otra práctica médica gratuita de prevención, de acuerdo a los riesgos de salud a los cuales esté expuesta.

 

Seguridad Ciudadana

Artículo 22: La seguridad ciudadana contempla las consecuencias sociales del consumo, fabricación, venta y distribución de drogas y las acciones tendientes a su subsanación.    

 

Artículo 23: Créase dentro del ámbito de los efectores de salud y establecimientos escolares un ámbito de recepción de datos sobre fabricación, venta y distribución de drogas.

 

Artículo 24: El aporte de datos será anónimo, pudiendo realizarse de cualquier modo. La autoridad de aplicación no podrá poner limitaciones de orden administrativo, formal o requerir a las personas la presentación de pruebas. Deberá evitarse cualquier dato que devele la identidad de la persona que aporte el dato.

 

Artículo 25: Los datos recolectados deberán remitidos de forma inmediata a la autoridad de aplicación a fin de que ésta remita la información al órgano judicial y administrativo competente. 

 

Artículo 26: La autoridad de aplicación por vía de reglamentación deberá conformar los equipos de profesionales necesarios para la recepción de los datos y su procesamiento. También deberá capacitar a los actores del sistema de salud para el mismo fin.

 

Artículo 27: Todos los gastos que este Programa demande serán solventados de manera inmediata por el Gobierno Nacional y su control será responsabilidad de la autoridad de aplicación.

 

Artículo 28: Invítese a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires a adherir al presente programa.

 

Cláusula transitoria:

Artículo 28: En el término de seis meses desde la sanción de la presente ley, la autoridad de aplicación deberá instalar los centros de atención multidisciplinaria de atención urgente, teniendo como prioridad las zonas carenciadas detectadas con mayor problemática en el consumo, fabricación, distribución y venta de drogas.

Fundamentos

Contexto Social:

La dependencia o adicción a las drogas, esta conformada por dos componentes: uno psíquico o psicológico (mente) y otro fisiológico (cuerpo). Suelen decir los especialistas que, salvo la heroína, el resto de las sustancias de las cuales abusan las personas provocan adicción psíquica.

Los motivos por los cuales las personas pueden convertirse en adictas son múltiples y pueden transversales a todas las clases sociales –entendiendo éstas desde lo económico, cultural, perspectivas de vida futura-.

Generalizando en exceso, sin pretender un extenso debate de psicología o materialismo histórico, un motivo por el cual ciertas personas pueden “decidir” convertirse en adictas es la escasa o nula razón que tienen para vivir. Y aquí cada clase social podrá completar y variar los motivos por los cuales algunas personas no sientan que vivir sea algo deseable para ellas.[1]

A su vez, según de la clase social que provenga la persona y/o circunstancias de vida, ésta podrá estar desnutrida/nutrida, mal/bien alimentada, con/sin escolaridad, con/sin familia funcional, con/sin sistema de salud, con/sin trabajo, inclusión/exclusión. Y esto además en todas sus combinaciones y variantes.

Si esto no así no fuera, habría una especie de cálculo matemático por el cual dadas determinadas circunstancias, siempre los individuos se comportarían del mismo modo. Esto implica que no hay recetas únicas para lograr la recuperación de un adicto, ni para evitar que alguien se convierta en uno. La idea es evaluar todo el contexto social que a una persona la conduce o no a ciertas conductas dañinas para sí.

El discurso estatal ha sido que “la droga mata”. Es más que obvio mencionar que personalidades públicas de todo tipo reconocidas como consumidoras no han muerto y gozan de gran prestigio social. En ciertos ámbitos el consumo de drogas es bien visto.

El debate es vasto y con múltiples temáticas incluidas. En la que aquí interesa, menciono el de la autodeterminación de las personas o autonomía personal para la toma de decisiones y el desarrollo de su propio plan de vida. La pregunta que quedará latente es qué política de Estado debe realizar el estado.

Si debe reducir la demanda, hasta dónde el Estado debe proteger a los/as ciudadanas del consumo de drogas cuando éstos lo hacen bajo su propia esfera de autonomía. La jurisprudencia no considera delito el consumo personal. Pero aún persisten medidas curativas en la ley, de dudosa constitucionalidad. La penalización del consumo ha fracasado de manera rotunda, los jueces son renuentes a condenar este tipo de conductas. Las campañas estatales son poco menos que vergonzosas.

Otra política pública que el Estado podría llevar adelante es evaluar de forma eficiente los motivos por los cuales las personas consumen drogas y desde allí realizar prevención y contención. En los 90 fue el poxi-ran, hoy es el paco. No se ha dejado de inhalar poxi-ran, que también quita el hambre, sino que se ha agregado otra sustancia más para el consumo (las drogas existen desde el inicio de la humanidad). De hecho de los estudios que surgen del OAD el paco aparece como una droga más en el resto de las opciones de quienes consumen sustancias. 

Volviendo al contexto social, la autonomía personal y el desarrollo del propio plan de vida. Quienes hoy parecen ser los principales consumidores de paco son los pobres, los marginales, los excluidos. El precio y el fácil acceso son las dos condiciones de mercado que parecen influir. Supongamos que diseñáramos el mejor plan de contención y recuperación de personas adictas al paco y otras sustancias. Si a esa chica o chico que ya han delinquido para obtener la sustancia o que han accedido a prestar servicios sexuales para ello, no le ofrecemos que luego que deje de consumir podrá acceder a la salud, a la educación, al trabajo y al ocio, ¿podemos asegurarle que vale la pena el esfuerzo de un proceso de desintoxicación?

La marginalidad en la cual están estos chicos y chicas no es otra que la mal nutrición, la imposibilidad de contar con servicios de salud, el escaso sentido que tiene la escolaridad en sus vidas, la imposible chance de ir a la universidad, la rara posibilidad de contar con un trabajo estable y sueldo digno.

Los planes asistenciales que ofrece hoy el gobierno no están destinados a emancipar a la sociedad de la dependencia estatal o de cualquier otra. Por el contrario, son planes productores y multiplicadores de clientelismo.

Es decir sería válido y útil que el Estado se planteara construir una sociedad emancipada y autónoma que tuviera elementos para creer que podrá desarrollar su propio plan de vida. De otro modo, debe trabajarse sobre los factores que llevan a las personas a delinquir o ser adictas, esto implica hablar de trabajo, educación y salud. Sino el paco es la salida, como puede ser alcohol o cualquier otra sustancia. 

En lo que respecta a los centros de recuperación, el Estado cuenta con Centro Nacional de Reeducación Social (Cenareso). Es un organismo descentralizado que depende del Ministerio de Salud de la Nación. Funciona como hospital público especializado en tema de adicciones. Incluye tratamientos ambulatorios y de internación (76 camas según la página web). A su vez, la Sedronar otorga becas a organismos gubernamentales especializadas en la temática. En ambos casos también reciben las derivaciones del Poder Judicial de la Nación. Ninguna de estas dos opciones es suficiente. La política debe integral y constante en el tiempo

 

Contexto Legal:

La justicia penal deslinda su competencia en el ámbito federal y, desde el año pasado, la local en aquellos casos en los cuales las provincias hayan adherido (ley 23.737 y 26.052). El dilema que esta última ley ha creado es la persecución concreta por parte de las fuerzas legales y policiales locales de quienes “comercien, entreguen, suministren o faciliten estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor”. Las “cocinas” que han comenzado a proliferar en los barrios comunitarios suelen configurar este tipo de producción.

La criminología y los especialistas en esta materia señalan que los sistemas represivos no facilitan ni previenen el uso, comercio y fabricación de drogas, al menos en pequeñas cantidades. Estas situaciones suelen estar relacionadas con la pobreza y los escasos  recursos. Los Estados suelen estar en la disyuntiva de continuar criminalizando la pobreza o bien intentar nuevos caminos. Esto suele provocar en la actualidad “zonas liberadas” por parte tanto del poder judicial como policial.

La idea de este proyecto es apuntalar a la comunidad, proponiéndose como objetivo brindar alternativas al consumo y la producción de drogas. Por otra parte se fomentará el aporte de datos por parte de la comunidad, quitándolo del ámbito judicial, lejano de la confianza de las personas. Los ámbitos judiciales suelen provocar rechazo de ciertos sectores por la formalidad de sus procedimientos y continua revictimización de los usuarios del sistema.

En esta materia el Estado debe tomar a su cargo la formulación de la denuncia y seguimiento judicial y de políticas públicas necesarias.  

 



[1] Cada persona es un sujeto único, compuesto de construcciones sociales, vivenciales, de experiencias de salud, educación, etc.

 

 

 

 

 

Proyecto de Resolución

 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

 

 

RESUELVE:

 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos correspondientes, informe sobre:

 

 

1)     Indíquese cuales son las estadísticas a disposición de la Secretaria de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) en relación a:

a) Adicción a estupefacientes discriminado por tipo de sustancia consumida, edad del consumidor, sexo, nivel de escolarización, provincia, etc.

b) Consumo de la droga conocida como “paco”, especificando localización geográfica de los puntos de mayor consumo.

 

Se solicita que dicha información abarque el período comprendido entre el año 2005 y el primer semestre del año 2006.

 

2)     Infórmese cuales han sido las acciones implementadas por la Secretaria de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) en relación a la proliferación de la droga conocida como “paco”. Indique número estimado de adictos a ésta droga, distinguiendo, al menos, según edad, sexo, nivel socio cultural, situación económica y localización geográfica.

 

3)     Infórmese de manera detallada cuales son los perjuicios para la salud física y psíquica producidos por el consumo de la droga conocida como “paco”. Indíquese cual es el daño físico producido, tiempo necesario para que se manifiesten daños irreversibles, grado de dificultad en la recuperación de adictos a esta droga y tipo de tratamiento de recuperación recomendado. Asimismo se solicita informe detallado sobre las acciones que vienen desarrollando el Sedronar en relación al Plan Nacional contra las Drogas 2005-2007, el Ministerio de Salud y/u otros organismos nacionales.

 

4)     Indíquese cuales son las estadísticas a disposición del Ministerio de Salud de la Nación, en relación al número de muertes producidas o vinculadas a la acción de estupefacientes (sobredosis, accidentes, suicidios, etc.), discriminando tipo de estupefaciente y edad de la víctima.

 

5)     Indíquese al Ministerio del Interior a que informe sobre cuáles son las  Delegaciones de las fuerzas de seguridad y/o Comisarías de la Policía Federal Argentina en la Ciudad de Buenos Aires en dónde se manifiestan los mayores niveles de consumo y tráfico de estupefacientes. Asimismo, aquellas Delegaciones y/o Comisarías en donde se hayan detectado laboratorios de producción de pasta base y/o clorhidrato de cocaína. Informe nombre, rango y antecedentes profesionales de las autoridades policiales y/o de fuerzas de seguridad que tienen a su cargo este tipo de investigaciones, procedimientos  y/u operativos.

 

6)     Indíquese cuales son las estadísticas a disposición del Ministerio del Interior en relación a la violación de la Ley  23.737, Ley de Estupefacientes, especificando:

a)  Número de causas iniciadas por violación de la Ley 23.737.

b) Número de procedimientos llevados a cabo por las Fuerzas de Seguridad en donde se hallan incautado estupefacientes, detallando: lugar y fecha, fuerza de seguridad involucrada, tipo de estupefacientes incautados, cantidad incautada, número de detenidos, bienes incautados.

c) Número de organizaciones de narcotraficantes desbaratadas por las fuerzas de seguridad.

 

Se solicita que dicha información abarque el período comprendido entre el año 2004 hasta la fecha.

 

7)     Indique el monto de los fondos destinados por el Estado Nacional destinados a políticas de prevención y lucha contra la drogadicción, discriminando:

a)     Fondos destinados a la población en general.

b)     Fondos destinados a sectores sociales de mayor vulnerabilidad.

c)      Fondos destinados a programas de prevención en la comunidad educativa

d)     Fondos destinados a programas de recuperación de adictos.

 

Se solicita que dicha información abarque el período comprendido entre el año 2004 hasta la fecha.

 

8)     Indíquese cuales son las estadísticas a disposición del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en relación a la violación de la Ley 25.246,  Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo

a)     Número de causas iniciadas.

b)     Número de detenidos, procesados y con sentencia firme.

c)      Tipo y cantidad de bienes incautados, y cual ha sido su destino.

 

Se solicita que dicha información abarque el período comprendido entre el año 2000 hasta la fecha.

 

9)     Infórmese y detállese cuales han sido las actuaciones de la UIF (Unidad de Investigación Financiera), organismo creado por Ley 25.246, en relación al lavado de activos provenientes del narcotráfico.

 

10) Infórmese sobre el número y tipo de recursos humanos y materiales a disposición de las fuerzas de seguridad y de los organismos de inteligencia destinados específicamente a la lucha contra el narcotráfico. Detállese cómo están siendo utilizados, discriminado por provincia.

 

11) Infórmese y describa el tipo y grado de interconexión y complementación  de los distintos organismos de inteligencia y fuerzas de seguridad destinados específicamente a la lucha contra el narcotráfico.

 

12) Infórmese sobre el estado de avance del denominado “Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial”, creado por Decreto del PE 1.407/04, especificando la fecha estimada en la que se contara con una cobertura radar total del espacio aéreo nacional.

 

13) Infórmese acerca de los denominados scanners, utilizados para detectar el tráfico de drogas en las fronteras y/o aduanas. Cantidad existentes, lugares donde se hallan instalados, capacidad operativa, estado de funcionamiento

 

14) Infórmese sobre la información con que cuentan los organismos de inteligencia nacionales en relación a:

a)     Existencia en el país de grupos de narcotraficantes vinculados a carteles internacionales de drogas.

b)     Vinculación de dichos grupos con otras áreas del crimen organizado (tráfico de armas, trata de blancas, contrabando, etc.)

 

15) Solicitar al Ministerio del Interior para que responda y fundamente las siguientes preguntas:

a)     ¿Es actualmente Argentina un país productor y/o exportador de drogas?

b)     ¿Existen “carteles” nacionales de narcotraficantes?

c)      ¿Existe en el país actividad de carteles internacionales de narcotraficantes?

d)     ¿Se ha detectado en el país actividad de “carteles” vinculados a organizaciones terroristas?

 

16) Infórmese cuales han sido las actuaciones administrativas llevadas a cabo por el Sedronar en los términos establecidos por el artículo 13º de la Ley 26.045, Registro Nacional de Precursores Químicos.

 

17) Infórmese acerca de los resultados obtenidos por la aplicación de la ley 26.052.  Indicando cuáles fueron las provincias que adhirieron, cómo impactó sobre las justicias provinciales y la Justicia Federal.

 

18) Indique los montos destinados en relación a la aplicación del art. 5 de la ley 26052.

 


 

 

Fundamentos

 

Señor Presidente:

 

                                   El incremento del tráfico y consumo de estupefacientes en nuestro país amerita a que el Poder Ejecutivo Nacional informe a este Parlamento sobre las acciones que el Estado esta llevando a cabo en materia de investigación y represión del narcotráfico, así como también en materia de prevención y atención de las adicciones.

 

                                   El objeto general de este pedido de informes es conocer en profundidad cuales son las acciones y cuales son los resultados obtenidos por el Estado Nacional en su lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes. Queremos saber como se están invirtiendo los recursos públicos tanto en el área de la represión de la oferta de drogas, como así también en el área de la prevención y contención de la demanda. Queremos conocer los datos y la opinión de los organismos oficiales dedicados al tema.

 

                                   Pero el objeto particular de este pedido de informes, refiere directamente a investigar y conocer el grado de penetración y de daño que el consumo de drogas esta ocasionando en nuestro país. Y de entre las diversas drogas que hoy en día se consumen en nuestro país, queremos conocer cuales son los efectos sociales de la más temida y dañina, la conocida como “paco”, que afecta y se ensaña principalmente con los sectores mas desprotegidos y postergados de nuestra sociedad. La naturaleza  nociva de esta droga y los graves efectos sobre la salud de su consumidor requieren de la atención inmediata del Estado sobre esta droga en especial, ya que sus característica son las de generar una alta adicción, ocasionar daños neurológicos irreversibles, y consumir la vida del adicto de manera acelerada.

 

                                   Queremos conocer cual es la relación en nuestro país de las dos caras de la droga, la oferta y la demanda, ya que necesitamos informarnos en base a datos fehacientes suministrados por los organismos del Estado, convencidos que el aspecto represivo o policial del tema es sólo una faceta más de esta problemática la cual es eminentemente social y como tal, necesita de políticas acordes a la verdadera naturaleza del fenómeno. Para desarrollarlas, primero necesitamos información. Solo un buen diagnóstico nos permitirá crear las herramientas legales necesarias para enfrentar este problema social

 

                                   El narcotráfico es un flagelo que atenta contra nuestra sociedad, ya que agrede la salud y esclaviza la voluntad de los ciudadanos, y a su vez corrompe con su poder económico, a través de funcionarios infieles, las Instituciones de la Nación. Debemos asumir la importancia de este problema y sus implicancias sociales, adoptando las políticas necesarias y facilitando todos los recursos materiales y humanos que la lucha contra el narcotráfico demande, no podemos permitir que obstáculos presupuestarios entorpezcan la labor de quienes persiguen al que ofrece; y  atienden, contienen y sanan, al que consume.

 

                                   Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.

“PACO”


La punta del iceberg

Elisa Carrió

Diputada Nacional

 

Sebastián Cinquerrui

Diputado Provincia de Buenos Aires. Presidente de la Comisión de Prevención de las Adicciones.

 

Walter Martello

Diputado Provincia de Buenos Aires. Vicepresidente Bloque ARI.


Septiembre de 2006

PACO | La punta del iceberg


 

Índice

 

                                                             I.      Introducción

                                                           II.      Coca y cocaína: su proceso de producción

                                                         III.      El contexto social del conurbano

                                                        IV.      El PACO

                                                          V.      Los Precursores Químicos

                                                        VI.      Las cocinas de cocaína

                                                      VII.      Las villas como principales víctimas.

                                                    VIII.      Estadísticas  y perfil del adicto

                                                        IX.      Tráfico Ilegal de Drogas TID

                                                          X.      Ley de desfederalización

                                                        XI.      Política sanitaria: el abandono estatal

                                                      XII.      Contradicciones en el discurso oficial

                                                    XIII.      A modo de síntesis

                                                   XIV.      Consideraciones finales

 

Decidimos titular a este informe: “PACO: La punta del Iceberg” debido que la aparición de esta sustancia psicoactiva pone de manifiesto que, tras el fenómeno de la aparición masiva del PACO, en la República Argentina, se esconde un mundo subyacente mucho mas complejo, desconocido, violento casi indescifrable que el aparente. Los por qué de la aparición del PACO en este momento, en esta sociedad no han sido hasta ahora indagados con la profundidad que este informe presenta. Por cierto, es solo un primer capítulo en la tarea de investigación y denuncia. Decidimos entonces llamarlo “PACO: la punta del Iceberg” ya que el mismo se configura como la parte visible o conocida de un asunto, del cual se desconoce otra parte mucho mayor. Mundo al cual intentamos desnaturalizar y sacarlo de la oscuridad para que esta sociedad pueda darse una política de prevención ante la aparición de semejante flagelo.

I. Introducción

Un día alguien del grupo trajo un PACO y yo me fumé dos. Me pegó y quedé pila, sano, duro. Y así empecé. Llegué a gastarme cien mangos en una noche. Porque es una droga que te pide mucho… te pide mucho. A veces cuando quedaba manija (colgado), porque tenía moneda, me la daban igual pero si sos fisura (sin plata) te junan y te mandan a afanar»… «En dos semanas no servís para nada porque se te van las ganas de comer, de bañarte, de todo; quedás estúpido. En el barrio es un bajón ver a los pibes así, tirados en las esquinas, descalzos, deformados de tanta porquería…”

 

Testimonio de un joven adicto al PACO en tratamiento

 

Hace algunos años irrumpió en la sociedad Argentina el PACO. Esta sustancia psicoactiva, que se instaló en las clases bajas, hoy se desplaza a los sectores medios.

 

La capacidad adictiva, y el poder destructivo de la sustancia, ha transformado a sus consumidores más vulnerables en “muertos vivos”. Esta denominación fue acuñada en los barrios más pobres, para referirse a los adictos al PACO con mayor dependencia y compromiso fisiológico.

 

La imagen a la que nos remite la denominación asignada a estos adictos, nos permite sin temor a equivocarnos ponderar el impacto que sobre la salud pública y la dinámica social tiene este flagelo. Flagelo que en nuestro país surge como emergente residual de una nueva etapa en el circuito de valorización del clorhidrato de cocaína (cocaína que se adquiere en la calle).

 

Su presencia no es casual, por el contrario, responde a condiciones preexistentes que favorecen el desarrollo del narcotráfico. Dichas condiciones se expresan, entre otras, en: indicadores de desigualdad social alarmantes con fuertes rasgos estructurales; expansión y surgimiento de bolsones de pobreza en los grandes centros urbanos; desarticulación operativa de las agencias estatales responsables de combatir el narcotráfico; carencia de tecnología adecuada para detectar el trafico ilegal de drogas por vía aérea, fluvial o ultramarina; disponibilidad a bajo precio de Precursores Químicos; controles laxos y naturalización de la corrupción.

 

La pobreza estructural y la marginación de millones de jóvenes son aspectos relevantes que también crean condiciones para el desarrollo del narcotráfico, no solo en nuestro país, sino también en los países tradicionalmente productores. Ya que estas condiciones facilitan el reclutamiento y consolidación de pequeñas bandas de distribuidores, como también facilita la captación de mulas: capsuleros y vagineras.

 

Adictos, capsuleros, vagineras y jóvenes marginales son víctimas de un negocio que crece y se consolida con la complicidad, por acción u omisión, de funcionarios del Estado; de empresarios y gobernantes que aceptan hacer cualquier tipo de transacciones, con apariencia de legalidad, sin indagar sobre el origen de los activos; de gobiernos que se benefician con el apoyo económico del narcotráfico a cambio de mantener condiciones propicias para su desarrollo.

 

En este contexto, el PACO es solo el emergente de uno de los negocios más rentables. De un negocio que puede sostener economías nacionales, desestabilizar gobiernos o mantenerlos en el tiempo. Pero si bien esto es cierto, el PACO continúa matando a nuestros niños y jóvenes, por lo cual debemos actuar de inmediato: desocultando el problema, poniéndolo en su verdadera dimensión y denunciando a quienes teniendo los medios y el deber no actúan en defensa de la vida.

 

Elaborar un documento sobre el PACO, cuando a nuestro entender el tema solo ha sido tratado como una crónica policial, significaba abordar un aspecto sustancial de la cuestión, que es el abandono de personas por parte del Estado.

 

El enfoque de algunos medios de comunicación sobre el tema, fue el de la crónica policial amarilla, sensacionalista, y en cierto sentido con un componente clasista utilizado “al revés”, degradado, e inclusive con visos discriminatorios, donde los pobres, y especialmente los jóvenes de barrios carenciados y villas de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, parecen prisioneros de una especie de maldición que los llevaría a fumar PACO, meterse en el delito y terminar matándose en unos pocos meses, ya sea por el efecto de la droga o en manos de las fuerzas policiales o de algún vecino partidario de la justicia por mano propia.

 

Pero el análisis discriminatorio y con características apocalíptico-exageradas no es llamativo en el caso de algunos medios y su particular construcción de la realidad; como tampoco llama la atención que rara vez se aborde la responsabilidad de los funcionarios del área.

 

También queremos afirmar que Argentina ha ingresado a una nueva fase en la fábrica global de Drogas. Esto solo es posible con la complicidad, por acción u omisión, de sectores ligados al mas elevado poder político, judicial, policial y financiero, –responsable de operaciones de financiamiento y luego de lavado de activos provenientes del narcotráfico-. Esta rol se caracteriza por una nueva escala en la producción de clorhidrato de cocaína destinado al consumo de sectores de alto poder adquisitivo, o a la exportación hacia ciudades de los llamados países desarrollados

II. Coca y cocaína: su proceso de producción

La cocaína es un alcaloide psicotrópico, naturalmente presente en las hojas de Erythroxylon coca, planta originaria de la zona andina, en particular de Bolivia y Perú, y sobre todo Colombia, donde las hojas han sido usadas durantes siglos por los nativos para aumentar su resistencia y promover sensación de bienestar.

 

El principal alcaloide del arbusto conocido como “coca” es la benzoilmetilecgonina, cuyas formas de presentación reconocidas son:

 

 

Ø      cocaína de base libre purificada,

Ø      cocaína de base pura,

Ø      sulfato de cocaína,

Ø      clorhidrato de cocaína[1].

 

 

La producción de cocaína es un proceso de tres etapas:

 

 

Ø      De la hoja de coca a la pasta de coca,

Ø      de la pasta de coca a la base de coca,

Ø      de la base de coca a la cocaína.

 

 

Durante cada uno de estos pasos, los narcotraficantes utilizan una gran cantidad de productos químicos que posteriormente se arrojan como desechos en la zona circundante con el consecuente impacto ambiental negativo.

 

En la primera fase, durante la cual se convierte la Hoja de Coca en Pasta de Coca, proceso que generalmente se realiza cerca del sitio del cultivo, las hojas se colocan en un recipiente o un hoyo forrado en plástico en el cual se vierte un ácido fuerte (como el ácido sulfúrico), agua y kerosén. Después de agitar la mezcla, los alcaloides de la cocaína y el kerosén se separan del agua y de las hojas de coca. El agua y las hojas se sacan y se agrega carbonato de sodio a la solución de kerosén y ácido para producir un precipitado. Esta solución se arroja luego al suelo y/o se la vierte en un arroyo o río cercano. El precipitado se filtra y seca, para producir la pasta de coca.

 

La segunda fase, en la cual se convierte la Pasta de Coca, en Base de Coca, puede llevarse a cabo en el sitio donde se refina la Pasta de Coca o en un laboratorio que puede o no estar ubicado cerca del sitio del cultivo. En una fórmula de uso común, la Pasta de Coca se disuelve en agua con ácido sulfúrico o clorhídrico. Posteriormente se mezcla permanganato de potasio con agua y se agrega a la solución de pasta y ácido. La solución resultante se filtra y el precipitado se desecha. Se agrega agua de amoníaco a la solución filtrada para hacer que la base de la cocaína se precipite y los residuos químicos se vierten en un arroyo o río cercano.

 

Durante la etapa final de la conversión de la Base de Coca (sulfato de cocaína) en Cocaína (clorhidrato de cocaína), se utiliza acetona o éter para disolver la Base de Coca. Se agrega a la solución de cocaína ácido clorhídrico (ácido muriático) diluido en acetona o éter. El solvente de acetona o éter restante se desecha o recicla.

 

 

Proceso paso a paso de la obtención de cocaína, desde la hoja de coca a la sustancia psicoactiva[2].

Hojas de Coca + (Carbonato potásico + Kerosén) = Extracto de Coca + (Ácido Sulfúrico) = Pasta Base de Cocaína + (Ácido sulfúrico + Amoníaco) = Pasta Lavada o Sulfato de Cocaína + (Acetona o éter + Ácido Clorhídrico + Alcohol) = Clorhidrato de Cocaína + (Bicarbonato sódico) = Free Base o Crack

 

Un estudio realizado por la DEA en 1993 sobre la producción de cocaína en la región del Chapare en Bolivia, demostró que la producción de un kilogramo de Base de Coca requiere tres litros de ácido sulfúrico concentrado, 10 kilogramos de cal, 60 a 80 litros de kerosén, 200 gramos de permanganato de potasio y un litro de amoníaco concentrado[3].

 

 

1 Kg. Base de Coca: 3 lts. de Ácido Sulfúrico 10 Kg. de Cal 60 a 80 lts. de Kerosén 200 grs. de Permanganato de potasio 1 lts. de Amoníaco

 

 

A partir de la Pasta Base de cocaína se llega a la síntesis del clorhidrato de cocaína que, a diferencia de la Pasta Base, no se puede fumar, ya que se destruye a temperaturas elevadas.

 

Con el clorhidrato de cocaína llegamos a la producción de cocaína de base libre y crack. Ambas sustancias se pueden fumar. La base libre se obtiene desde el clorhidrato de cocaína añadiendo éter a elevada temperatura. Si por el contrario se utiliza bicarbonato de sodio, amoniaco y agua sometiendo la mezcla a una temperatura moderada se obtiene el crack[4].

 

El clorhidrato de cocaína es un polvo blanco y cristalino que se inhala o se disuelve en agua y se inyecta. El crack es un tipo de cocaína de base libre que se puede fumar. Para poder ser consumida por esta vía, “fumado”, se la procesa agregándole bicarbonato de sodio. Se la denomina “crack” por el sonido crujiente que hace cuando se calienta. El crack parece bolitas o pedacitos entre blanco y habano como la sal en piedra y el jabón. El crack generalmente se fuma en una pipa y también se puede fumar con marihuana y tabaco.

 

La cocaína en polvo se fabrica con muchos solventes volátiles, como kerosén, benceno y gasolina y estos venenos pueden encontrarse en la cocaína que se compra en la calle. Además, los traficantes en la calle pueden «cortar» o combinar la cocaína con otras substancias que también pueden afectar la pureza (cafeína o talco).

 

Destacamos el estado en el cual se puede o no fumar, debido a que existen informes internos elevados desde la Policía Científica al ministerio de Seguridad Bonaerense, donde se afirma que luego de realizados los estudios de laboratorio sobre las dosis de PACO incautadas, desde la Desfederalización, no se encontró Pasta Base sino clorhidrato de cocaína al 0,04 % de concentración. Esto es Cocaína fraccionada. Esta conclusión, es a nuestro entender falsa por dos razones: la cocaína se quema al prenderla fuego de manera que pierde el efecto buscado; y es irracional la ecuación costo beneficio de importar cocaína para ser consumida en forma de PACO.

 

Esta Postura, la de negar la existencia de escoria de cocaína, resultante del proceso de producción, inhibe la posibilidad de pensar a la Argentina como productora de Clorhidrato de cocaína. De modo tal que se niega la creciente instalación de laboratorios o “Cocinas” en la provincia de Buenos Aires.

 

 


III. El contexto social del conurbano

 

 

«La delincuencia crece por culpa del narcotráfico», suelen decir los voceros oficiales, para exonerar de responsabilidad a un sistema que arroja cada vez más pobres a las calles y a las cárceles y que condena cada vez más gente a la desesperanza y la desesperación. Las cumbres irradian el mal ejemplo de su impunidad. Se castiga abajo lo que se aplaude arriba. El robo chico es delito contra la propiedad, el robo en gran escala es derecho de los propietarios: uno es asunto del Código Penal, el otro pertenece a la órbita de la iniciativa privada. El poder, que elogia al trabajo y a los trabajadores en sus discursos pero los maldice en sus actos, sin pudor alguno recompensa la deshonestidad y la falta de escrúpulos”

 

Eduardo Galeano

 

 

El mapa de ingresos de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires es más desigual que el que existe en promedio en todo el país.

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) en el tercer trimestre del año pasado el 10% más rico de la población de la región metropolitana tuvo ingresos 35 veces superiores al 10% más pobre. A nivel nacional esa brecha es de 31 veces.

 

Así, no solo volvió a ampliarse la brecha entre lo que ganan los más ricos y los más pobres que viven en la región más poblada del país sino que esa distancia es récord en la serie del INDEC que arranca en 1974. En aquél momento esa brecha era de 12,3 veces.

 

La población incluida en las cifras del INDEC comprende a todos los que tienen algún ingreso porque trabajan en blanco o en negro, son asalariados, hacen changas, son profesionales, patrones o cuentapropistas, jubilados, rentistas o tienen un plan social.

 

En total son 6,7 millones de personas. El resto son otros 6 millones de adolescentes o adultos sin ingresos o menores de edad que dependen de los ingresos de sus hogares.

 

Además, las cifras oficiales marcan que el 15,5% de los 12,5 millones que viven en la región metropolitana —dos millones de personas— vive con 75 pesos por mes o 2,50 pesos por día. En la otra punta, en los hogares más ricos cada integrante dispone de 2.629 pesos por mes.

 

La estadística del INDEC marca que la distribución de los ingresos, con algunos altibajos, empeoró en los últimos 30 años con picos durante la hiperinflación de 1989/90 y la crisis de 2001/02. Sin embargo, después de una mejora, en la última medición volvió a trepar superando todos los guarismos anteriores.

 

Hoy, el 20% de la población se queda con el 54,6% de los ingresos. En 1974 era del 43,7%, en los 90 pasó la barrera del 50% y tras la crisis rondó el 52/53%.

 

En la otra punta, el 40% más pobre recibe apenas el 11,4% cuando en 1974 participaba con el 17,5%. Y con cada crisis este sector fue perdiendo posiciones, sin recuperarlas en las fases de crecimiento.

 

Así, pese a que se revirtió la crisis y la economía se agrandó, las franjas más ricas recibieron una porción mayor que la que llegó a los sectores más pobres.

 

Otro factor que pesó en la última medición fue que el INDEC relevó familias de ingresos muy altos que no había captado en las mediciones anteriores. Por eso se descuenta que en el cuarto trimestre de 2006 las relaciones de ingresos podrían mejorar si la Encuesta no logra volver a captar a esas familias muy ricas.

 

En términos absolutos, hoy el ingreso promedio de los porteños y del conurbano es de 986 pesos. Con relación a fines de 2001 implica una mejora nominal del 81%, levemente superior a la inflación.

 

Pero ese aumento se repartió en forma desigual. Mientras el 10% más rico mejoró sus ingresos un 91%, entre el 10% más bajo la mejora fue de solo el 53%. Así, entre otras razones, la inflación provocó una transferencia de ingresos de los más humildes a las franjas más acomodadas.

 

 

¿Qué ocurre en la provincia de Buenos Aires?

 

 

El Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el Dr. Eduardo Di Rocco, reconoció públicamente en una nota al Diario el Día de La Plata que los delincuentes en la provincia de Buenos Aires eran “cada vez más jóvenes, más pobres y menos instruidos”.

 

Cuando hablamos de pobres hablamos de más del 50% de los jóvenes de la provincia de Buenos Aires, donde en los números de la macroeconomía se ve una terrible pobreza e indigencia, estacionada en niveles altísimos.

 

 

Ø      En la provincia de Buenos Aires viven aproximadamente 1.900.000 adolescentes entre 14 y 21 años.

Ø      El 50% está bajo la línea de pobreza y de ellos, un 38,8% es indigente; uno de cada cinco no estudia ni trabaja y el 2,3% es analfabeto: no sabe leer ni escribir.

Ø      El 13% de las madres de toda la Provincia tiene menos de 19 años.

 

 

Esta dura «radiografía” de los adolescentes de la Provincia surge de un estudio oficial del Ministerio de Desarrollo Humano y Familia bonaerense que fue base para el lanzamiento del «Proyecto Adolescentes».

 

 

Ø      Si el 17,4% de los chicos entre 14 y 18 años no estudia, se habla de 204.195 adolescentes en edad escolar.

Ø      Si el corte es hasta los 21 años, el total de jóvenes no escolarizados trepa a un 34%.

Ø      Del total de 10.584 menores institucionalizados al mes de mayo de 2004, el 81,9% están por causas asistenciales.

Ø      El 18,1% de los menores institucionalizados tienen causas penales, pero de ellos, sólo el 10% es por delitos graves.

Ø      Una mirada al mercado del trabajo descubre que de los 1.217.448 adolescentes entre 15 y 19 años, el 11% no estudia, ni trabaja y en el caso de las mujeres, tampoco es ama de casa.

Ø      En el Conurbano, el porcentaje es del 12,6% y representa a 107.443 jóvenes.

Ø      Si se toman solamente los varones, los porcentajes alcanzan los 17,5 puntos en el conurbano y 15,8 en el total del país.

Ø      Si se analiza el segmento entre 20 y 24 años, el 20,5% no estudia, ni trabaja y tampoco es ama de casa. En 1998 sólo era del 13,3%. En los partidos del conurbano el porcentaje es superior al de la provincia (23.1%), en tanto en 1998 ascendía al 14,7%. Si se toman solamente los varones las cifras actuales alcanzan el 28,4% en el conurbano y el 24% en el total del país.

 

 

Es altamente probable que la repentina preocupación de los medios respecto al PACO, viene acompañada de la situación de inseguridad que sufren las clases medias.

 

Es cierto que, además que dejó de ser la droga de los pobres y llegó a los estratos sociales medios bajos y medios, que al amparo del crecimiento del precio de la cocaína empiezan a consumir PACO.

 

Este rumbo sólo puede modificarse con políticas de asistencia social orientadas a la recuperación de los chicos atrapados por el consumo o la distribución de drogas y con la creación de mayores oportunidades de trabajo para los mayores.

 

Es imprescindible intensificar la tarea de prevención, que incluye no solo a la educación, instrucción, distribución de información, sino fundamentalmente atacar las condiciones económicas y sociales que lleva a la marginación de millones de Argentinos.

IV. El PACO

 

 

El “PACO” es la forma de presentación comercial del Residuo del proceso de transformación del sulfato de cocaína en clorhidrato de cocaína. Es su unidad de venta, el equivalente al “porro” para la marihuana, o al “raviol” o “papel” para la cocaína. Su calidad varía según el fraccionador y la capacidad de compra del consumidor.

 

 

Ø      El insumo básico del PACO es el residuo del proceso de transformación de la Pasta Base en Cocaína.

 

 

Con el objeto de “estirar” la sustancia a fin de obtener mayor beneficio económico, suele mezclarse con multiplicidad de elementos, incorporados con el solo fin de simular aspecto y olor de la sustancia base. Según informes judiciales se han incautado sustancias que contenían herbicidas y hasta vidrio de tubos fluorescentes molidos.

 

Victoria Rangugni, licenciada en Trabajo Social y master en Sociología del Derecho, coordinó un estudio de la Asociación Intercambios que indaga sobre el consumo de PACO. “Una de las primeras tareas del equipo de investigadores fue la de intentar aclarar qué es exactamente la Pasta Base de cocaína (PBC), o PACO. Tal como ocurrió en otras investigaciones sobre usos de drogas, fueron los usuarios los que demostraron tener más conocimiento sobre lo que fuman, y no los expertos o profesionales que desde su área trabajan en la problemática. El consenso de los fumadores de PACO es que lo que aspiran de las pipas a las que cargan con una dosis para un “subidón” de pocos minutos es el desecho de la producción de cocaína”[5].

 

 

PACO    PAsta Base de COcaína

 

 

“PACO” es el apócope de “Pasta Base de COcaína”, nombre vulgar por el que todos reconocen al residuo de la PBC. Residuo que se obtiene en el proceso de transformación de aquella en el clorhidrato de cocaína. La relación entre el producto terminado y los residuos es de 1 a 1,5 aproximadamente. De manera que de tres kilos de Pasta Base se obtiene 1 kilo de clorhidrato de cocaína y en promedio 1,5 kilogramos de residuo de Pasta Base, insumo esencial para la fabricación de PACO.

 

3 Kg. Pasta Base

1 Kg. de Cocaína

1,5 Kg. de residuo de Pasta Base (PACO)

 

Este residuo puede contener hasta no más de un 5% de cocaína. Asimismo, el residuo es nuevamente “cortado” por los vendedores minoristas “kioscos”, variando sustancialmente la cantidad utilizada. Cuesta un peso la dosis, aunque su precio varía de acuerdo a la calidad.

 

Cabe señalar que no hay coincidencia entre los organismos del Estado, las instituciones especializadas, las universidades, los académicos, respecto a una unívoca definición del término PACO, de cómo esta compuesto el PACO. Se tiende a equipararlo con Pasta Cruda, Pasta Base de Cocaína, Pasta de Coca, Cocaína Cortada, Residuo de la Producción de Cocaína, como si se tratara de lo mismo. Tal es el caso de los trabajos de investigación que realizó el Observatorio de Drogas del Sedronar. Pese a lo valioso de la información registrada, no define las variables que utiliza confundiendo los conceptos.

 

Los nuevos consumidores son chicos de 13 o 14 años, registrándose últimamente niños de 9 años, que directamente empiezan con PACO y son víctimas de su propia vulnerabilidad. Aunque es una droga consumida principalmente en las clases bajas, no todos son marginales.

 

No debería confundirse al PACO con el «BAZUCO», que hace tiempo se consume en países como Perú y Colombia. Otras denominaciones del BAZUCO son «Mono» o «Marciano», si se la mezcla con tabaco o marihuana, respectivamente. De aspecto amarillento o amarronado, dependiendo los Precursores Químicos que se utilicen. A diferencia de la cocaína, el PACO es posible fumarlo. El “bazuco”, el “mono” o “marciano”, en efecto poseen Pasta Base y no el RESIDUO de la fabricación de Clorhidrato de Cocaína. Cabe destacar que la cocaína es posible fumarla en su formato de Crack, que es un proceso posterior al de la fabricación del Clorhidrato.

 

Este es un punto central a tener en cuenta, debido a que confundir Residuo con Clorhidrato como insumo para el PACO, implica pararse sobre distintas hipótesis que afirman o niegan la producción de Cocaína en la Argentina. El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, sostiene que en Argentina no se puede fabricar PACO con residuo debido a que eso solo puede darse en los lugares donde se cultiva la Hoja de Coca[6]

 

El PACO se fuma en pipas hechas con un caño de aluminio ahuecado, generalmente se utiliza una antena de televisión o una guía de cortinas, a las que se les coloca en el fondo tabaco quemado que tiene la función de encender y mantener el calor para la volatilización del polvo. El efecto por fumar (entre 8 y 40 segundos) varía de acuerdo al tipo de precursores incluidos en la preparación, pero es casi automático. Se va con la misma intensidad. En pocos minutos desaparece pero provoca una compulsividad insoportable a seguir fumando.[7]

 

Las principales características de los efectos del PACO son:

 

 

Ø      Alta toxicidad para el organismo;

Ø      Rápida absorción del producto y corta duración del efecto (pocos minutos);

Ø      Alta adicción, un solo consumo genera en el organismo una fuerte compulsión a repetir la experiencia proporcionada.

 

 

El PACO genera una fuerte adicción y a los tres meses de su consumo el cerebro presenta daños neurológicos irreversibles, los cuales continúan agravándose al proseguir el consumo.

 

Los daños se producen en el lóbulo frontal del cerebro, región en donde residen centros neuronales ocupados de funciones motoras, de la memoria, del comportamiento social y del razonamiento lógico.

 

Atacadas estas funciones neuronales el resultado observable en el adicto es una severa degradación de la personalidad en los aspectos cognitivos, comportamental y psicológico.

 

El adicto siente una irrefrenable pulsión a repetir la experiencia proporcionada por la dosis (dada su intensidad pero su efecto pasajero), que lo obliga a volver a consumir el producto. La adicción lo ata al producto, ya que paulatinamente éste altera la bioquímica del cerebro, en donde termina substituyendo neurotransmisores producidos naturalmente por el cuerpo, por sus símiles artificiales de mayor metabolización y potencia.

 

El “daño” que produce está relacionado con la “calidad del producto” y con las características propias del consumidor, desde el punto de vista psicológico y fisiológico. Este punto es particularmente importante, ya que se ha detectado que el PACO no solo es consumido por las clases más postergadas, sino que también es consumido en sectores de clase media. El PACO no es como se afirma la “droga de los pobres”, al menos no lo es con exclusividad. Adictos pertenecientes a otras clases sociales también lo consumen. La diferencia entre unos y otros está determinada por la privacidad en el consumo, por las condiciones materiales de vida (alimentación adecuada, acceso a la salud, etc.) y por la “calidad” del producto que consumen.

 

En una investigación sobre el tema que ha realizado la organización Intercambios aparece un consumo cada vez más grande de PACO en sectores medios de la Ciudad de Buenos Aires, con usuarios de la droga de mayores franjas etarias, con un mayor cuidado de la salud y con un manejo distinto de la sustancia y de la adicción, que fuman en lugares privados, resguardados del peligro que significa para una actividad ilegal el hecho de su exposición pública.

 

En este sentido podemos afirmar que el PACO mata, pero lo hace en forma diferencial.

V. Los Precursores Químicos

 

 

En la elaboración del clorhidrato de cocaína se utilizan diversas sustancias químicas. A estas sustancias químicas se las conoce como “Precursores Químicos”. Estas son de venta libre debido a que son de uso común en la industria química, farmacéutica, fotográfica y hasta de uso doméstico, como el caso del kerosén.

 

Los organismos internacionales han regulado la venta de estas sustancias, a través de legislación la cual busca el control de la venta y distribución de estos químicos, potencialmente utilizados en la elaboración de cocaína. En nuestro país fue sancionada en junio de 2005 la ley 26.045, Registro Nacional de Precursores Químicos, cuyo objeto es regular la comercialización de estas sustancias químicas y de esa forma tener un control sobre su distribución y evitar su utilización como insumo en el proceso de transformación de la Pasta Base de Cocaína (Pasta Base) en clorhidrato de cocaína (cocaína de máxima pureza).

 

En nuestro país es particularmente fácil obtener cantidades importantes de Precursores Químicos. A diferencia de Colombia, Perú, Bolivia o Brasil, en donde existe un control muy fuerte de la circulación de estos productos, aquí podemos adquirirlos en cualquier ferretería y en cantidades industriales en mayoristas del ramo.

 

Independientemente de los canales de provisión de insumos previstos por las organizaciones de narcotraficantes, recorriendo cualquier distrito del conurbano se pueden comprar estos productos en una docena de ferreterías distintas, si fuera el caso intentar disimular el accionar, y así adquirir importantes cantidades de productos químicos destinados al procesamiento y producción de cocaína.

 

Esta libre disponibilidad de productos químicos es una de las razones por las cuales las cocinas se han mudado de Bolivia y Perú a nuestro país. En estos países no existe una industria petroquímica como en el caso de Argentina, y debido a ello los Precursores Químicos son escasos, caros y muy controlados. En nuestro país existe una importante industria química, y por lo tanto hay abundancia de productos a precios accesibles y no hay, a su vez, una política efectiva de controles.

 

 

 

Principales Sustancias Incautadas (*)

 

 

VI. Las cocinas de cocaína

 

 

La mayor parte de la cocaína que se distribuye en el mundo entero sigue fabricándose en Colombia, pero en los últimos años también se ha registrado fabricación ilícita en otros países de América del Sur, incluyendo en aquellos que antes no se veían afectados por esta actividad, tales como Argentina y Uruguay[8].

 

Cuando la Argentina salió de la convertibilidad, muchas situaciones mutaron radicalmente. Nuestro país dejó de ser atractivo para los productos fabricados en el exterior y los insumos importados se volvieron escasos.

 

El mercado de las drogas se acomodó ágilmente al nuevo escenario y hubo sustancias que prácticamente desaparecieron de los clásicos circuitos de consumo. La cocaína, que evidenció una explosión de ventas durante la década del noventa en todos los sectores sociales, se retrajo exponencialmente en las plazas de bajo poder adquisitivo y se ubicó sólo allí donde todavía hay capacidad de compra.

 

Esto trajo como consecuencia una reconversión del mercado, que suplantó con el residuo de la Pasta Base de cocaína (PBC) ese consumo instalado en los barrios pobres que ya no accederían a la cocaína de buena calidad.

 

Todavía no se pueden establecer los costos y los beneficios del nuevo escenario. Pero, al menos en la Provincia de Buenos Aires y en las grandes villas de la Ciudad de Buenos Aires, el poder devastador del residuo de la PBC, exponencialmente más implacable que la cocaína, está haciendo estragos entre los consumidores.

 

Las cocinas de PBC se han multiplicado no sólo en las provincias del noreste y noroeste del país, sino también en las zonas urbanas de mayor concentración poblacional como la Capital Federal, el Conurbano Bonaerense, Rosario y Córdoba. Para amplios sectores de la población que han quedado marginados del sistema, el tráfico de drogas es una estrategia de supervivencia. La cocaína perdió rentabilidad en nuestro país y se volcó nuevamente a la “exportación” hacia el mercado europeo y norteamericano”[9].

 

El mercado cautivo, que se generó durante diez años de convertibilidad hizo que ahora estemos en presencia de una verdadera socialización de la distribución de la PBC en los barrios populares, en la que están implicadas miles de personas.

 

El fenómeno de la instalación de cocinas en nuestro país es reciente. Según datos oficiales, desde enero de 2004 a junio de 2005 las distintas fuerzas de seguridad hallaron 28 laboratorios clandestinos con una capacidad de producción estimada en 2000 kilos al año. El número de operativos exitosos se quintuplico en los últimos cinco años. Un lustro atrás los laboratorios que se descubrían no eran más de cuatro cada 12 meses. Esto es una clara muestra de que el proceso de producción en nuestro país se ha intensificado. Recordemos que en el pasado cercano Argentina era identificada como un país de tránsito, posteriormente lo fue de consumo, actualmente podemos inferir que se esta entrando en una etapa incipiente: de producción, tránsito, consumo y exportación.

 

En marzo del 2005, la DEA señaló en un informe oficial que, si bien la Argentina no es un país productor de droga, en el 2004 «hubo un aumento en la producción de cocaína utilizando Coca Base (Pasta Base de cocaína) importada de Bolivia».

 

Con tres kilos de PBC, puesto en la frontera argentino-boliviana a un costo de 1800 dólares (U$S 600/Kg.), un laboratorio en territorio argentino produce un kilo de clorhidrato de cocaína, que en Buenos Aires tiene un valor de 9.000 dólares. En EEUU de entre 50 y 80 mil dólares, en Europa de entre 50 y 70 mil, en Australia de 100 a 120 mil y en Japón de hasta 150 mil dólares.

 

 

1 Kg. de Cocaína, cuesta:

 

Buenos Aires           U$S 10/12 mil

EEUU                     U$S 50/80 mil

Europa                   U$S 50/70 mil

Australia                U$S 100/120 mil

Japón                    U$S 150 mil

 

 

La presencia de laboratorios en nuestro país tiene, por lo menos, las siguientes causas:

 

 

Ø      Disponibilidad y fácil acceso a los Precursores Químicos;

Ø      Menor riesgo económico, ya que la PBC tiene un valor cinco veces menor que el clorhidrato;

Ø      Mejora en el control de la exportación de Precursores Químicos.

Ø      Control efectivo del proceso y de la calidad final del producto, antes de la salida del país, aspecto clave para su valorización en el mercado internacional.

 

 

Otro punto de importancia, es la facilidad que tienen los narcotraficantes para ingresar al país la Pasta Base de cocaína, en particular desde Bolivia. Con la sustancia en suelo argentino, la disponibilidad a bajo precio de precursores, y la infraestructura productiva instalada para transformar la Pasta Base en clorhidrato de cocaína, sumada a la disponibilidad de vías de ingreso y egreso del país con riesgos mínimos, hacen de nuestro suelo el lugar ideal para desarrollar este tipo de negocios ilícitos. Por su parte, la disponibilidad de pistas aéreas clandestinas, la falta de radares y de scanner en aeropuertos y puertos de ultramar le ponen un valor agregado a las condiciones preexistentes para este tipo de “inversiones”.

 

Respecto de los laboratorios no todos poseen las mismas características. La mayoría se dedica a producir Clorhidrato de Cocaína, es decir, droga de máxima pureza para el tráfico internacional, siendo este el negocio más rentable. Otros se dedican al estiramiento para la venta local, realizando este procedimiento con algunos químicos tales como éter y acetona, para dar color a los elementos tales como la cafeína o algún anestésico con la que rebajan la cocaína, disimulando así su menor calidad.

 

Hay algunos laboratorios del NOA que realizan dos pasos de la producción de la cocaína. Por un lado convierten la pasta cruda en la Pasta Base y luego convierten la Pasta Base en cocaína. Esto es posible por su cercanía con Bolivia que le permite traficar desde allí la pasta cruda.

 

Otros, son instalaciones precarias, provistos de “tachos” o contenedores de 5 a 20 litros, para mezclar la pasta con los productos químicos. El secado de la droga se realiza en hornos a microondas, en la selva se hace al sol o en invernaderos.

 

Los laboratorios, en el conurbano buscan ocultarse en los barrios populares, siempre tapiados o tapados con lonas, para disimular las actividades, también se localizan en quintas en zonas cercanas al tercer cordón del conurbano bonaerense. Esto es parte de una estrategia de producción que pone el eje en la desconcentración a fin de disminuir el riesgo, aprovechando las ventajas comparativas de cada región en términos de seguridad, acceso a los puertos y al abastecimiento de Precursores Químicos. En el norte están localizados en el monte, para ocultarse en zonas con poca visibilidad, en la costa están asociados al puerto para facilitar el tráfico al exterior, y en las grandes ciudades para no ser detectados y conseguir con más facilidad los insumos necesarios para la producción.

 

Según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre narcotráfico, en Argentina aumentó la cantidad de drogas que transitan por su territorio debido, entre otras causas, al éxito del Plan Colombia que forzaron a los narcotraficantes a buscar nuevas rutas de tránsito. El informe determina que Argentina es un país de tránsito de cocaína proveniente del Perú, Colombia y Bolivia con destino Europa, especialmente a España.

 

Por otro lado, el mismo informe señala que la escasa presencia de radares en las fronteras del norte argentino hace imposible controlar todos los vuelos provenientes de los países vecinos. La Justicia Federal a fines de febrero de 2006 descubrió 12 pistas de aterrizaje clandestinas en Santiago del Estero, operativo donde se detuvieron a dos policías acusados de liberar la zona. Se calcula que existen unas 700 pistas clandestinas en todo el país.

El operativo conocido como carbón blanco II da cuenta de algunos aspectos de la caracterización realizada. El mismo derivó en la incautación del mayor cargamento de cocaína detectado en el país en 2005. En una casaquinta de José C. Paz, la Gendarmería secuestró 752 kilos de droga, (el valor estimado en el mercado local es de 3,7 millones de dólares), escondidos en bolsas de carbón. La banda constituía un clan familiar, con asiento en la localidad salteña de Salvador Mazza, aparentemente, habían trasladado la droga a Santiago del Estero, donde la acopiaban en un depósito. De allí la habían llevado a un depósito en Tucumán para camuflarla dentro de las bolsas de carbón.

 

También, el operativo denominado Oro blanco, da cuenta de un punto de enlace recurrente: Santiago del Estero. Quizás la disponibilidad de pistas de aterrizaje, en una vasta geografía sin controles eficaces propicie las operaciones por esta ruta. En abril del 2005, en Open Door, la Policía bonaerense detuvo a un camión que supuestamente realizaba una mudanza de Santiago del Estero a Luján. Disimulados entre los muebles y la ropa, había 311 kilos de cocaína distribuida en paquetes con la inscripción Gold. [10]

 

El mismo informe del Departamento de Estado de EE.UU. señala que otra vía de tráfico es por mar. El problema con este modus operandi es también tecnológico: la falta de escáneres para detectar los embarques en los puertos argentinos. En los casos de envío por barco, como ocurrió en el pasado, se pueden nombrar los famosos operativos “Langostino” y “Anchoita”, que involucraban 1.300 kilogramos de cocaína. Más recientemente, como en los casos denominados “Carbón Blanco” y “Merluza Blanca”, el método fue el mismo: los cargamentos eran enviados en containeres por barco con destino a Europa. La existencia y consumo de PACO en el conurbano esta dando cuenta de la presencia de laboratorios -cocinas- de cocaína en nuestro país, ya que esta droga es el subproducto de la elaboración de clorhidrato de cocaína.

Rutas del narcotráfico

VII. Las villas como principales victimas.

 

 

En los barrios populares, de bajos recursos, la proliferación de “cocinas” cuenta con un pacto de complicidades. Por un lado, la complicidad por acción o por omisión de algunos funcionarios de las áreas de seguridad. Por otro, la complicidad de algunos vecinos que encontraron en el micro tráfico una estrategia de supervivencia.

 

De esta forma el narcotraficante encuentra entre algunos actores de la comunidad aliados y socios, los cuales le brindarán la protección que ofrece el silencio cómplice. El funcionamiento de la cocina en un espacio geográfico acotado –como el de la villa- produce cada vez mayor tolerancia social al accionar de estas bandas, y por lo tanto una naturalización del consumo, la producción y comercialización de drogas. Esta red de complicidad, este efecto de distracción, funciona única y exclusivamente para permitir la continuidad de la cocina.

 

Cabe señalar que esta red de complicidad se completa con la omisión o ineficiencia de los funcionarios públicos con responsabilidades en la materia, que no desconocen el fenómeno, ya que en reiterados discursos dan cuenta del mismo.

 

Con respecto a este tópico en particular, podemos señalar las afirmaciones de la Procuradora de la Provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, durante la Jornada sobre Prevención de las Adicciones llevada a cabo en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, con motivo de conmemorarse el día 26 de junio, Día Mundial de Lucha contra las Adicciones, en esa oportunidad la Procuradora afirmó:

 

“…también debo destacar que dentro del Departamento Judicial de Quilmes, en un operativo muy grande que se hizo, lamentablemente, en que se llevó una orden de allanamiento para 37 lugares, que previamente se había hecho inteligencia y se sabía que allí había comercialización. Por una casualidad en el momento en que llegaron los efectivos en gran número se encontró que, solamente en uno de los 37 operativos, se encontró lo que previamente se había sabido que se buscada. Hagan ustedes sus conjeturas”…

 

“…la procuración, sin ningún recurso adicional, tratando de sacar de otros lugares pequeños fondos, compró las balanzas para los fiscales para que puedan pesar en el momento, porque si no hay peso y se lo llevan las fuerzas de seguridad, a veces, en el camino se pierde algo o algo se agrega…”[11].

 

También el Ministro de Seguridad bonaerense, León Carlos Arslanían, realizó comentarios al respecto cuando afirmó que:

 

“…en cada ciudad los vecinos conocen los lugares donde se venden drogas…” “…probablemente la falta de acción sobre este tema se debe a la reticencia de los jueces federales a ocuparse de los casos de comercialización de estupefacientes al menudeo…” “…esta reticencia hace que el fenómeno se generalice y, a su vez, se genere la suspicacia de la complacencia del poder político…”

 

Estos comentarios efectuados por el Ministro Arslanian fueron publicados en el diario La Nación con fecha 8 de abril de 2005, a raíz de un reportaje en radio Mitre. Pero no fueron las únicas ni las primeras, ya que anteriormente en el diario Clarín, con fecha 16 de Abril de 2004, Arslanian había afirmado:

 

“…el comportamiento policial es el resultado del comportamiento político. El policía recauda para un jefe político que lo induce…”

 

 

Resumiendo, algunas villas se han convertido en refugio del narcotráfico. La complicidad de algunos y el temor de la mayoría de sus habitantes, son sus principales fortalezas. En su geografía los traficantes se sienten seguros, porque el Estado no entra a la villa, y cuando lo hace llevan adelante mega operativos con resultados poco satisfactorios, dado que la inteligencia de los narcos se asienta en la connivencia con algunos miembros de las fuerzas de seguridad.

 

Las estadísticas oficiales de la Procuración de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y del ministerio de Seguridad, para el período comprendido entre el 11 de diciembre del 2005 y el 16 julio del 2006, establecen que solo se han incautado en la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la Ley de desfederalizacion de las causas de poca cuantía (Ley 26.052), 1,33 Kg. de PBC. Las incautaciones en un 99% se concentraron en dos Departamentos Judiciales: Mercedes y Quilmes.

 

Mientras la percepción de la mayoría de quienes trabajan en la problemática de las adicciones desde la prevención, así como de quienes conviven en la geografía donde su presencia tiene mayor impacto, coinciden en que la presencia del PACO se está consolidando. Las incautaciones realizadas por la policía de la provincia de Buenos Aires, parecen decir lo contrario.

 

Por su parte resulta llamativo que la Policía Federal haya incautado en un mes en la Ciudad de Buenos Aires, solo en dos procedimientos, en Villa Soldati y Constitución, 1.000 y 500 dosis de PACO respectivamente. Estas cantidades superan a todo lo incautado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el periodo comprendido entre diciembre de 2005 y julio de 2006.

 

En este sentido podemos hacer distintas lecturas de los datos. Algunas de las cuales se pueden desprender de las declaraciones de la propia Procuradora y del Ministro de Seguridad bonaerense, citadas en párrafos anteriores.

 

 

VIII. Estadísticas de adicciones y perfil del adicto.

 

 

Si bien el perfil del consumidor de PACO está asociado a jóvenes pobres no escolarizados, sin trabajo, con poca o ninguna contención familiar, en realidad también el PACO es consumido en las clases medias. Pero en este caso, los efectos fisiológicos, como ya explicamos, se ven moderados por mejores condiciones materiales de vida, por tener acceso a la asistencia médica, por contar con una mejor dieta, y estar contenidos en el sistema educativo. La modalidad del uso en los sectores medios se da en una situación en donde los adictos tienen un mayor control sobre su consumo, pueden consumir con el objeto de “probar” algo nuevo, y su visibilidad se ve reducida al ser reducida la visibilidad de sus efectos. Entre los pobres su visibilidad es alta, porque sus efectos son percibidos rápidamente al producirse un rápido deterioro de la salud.

 

Del primer estudio nacional en pacientes en centros de tratamientos realizados en el año 2004 por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) podemos seleccionar algunos datos que nos permitirán generar información para poder así sacar alguna conclusión respecto del impacto, que desde el punto de vista epidemiológico, produce entre los jóvenes el consumo de pasta de coca, Pasta Base de cocaína o PACO.

 

Del estudio se desprende que el 4,4% de las personas que han demandado tratamiento o han sido derivadas por resolución judicial lo han hecho por su adicción a la Pasta Base de coca. Si solo consideramos las drogas ilegales, es decir excluyendo la demanda por adicciones al alcohol y al tabaco, el valor relativo se elevaría al 7,2%. En ambos casos, tanto sobre un universo de 144.120 historias clínicas de adictos a sustancias legales o ilegales o sobre un universo de 88.123 casos de adictos a sustancias ilegales, la cantidad de personas que han demandado tratamiento o han sido derivadas para cumplir con el mismo por indicación legal es de 6.406 casos.

 

De los mismos solo 493 tuvieron como droga de inicio la Pasta de Coca. Siendo para 1.490 pacientes la segunda droga en su cronología de consumo, para 1.655 la tercera, para 1.677 la cuarta, y para 1.091 la quinta.

Del informe se desprende como patrón del consumo de la pasta de coca, su asociación con otras drogas, tal el caso de la marihuana y el clorhidrato de cocaína, ya que el 15,7% de las personas tratadas por adicción a la pasta de coca tienen en su historia clínica como droga de inicio a la marihuana y el 9,3% al clorhidrato de cocaína.

 

Con los datos de la “Segunda Encuesta Nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en Estudiantes del Nivel Medio 2005” del (Sedronar) hemos confeccionado un cuadro relacionando la prevalencia de mes, según tramo de edad y lugar de residencia. Debe tenerse presente que las cifras son seguramente mas alarmantes si se tiene en cuenta que este estudio releva solo a escolarizados, sin tener presentes a aquellos jóvenes que se halan fuera de las escuela.

 

Se entiende por Prevalencia: a la proporción de personas que consumieron, dicha sustancia, en un período determinado (toda la vida, un año o un mes) sobre el total de los casos que forma el universo seleccionado en un momento determinado. Conviene señalar que la prevalencia siempre se expresa en términos relativos.

 

Se entiende por prevalencia de mes a los encuestados que manifestaron haber consumido las sustancias en los últimos treinta días, también se considera a este consumo como “consumo actual”

 

 

PREVALENCIA DE MES

Prevalencia de Mes, promedio general de los encuestados (Consumo Actual)

PREVALENCIA DE MES

En este cuadro comparativo vemos la situación de cada una de las provincias. Es la provincia de Santa Cruz la que tiene mayor prevalencia del mes, -“consumo actual”- tiene en cuanto al consumo de PACO. En el cuadro se observa que la cantidad de jóvenes entre 14 y 17 años que consumieron Pasta Base en el último mes (1,8%) duplica la media nacional (0,9%).

 

Por otra parte, cabe destacar que la prevalencia que se observa en los tres intervalos de edad no presenta concentración en alguno de ellos, sino que se mantiene constante a lo largo de toda la muestra.

 

 

Sustancias psicoactivas

2001

2005

 

 

El cuadro anterior nos muestra la Prevalencia de mes de consumo de sustancias psicoactivas según grupo etareo, entre estudiantes de nivel medio, durante el período 2001-2005.

 

Este cuadro pone en evidencia la evolución del consumo en los últimos cuatro años. En este, observamos que la Pasta Base de cocaína tuvo un incremento en su prevalencia por mes de un 300%; la cocaína en un 325%; y la marihuana en un 200%. Es decir, de las sustancias psicoactivas la cocaína y su derivado son los que más han incrementado su consumo respecto de la población en estudio[12].

 

Pero, si de estadísticas se trata, debemos recordar la reciente controversia surgida entre los organismos nacionales de lucha contra el narcotráfico y los internacionales, es decir, Sedronar versus JIFE –Junta Internacional Fiscalizadora de Estupefacientes, organismo dependiente de Naciones Unidas, en relación al Informe Mundial de Drogas 2006 producido por el citado organismo.

 

La controversia surge ya que los organismos nacionales afirman que descendió el consumo, pero, al mismo tiempo se baten records históricos de incautación de drogas a lo largo y ancho del país.

 

En 2002 se incautaron 1.562 kilos de cocaína; en 2003, 1.918 (un 23% más); en 2004, 3.048 (59%). Datos provisorios de 2005 muestran un incremento del 84% respecto a 2004.

 

El informe anual de la ONU sobre consumo de drogas en el mundo indica que en Argentina el consumo de marihuana bajó el 51%. Un informe oficial, basado en datos de 1999, indicaba que el 3,7% de la población de entre 15 y 64 años fumaba marihuana. Con datos de 2005, ese grupo habría descendido al 1,9%. Pero la ONU no confía en la información dada por el gobierno argentino, ya que si estos datos fueran reales sería el país que más bajó su consumo de estupefacientes en la historia. Además, no se condice con los índices de consumo de la región.

 

Según los datos oficiales, también disminuyó el consumo de cocaína en el país. En el informe del año 2004 —reiteramos, usaba datos de 1999— la ONU sostenía que en Argentina consumían cocaína el 1,9% de la población estudiada. Según datos del 2005 el consumo habría disminuido al 0,3%. Ese 0,3% coloca a Argentina en el nivel más bajo de consumo de Sudamérica. Los primeros lugares de la tabla lo ocupan Bolivia, con 1,9% y Chile, con 1,8%. Para comparar con otros países vale señalar que en España este porcentaje es el 2,7; en Inglaterra, el 2,4, y en Estados Unidos, el 2,8%. El promedio mundial de consumo de todas las drogas es del 5%.

 

El World Drug Report 2006 de la ONU expresó la duda con una pregunta: «Sudamérica y América Central: ¿tanta producción, tan pocos usuarios?» cuando comparan la cantidad de droga decomisada y la de cultivos y laboratorios destruidos con el consumo declarado[13].

IX. Trafico Ilegal de Drogas (TID)

 

 

El tráfico ilegal de drogas (TID) consta de varias etapas, muchas de esta compartimentada, son llevadas adelante por clanes familiares. Básicamente las etapas son las siguientes: producción, transporte, distribución, lavado de activos.

 

La etapa de producción tiene a su vez varios momentos, a saber: el cultivo y la recolección, y el traslado hasta el lugar donde se hace la primera transacción comercial con quienes se harán cargo de la elaboración de la cocaína.

 

La elaboración requiere de varios pasos. El primero se realiza en lugares cercanos al cultivo, en instalaciones ocultas en la zona de monte. Los otros pasos se pueden realizar en el mismo país de origen, o se puede realizarse en zonas limítrofes de países que ofrezcan condiciones más favorables para el proceso de producción, por ejemplo disponibilidad de Precursores Químicos a bajo precio.

 

Generalmente, es la última etapa la afectada en los procedimientos de relocalizacion del proceso de producción, inducidos por el beneficio extra que surge a partir de un ajuste positivo en la estructura de costos y fundamentalmente por la disponibilidad de precursores.

 

La segunda etapa del TID es la de transporte. Esta no solo implica el traslado de la mercancía. Las condiciones de almacenamiento son un aspecto relevante, asociado a la preservación del producto y a las condiciones de seguridad que ofrezca el lugar, ante posibles operativos u acciones de inteligencia. La disponibilidad de vehículos, tales como: automóviles, camiones, avionetas, pequeñas embarcaciones, y la logística de comunicaciones son fundamentales, así como los diagramas de rutas y la disponibilidad de pistas de aterrizaje, y accesos terrestres o fluviales “seguros”. A su vez es necesaria un red de contactos que faciliten, por acción o por omisión, el transporte. También en esta etapa se consideran los mecanismos para la trasladar pequeñas cantidades, por ejemplo por intermedio de personas conocidas como capsuleros o vagineras.

 

Los primeros son capaces de trasladar hasta 1.3 Kg de cocaína de máxima pureza, fraccionadas en cápsulas de hasta 100gr. (como las que vemos en las fotos), que mantienen ocultas en su intestino. Por su parte las llamadas vagineras son capaces de trasladar hasta 300 gr. por viaje, en solo una pieza conocida como “tiza”.

 

La tercera etapa es la de distribución. Esta implica la disponibilidad de mecanismos para el ocultamiento y/o el camuflaje de las sustancias. A su vez es necesaria una estrategia para la articulación con revendedores mayoristas y minoristas que garantice seguridad en las entregas.

 

La cuarta etapa es la de lavado de activos. En esta se intenta ocultar, en el circuito de la economía formal, el dinero originado en el TID. En este sentido se realizan diversas operaciones comerciales y financieras, con la intención de cortar la cadena de evidencias. Tratando así de desviar las investigaciones tendientes a determinar la ruta del dinero de trafico ilegal de drogas.

 

Este proceso que va desde la producción al lavado de activos requiere de dispositivos de seguridad y de inteligencia. Para esto es necesario tener disponibilidad de armas, comunicaciones, y nexos con miembros de las fuerzas de seguridad y del poder político.

A su vez, del mismo proceso se desprenden necesariamente delitos conexos, tales como: trafico de armas, trafico de vehículos, contrabando, homicidios, y otros delitos comunes.

 

Como podemos observar este es un proceso complejo, con múltiples implicancias. En el cual están involucradas personas de distintos segmentos sociales, asociadas a distintos campos profesionales. En el TID se cruzan ingenieros, contadores, financistas, funcionarios públicos, gobernantes, jóvenes marginales, pobres estructurales devenidos en mulas, y asesinos por encargo, entre otros.

 

 

 

X. Ley de desfederalización: abortada por la propia realidad

 

 

El Gobierno Bonaerense presionó públicamente a la Legislatura, a través del Ministro de Seguridad, por la aprobación de la Ley 13.392 que adhiere a la Ley Nacional 26.052 –modificación de los artículos 5, 34 Y 39 de la Ley Nacional 23.737, Ley de Estupefacientes-, sobre competencia de la provincia para entender en los delito penados por esa ley.

 

Con esta iniciativa Felipe Solá pretendió demostrar que su gobierno esta realmente preocupado por los altos índices de consumo, distribución y comercialización en menor escala de estupefacientes, que como vimos está incrementándose a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires en forma exponencial y causando serias dificultades en el conurbano Bonaerense.

 

La adhesión a la Ley 26.052, asumiendo la competencia de los delitos previstos y penados en la Ley de estupefacientes 23.737 y modificatorias, no es más que la presentación pública de una medida que lejos de arribar a soluciones concretas, será un nuevo problema que puede abordarse desde distintos enfoques.

 

En el debate parlamentario de la Cámara de Diputados de la Nación, ya se habría advertido sobre los efectos de la aplicación de esta norma, por citar solo algunas de las opiniones, por ejemplo la Diputada Nacional del ARI, Dra. Marcela Rodríguez, estableció con precisión algunas de estas consecuencias, advirtiendo que se trataba de “una iniciativa muy mala, que tendrá consecuencias muy graves”, no solo desde el punto de vista técnico, ya que su redacción es contradictoria sino en relación a las consecuencias respecto a la política criminal.

 

En ese debate se resaltaron algunos inconvenientes de esta iniciativa que no nos va a permitir luchar mejor contra el narcotráfico, sino que por el contrario la va a entorpecer.

 

La doctora Lucila Larrandart, una especialista en la materia y Jueza Federal de la provincia de Buenos Aires, fue quien advirtió de cómo se iban a complejizar las causas.

 

La ley de estupefacientes no establece ningún parámetro para decidir a partir de qué cantidad de estupefacientes se debe considerar que se está en un caso de comercialización o de tenencia.

 

Esta disquisición ahora pasa a tener un rol fundamental, porque la indefinición va a jugar un papel muy importante a la hora de determinar si tiene o no que ser competencia de la Justicia Federal o local.

 

Analicemos el caso de una cantidad de droga exigua, lo que lleva a pensar en la competencia de la justicia local.

 

Comienza la investigación y a partir de la confesión del propio detenido, se llega al vendedor, a partir del cual se encuentra una red de narcotraficantes.

 

El juez local debería declarar que es incompetente, por lo que la causa tendría que pasar a la justicia federal. ¿Qué pasa si el juez federal expresa que para él tampoco es un supuesto de narcotráfico y rechaza la competencia? La discusión de la competencia debería pasar directamente a la Corte Suprema de Justicia, donde pasarán años para dilucidar la cuestión.

 

En este momento las cuestiones de competencia entre la Justicia Federal y la Provincial no llevan menos de un año para su resolución.

 

Está claro que cuando un juez local quiera adentrarse en la investigación, se dará cuenta que ella no tiene sentido, porque debería declinar la competencia si tuviese que investigar a la red de narcotraficantes, corriendo el riesgo de que si continúa la investigación y se presenta un tema de competencia, la propia investigación podría declararse nula. Ello, obviamente, produce una desmotivación en el juez y trae aparejado un dispendio jurisdiccional.

 

Todo esto no se resuelve con la norma que dice que en caso de duda debe primar la Justicia Federal, porque el problema surge una vez que la litis está trabada.

 

El conflicto también se va a generar al inicio de las actuaciones. Si un policía interviene en un caso de estos, llamará al Juzgado de turno federal, que podría decirle que la cantidad de droga es exigua y, en consecuencia, se trata de un caso de tenencia. A su vez, el juzgado local podría decir que se trata de un caso de comercialización.

 

En consecuencia, surgirán una serie de conflictos que implicarán un dispendio jurisdiccional y una ineficacia en la persecución. Además, se producirá una demora que desmotivará al juez y tornará muy difícil cualquier investigación de narcotráfico.  Cuando se plantea la cuestión de competencia, ¿qué pasaría si un juez local decidiera sobreseer a los imputados, siendo que después resulta que debería haber intervenido la Justicia Federal? Cuando el juez local sobresee, ¿hace cosa juzgada? ¿Cómo se resuelve? Por supuesto que todo esto tiene una solución en el marco normativo; allí la vamos a encontrar. Pero, ¿cuándo va a ser esto? Después de un largo expendio jurisdiccional.

 

Sin duda, cuando se dice que esto va a complicar las causas, va a ser así, ya que si queremos investigar un hecho donde hay tenencia simple y una red de tráfico obviamente la unificación de la causa permite una mejor investigación, y por otra parte corremos el riesgo de tener que dejar en manos de la policía la decisión del juez al que le va a tocar intervenir en un caso u otro.

 

En realidad, es abrirle nuevas cajas a la corrupción y los vínculos mafiosos.

 

Además varios juristas han advertido que, esto va a implicar un descalabro en la Justicia local, de por si sobrepasada por la realidad.

 

Esos juzgados locales, que están encargados de investigar los homicidios, los robos, las lesiones y los delitos contra las personas, van a tener que ocuparse no sólo de eso, que ya los tiene abarrotados, sino también, por ejemplo, de la persona que llevan consigo dos cigarrillos de marihuana. Entonces, ¿qué estamos privilegiando?

 

En la mayoría de los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires se están fijando audiencias de juicios para dentro de dos, tres o cuatro años. En los juzgados de Lomas de Zamora hay demora de hasta 8 años para los juicios orales. En una cantidad de causas se aceptan los juicios abreviados pero no porque los defensores o los imputados estén de acuerdo sino porque les conviene más eso que esperar tres o cuatro años para poder tener un juicio. Con la desfederalización, una justicia desbordada camina hacia un verdadero colapso.

 

Citamos textualmente a Lucila Larrandart, «Agregada a ello…» -por la cantidad de causas que tiene-«…la cantidad de causas por droga implicaría el colapso del sistema de Justicia penal local.» En muchos casos esta Justicia abarrotada hace que los fiscales deleguen funciones en la policía. Evidentemente, las causas de droga son aquellas donde mayor corrupción existe. Es cierto que la Justicia federal tiene problemas para poder controlar la corrupción policial en los casos de narcotráfico, pero también lo es que en la Justicia federal el número de causas no es el mismo que el de la Justicia local. Esto va a habilitar que las policías locales tengan habilitadas nuevas cajas ahora también para el caso del «chiquitaje», con muchas menos posibilidades de control dado que los jueces locales van a estar mucho más excedidos.

 

A raíz de la adhesión o no de las otras provincias a la desfederalización se van a generar procesos absolutamente diferentes por el mismo delito, y en casos de declinación de competencia, nuevamente van a ser muy engorrosos todos los trámites judiciales.

 

La Diputada Marcela Rodríguez agregó que el proyecto es además de “mala técnica legislativa”. Está realmente vinculado a la necesidad de mostrar políticas donde no las hay.

 

La modificación del artículo 34 dice que podrá optarse por la competencia local cuando se comercialicen, entreguen, suministren o faciliten estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor. ¿Qué quiere decir fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor? ¿Que si detiene a una persona con un kilo de cocaína dividido en bolsitas de un gramo le correspondería la justicia local? Una interpretación posible es ésta. El dictamen está mal redactado y esto también se repite en relación con la competencia de la Ciudad de Buenos Aires.

 

Organizaciones no gubernamentales, fiscales, personalidades de la Justicia y otros actores vinculados al tema han manifestado su preocupación.

 

En la realización en el Senado bonaerense de una jornada de análisis y debate sobre la aplicación de la nueva ley que desfederaliza los delitos de narcotráfico, el Foro para la Justicia Democrática (Fojude) -que nuclea a funcionarios judiciales- señaló en un documento que «si se persigue mayor eficacia en el combate de la droga, pretender hacerlo con un sistema judicial sobrecargado con la competencia ordinaria exige -a lo menos- asegurar que se podrán afrontar las necesidades derivadas de la ampliación de la misma en esa magnitud».

 

El Fojude remarcó que si de todas maneras se decidiera avanzar en la implementación de la ley, debería dotarse previamente a la Justicia «de todos los recursos humanos y materiales que reclama elementalmente semejante empresa», ya que de lo contrario «se consolidaría el actual estado del sistema penal, con un nuevo y estrepitoso fracaso conceptual y práctico, con los inconmensurables daños que ello implique».

 

En el documento también se destacó que la persecución del narcotráfico en la Argentina «se lleva a cabo de una manera desarticulada, porque no existe una coordinación adecuada entre las distintas fuerzas de seguridad, así como entre éstas y el Poder Judicial Federal y los de las distintas provincias; y selectiva, por cuanto en esa clase de investigaciones sólo excepcionalmente son detectadas organizaciones dedicadas al narcotráfico o a la venta de estupefacientes en escala considerable y, por el contrario, en la inmensa mayoría de los casos son detectados y encausados pequeños vendedores al menudeo y consumidores».

 

Los integrantes del Fojude consideraron que «cuando los que trafican en mayor escala y aún los proveedores intermedios de los vendedores de ‘la esquina’ o ‘el kiosco’ no aparecen, lo que falla no es sólo la policía provincial que investiga o el juez federal a quien reportan, sino que falla el sistema».

 

Es por eso que afirmaron que la ley de desfederalización «aumentará la desarticulación existente ni bien comiencen las largas contiendas por la competencia -lo cual inexorablemente sucederá-, agravado por el considerable aumento de las causas que ingresen a la ya congestionada justicia de la provincia de Buenos Aires».

 

También remarcaron que «surge con igual claridad que se agravará la selectividad ya referida con serio riesgo para quienes desde su situación de consumidores o pequeños vendedores, incluidos los ‘trafiadictos’, queden a merced de aquellos inescrupulosos funcionarios policiales y penitenciarios que se enriquecen a su costa, en detrimento y riesgo de sus colegas honestos y que con frecuencia integran las crónicas informativas, representando su accionar el mayor sabotaje que puede sufrir cualquier intento estatal de luchar contra fenómenos como el que nos ocupa».

 

Frente a este cuadro de situación, el Fojude se mostró a favor «del mantenimiento de la jurisdicción federal en la materia y la elaboración de una estrategia integral a partir de un diagnóstico basado en la realidad, con estrecha interconexión y articulación entre las distintas fuerzas de seguridad nacionales y provinciales a cargo de personal especializado, capacitado interdisciplinariamente y de probada honestidad, que dirija la persecución penal hacia los verdaderos responsables del flagelo que significa la droga y no hacerla recaer en quienes, en definitiva, son sus víctimas».

 

En tanto, la Procuradora General María del Carmen Falbo planteó los inconvenientes que podrían suscitarse por conflictos de competencia entre jueces federales o provinciales y «la necesidad de contar con recursos humanos y materiales suficientes» para esa nueva tarea».

 

La Sra. Procuradora destacó que la nueva ley significa «un cambio importante, sideral, en la política criminal contra el narcotráfico», pero remarcó que para instrumentar el cambio propuesto será necesario solucionar algunos aspectos vinculados a la carencia de personal, ya que por ejemplo en algunas regiones de la Provincia no hay suficiente cantidad de fiscales o jueces de garantías.

 

A más de siete meses de vigencia de la norma, la justicia bonaerense ya abrió 7.913[14] causas por delitos con drogas. Pero la incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir en el futuro inmediato sigue siendo el factor de preocupación. Es que en la Justicia sumaron esta tarea a la misma infraestructura que está saturada.

 

A partir de estos dichos, el 11 de mayo de 2006, presentamos desde el Bloque del Ari un Proyecto de Ley de derogación de la norma que planteaba la adhesión a la Ley Nacional, donde el autor del mismo el diputado Walter Martello, argumentaba la iniciativa dado el evidente fracaso de la transferencia a la justicia provincial y la fragmentación que se producia en relación a la Justicia Federal(Expediente D-850/06-07)

 

Desde la Comisión de Prevención de las Adicciones, que preside el Diputado Sebastián Cinquerrui, se emitió una nota a la Señora procuradora Dra. Falbo, donde se le requería opinión sobre este proyecto, cuyo nº de Expediente es el D-850/06-07.

 

Obviamente advierte su opinión contraria a la derogación de la desfederalización propuesta por el Ministro Arslanián y el Gobernador Solá, sin embargo, advierte que “la problemática planteada resulta ser la más compleja desde el punto de vista de la política criminal, puesto que en ella se combinan conflictos sociales de diversas naturaleza, intervienen fuertes interese económicos y genera un gran daño a la salud pública”.

 

No deja de advertir además sobre la falta de recursos necesarios tanto en personal como en materiales, haciendo hincapié en la falta de estructura para pesquisar el material secuestrado.

 

Deja la Procuradora, además, planteada la necesidad de modificar en el Congreso de la Nación la ley en su artículo 34º y exige el cumplimiento de los artículos 2º y 5º de la misma norma en cuanto a los recursos que debe proveer la Nación.

 

En una nota posterior, dirigida al Diputado Cinquerrui, la Doctora Falbo remite la siguiente información:

 

 

Ø      Desde el 11 de diciembre de 2005 al 16 de julio de 2006 se sustanciaron 8.229 causas judiciales o investigaciones penales preparatorias.

Ø      4.697 fueron por consumo, 901 por tenencia, 2.388 por comercialización y 120 por otros casos.

Ø      A raíz de esas investigaciones hubo 5.193 aprehendidos, 121 fueron derivados, 844 fueron detenidos y 160 se les dicto la prisión preventiva.

 

 

Respecto a los decomisos de sustancias, se incautaron:

 

 

Ø      207.420 gramos de Marihuana

Ø      34.177 gramos de cocaína

Ø      1.333 gramos de PACO

 

 

Aquí hay que hacer una salvedad. La cantidad de PACO, insignificante, fue secuestrada en tres operativos. En uno de ellos se secuestraron 400 gramos, 178 en otro y 133 en el restante. Solamente se encontró PACO en dos jurisdicciones, Mercedes y Quilmes.[15]

 

Demasiadas causas que tienen que atender los ya desbordados tribunales, un promedio de 1.000 mensualmente, desde su ampliación y muy pocos detenidos por comercialización. Las incautaciones de PACO representan un valor de $1.300, o sea $ 150 mensuales, todo un fracaso respecto a una norma tan reclamada que forma parte de la “no política” de esta gestión.

 

Respecto a los aprehendidos y detenidos, no serán parte del circuito de negocio de algún sector de las fuerzas policiales que los termina dejando libres para realimentar el circuito de pequeños vendedores y el circuito estadístico. Tengamos en cuenta que solo se le dictó prisión preventiva al 1,7%. ¿Se imaginan que porcentaje tendrá sentencia definitiva?

 

La teoría que plantea un cura párroco, con acceso a la villa Itatí de Quilmes, tiene vigencia. En realidad el PACO está despenalizado en el conurbano.

XI Política sanitaria: Estado ausente y abandono de persona

 

 

Un alto funcionario del gobierno bonaerense, especializado en adicciones, plantea que el sistema de atención de adicciones en la provincia es el mejor y más extendido de toda Sudamérica, por la cantidad y calidad de la atención: “La provincia tiene un sistema con un fuerte sesgo estatal, porque tratamos que el tratamiento de adicciones sea una política pública de la provincia, por eso tenemos una fuerte capacidad instalada: 184 centros de internación y ambulatorios, como son los Centros Provinciales de Atención (CPA). Creo que no hay ninguna provincia que tenga una capacidad instalada tan grande. Inclusive en algunos municipios como La Matanza, tenemos 4 CPA. No tenemos tercerización del servicio ambulatorio de adicciones, pero si tenemos una tercerización del 50% de las internaciones”.

 

Si leemos estas declaraciones sin investigar los datos reales de la atención en adicciones, podríamos decir que la política de Solá es un éxito, y que expresa en la práctica la real preocupación que mostró el Gobernador por el tema del PACO, cuando tuvo que dirigir el discurso inaugural de las sesiones legislativas de este año.

 

Si no se contextualizan los datos oficiales en el total de la problemática de las adicciones en la provincia, poco sentido tienen, como tan-poco está realmente interesado el Gobernador en impedir este genocidio, proveyendo los recursos y políticas para modificar sus causales, encontrando a los grandes responsables del narcotráfico (privados o públicos), e interrumpiendo la comercialización de ésta y otras drogas.

 

De la misma manera que se pretende resaltar la excelente política que lleva a cabo el gobierno en materia de lucha contra el PACO, la pobreza y la miseria o del efecto de la crisis devaluatoria de 2001-2002, igualmente el Ing. Solá utiliza las estadísticas del aumento del consumo no porque tenga un real interés en el tema sino porque pretendió el traspaso de la actuación y competencia de los juzgados federales hacia los de la provincia. Una provincia que designó la mayoría de jueces y fiscales al amparo de una distribución punteril pactada entre los partidos mayoritarios, y que con honrosas excepciones podría involucrarse en una lucha que seguramente derivaría en conexiones con esferas políticas locales y provinciales.

 

Los testimonios de los altos funcionarios provinciales junto a las estadísticas de la provincia de Buenos Aires, muestran que existe una preocupante incongruencia entre la percepción de la realidad cotidiana en el conurbano y de la representación oficial de la misma, y además existe un doble discurso entre la postura de estos funcionarios y lo que luego reflejan los informes y documentos oficiales.

 

Por ejemplo, a fines del año pasado los medios de comunicación daban cifras alarmantes sobre el incremento del consumo de drogas ilegales, dichos que eran corroborados por la voz de los funcionarios oficiales, como en el caso del Lic. Claudio Mate, cuando era todavía Subsecretario de Atención a las Adicciones, pero, paradójicamente, las cifras y los datos publicados en el “Plan Provincial de Atención de las Adicciones, Avances y Planificación de Gestión 2003-2007”, refutan estos dichos, ya que en la mencionada publicación puede leerse: “Con respecto a las sustancias ilegales, las cifras se reducen ostensiblemente. En la Provincia existen cerca de 450 mil personas que consumen regularmente drogas ilegales, fundamentalmente marihuana y cocaína, aunque también hay una presencia de baja relevancia estadística de alucinógenos, Pasta Base, inhalantes y éxtasis. La sustancia ilegal más extendida en la provincia, que coincide con el resto del país, es la marihuana, con 375 mil consumidores, y luego la cocaína, con cerca de 100 mil consumidores.”[16]

 

Fundamentalmente es el propio gobernador Solá el máximo responsable de dicha situación. Más allá de la capacidad intelectual o la buena voluntad de los funcionarios es él quien determina las políticas y especialmente el presupuesto que le otorga a cada área.

 

Según un informe oficial se asegura que existen 450 mil adictos a algún tipo de droga ilegal en la provincia de Buenos Aires. Solo 30 mil son atendidos anualmente por la estructura de los 184 CPA de la provincia de Buenos Aires, apenas un 6,7 %.

 

En este momento, hay en la provincia 250 pacientes internados en instituciones públicas y otros 250 becados e internados en instituciones mercerizadas, apenas el 2% de las consultas que recibe anualmente.

 

Lo más importante aquí no es vanagloriarse del tamaño de una estructura de atención sino preguntarse para qué sirve, si cumple con las necesidades actuales de la población, si está preparada en recursos humanos y presupuestarios para atender la demanda, si puede llegar a los más necesitados que no pueden siquiera acercarse hasta los centros de atención, si no es expulsiva por algún tipo de característica legal o del sistema que representa. ¿Qué ocurre con todo esto?

 

Lo que no dice el Ingeniero Solá, es que en la provincia de Buenos Aires es deficitaria la atención de las adicciones; tampoco dice este sistema “judicializa” a los jóvenes adictos a sustancias ilegales. Esto ocurre principalmente entre los 9 y los 21 años, la etapa más importante en cuanto al posicionamiento individual del sujeto, y lo más sorprendente es que esta franja etaria es la que tiene una mayor incidencia en cuanto a las edades de consumo y a la profundización de las adicciones. Inclusive, estudios recientes hablan de una edad promedio del consumidor en provincia de Buenos Aires y Capital de Federal de 16 años.

 

Asimismo son solamente los menores de entre 18 y 21 años acompañados de padre o tutor aquellos de ser susceptibles de atención estatal. Los menores de 18 no gozan de semejante “privilegio”. Este panorama se vuelve mas brutal debido a que en la provincia hay un solo hospital que atiende menores hasta 12 años y otro que atiende hasta los 15 años

 

Otro funcionario manifiesta que “La Secretaría funcionaba con una distribución territorial, con una división de la provincia en regiones judiciales, lo que hacía que funcionaba subsidiariamente del pedido del Poder Judicial, que es bueno pero no tan bueno porque para nosotros el tema de las adicciones no es una problemática netamente judicial sino sanitaria, entonces cuando pasamos a ser Subsecretaría, armamos una territorialización como la del Ministerio de Salud, que nos permite una interacción más fuerte con la región sanitaria de salud, y poder volcar nuestra problemática netamente en el campo de la salud pública y no en el campo de lo delincuencial o delictual”.

 

 

Frente a este escenario es urgente que se destrabe la ley de minoridad ya que los menores no deben ser derivados a los Tribunales de Menores, donde los jueces analizan la situación y los ubican en algunas de las más de 5 mil plazas que tiene actualmente la gestión de minoridad en el Ministerio de Desarrollo Humano para atender este tipo de problemas.

 

¿Alcanzan 5 mil plazas para atender esta problemática? ¿Por qué hay 5 mil chicos atendidos en lugares tercerizados? El Gobierno provincial y la justicia son quienes tienen en sus manos las respuestas

 

Es raro lo que ocurre con los jóvenes que van de los 18 a los 21 años, porque son jóvenes que están habilitados por la ley para cuestiones adultas como votar, conducir un auto, trabajar legalmente, etc. pero aún serían menores de edad para, por ejemplo, intentar comenzar un tratamiento de internación en algunos de los Centros Provinciales de Atención que tiene la provincia de Buenos Aires en este momento.

 

Lo más llamativo es que el “consumidor” de edad promedio (16 años) en la provincia de Buenos Aires queda atrapado en un vacío de atención primaria de salud, porque entre los 15 y los 21 años no hay una instancia de salud mental ni de atención a las adicciones por parte del estado provincial, y estos chicos caen en una judicialización de la adicción y de la pobreza, y se los “judicializa” no porque hayan cometido un delito sino porque tienen problemas de salud. Los jueces habilitan así carátulas de intervención, basados en el artículo 10 del decreto ley 10067/83, fechado el 9 de diciembre de 1983, último día de la dictadura militar, que increíblemente, aún rige los destinos del tema minoridad en la provincia de Buenos Aires.

 

¿Por qué extraña razón aún tenemos una ley dictatorial que rige un tema tan difícil como es el de los menores en situación de riesgo por su salud? Bueno, digamos que aunque existe un vacío legal en este sentido, no es culpa de los legisladores provinciales sino del Poder Judicial de la provincia. Pasemos a explicar: existen en territorio bonaerense dos leyes posteriores al decreto ley de la dictadura militar (10.067) que son la ley 12.607 (2000) y la ley 13.298 (2004). Lamentablemente, ambas leyes están suspendidas por acción del Poder Judicial.

 

Es más, la ley 12.607 apenas estuvo en vigencia unos pocos días, y fue suspendida por la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Esta ley fue derogada en 2004 por la ley 13.298, que aunque fue reglamentada en abril de 2005 por el decreto 300 del Poder Ejecutivo provincial, aún continúa suspendida, también por decisión del máximo órgano judicial de la provincia de Buenos Aires.

 

La reglamentación del decreto 300 es una noticia importante en el avance de estas cuestiones, porque impone al Poder Ejecutivo el armado de una estructura de atención en salud que tenga en cuenta a todos los menores de la provincia, ya sin límites de edades. Sin la reglamentación que implica este decreto, no tenía demasiado sentido todo lo planteado en la ley 13.298, por lo que uno se pregunta por qué razón el Poder Judicial insiste con la suspensión de esta legislación y por qué el Poder Ejecutivo reglamenta una ley suspendida pero no hace nada para que comience a tener vigencia

 

Lo que queda como conclusión es que para el tema adicciones, no existe una estructura de internación pública suficiente en la provincia de Buenos Aires, y que una gran parte de los chicos usuarios de drogas son tomados por el Poder Judicial e internados en instituciones privadas tercerizadas.

 

Como se judicializa la adicción

 

Esto ocurrió alguna vez, pero seguramente ocurrió muchas otras veces más, sin que lo sepamos: Un chico de 16 años que tiene severos problemas de adicción concurre a un CPA para tratarse, pero como estos centros sólo aceptan mayores de 21 años lo derivan a los tribunales de menores de la provincia para que se ocupen de su situación o a la SECRONAR que no da respuesta. Esto ocurre un día viernes, y los centros de tratamiento e instituciones privadas no aceptan derivaciones hasta el día lunes, así que el chico es enviado durante el fin de semana a un instituto de menores, tiene una salida el sábado, cuando el lunes a la tarde entre a la comunidad terapéutica se encontrará con una situación de encierro totalmente distinta. ¿Qué ocurrirá entonces? El joven no soporta el encierro y se escapa de la comunidad. ¿Qué hacen las autoridades? Llaman a los tribunales de menores de la zona y éstos a su vez se comunican con la policía, ¿que pide una orden de paradero para saber donde está el menor para que vuelva al tratamiento? No, la policía eleva una orden de captura para el chico, como si éste fuera un delincuente que robó o mató, y no una persona enferma que debe ser tratada para que mejore su salud.

 

¿Esto es un invento? No, esto es exactamente lo que ocurre con cualquier pibe que es mandado a un centro cerrado de internación por adicciones sin prestársele demasiada atención a su situación de ese momento o a si estaba preparado para esa situación: es decir que una persona que por su propia voluntad tiene la intención y puede llegar a la de por sí expulsiva estructura pública para tratarse su adicción es transformada luego, por la propia estructura estatal a la que fue a pedir ayuda, en un delincuente buscado por la poco confiable aunque “maldita” policía de la provincia de Buenos Aires. Otro caso más que explica la peligrosa estrategia de judicializar las adicciones que domina el panorama de la salud en el territorio bonaerense.

 

¿Qué hay que hacer para mejorar el sistema de atención en la provincia? La actitud más lógica sería priorizar el riesgo y concentrar los recursos en aquellos elementos que son más perjudiciales para la salud del adicto, a la vez que son los que potencias el fenómeno de la violencia social y de la delincuencia. Es innegable la participación de las drogas ilícitas en la delincuencia, ya que se delinque o para tener efectivo con el cual acceder a la droga o la droga funciona como un desinhibidor, consumido por el delincuente para potenciar su agresividad en el momento del crimen.

 

En el peor de los análisis, aquel netamente utilitarista de evaluación de costos – beneficios, el PACO afecta no solo la salud del adicto de manera irreversible sino que además, es alto el costo que dicha droga representa para el Estado provincial en términos de seguridad, asistencia social, rehabilitación y asistencia medica.

 

Según los datos suministrados por la Dirección Provincial de Presupuesto, presupuesto hasta hoy prorrogado, para el Ejercicio 2004, la composición del gasto asignado a la Asistencia de las Adicciones fue de $13.965.000[17]. En el 2005 se ejecutaron $21.141.781.

 

Esos son los recursos asignados por el gobierno provincial para atender los efectos de las adicciones. Suma, irrisoria ante la realidad que hoy nos toca vivir y que describe este informe, que no alcanza para producir un efecto significativo en la lucha contra este flagelo si además se tiene en cuenta que el ejecutado total de ese año ascendió a $17.000 millones.

XII. Las contradicciones del discurso oficial

 

 

Según la Sedronar la principal razón que explicaría la llegada del PACO es que al existir desde hace unos años una política “exitosa” de control sobre la exportación de los Precursores Químicos (solventes, bencina, etc.) que se utilizan para la cocina del clorhidrato de cocaína, entonces, algunas de esas cocinas de Bolivia u otros países limítrofes que necesitaban esos solventes que llegaban desde la Argentina, ahora han preferido trasladarse aquí para cocinar la droga y eso provoca que tengamos PACO.

 

En realidad, primero deberíamos discernir una cuestión muy interesante: aunque el Dr. José Granero, titular del Sedronar, niegue que en Argentina se “produzca” cocaína –por el pícaro ardid de decir que no tenemos coca, como si tiene Bolivia o Colombia- sabemos que la mayor parte de la cocaína que se produce aquí se exporta, mientras el PACO -cuya dosis se venden entre 80 centavos y un peso con cincuenta, es una droga que no tiene un rendimiento mínimo como para que sea rentable, y es consumida mayormente entre los sectores más pauperizados de la población (principalmente adolescentes y jóvenes con un aumento de la inserción en la clase media).

 

Asimismo, el Subsecretario Técnico de Planeamiento y Control del Narcotráfico, Gabriel Abboud, quien depende de la órbita de Granero, no tiene ningún problema en reconocer que Argentina sí es un productor de cocaína, y que si no fuera así en nuestro país no habría PACO.

 

El propio Granero asegura a su vez que no somos productores pero que el PACO es la droga de la pobreza y la decadencia argentina y afirma que el crecimiento en el consumo de esta sustancia fue de un 200% en estos tres últimos años, según datos que el Sedronar maneja sobre secuestros de droga y cocinas de cocaína.

 

Si tenemos en cuenta que la Sedronar ha hecho 11 estudios epidemiológicos durante la gestión Granero y ninguno de ellos analiza el tema del PACO, podemos suponer que esas estadísticas no existen y que sólo hay cifras policiales y de gendarmería.

 

Teniendo en cuenta que el PACO está desde hace por lo menos 5 años en los barrios y villas del conurbano bonaerense y otras zonas, ¿por qué aún la SEDRONAR no ha realizado un estudio epidemiológico sobre el tema?

 

Las políticas que el Sedronar lleva adelante para la atención de las adiciones constan 3000 becas en todo el país por un valor de $1.100, y que tienen una cobertura de doce meses. ¿Es posible que si se considera que el 8% de la población tiene problema de adicciones estos sean los recursos de la Nación, para este problema? ¿Cuál es la verdadera responsabilidad del Estado?

 

Ante estos cuestionamientos, Granero planteó que estaban empezando a preparar “un estudio sobre el PACO pero que no lo habían hecho anteriormente porque no era fácil entrar en las villas en donde se encontraban a los consumidores y vendedores de la droga, que eran peligrosas inclusive para una secretaría de Estado como la Sedronar”.

 

El problema va más allá de esta afirmación. Un alto funcionario de la provincia de Buenos Aires acusó a la gestión anterior y actual de la Sedronar (Granero asumió su cargo en 2004 con la llegada de Graciela Ocaña al PAMI, cargo que él ocupaba). Las acusaciones son varias: por un lado afirma que el sistema de becas y tercerización de la atención de las adicciones en instituciones privadas no funciona como corresponde y no hay un control real del dinero que la Sedronar entrega por estas becas. Por otro lado, descreen del aumento de un 200% en el consumo de PACO por estar basado en estadísticas sobre aumentos en los secuestros de droga y desmantelamiento de cocinas de cocaína en los últimos tres años, según el Sedronar. El funcionario provincial criticó esa forma de obtener los datos para el armado de las estadísticas y dijo “que estaba totalmente equivocada”, porque “el consumo de una droga debía analizarse a través de otro tipo de encuestas, realizadas periódicamente entre un mismo grupo de adictos, buscando la prevalencia de una o varias sustancias”.

 

El crecimiento del consumo de PACO es explosivo en el territorio provincial y se asegura que los partidos más afectados son los de Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, La Matanza y Ezeiza.

 

Por otra parte, desde el Centro de Prevención de las Adicciones (CPA) de Berazategui arrojan un sólo dato que alcanza para ilustrar la magnitud del fenómeno. En el 2001 se atendía en ese lugar un 10% de consumidores de PACO. Actualmente, el 80% de las consultas se asocian a esa adicción y no es todo: el PACO desplazó a la marihuana como droga de inicio y se consume a edades cada vez más tempranas.

 

Para el funcionario provincial la política de control de exportación de Precursores Químicos, que habría hecho que productores de cocaína de Bolivia o Perú se hayan trasladado hacia nuestro país no es equivocada esta tesis, pero “la actual gestión de la Sedronar sabía, al igual que la anterior, que si no se tomaban las medidas correspondientes, la producción de cocaína se iría trasladando al territorio nacional y el PACO iba a ir entrando cada vez más en los barrios pobres y villas de Gran Buenos Aires y Capital Federal”.

 

¿Qué hicieron las autoridades nacionales para impedir el avance de la producción local de cocaína y el tráfico, venta y consumo del PACO? “Muy poco”, según funcionario provincial, y “lo poco que hicieron no sirvió para nada”. ¿Sabían las terribles consecuencias de esto? Según esta autoridad bonaerense sí las sabían y “no les importó demasiado lo que iba a ocurrir con el PACO”. Al funcionario de la administración Solá, lo único que le faltaba era utilizar directamente el término “incompetente” para referirse a la gestión Granero. Estuvo al límite de hacerlo, pero como cuida –aún en el off the record- su puesto político, esas palabras no salen de su boca, aunque claramente dé a entender ésta y otras graves acusaciones.

 

Los funcionarios nacionales no pueden decir que no sabían con qué situación se encontrarían tras el control de los Precursores Químicos, y es en cierta forma la existencia de esta información innegable la que permite que se desplieguen ciertas contradicciones generadas al propio interior de las políticas oficiales, expresadas claramente no sólo en las críticas del funcionario bonaerense de la SADA, sino también en la diversidad de opiniones que se dan dentro de la mismísima estructura de la Sedronar.

 

Así, José Granero, titular de esta Secretaría de Estado alaba la política de control de Precursores Químicos, aunque ésta haya provocado –entre otras causales- la llegada de la producción de cocaína a nuestro país y la existencia del PACO (dos cosas que van inevitablemente unidas) y al mismo tiempo niega que la Argentina sea un país productor de cocaína, escudándose en la particular idea de que los países que no producen hojas de coca no podrían ser productores, una visión realmente ridícula del asunto.

 

Existen, además entre las palabras del Dr. Granero y los hechos, una serie de enormes contradicciones. Dice el titular del Sedronar:

 

“La Prevención, la asistencia al adicto y la lucha contra el narcotráfico son el trípode sobre el que debe basarse la política a implantar con el fin de erradicar uno de los problemas más graves y acuciantes que enfrentan nuestro país y el mundo”, y agrega: “Por cada peso que se invierte en prevención, se ahorran cuatro en asistencia y tratamiento del adicto. Llegar a la asistencia del adicto, implica que, como sociedad hemos fracasado en primera instancia, en el primer escalón defensivo, la prevención, contra el infierno de las drogas”.

 

 

Habría que merituar la actitud del fracaso de nuestra sociedad respecto a la pérdida de los valores que nos llevaron a esta situación. Esta claro que el Dr. Granero pone la culpa en lo externo, responsabilizando al conjunto cuando lo que debería es hacerse cargo de lo errático de las políticas públicas.

 

Desde Nación se dice que es la prevención el primer acto del Estado, y en la Subsecretaría que atiende el tema en la órbita de la provincia de Buenos Aires, donde el consumo y venta de PACO se desarrolla cada vez con más intensidad, se decide suprimir el término Prevención de las Adiciones, por Atención.

 

Lo que antes eran “Centros de Prevención y Atención” (CPA), hoy se han convertido en “Centros Provinciales de Atención”, manteniendo curiosamente la misma definición CPA (“¿cambia algo para que nada cambie?”)

 

Sin duda esto que nos hicieron notar algunos profesionales, es más que una readaptación de la sigla, ya que en realidad constituiría el fracaso de una política, en los precisos términos planteados por los propios funcionarios.

 

Otro ejemplo de la importancia simbólica pero contundente del lenguaje y sus significados en la realidad de los hechos, es que la actual Subsecretaría de la Provincia de Buenos Aires era hasta hace poco Secretaria del Estado provincial, y no sólo eso, sino que es la primera vez en la provincia que un ex secretario de adicciones llega al Ministerio de Salud (el Licenciado Claudio Mate dirigió la secretaría de 2002 hasta diciembre de 2005) pero a su vez ha quedado degradada en su rango la instancia que el dirigió hasta diciembre, ahora que es el ministro de Salud. ¿Cómo se explica esto cuando la situación debería haber sido exactamente la contraria? ¿Qué intereses cruzados hay aquí que no podemos terminar de descifrar?

 

En realidad, lo que sí se puede decir es que la evolución (¿o involución?) de la situación presupuestaria abona además este tipo de contradicciones.[18]

 

 

 

XIII. A modo de síntesis

 

 

El PACO es la unidad de venta del residuo de la fabricación de Cocaína con Pasta Base. Es el equivalente del “raviol” en el caso de la cocaína, o del “porro” en el caso de la marihuana. Su calidad varía según la persona que corta la pasta y prepara la dosis. Se relaciona a su vez con el proceso de estiramiento y las sustancias involucradas en ese proceso.

 

El “daño” que produce está relacionado con la “calidad del producto” y con las características propias del consumidor, desde el punto de vista psicológico y fisiológico. Este punto es particularmente importante, ya que se ha detectado que el “PACO” no solo es consumido por las clases más postergadas, sino que también es consumido en sectores de clase media.

 

El PACO no es como se afirma la “droga de los pobres”, al menos no lo es con exclusividad. Adictos pertenecientes a otras clases sociales también lo consumen. La diferencia entre unos y otros está determinada por la privacidad en el consumo, por las condiciones materiales de vida (alimentación adecuada, acceso a la salud, etc.) y por la “calidad” del producto que consumen.

 

El PACO surge a partir de la instalación de las cocinas de cocaína en nuestro país, que tienen como objetivo transformar el sulfato de cocaína (Pasta Base de cocaína) en clorhidrato de cocaína (cocaína de máxima pureza). El residuo de este proceso es utilizado junto con otras sustancias en la producción del PACO.

 

En este sentido planteamos como hipótesis que:

 

El PACO surge como subproducto de la elaboración de clorhidrato de cocaína. Su presencia en el entorno cercano a la unidad de producción está asociada al microtráfico, a la economía de subsistencia de sectores marginales, a la necesidad de los narcotraficantes de generar redes de complicidad, tolerancia social y naturalización del fenómeno en el entorno geográfico y social de influencia.

 

El PACO no solo surge como producto de la salida de la convertibilidad, como sostienen algunos organismos oficiales, pese a que la modificación del tipo de cambio es una variable importante para entender el fenómeno de relocalización de los procesos de transformación de sulfato de cocaína en clorhidrato de cocaína desde los países tradicionalmente productores hacia nuestro país.

 

El PACO no surge por ser una droga económicamente accesible a los sectores marginales, como se propone, sino como subproducto de la instalación de las cocinas en nuestro país.

 

En este contexto planteamos la siguiente hipótesis respecto de la producción de cocaína: la producción de cocaína adopta dos modalidades, concentrada y desconcentrada.

 

La modalidad concentrada de producción se expresa en grandes laboratorios que producen gran cantidad de cocaína. Esta modalidad se aplicaría en quintas del conurbano. Estos laboratorios cuentan con una estructura logística sofisticada y su producción tiene por mercado el exterior. La ventaja de esta modalidad está dada por la capacidad para producir grandes volúmenes de sustancia, la simplificación del aparato logístico (un solo lugar donde acopiar insumos, un solo lugar que controlar), su desventaja se manifiesta en el aumento del riesgo económico ante posibles operativos o incautaciones.

 

La modalidad desconcentrada, implica la creación de un gran número de pequeñas cocinas dispersas en el territorio, con la intención de reducir el riesgo. Esta modalidad encontraría en las grandes villas del área metropolitana un espacio adecuado para sus fines.

 

Por su parte, el residuo del proceso productivo toma relevancia como factor de articulación entre la cocina y algunos habitantes de la villa devenidos en micro traficantes asociados. En este caso la necesidad de proveerse de recursos para la subsistencia por parte de los habitantes de la villa es funcional a la necesidad por parte de los narcotraficantes de tener una red de seguridad fundada en la complicidad de aquellos que creen ser parte del negocio. Cabe señalar que esta red de complicidad se completa con la omisión por parte de las fuerzas de seguridad y autoridades políticas que de hecho no desconocen el fenómeno.

 

Siguiendo con la descripción de la estrategia de localización de las cocinas, también se da su instalación en proximidades de los puertos y aeropuertos, para facilitar su posterior exportación al exterior.

 

Todavía nos queda por indagar sobre la relación existente entre estas dos modalidades (concentrada y desconcentrada). ¿Se tratará de fases en un único proceso de producción? ¿Las pequeñas cocinas trabajaran para los grandes laboratorios? ¿Se trata de pequeños emprendimientos independientes o funcionan combinados? Si esto es así, ¿Cómo se organiza la logística de distribución y acopio de precursores y de Pasta Base, y cómo la recolección del producto terminado? Puede que se trate de un proceso de flujo de pasta de cocaína y precursores, y un reflujo hacia un punto de acopio del producto terminado en espera de su distribución-exportación. Si esto es así, ese punto deberá contar necesariamente con la protección del poder. Todos estos son interrogantes que abren, a su vez, nuevas hipótesis de trabajo, nuevas puntas.

 

Lo que está perfectamente claro, es que el PACO es el emergente de un problema mucho mayor, la consolidación del narcotráfico en Argentina. Esto trae aparejado una serie de problemáticas asociadas, por ejemplo, que en nuestro país se sienten las bases para la producción de cocaína de máxima pureza y no solo para la exportación de drogas ilegales.

 

Por otro lado, las pequeñas redes de microtraficantes que genera el narcotráfico instalado en el país, crea recursos que en muchos casos les permiten acceder a armamentos y logística para cometer delitos de mayor escala, de esta forma, con los recursos económicos obtenidos a través del narcotráfico, se adquiere un mayor poder de fuego (fusiles automáticos, ametralladoras y explosivos) los que a su vez son utilizados en robos de mayor envergadura (bancos, casas de cambio y transportadores de caudales) También la droga es utilizada como moneda de cambio entre delincuentes, produciéndose delitos para obtenerla o pagando delitos con ella. La resultante de esto es el constante incremento de la espiral de violencia.

 

Corremos el peligro de entrar en un proceso similar al conocido como colombianización, en donde el crecimiento desmedido de la delincuencia vinculada al narcotráfico llega a poner en peligro la continuidad de la vida institucional de un país, alcanzando altos niveles de violencia. Un ejemplo de este tipo de proceso podemos verlo en los incidentes ocurridos este año en Sao Paulo, Brasil, en el enfrentamiento entre los narcos del llamado Primer Comando de la Capital (PCC), dirigidos por Herbas Camacho, alias «Marcola», y las fuerzas de la policía militarizada brasileña, quien aún detenido en una cárcel de máxima seguridad puede dirigir ataques de represalia sobre la sociedad civil brasileña, con ejecuciones de policías, ataques a comisarías, bombas e incendio de colectivos.

 

Puede advertirse, en la provincia de Misiones hechos que podrían estar dando cuenta de procesos similares al mencionado en el párrafo anterior, en etapas embrionarias. La crónica periodística local, destaca hechos recurrentes, especialmente en el barrio conocido como A-4, donde “sería inminente la lucha entre bandas para expulsar del barrio a quienes distribuyen el PACO. Las fuentes del mundo marginal y adictivo de Posadas aseguraron que no darán tregua en la lucha para erradicar a esa droga altamente adictiva y que por costar tan poco, está ganando cada vez más adeptos entre la juventud”[19]. Esta crónica periodística alerta respecto de la “guerra entre bandas”, que disputan mercados para sus mercancías ilegales. En el caso mencionado, la preocupación por los daños irreversibles que ocasionan PACO, es un aspecto secundario, la centralidad del conflicto pasa por la disminución de la demanda de la marihuana, y el desplazamiento al PACO.

 

El PACO genera una adicción muy fuerte y un deterioro físico del consumidor que inevitablemente lo lleva a la muerte en poco tiempo. Situación que preocupa a los pequeños dealer de otras drogas, ya que los deja sin mercado en el presente, y sin consumidores cercanos en un futuro inmediato.

 

En cuanto al combate de la oferta, no existe en el país una agencia que centralice la lucha contra el narcotráfico, desde el punto de vista operativo, este trabajo se encuentra fragmentado entre las diversas fuerzas de seguridad: policías provinciales, policía federal, Side, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, y sus correspondientes organismos de inteligencia. Nos encontramos así frente a una maraña de organismos que se superponen entre sí, de dudosa operatividad conjunta, dada la falta de procedimientos estandarizados y donde pareciera no existir vasos comunicantes a través de los cuales circule información y se centralice las actividades de inteligencia, investigación y represión del delito[20].

 

Finalizando, es conveniente resaltar que estamos presenciando la instalación definitiva del narcotráfico en la Argentina. Lo que implica un gravísimo peligro institucional, dado el inmenso poder corruptor que posee el narcotráfico, ya que para existir necesita de la protección del poder, y a su vez, cuenta con los recursos económicos necesarios para comprar esa protección.

 

La presencia y el consumo creciente de PACO, debemos entenderlo como el emergente de este proceso. El PACO es solo la punta del iceberg.

XIV. Consideraciones finales

 

 

Quizá nuestro mayor desafío para impedir esta muerte silenciosa es poner la discusión como principal punto en la agenda de nuestros legisladores, dirigentes, militantes y realizar un trabajo sobre las conciencias.

 

Hemos aprendido muchas cosas en esta investigación: una de ellas es que –como ejemplificamos con el tema de la “despenalización forzosa” en el caso del cura párroco- no hay blancos ni grises en la realidad de estos temas tan complejos, como tampoco debería haberla cuando hay involucrados seres humanos, con esperanzas, virtudes y defectos. Lo que hay que empezar a ver es el contexto donde se desarrolla todo este fenómeno del PACO, y en todo caso, al comenzar a investigar nos fuimos dando cuenta que es difícil, imposible escribir sobre el avance del PACO sin escribir y ver la pobreza, la desesperanza, la falta de salud, de educación, la falta de futuro, la cercanía de la muerte, la falta de vida.

 

Al decir de Sandino, nosotros decimos que antes que sea muy tarde, habrá que despertar a los adormecidos y organizar a los despiertos, pero que es una tarea nuestra, porque para los gobiernos parece que la vida no vale nada, pero para nosotros es lo único que tenemos, inclusive más allá de nuestras ideas o consideraciones sobre tantos temas de la vida. ¿Y de qué va a ser que estamos hablando? Si es lo único que tenemos, y es nuestro desafío defenderla y cuidarla.

 

Podrán decirnos que insistimos una vez más con el análisis de lo simbólico, con tratar de entender que subyace por detrás de la utilización del lenguaje, ya sea el oficial de las instituciones o el de la calle, el lenguaje cotidiano, y no por nada a los pibes que fuman PACO, en ese lenguaje callejero se les llama “muertos vivos”, “momias” o se les dice que están más duros que una piedra. ¿Nos ponemos a comparar que significan semejantes términos si hablamos del lugar en el que pone a estos pibes la sociedad en que vivimos o alcanza con volver a leer las palabras y leer un poco entrelíneas?

 

Alcanza, pero sin olvidar que la sociedad en que vivimos también la conformamos nosotros, ¿cuál será entonces nuestro rol para enfrentar temas tan acuciantes?


[1] Fuente: Vallejo: Aspectos toxicológicos de la drogodependencia. Buenos Aires: Presidencia de la Nación Argentina, 1998

[2] Fuente: «No te enganches con la lata» Publicación Junta Nacional Drogas, Uruguay

[3] Fuente www.usinfo.state.gov

[4] Fuente Revista abordajes (sada.gba.gov.ar) Fases de la cocaína, autor Dr. Gustavo Bidacovich.

[5] Página 12, 22 de Mayo de 2006

[6] La Superintendencia de Policía de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas asegura que “El PACO es una sustancia de estupefaciente que aparece como “residuo” en la Primera Fase de elaboración del clorhidrato de cocaína.”  De modo que el PACO es “COCAINA “estirada” con sustancia de corte. Por su parte, la Dirección General de Policía Científica asegura que: “El PACO resulta ser el residuo de descarte en la elaboración de la “Pasta Cruda” (luego del pisado de las hojas de coca). Resulta suponer que este tipo de tareas en el proceso de elaboración de la COCAINA, no se realiza en nuestro ámbito provincial…”

[7] Pasta Base: La invasión de la droga más letal, por Sebastián Gastelu http://www.sada.gob.gov.ar

[8] informe JIFE-ONU, Año 2005

[9] Pasta Base: La invasión de la droga más letal, por Sebastián Gastelu http://www.sada.gob.gov.ar

[10] El diputado del ARI y Presidente de la Comisión de Prevención de las Adicciones de la HCD de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Cinquerrui, realizó una presentación judicial ante el juez Corazza del Juzgado Federal Nro. 3 de La Plata, 13 de abril de 2005.

[11] Fuente: Versión Taquigráfica H.S.P.B.A.

[12] Fuente: Observatorio Argentino de Drogas. Segunda encuesta nacional de estudiantes de educación media.

[13] Fuente: Diario Clarín, 27/6/2006

[14] Según nota de la Procuración a cargo de la Dr. María del Carmen Falbo, a la Comisión de Prevención de las adicciones de fecha 12 de julio de 2006.-

[15] Informe de la Dr. Maria del Carmen Falbo a la Comisión de Prevención de las Adicciones de la Cámara de Diputados de la Provincia, presidida por el Diputado del ARI Sebastián Cinquerrui, según datos de la Fiscalía de Cámara Departamentales, Unidad de Coordinación.

[16]Plan Provincial de Atención de las Adicciones, Avances y Planificación de Gestión 2003-2007, Pagina 11.

[17] PRG-0097 – Prevención y Asistencia de las Adicciones  total de erogaciones es de 13.965.000 $, cuyo desagregado corresponde a gastos de personal: 3.440.100 $; bienes de consumo 94.600 $; servicios no personales 506.200 $; transferencias 9.924.100 $

[18] En el análisis sobre el presupuesto provincial 2006, decíamos que “a pesar de ser un área muy álgida, teniendo en cuenta los millones de personas que viven bajo la línea de pobreza y no tienen cobertura social, el presupuesto del Ministerio de Salud apenas recibe un aumento del 5% que no alcanza siquiera para paliar el efecto de la inflación proyectada para 2006 (un 9,1%). Es un caso muy similar al educativo, ya que aunque el presupuesto en sí no se reduce, se sigue con la tendencia reinante de aumentar el presupuesto pero siempre con la reducción del gasto público como horizonte. Así, es llamativa la diferencia acumulativa de aumentos en los presupuestos de salud si comparamos el 2006 con 2004 (un 52,4 de crecimiento) o con 2005 (un 5%, una décima parte del porcentaje anterior). ¿Hubo un cambio en la política de salud? Según el mensaje del Poder Ejecutivo Provincial, ni noticias de semejante cosa.

[19] Diario El Territorio de Misiones, 19 de julio de 2006

[20] Salvando las distancias, la DEA norteamericana contó en el año 2005 de un presupuesto de 2.141 millones de dólares y de 10.894 empleados, y en 2006 se destinaron para combatir la demanda 12.400 millones de dólares.

 

 

 

 

 

 

 

SINTESIS PACO PARA  CONFERENCIA DE PRENSA

Elisa Carrió y diputados del ARI presentan Informe sobre el PACO. Proponen crear un Programa Nacional y piden informes al Poder Ejecutivo

 

 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2006.

 

Los diputados Nacional por el ARI, Elisa Carrió y Leonardo Gorbacz y los diputados provinciales, Sebastián Cinquerrui y Walter Martello presentaron hoy proyectos de Ley nacionales y provinciales para enfrentar el creciente aumento de producción, venta, distribución y consumo de cocaína y un pedido de informes al Poder Ejecutivo. También hicieron público un Informe titulado PACO, la punta del iceberg durante una conferencia de prensa en la que fueron acompañados por el presidente del Bloque del ARI, Eduardo Macaluse.

 

El proyecto de Ley de Carrió y Gorbacz propone crear un Programa Nacional para la prevención, el tratamiento, la reducción de daños y la seguridad ciudadana asociados con el consumo de drogas en el ámbito del Ministerio de Salud y Medioambiente de la Nación al tiempo que habilita lugares fuera del ámbito judicial de aportes de datos anónimos para que las madres con hijos víctimas de la droga tengan a quién entregar información sobre narcotraficantes.

 

El proyecto sostiene que “El objetivo del tratamiento debe ser la abstención de consumir drogas. Deberá contemplar las necesidades y circunstancias sociales, culturales y económicas de cada paciente” y que el Estado “deberá proveer los medios necesarios a las personas que no puedan concurrir a los efectores de salud o centro en el cual se cumpla en parte o de forma total el tratamiento, por cuestiones físicas o económicas, con el objetivo de asegurar el acceso a la prestación. Deberá facilitarse los medios también a familiares que lo requieran”.

 

“La seguridad ciudadana contempla las consecuencias sociales del consumo, fabricación, venta y distribución de drogas y las acciones tendientes a su subsanación”, escribieron Carrió y Gorbacz en el Proyecto de Ley que esta disponible en http://www.ari.org.ar    

 

La iniciativa del ARI crea dentro del ámbito de los efectores de salud y establecimientos escolares “un ámbito de recepción de datos sobre fabricación, venta y distribución de droga”, al tiempo que sostiene que: “El aporte de datos será anónimo, pudiendo realizarse de cualquier modo. (…) Deberá evitarse cualquier dato que devele la identidad de la persona que aporte el dato”, así como que “Los datos recolectados deberán remitidos de forma inmediata a la autoridad de aplicación a fin de que ésta remita la información al órgano judicial y administrativo competente”.

 

Esto es así, explicaron los diputados aristas, porque “en esos lugares es donde las madres tienen facilitado el acceso por cercanía y confianza con los asistentes sociales y operadores de salud que trabajan en sus barrios. De esta manera también, se evita criminalizar al eslabón más débil de la cadena, que es también la víctima de la droga”.

 

Los diputados del ARI presentaron un Pedido de Informes al Poder Ejecutivo de 18 preguntas para que explique –entre otros temas- “cuales han sido las acciones implementadas por la Secretaria de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) en relación a la proliferación de la droga conocida como “paco”.  

 

En la provincia de Buenos Aires, Cinquerrui y Martello impulsan en “Marco integral sobre prevención de las adicciones”, que como proyecto de Ley ha sido presentado en la Legislatura bonaerense y que ya tiene despachos favorables en las comisiones de Prevención de las Adicciones y en la de Salud.

 

El informe sostiene que El PACO no surge por ser una droga económicamente accesible a los sectores marginales sino a partir de la instalación de las cocinas de cocaína en nuestro país, que tienen como objetivo transformar el sulfato de cocaína (pasta base de cocaína) en clorhidrato de cocaína (cocaína de máxima pureza). El residuo de este proceso es utilizado junto con otras sustancias en la producción de las dosis de PACO.

 

Es claro que el PACO es el emergente de un problema mucho mayor, la consolidación del narcotráfico en Argentina. Esto trae aparejado una serie de problemáticas asociadas, por ejemplo, que en nuestro país se sienten las bases para la producción de cocaína de máxima pureza.

 

El “daño” que produce está relacionado con la “calidad del producto” y varía según la persona que prepara la dosis dependiendo los productos extras que utiliza junto al residuo de la producción de cocaína, como el vidrio molido, etc. El PACO genera una adicción muy fuerte y un deterioro físico del consumidor que inevitablemente lo lleva a la muerte en poco tiempo.

 

Por su parte, el residuo del proceso productivo toma relevancia como factor de articulación entre la cocina y algunos habitantes del entorno devenidos en micro traficantes asociados. En este caso la necesidad de proveerse de recursos para la subsistencia por parte de los habitantes alrededor de la cocina es funcional a la necesidad por parte de los narcotraficantes de tener una red de seguridad fundada en la complicidad de aquellos que creen ser parte del negocio. Cabe señalar que esta red de complicidad se completa con la omisión por parte de las fuerzas de seguridad y autoridades políticas que de hecho no desconocen el fenómeno. La localización de las cocinas también se da su instalación en proximidades de los puertos y aeropuertos, para facilitar su posterior exportación al exterior.

 

Es conveniente resaltar que estamos presenciando la instalación definitiva del narcotráfico en la Argentina. Lo que implica un gravísimo peligro institucional, dado el inmenso poder corruptor que posee el narcotráfico, ya que para existir necesita de la protección del poder, y a su vez, cuenta con los recursos económicos necesarios para comprar esa protección. La presencia y el consumo creciente de paco debemos entenderlo como el emergente de este proceso. El PACO es solo la punta del iceberg.

 

3 respuestas hasta “Elisa Carrió y diputados del ARI presentan Informe sobre el PACO. Proponen crear un Programa Nacional y piden informes al Poder Ejecutivo. Martes 12 de septiembre”

  1. HOLA Q TAL

    SOY ANDRES SUAZO ESTUDIANTE DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA EN LA UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Y ENFERMERO EN FUNCIONES.
    CASADO.
    29 AÑOS

    ACABO DE LEER NO DEL TODO EL PROYECTO PERO POR LO Q HE PODIDO LEER ME DA LA SENSACION DE QUE ES UN PROYECTO CON UNA BASE, Y UN UN PROPOSITO.
    ME PARECE GENIAL!!!!!!!!!!!! SOLO QUE DE PRONTO Y ESTUDIANDO LA REALIDAD DEL PAIS MAS LA SITUACION DE MOVIMIENTOS POLITICOS ES MUY OSTENTOSO, PARA ESTE NIVEL DE GOBIERNO.
    EN SI EL PROYECTO ES EL IDEAL SOLO QUE ME GUSTARIA QUE HUBIERAN PRIORIZADO MAS EN CAMPAÑAS DE PREVENCION QUE HA SU VEZ NO SEAN APOLOGIA DE LAS DROGAS, COMO SE HACEN EN LOS PROGRAMAS NUEVOS (BENDITOS) DE PERIODISMO DONDE MUESTRAN SITUACIONES EXTREMAS A MERCED DE LOS TELEVIDENTES SIN PENSAR EN LOS CONSUMIDORES SINO EN SUS PROPIOS RATINGS. EN CUANTO A ESTO TENGO MI PROPIA MANERA DE VER LA SITUACION Y ME GUSTARIA TENER MAS TIEMPO DE PODER EXPLAYARME CON MAS AMPLITUD.
    POR EL RESTO CREO Q

    ADMINISTRADOR. Gracias por tu comentario y participación Andrés, valoro vuestra opinión y oportes, están trabajando en silencio hace tiempo  sobre estos temas, pero recuerda que cuando no eres mayoría nadie te escucha y menos aún en temas tan delicados. Tengo entendido que las campañas denben ser implementadas por el gobiernos y vuestras politicas  de salud , el resto de los aprtidos políticos estio que debe intentar sumar. Saludos Andres

  2. HOLA Q TAL

    SOY ANDRES SUAZO ESTUDIANTE DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA EN LA UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Y ENFERMERO EN FUNCIONES.
    CASADO.
    29 AÑOS

    ACABO DE LEER NO DEL TODO EL PROYECTO PERO POR LO Q HE PODIDO LEER ME DA LA SENSACION DE QUE ES UN PROYECTO CON UNA BASE, Y UN UN PROPOSITO.
    ME PARECE GENIAL!!!!!!!!!!!! SOLO QUE DE PRONTO Y ESTUDIANDO LA REALIDAD DEL PAIS MAS LA SITUACION DE MOVIMIENTOS POLITICOS ES MUY OSTENTOSO, PARA ESTE NIVEL DE GOBIERNO.
    EN SI EL PROYECTO ES EL IDEAL SOLO QUE ME GUSTARIA QUE HUBIERAN PRIORIZADO MAS EN CAMPAÑAS DE PREVENCION QUE HA SU VEZ NO SEAN APOLOGIA DE LAS DROGAS, COMO SE HACEN EN LOS PROGRAMAS NUEVOS (BENDITOS) DE PERIODISMO DONDE MUESTRAN SITUACIONES EXTREMAS A MERCED DE LOS TELEVIDENTES SIN PENSAR EN LOS CONSUMIDORES SINO EN SUS PROPIOS RATINGS. EN CUANTO A ESTO TENGO MI PROPIA MANERA DE VER LA SITUACION Y ME GUSTARIA TENER MAS TIEMPO DE PODER EXPLAYARME CON MAS AMPLITUD.
    POR EL RESTO CREO QUE MAS Q INTERESANTE.
    LOS FELICITO!!!!!!!!!!!!!!!

    ADMINISTRADOR: Gracias (bis) Andrés por tu comentario y por tomarte el tiempo en la lectura de un largo proyecto, pido disuclpas por los errores en su lectura. Abrazo Andres

  3. RR said

    El ministerio de salud se encuentra en una absoluta falta de capacidad operativa, y la magnitud del problema es tal que el mismo ministro de salud de la Provincia de Buenos Aires ha declarado que la mortalidad de la franja etaria entre 10 y 20 años aumentó, caso único en la historia de cualquier pais , excepto Africa y por otras razones. Solo basta leer los diarios para que se convoque al ministro a presentar un informe sobre esto y el desastre que está originando la vacunación de rubeola actualmente en curso, o que está pasando en la SSSaalud y la APE donde viejas figuras alguna vez menemistas y devenidas en Kirchnersimo auténtico hoy están desarrollando una política que eclipsa al mismo Barrionuevo. A disposición de quien quiera en mi caracter de medico sanitarista, pero también mi preocupación por la forma en que se está manejando temas como el aborto, donde se lo levanta incluso como bandera de justicia social, no hay hay justicia social en las desgracias personales, y no se es más o menos progresista por no acordar con que un tercero pueda elegir por la vida de otro que no tiene voz, no lo planteo desde un lugar religioso, ya que soy agnóstico, sino desde el punto de vista de la propia libertad y derecho que todo ser viviente tiene, y el hecho que no pueda hablar no lo cosifica, aunque si seria terrible que una ley lo hiciera. Hay términos medios que pueden explorarse, aunque siempre no dejará de ser una desgracia personal que dificilmente pueda olvidar una mujer por el resto de su vida. Atentamente. RR
    ADMINISTRADOR: Gracias por el comentario y por partiicpar RUBEN, pues es verdad, falta de capacidad a su máximo nivel, siguen realizando ante las cámaras éstos seudos ministros, la parodia del artista, cuando en realidad tendria que ser una cuestion de ESTADO. comparto que son los mismos de siemrpe antes de M… o hoy K. pero la falta de capacidad y de politicas sanitarias se incrementa lamentablemanete día a día, donde los jóvenes, argentinos en su conjunto esperan y esperan,Tema aborto es para enfocar desde varios puntos de vista. Un cordial saludo y el agradecimieto a los médicos que a pesar de todo, siguen peleando.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: