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La polémica después de la renuncia, CONSECUENCIAS POR KOSIUKO

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 13, 2006

La dimisión del ex subsecretario de Trabajo porteño, Alejandro Pereyra, da a conocer la continuidad de una funcionaria que durmió 12 mil expedientes de inspecciones. El legislador porteño, Alejandro Rabinovich, tramitó un pedido de informe para saber en qué terminan los sumarios por irregularidades

La renuncia que se presentó el lunes 11, como ya dio a conocer este medio, fue dirigida al ministro de Producción, Enrique Rodríguez, quien finalmente no la recibió y por lo tanto fue dirigida al titular del Ejecutivo del distrito porteño, Jorge Telerman.

El texto completó escrito por Pereyra, que ahora descansa en algún lugar de la Jefatura porteña hasta tanto Telerman vuelva de Europa, es dirigida al ministro y en su primer dice: «Mi deber es hablar. No quiero ser cómplice». Luego se justifica con una cita del libro «Yo acuso» del francés Emile Zola.

En el tercer párrafo Pereyra acepta la «elección de funcionarios». «Lo que fatiga es no tener su respaldo institucional cuando la tarea que acometí con un selecto grupo de servidores públicos fue poner al descubierto las particularidades de las relaciones laborales en una cadena de producción como la textil», la cita hace una clara alusión al primer paso que se dio en la investigación de grandes empresas legales textiles como lo fue con Kosiuko.

«Por otra parte, esto se ve agravado en virtud de su decisión de promover para un puesto a una persona sobre la que pesó gran parte del manejo caótico y parcial en áreas que hoy son de mi competencia, desoyendo mis reiterados y fundados argumentos».

Los siguientes párrafos son todavía más puntuales sobre las deficiencias en el área y la persona, a la cual nunca nombra con apellido y nombre pero que se da a entender quien es, responsable de no darle solución a «12.000 sumarios».

«Insistir hasta el hartazgo para que yo acepte que se nombre como directora de Protección del Trabajo a quien desarrolló tareas como Coordinadora General (de esa dependencia), no condice con la necesidad de cambio que resulta necesaria para reducir los niveles de irresponsabilidad en las relacionas laborales en la Ciudad».

«Los hechos de la calle Viale (el incendio de un taller textil clandestino ocurrido el 29 de marzo en el que murieron quemadas seis personas, entre ellos cuatro menores) forzaron la renuncia de quien fuera director General de Protección del Trabajo, Dr. Florencio Varela. No se hizo lo propio con la Coordinación General de esa Dirección (en ese momento ocupaba el cargo Laura Rúa). No son clase de noticias las que conviene dar cuando usted se fijó el plazo ya vencido de 90 días para resolver estos problemas…»

«Observé un énfasis en las tareas inspectiva pero no en insistir con los efectos derivados. Ocurre que cada vez que se realiza una inspección, el expediente que se sustancia luego debe proseguirse hasta determinar responsabilidades. Si esto no se hace, las infracciones y demás observaciones de la autoridad pública prescriben a los dos años. Se contabilizó la existencia de 12.000 sumarios con resolución pendiente. Y este es precisamente el problema que enfrentaba el área de Protección del Trabajo hasta que asumí mi cargo decidido a cambiar radicalmente el curso de las cosas».

«Debo recordarle que aún no contamos con los resultados definitivos de una auditoria de gestión ordenada por usted mismo y la promoción de un/a agente significaría una contradicción con los propios actos y una incompatibilidad con los dictados de una buena administración».

«La promoción (de Rúa) implicaría una vuelta a los criterios noventista flexibilizadores en desmedro de los lineamientos trazados por el que considero el mejor equipo de trabajo, me refiero al del Ministerio de Trabajo de Nación, y que debería ser homologado por la CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)».

Después Pereyra continúa diciendo la orientación de su gestión tiene el respaldo del secretario general de la Central Genérela de Trabajadores (CGT), Hugo Moyano. Y, además, que la «criticable promoción (de Rúa) se distancia de la sensatez de la presidencia de la Comisión de Trabajo de la Cámara de diputados de la Nación», presidida por Héctor Recalde. Éste abogado laboralista «reafirmó la vocación de permanecer en una clásica posición garantista del derecho del trabajo mateniéndolo alejado del efecto cegador de las alfombras de despacho, hecho que no parece compartir usted a juzgar por el criterio misterioso utilizado para decidir quien ocupará el estratégico puesto de la Dirección General de Protección del Trabajo».

Saltando un párrafo se lee que «La única ‘gran marca’ que reconozco es la Constitución. Ninguna otra. Y aunque a sus asesores les resulte insoportable ver cómo sus presiones no surtieron efecto alguno en una prensa dispuesta a asumir su libertad, debo decirle que emprendieron una tarea inútil pues es imposible que la ciudadanía no establezca una conexión causal evidente: yo emprendo investigaciones profundas a grandes marcas y a continuación se me obliga a abandonar mi cargo».

«También es arduo imaginar cómo va a explicárselo usted al señor jefe de Gobierno, para quien la hiperactividad y la voluntad reconstruir capacidades estatales parece ser condición sine qua non para mantenerse en funciones».

Al finalizar cita a Plutarco y Pericles. Su última cita es: «La verdad esta en marcha, y nada la detendrá». Registro N° 15600 de mesa es el sello que figura en la copia de la renuncia a la que tuvo acceso NOTICIAS URBANAS.

Por otra parte, el diputado porteño del ARI, Alejandro Rabinovich, presentó el 31 de agosto un pedido de informe por medio de la ley 104 al ministro de Producción, Enrique Rodríguez. «La idea es saber si existen inspecciones cajoneados para que no se resuelva el tema. Tiene un prórroga de diez más para contestar «, aseveró el legislativo a este medio.

«Remitir copia del registro donde figure la cantidad de inspecciones que se han transformado en expedientes sumarios y cuántos de estos sumarios fueron resueltos con decisiones de absolución, sanción o inoficidad y prescripción, en el período comprendido entre el 1° de enero de 2002 y el 1° de enero de 2006, así como los actos administrativos que justifican las decisiones adoptadas», es el primer punto del pedido de informe.

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