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ARI ALDO STRADA SANTA FÉ, Proyectos

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 14, 2006

Cuentas claras en las cárceles santafesinas

El ARI pide informes en el marco del Plan de Justicia y Seguridad 2004/2007

Aldo Strada (Dip. ARI) ingresó ayer dos pedidos de informes con respecto a una serie de convenios firmados entre la Nación y la Provincia en el Marco del Plan de Justicia y Seguridad 2004/2007.

La primera de las solicitudes se refiere específicamente a la ampliación de la Alcaldía de Rafaela. Entre las inquietudes que se plantean, se pide conocer cuál es la obra que se piensa realizar y los plazos de ejecución de la misma; si dicha obra se realizará por licitación pública, contratación directa o administración delegada; cuáles son los motivos por los que no se ha respetado el plazo máximo de 10 meses para la ejecución y por qué tampoco se remitió la información bimestral que se debe dar a la Nación, según convenio firmado.

Por otro lado, la segunda iniciativa es de carácter más general, aunque también se relaciona con el Plan de Justicia y Seguridad 2004/2007. Básicamente se pide saber cuál es la cantidad de plazas carcelarias en la provincia (discriminadas por departamento), cuál es el número de alojados a la fecha, discriminados por penitenciarias, alcaldías y comisarías y cuál es la contribución en fondos que ha aportado la Nación, entre otras cuestiones.

El 31/08/04 y el 27/12/04 se firmaron sendos convenios entre la Nación y la provincia a través de los cuales Nación se comprometía a girar a la Provincia $ 2.800.000 y $ 6.900.000 respectivamente, para implementar mejoras en la atención de internos, infraestructura del Servicio Penitenciario provincial y emprendimientos de trabajo en cárceles.

En el convenio del 27/12/04 la provincia se obliga a concretar el objetivo establecido por esos convenios en un plazo máximo de diez (10) meses, informar bimestralmente y rendir cuentas a la Nación. Por su parte, en los considerandos del Decreto 0737 del 28/04/05 la Nación transfirió dichos fondos y se realizó la correspondiente asignación presupuestaria incluyendo, entre otras, la Obra 62 – Ampliación Alcaldía de Rafaela por la suma de $ 1.600.000.

Según un informe de la SIGEN «al momento de realizarse la presente auditoria (en la Provincia de Santa Fe), los plazos se encontraban vencidos, sin que se hayan concluido las obras» y que «no se obtuvo evidencia del cumplimiento de lo establecido en cuanto al compromiso de informar». Específicamente refiriéndose a la «Construcción Alcaidía de Rafaela – Unidad Penitenciaria Nº 15, se encontraron con la siguiente situación financiera : Importe destinado al Emprendimiento $ 1.600.000.- Importe ejecutado $ 0,0. Recordamos que los fondos fueron girados a fines de 2004.

Es evidente que el sistema carcelario de la provincia hace aguas por todos lados. Las fallas en la planificación, los materiales con que se construyen las obras y la evidente falta de control e improvisación por parte del gobierno provincial (denunciados en reiteradas oportunidades por organismos de derechos humanos, especialmente por la Coordinadora de Trabajo Carcelario) hacen imprescindible que de una vez por todas se tome al toro por las astas, comenzándose a accionar seriamente a la brevedad.

La provincia cuenta con fondos propios y además, como describiéramos anteriormente, suscribió convenios con Nación, fondos que serán acreditados a cuenta de alojamiento de presos con causas federales.

Se debe además poner el acento en los organismos de control con que cuenta la provincia, que deberían poner especial atención en las formas de contratación y financiamiento ya que muchas de las obras se realizan por administración delegada, a través de, por ejemplo, el sistema de PREPAC, que no permite controlar debidamente cuáles son las empresas que finalmente hacen las obras y sus correspondientes rendiciones de cuentas

Santa Fe, 14 de Septiembre de 2006

 

Dip. Aldo Strada – ARI

 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Pedido de Informes

La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo por intermedio del organismo que corresponda informe lo siguiente:

1.- ¿Qué cantidad de plazas carcelarias cuenta la provincia, discriminadas por departamento?

2.- ¿Cuál es el número de alojados a la fecha, discriminados por penitenciarias, alcaldías y comisarías?

3.- ¿Cuál es el Plan de Obras para el período 2004/2007 para construcción, ampliación y refacción de establecimientos destinados al alojamiento de presos, cuáles se encuentran en ejecución, cuántas están proyectadas hasta la finalización del año 2007, cuál es la forma de contratación utilizada para las mismas (licitación, contratación directa o administración delegada) y a qué empresas se les han adjudicado dichas obras?

4.- ¿Cuál es número de plazas destinada al alojamiento de presos con causas federales y cuál es el número actual de los mismos?

5.- ¿Cuál es el monto de dinero que recibe la provincia en concepto de alojamiento por dichos presos?

6.- ¿Cuál es la contribución en fondos que ha aportado la Nación en el Marco del Plan Nacional de Justicia y Seguridad 2004/2007 y si se esperan nuevos aportes por los mismos conceptos o por otros?

7.- ¿Cuál ha sido el destino que se ha asignado a dichos fondos?

8.- ¿Cuáles son los organismos de la provincia responsables del contralor de los proyectos y de los materiales empleados para las obras?

Sr. Presidente:

El día lunes 11 de septiembre del 2006 la nueva cárcel de Piñero, inaugurada hace tan solo seis meses, se cobró la primera víctima. La persona a cargo, el alcalde José Pedro Gaidelón explicó ante diversos medios de prensa que “el sistema de ventilación está compuesto por unas planchuelas metálicas, que los

internos convierten rápidamente en chuzas. Además, aclaro que las camas de cemento en la que dormían los internos fueron destruidas rápidamente y de allí sacaron trozos de material en el que afilan chuzas y refuerzan las armas caseras”. A confesión de parte, relevo de pruebas.

El sistema carcelario de la provincia hace aguas por todos lados, incluso por los techos del nuevo complejo de Piñero.

Las fallas en la planificación, los materiales con que se construyen las obras y la evidente falta de control e improvisación por parte del gobierno provincial (denunciados en reiteradas oportunidades por organismos de derechos humanos, especialmente por la Coordinadora de Trabajo Carcelario) hacen imprescindible que de una vez por todas se tome al toro por las astas, comenzándose a accionar seriamente a la brevedad.

La provincia cuenta con fondos propios y además ha suscripto convenios con la Nación en el Marco del Plan Nacional de Justicia y Seguridad 2004/2007, fondos que según dichos convenios serán acreditados a cuenta de alojamiento de presos con causas federales.

Se debe además poner el acento en los organismos de control con que cuenta la provincia, que deberían verificar la calidad de los materiales utilizados, además de poner especial atención en las formas de contratación y financiamiento ya que muchas de las obras se realizan por administración delegada, a través de PREPAC, sistema que no permite controlar debidamente cuáles son las empresas que finalmente hacen las obras y sus correspondientes rendiciones de cuentas.

Por lo antes expuesto y con miras a mejorar el sistema carcelario santafesino, dar transparencias a las cuentas públicas y mejorar los organismos de control, es que pedimos a nuestros pares que aprueben este pedido de informes.

Sr. Presidente

El 31/08/04 y el 27/12/04 se firmaron convenios entre la Nación, representada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Horacio Rosatti y el Subsecretario de Coordinación e Innovación, Lic. Jorge Srur, y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe representado por el señor Gobernador, Ing. Jorge Obeid y por el Ministro de Gobierno, Justicia y Culto,

Dr. Roberto Rosua. Dichos convenios fueron ratificados por las leyes 12551 y 12538, en el marco del Plan de Justicia y Seguridad 2004/2007, comprometiéndose la Nación a girar a la Provincia $ 2.800.000 y $ 6.900.000 respectivamente, para implementar mejoras en la atención de internos, infraestructura del Servicio Penitenciario provincial y emprendimientos de trabajo en cárceles

En el convenio del 27/12/04 la provincia se obliga a concretar el objetivo establecido por esos convenios en un plazo máximo de diez (10) meses, informar bimestralmente y rendir cuentas a la Nación

Según los considerandos del Decreto 0737 del 28/04/05 la Nación transfirió dichos fondos y se realizó la correspondiente asignación presupuestaria incluyendo, entre otras, la Obra 62 – Ampliación Alcaldía de Rafaela por la suma de $ 1.600.000.

Según un informe de la SIGEN tendiente a evaluar el cumplimiento de los aspectos financieros de los convenios celebrados entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y las jurisdicciones Provinciales beneficiarias, en el marco del Plan de justicia y Seguridad 2004/2007 con fecha de abril del 2006, detalla entre los Hallazgos Particulares referidos a la Provincia de Santa Fe que “al momento de realizarse la presente auditoria, los plazos se encontraban vencidos, sin que se hayan concluido las obras” y que “no se obtuvo evidencia del cumplimiento de lo establecido en cuanto al compromiso de informar”.En cuanto al Movimiento de Fondos comprobó que los mismos fueron transferidos por la Nación a la cuenta corriente del Nuevo Banco de Santa Fe Nº 17972/04 por un total de $9.700.000 registrándose los días 29/10/04 $ 1.450.000, el 17/11/04 $ 1.350.000 y el 18/01/05 $ 6.900.000 respectivamenteEspecíficamente refiriéndose a la “Construcción Alcaidía de Rafaela – Unidad Penitenciaria Nº 15 dice que: “Mediante Nota, sin fecha, la Dirección General de Administración del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda, puso en conocimiento de la Subsecretaria de Logística de la mentada cartera, respecto al llamado a Licitación Publica para la Construcción de la Unidad Penitenciaria Nº 15 – Rafaela, que dicho proceso licitatorio no podrá llevarse a cabo en el ejercicio presupuestario por el escaso tiempo que restaría para la finalización del año 2005, no existiendo posibilidad de ejecución de suma alguna. Por tal motivo, se desafecta el compromiso preventivo realizado, quedando la Obra contemplada en el Proyecto de Presupuesto del año 2006…”. Por lo expuesto, se encontraron con la siguiente situación financiera: Importe destinado al Emprendimiento $ 1.600.000 Importe ejecutado $ 0,0. Recordamos que los fondos fueron girados a fines de 2004

Dada la importancia de los convenios celebrados con la Nación y comprobado, según los informes presentados por la SIGEN, que los fondos fueron transferidos a la provincia y que esta no ha cumplido ni con los plazos, ni con el compromiso de informar bimestralmente y mucho menos con la rendición de cuentas que está obligada a realizar; se hace necesario transparentar las finanzas públicas provinciales

Por todo lo expuesto y previendo las posibles consecuencias que puede llegar a acarrear el incumplimiento de los convenios con la Nación es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente pedido de informes.

 

 

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