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Cobos contradijo al fiscal de Estado por Portezuelo del Viento

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 15, 2006

El Gobierno ratificó ayer que el convenio sobre la presa y central Portezuelo del Viento cumple actualmente los requisitos de protocolización en los ministerios nacionales para su posterior remisión a la Provincia, que se estima se producirá la semana que viene para que sea ratificado por la Legislatura. Pero además, el propio gobernador Julio Cobos afirmó que la obra estará en marcha “antes que deje el actual período de gobierno”.

De esta forma, el Poder Ejecutivo salió al cruce de comentarios del fiscal de Estado, Pedro Sin, quien había advertido que aún no estaba cerrado el acuerdo para la construcción del dique Portezuelo del Viento con fondos nacionales, a cambio de la renuncia mendocina al juicio contra la Casa Rosada por la inconstitucionalidad de la promoción industrial.

Jorge Albarracín, secretario Legal y Técnico de la Gobernación, dijo que “Sin y Mosso Giannini (asesor de Gobierno) fueron convocados para trabajar en la etapa previa” de la confección del acuerdo firmado el 29 de agosto en San Rafael.

“La intervención del fiscal de Estado no puede atrasar la obra”, agregó el funcionario, que entregó a la prensa una copia del documento que rubricaron el gobernador Julio Cobos y el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, con el presidente Néstor Kirchner como principal testigo.

La Nación se comprometió a enviar más de $ 1.000 millones para que la Provincia se encargue de la construcción de la presa y central hidroeléctrica en Malargüe y una cifra más, a través de la Dirección Nacional de Vialidad para la ejecución de las obras del camino de El Pehuenche, ya que se debió cambiar la traza. El arreglo obliga a Mendoza a renunciar a la demanda contra la administración central por los perjuicios ocasionados por la promoción industrial.

El fiscal de Estado no había recibido hasta ayer al mediodía una copia de ese convenio. Por eso, Sin solicitó informes oficiales (a los ministerios de Economía y Hacienda, y a la Asesoría de Gobierno) para determinar si Mendoza puede incrementar el reclamo a la Nación, y sostuvo que el arreglo podría caerse si se descubren perjuicios a la Provincia.

La investigación de Sin fue impulsada por una denuncia de la senadora Alejandra Namann (ARI), que se apoyó en un estudio del Consejo Empresario Mendocino que asegura que hasta 1999 la Provincia perdió $ 14.800 millones por el régimen impositivo que beneficio a otras provincias.

De todas maneras, ayer, después del mediodía, el propio Gobernador envió copia del acta acuerdo al fiscal de Estado “para que no exista ninguna duda”, sostuvo Cobos, quien se mostró muy enojado por poner en duda sus actos de gobierno.

“No sé por qué se maneja tan mal la información de esta obra tan importante para la provincia. El convenio está firmado y hemos entregado una copia del acuerdo”, indicó Julio Cobos. E insistió que actualmente el convenio se está protocolizando en todas las áreas y dependencias que corresponden a la Nación.

“Por este tema estoy muy tranquilo porque además actuaron el asesor de Gobierno y el propio fiscal de Estado.

“Por otra parte el convenio explicita un cronograma de desembolso que tiene que ser asegurado en Economía por una oficina que tiene que ver con los presupuestos plurianuales”, advirtió el mandatario.

Anunció, por otra parte, que la primer remesa de fondos para la obra llegará el trimestre que viene y el proyecto demandará entre 6 y 8 meses.

Además, una consultora actualmente está trabajando en el proyecto de la nueva traza del camino de El Pehuenche, cuyo compromiso asumió la Dirección Nacional de Vialidad. Estas obras alcanzan a 60 millones de pesos, que deben sumarse al acuerdo logrado con la Nación por más de 1.000 millones de pesos para la construcción de Portezuelo del Viento.

Sobre la denuncia realizada por la legisladora del ARI Alejandra Namann, el gobernador dijo que “se tiene que informar mejor”. Aclaró que “ no se deben mezclar las cosas, ya que en el caso de la compensación Mendoza reclamaba entre 400 y 650 millones de pesos”, dijo Cobos.

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