LA ARGENTINIDAD….. AL PALO

Política, Videos, Ciencia,Cultura, Espectáculos, Cine, Deportes, Tegnologías, Arte, Humor, Música, Reportajes. ETC

LA CAMARA DE CASACION ANULO EL INDULTO AL REPRESOR SANTIAGO RIVEROS

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 16, 2006

La hora de la palabra suprema

/fotos/20060916/notas/NA03FO01.JPG

 

Era el paso que faltaba para que la Corte se pronuncie sobre la validez del perdón presidencial. El fallo, además, acelera la causa sobre los crímenes cometidos en Campo de Mayo, uno de los centros clandestinos más grandes.

La Cámara de Casación Penal anuló el indulto al represor Santiago Omar Riveros, el principal acusado en la causa en la que se investigan los crímenes cometidos por la última dictadura en Campo de Mayo. Este era el escalón judicial que faltaba para que la Corte Suprema pueda pronunciarse definitivamente sobre los decretos con que Carlos Menem perdonó a los militares involucrados en violaciones a los derechos humanos. El fallo de Casación acelera, al mismo tiempo, la investigación sobre el mayor centro clandestino de detención que funcionó en la Argentina, sólo comparable con la ESMA: por Campo de Mayo, se estima, pasaron unos cuatro mil desaparecidos. El lugar fue además un sitio de exterminio, ya que prácticamente no quedaron sobrevivientes.

Riveros, hoy de 82 años, fue desde 1975 hasta 1979 comandante de Institutos Militares en esa guarnición. Entre los casos por los que ahora será investigado como responsable de la cadena de mandos está el de Floreal Avellaneda, un adolescente de catorce años cuyo cuerpo apareció flotando en el Río de la Plata, muerto por empalamiento. Se sabe también que en Campo de Mayo funcionó una maternidad clandestina. Y aunque hay pocos testimonios conocidos de víctimas, ocurrió algo inesperado: quienes estarían aportando datos sobre el funcionamiento del lugar son sus antiguos conscriptos.

La nulidad del indulto fue dictada por la Sala II del máximo tribunal penal, integrada por Pedro David, Juan Fégoli y Gustavo Mitchell. Los jueces dieron dos argumentos centrales para su decisión; uno de ellos fue que Riveros fue perdonado aun antes de que la Justicia decidiera si era culpable o no. Con esto se desconoció el derecho de “las víctimas, familiares y de la sociedad a saber la verdad” y a que se “atribuya una responsabilidad” a los autores de los delitos.

La segunda razón es que nadie imputado por delitos de lesa humanidad, como son las desapariciones, torturas y asesinatos perpetrados por el terrorismo de Estado, puede recibir un perdón del Estado. Por esto, sostuvieron los camaristas, el indulto “no” fue un “ejercicio razonable de la atribución” que la Constitución Nacional otorga a los presidentes sino un “impedimento para la investigación” de los crímenes.

1990-2006

Riveros había sido detenido y procesado en 1985. Recibió el beneficio del indulto en la primera tanda concedida por Menem poco después de asumir la presidencia. Aunque el ex general de división sería detenido (y liberado) años más tarde por apropiación de menores, y fue también imputado (y excarcelado) en la causa por el Plan Cóndor, la investigación sobre su papel en Campo de Mayo estuvo congelada por más de quince años, hasta la reciente anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

De todas formas, la reapertura del expediente tuvo que enfrentar, aun derogadas estas leyes, fuertes resistencias. La causa de Campo de Mayo fue reactivada en primera instancia por el juez federal de San Martín Alberto Suares Araujo, a fines del 2003; en febrero del 2005 la Cámara Federal la cerró, tras considerar que el indulto era constitucional. En aquella oportunidad, los superiores de Suares Araujo dijeron que tanto las leyes de impunidad como el indulto habían generado derechos adquiridos en favor de los militares. Y en una actitud para nada habitual, el fiscal de Cámara, Pablo Quiroga, no cuestionó la medida. “Tuvimos que apelar en soledad”, recordó Rodolfo Yanzón, uno de los abogados querellantes. La respuesta a esa apelación llegó ayer.

A la Corte

En el fallo, los jueces David, Fégoli y Mitchell sostuvieron que los indultos de Menem violaron los tratados internacionales sobre derechos humanos aprobados por la Argentina. Mencionaron entre ellos la Convención Americana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura, entre otros.

En las sesenta fojas de la resolución se destaca una cita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos, que cuestiona la utilización del indulto: “Las leyes de autoamnistía conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad (…) Este tipo de leyes impide la identificación de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos, ya que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente”.

Por otra parte, los camaristas dijeron que es una obligación de los Estados sancionar a los culpables de crímenes aberrantes. “Nuestra Constitución”, agregaron, está “orientada a la defensa irrestricta del ser humano, de su vida, libertad, dignidad e igualdad. Y los hechos que se pretenden investigar en estas actuaciones (sobre el rol de Riveros en Campo de Mayo) constituyen una afrenta a estos valores”.

Para Adrián Gómez, otro de los letrados querellantes, “es importante que por primera vez la Cámara de Casación se haya pronunciado sobre la inconstitucionalidad de un indulto, ya que hasta ahora había habido fallos similares pero de la Cámara de Apelaciones, no de Casación”.

Por su parte, el abogado del militar acusado, Florencio Varela, sostuvo que los hechos ya son cosa juzgada, un argumento que fue rechazado por Casación, pero que el letrado llevará ahora a la Corte Suprema, con un recurso extraordinario. Así lo anticipó anoche: “La Corte de cinco miembros, la de Raúl Alfonsín, no la menemista, había declarado la constitucionalidad del decreto del indulto, por lo cual ahora no puede anularlo esta Corte, más allá de los delitos de lesa humanidad”.

Desde hace unos meses, la Corte estaba dando señales de que esperaba que este caso volviera a sus manos. Algunos de sus ministros, como Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, dieron a entender incluso que el tribunal de Casación estaba demorando injustificadamente una definición.

En el tribunal ya existe consenso para anular los indultos. El año pasado, cuando declaró inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia debida, sostuvo que los delitos de lesa humanidad no prescriben, no son amnistiables ni indultables, invocando la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que consideró de aplicación obligatoria. Nada hace pensar que ahora vaya a desviarse de ese camino.

Un represor confeso

“No ha habido desaparecidos, sino terroristas aniquilados en el marco de una guerra revolucionaria y por tanto irregular.” Frases como ésta destacaron al ex general Santiago Omar Riveros durante la democracia. Se desempeñó como responsable máximo de la zona IV de Seguridad (zona Norte del Gran Buenos Aires) entre septiembre de 1975 y febrero de 1979. En los primeros años de la dictadura funcionaron diez centros clandestinos de detención en esa área, cinco en instalaciones del Ejército, tres en dependencias policiales y dos en la Marina. Jefe de Instalaciones Militares en Campo de Mayo, bajo su mando estuvo el hospital militar al que llevaban a las secuestradas con embarazos a término para, luego del parto clandestino, robar sus bebés y suprimir su identidad. También el centro clandestino de detención llamado El Campito, por el que pasaron una gran cantidad de detenidos-desaparecidos. En el juicio a las Juntas Militares en 1985 la Cámara Federal dio por probados una serie de homicidios ocurridos en su jurisdicción, hechos por los que fue declarado culpable. Intentó acogerse a la Ley de Obediencia Debida en 1988, pero la Cámara Federal de San Martín le negó el beneficio. Después de un largo proceso que empezó en 1983, la Justicia italiana confirmó hace dos años la sentencia en tercera instancia a cadena perpetua que sus abogados habían apelado por encontrarlo responsable, junto con el ex general Guillermo Suárez Mason, de la desaparición y muerte de tres ciudadanos de ese país. Riveros fue el primer militar de alta jerarquía durante la dictadura en narrar en un documento de cuarenta y ocho páginas enviado al jefe del Ejército, Roberto Bendini, cuál había sido su comportamiento durante la dictadura. En el mismo negaba la existencia de “centros clandestinos de detención: se trataba de lugares de reunión de detenidos (LRD) hasta el nivel de brigada, y lugares de detención temporaria (LDT)”.

Los antecedentes

En marzo de 2004 el juez Rodolfo Canicoba Corral declaró la inconstitucionalidad de los indultos en la causa del I Cuerpo de Ejército. Alcanzó a los militares Carlos Suárez Mason, Jorge Olivera Rovere, Juan Bautista Sasiaiñ, José Montes, Adolfo Sigwald y Andrés Ferrero, los últimos tres ya fallecidos. Un año más tarde, en marzo de 2005, el juez Sergio Torres se expidió en la causa de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA): a Antonio Vañek y Julio Torti se les quitó el beneficio del que gozaban. Finalmente hace diez días, el juez Norberto Oyarbide también declaró la nulidad en el caso del secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim: primero le llegó el turno a Albano Harguindeguy y a José Alfredo Martínez de Hoz. Dos días después a Jorge Rafael Videla. También en algunas provincias, como Santa Fe y Mendoza, fueron anulados los indultos.

 

REABREN EN ALEMANIA UNA CAUSA POR DESAPARECIDOS

Una investigación global

La fiscalía de la ciudad alemana de Nuremberg reinició la investigación en la causa en la que están implicados 20 militares argentinos por el secuestro y desaparición del ciudadano paraguayo-alemán Jorge Federico Tatter. Entre los imputados se encuentran Emilio Eduardo Massera, Jorge Rafael Videla, Antonio Domingo Bussi y Jorge Olivera Rovere.

Las investigaciones habían sido suspendidas en agosto de 2004, por lo que la organización Coalición Contra la Impunidad, formada por representantes de las iglesias Católica y Evangélica Protestante y organismos defensores de los derechos humanos de Alemania, a través del abogado Wolfgang Kaleck, se basó en la presentación en febrero de este año de documentación localizada en los llamados “Archivos del terror”. Entre las fichas con información sobre el Plan Cóndor que la dictadura paraguaya de Alfredo Stroessner escondió pero no destruyó, se encontraron datos sobre Tatter.

En ese caso hay tres jurisdicciones involucradas, ya que abogados de los tres países involucrados, Argentina, Paraguay y Alemania, están trabajando en la investigación.

Jorge Federico Tatter era paraguayo y tenía 53 años cuando fue secuestrado en su casa del barrio de Once. Nacido en Colonia Nueva Germania e hijo de un ex marino alemán, a los 13 años ingresó al Colegio Militar en Asunción. Como su padre, hizo la carrera hasta llegar al grado de teniente de fragata, momento en que fue dado de baja por su participación en el intento de golpe de Estado contra el gobierno militar de Higinio Morinigo en 1947. Estuvo exiliado en Argentina hasta 1950, cuando el gobierno de Juan Domingo Perón lo expulsó junto con otros militares paraguayos que habían participado de la Guerra Civil. Vivió en Uruguay hasta 1952, año en que volvió al Paraguay y se afilió al Partido Comunista. Pasó seis meses en la cárcel en 1960 donde fue torturado por infracción a la “ley de defensa de la paz pública y libertad de las personas”, que se había sancionado durante el primer año de la dictadura de Alfredo Stroessner. En 1963 volvió a la Argentina y se mantuvo en contacto permanente con otros exiliados paraguayos. El 15 de octubre de 1976 un grupo de tareas del Ejército entró por asalto a su casa en General Urquiza 133, de donde lo secuestraron. Posteriormente lo habrían trasladado a su país de origen.

Esta no es la única causa sobre ciudadanos de ese país desaparecidos durante la última dictadura argentina que lleva adelante la Justicia alemana. La fiscalía de Nuremberg todavía sigue pidiendo la extradición de Videla a Alemania para ser juzgado por el homicidio de los ciudadanos alemanes Elisabeth Kasemann y Klaus Zieschank, ocurridos entre 1976 y 1977 en Buenos Aires.


Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

 
A %d blogueros les gusta esto: