En respuesta al fallo de la Corte Suprema, el gobierno anunció un ajuste del 13% para todos los haberes previsionales a partir del 2007.

La Corte Suprema de Justicia cuestionó el manejo de la política previsional que viene realizando el Poder Ejecutivo concentrada en otorgar aumentos del haber mínimo. El fallo interpreta que se viola la movilidad de los haberes previsionales –expresamente contemplada en el artículo 14 bis de la Constitución– a quienes ganan por encima del mínimo.

Entonces, insta al Poder Legislativo a definir un mecanismo de movilidad previsional para todos los jubilados. En este contexto, la reacción del Poder Ejecutivo fue anunciar que propondrá al Congreso incorporar en el Presupuesto del año 2007 un ajuste del 13% que regiría desde enero para todas las jubilaciones y pensiones.

Si se supone que el ajuste del 13% propuesto por el Poder Ejecutivo rige desde enero del 2007 y la inflación promedio de ese año será del 10%, las variaciones del poder de compra de los haberes previsionales respecto al 2001 serán:

Los jubilados que percibían en el 2001 el haber mínimo experimentarán una mejora real del 56%. En tanto, los que cobran entre la mínima y 1.000 pesos habrán sufrido una pérdida del 27% en relación al Indice de Precios al Consumidor.

Por su parte, los que cobran haberes mayores a 1.000 pesos sufrirán una pérdida del 33%. La apuesta oficial parece ser que el Poder Judicial acepte algunas definiciones que son muy sensibles desde el punto de vista jurídico, económico y social. En primer lugar, que no se defina un índice de aplicación automática para regular la movilidad. En segundo lugar, que se ignore en su totalidad la deuda acumulada por falta de movilidad en el periodo 2002 – 2006.

En tercer lugar, que se considere que una pérdida de poder adquisitivo del orden del 33% en el valor del haber previsional no viola la Constitución Nacional. Todo esto en el marco de una situación de bonanza económica donde los ingresos de la ANSES acumulan incrementos que dan espacios para cumplir con la movilidad previsional.

Un escenario alternativo es que el Congreso rectifique el rumbo que anunció el Poder Ejecutivo. O sea, busque una fórmula de movilidad previsional que implique un trato menos injusto y discriminatorio con los jubilados con haberes superiores al mínimo.

Para ello es necesario recomponer los haberes previsionales de los que ganan por encima de la jubilación mínima con un ajuste del orden del 50%. Adicionalmente, es necesario el reconocimiento y pago –aunque sea en bonos– de la deuda y la determinación de un mecanismo automático de movilidad para el futuro.