13 de Septiembre de 2006.Modificación del IVA sobre la harina – Hidrocarburos

Intervenciones de los Diputados del ARI

Adrián Pérez

Sr. Pérez (A.).- Señora presidenta: el proyecto que ha sido explicado por el señor diputado Snopek propone bajar la alícuota del IVA para la harina de trigo del 21 al 10,5 por ciento, gravando al mismo tiempo el pan, que hoy está exento, con una alícuota del 10,5 por ciento.
El argumento que se ha vertido es que ello mejoraría el control de precios y disminuiría en forma importante el grado de evasión en el sector, que según datos del propio oficialismo alcanzaría al 40 por ciento.
Señalamos que, básicamente, la reducción de alícuotas de impuestos nunca ha funcionado en el país como un mecanismo de reacomodamiento de precios o de reducción de la evasión. A fin de disminuir la evasión deben mejorarse los dispositivos de control; o sea que se requiere más control, no menos impuestos.
En este sentido, la modificación tributaria ha sido presentada como una solución para el tema de la clandestinidad en el sector, que a su vez permite el trabajo en condiciones de dudosa salubridad. Es decir que se buscan disminuir los altos índices de trabajo en negro en dicha actividad.
Nuevamente, si hubiese que mejorar las condiciones de salubridad, correspondería que efectivamente actúen los organismos competentes en el tema de bromatología. Asimismo, en cuanto al trabajo en negro, debería funcionar el ministerio de Trabajo. Creemos que estos cambios tributarios que no redundarán en una mejora de ninguno de los dos aspectos.
Finalmente, el oficialismo hace referencia a un acuerdo implícito que habría existido con el sector panadero de no aumentar el precio a partir de las modificaciones que se proponen en el presente proyecto de ley. Pero hay que decir que este acuerdo sólo podrá tener cierto grado de sustentación para el caso de las grandes panaderías, que podrán realizar la correspondiente compensación entre el IVA de compra y el IVA de venta, mientras que los pequeños comercios de venta de pan o las panaderías, la mayoría de las cuales ostentan la categoría de monotributistas, se verán afectadas por la incorporación del IVA al pan. Por lo tanto, creemos que esto puede redundar en un aumento de su precio.
Además, cabe destacar que no sólo en el caso de las cadenas harineras y panaderas existe este tipo de diferencias entre tasas de IVA; ocurre lo mismo con los lácteos y los productos medicinales. Por ello, desde el ARI hemos presentado dos iniciativas para hacer una modificación integral al impuesto al valor agregado. En este sentido, hace mucho tiempo que venimos sosteniendo en la comisión la necesidad de producir no solamente una modificación al IVA sino también incorporar en el debate y en la agenda una reforma integral al sistema tributario que resulta ser absolutamente regresivo. Sin embargo, esta cuestión sigue siendo eludida, sin debate, y mientras tanto se proponen este tipo de parches que no redundarán en ninguna de las mejoras planteadas por el oficialismo. Por el contrario, advertimos que puede traer como consecuencia un incremento en el precio del pan. En síntesis, estas han sido las diferencias y observaciones que hemos hecho a este proyecto de ley.

Fabiana Ríos:

Sra. Ríos.- Señora presidenta: cuando llegan proyectos de esta naturaleza al recinto uno pasa por diversas sensaciones: del estupor a la indignación, de la vergüenza a la ira, y finalmente reconoce que sólo en la serenidad puede fundamentar sus posiciones.
A mí me toca fundamentar la disidencia total del bloque del ARI a este proyecto que ingresó en mayo del año pasado de la mano del expediente 11-P.E-2005. En líneas generales establece regímenes promocionales para la exploración y explotación, determinando y categorizando las áreas para estos fines. Se especifican la plataforma continental, las plataformas en tierra, con producción, sin producción, si forman o no parte de las cuencas sedimentarias.
Esto ahora lo debiéramos mirar con más serenidad, porque después de las doce del mediodía se presentó lo que sería el proyecto final y aparecen algunos términos que no existen en la ley de hidrocarburos, como “concesión de exploración”, cuando en todo el texto normativo de la ley de hidrocarburos se habla de “permisos de exploración” y “concesión de explotación”.
De la manera en que esto está planteado en las categorizaciones generales uno no puede menos que inferir que, además de los beneficios fiscales que se otorgan a través de esta norma, lo que también se está otorgando es la prórroga con beneficios de un régimen impositivo diferencial a áreas que hoy están siendo explotadas y concesionadas.
Cuando observamos los fundamentos del proyecto vemos que el Ejecutivo plantea algunas cosas ciertas y dice que se está explotando cada vez menos y que estamos llegando a un límite respecto de la posibilidad de explotación de nuestros hidrocarburos, que son recursos no renovables. Claro que sí. Argumenta que llegamos a esta situación porque el crecimiento que se está dando en el país es inmenso, lo cual es cierto. Dice que además tenemos problemas con la exploración porque no hay incentivos fiscales.
Aparentemente, esta es la única razón por la cual no hay exploración, y además nuestra crisis respecto de los recursos no renovables tiene que ver solamente con la falta de exploración. De esto se deduce: beneficios impositivos para las empresas petroleras.
Cuando uno se adentra en estos fundamentos observa que aparece un espacio vacío. Cuando uno va pasando por estas sensaciones de ira y de estupor siente que lo que pasó con la privatización de YPF y la falta de una petrolera estatal generó un cataclismo. Creo que esto lo dijo el diputado Lozano.
Para que esto ocurriera existió un Parlamento que acompañó, gobernadores que aplaudieron, con lo cual uno llega a la conclusión de que el presidente Kirchner es absolutamente coherente: lo que sostuvo en los 90 lo sostiene hoy como presidente, fomentando y financiando a los sectores más concentrados de la economía a expensas del pueblo argentino. Cuando debe crear cargos específicos, los crea a expensas de la ciudadanía; cuando tiene que castigar a los usuarios a través del programa del uso racional de la energía, castiga a la ciudadanía.
¿Cómo explicamos a los trabajadores de Las Heras que trabajan para Repsol, que peleaban porque debían pagar impuesto a las ganancias por sus ingresos, que esa misma empresa hoy va a estar exenta del pago de dicho impuesto?
Siempre resulta muy difícil explicar lo obvio, más aun para quien viene de una provincia patagónica petrolera que sufre las consecuencias de la depredación.
En ese espacio vacío que aparece en la fundamentación no hay ningún lugar para la autoridad de aplicación. Francamente, sería bastante sencillo llegar a los informes de la Auditoría General de la Nación. En la investigación respecto de cómo se controlaba el pago de cánones por exploración y explotación, dice cosas tales como que el artículo 75 de la ley 17.319 determina que la autoridad de aplicación fiscalizará el ejercicio de las actividades relativas a la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos. O sea que existía una norma.
Además, hay un régimen sancionatorio –que fue leído por el señor diputado Godoy- que en su artículo 80 señala: “Las concesiones o permisos caducan por falta de pago de una anualidad del canon respectivo, tres meses después de vencido el plazo para abonarlos.” ¿Saben qué dice la Auditoría General de la Nación? Que el valor del canon de explotación no refleja las variaciones que registró el precio del petróleo crudo nacional en el mercado interno. Esto fue informado a la Secretaría de Energía, ésta lo contestó, y hasta ahora no hizo un solo cambio.
Por su parte, la ley 17.319 da las herramientas para actualizar los cánones: “Los valores en pesos moneda nacional que esta ley asigna al canon de exploración y explotación podrán ser actualizados con carácter general por el Poder Ejecutivo nacional sobre la base de las variaciones que registre el precio del petróleo crudo nacional en el mercado interno.”
También señala la Auditoría General de la Nación que la metodología aplicada por la Secretaría de Energía para el cálculo de los intereses en caso de mora es incorrecta. La Secretaría de Energía no actúa como un buen administrador al imputar los pagos parciales primero al capital. Ello genera una menor recaudación. Constituyen casos extremos las áreas Río Cullen, Las Violetas y Angostura, en que si bien se verificaron pagos parciales, la cancelación definitiva de las deudas fue realizada luego de once, doce y diez anualidades, respectivamente.
Pero como siempre resulta difícil explicar lo obvio, la verdad es que lo más fácil es recurrir a lo obvio, que son los números. Lo que nos proponen hoy el Poder Ejecutivo y este dictamen de mayoría es que financiemos con los impuestos del pueblo argentino a las empresas petroleras que obtuvieron y obtienen una masa de ganancias de 8.800 millones de dólares anuales gracias a sus bajísimos costos operativos de alrededor de 6 dólares el barril; sus altos precios de comercialización en el mercado interno, de aproximadamente 42 dólares el barril, y los altísimos niveles de ganancias por la exportación ‑la libre disponibilidad‑ de 75 a 80 dólares el barril.
Podemos decir que en el período comprendido entre 1999 y 2005 se abrieron sólo veintiséis pozos exploratorios anuales versus los ciento trece promedio que se hicieron en la época de la petrolera estatal YPF. También podemos decir que en el período 1980-1989 hubo un promedio anual de ciento diecisiete pozos; que en el período 1990-1999 el promedio fue de noventa y cuatro pozos y que en el período 2000-2004 hubo un promedio de veintitrés pozos.
Esa baja de inversión durante los noventa fue justificada por las empresas petroleras a raíz de la baja del año 1998, cuando el barril de petróleo llegó aproximadamente a los 11 dólares, diciendo que en realidad los esfuerzos exploratorios iban a venir después de que el valor del barril alcanzara los 20, 25 o 30 dólares.
En 2002 la administración Duhalde pactó con las compañías petroleras un valor de mercado interno de casi 29 dólares. Al año siguiente las petroleras hicieron diecinueve pozos exploratorios, algo similar a lo que hicieron en 2002. En el año 2004, con un promedio del precio del barril de 34,5 dólares, hicieron veinticinco pozos; y en 2005, con un promedio de 45 dólares por barril en el mercado interno y de 56 dólares por barril en el mercado externo, hicieron cincuenta y tres pozos.
En el caso de Repsol, que durante 2004 ostentó montos operativos de ganancias de alrededor de 2.100 millones de euros –el 64 por ciento a instancias de sus pozos en Argentina‑, sus inversiones en esos años se orientaron fundamentalmente a los pozos en funcionamiento y no a la exploración: hubo solamente seis pozos de exploración y 308 pozos en desarrollo. En el año 2004 la empresa Pan American Energy, un caso similar, hizo tres pozos de exploración, y en 2005, trece pozos de exploración.
Entonces, mientras las petroleras sigan disponiendo libremente sobre los recursos que le pertenecen al pueblo argentino, no nos sigan diciendo que con nuevas normas van a garantizar una matriz energética justa. Mejor empecemos a pensar de qué manera rompemos la matriz jurídica que sostuvo la dinámica del saqueo durante los noventa.

Esta son las razones por las cuales el bloque del ARI disiente totalmente con el dictamen de mayoría. (Aplausos.)

Elisa Carrió:

Sra. Carrió.- Señora presidenta: ojalá pudiéramos analizar y saber lo que va a suceder en el mundo en los próximos diez o quince años, sobre todo si tenemos en cuenta las tres crisis que se están desarrollando: la crisis por el cambio climático, que tendrá consecuencias ecológicas impensadas para el planeta; la crisis energética, que no es sólo un problema de Argentina sino mundial y que va a vivir esta generación –porque está previsto que en 2010 la crisis estará en su plenitud‑, crisis que además en este momento está desencadenando el mayor conflicto geopolítico mundial en Medio Oriente, porque es el lugar donde está la mayor cantidad de reservas; y la crisis de confianza en la moneda mundial, que es el dólar.
De modo tal que no estamos en una situación de franca estabilidad, de civilización; no estamos en un momento de petróleo barato. Por el contrario, estamos en un momento de crisis mundial enorme, y en este contexto la Argentina forma parte quizás del único continente que puede ser el emergente de un panorama estable en los próximos veinte años –depende de cómo actúe‑, que es precisamente Sudamérica.
Pero Sudamérica va a poder estar alejada de ese conflicto estratégico mundial y va a poder resolver algunos temas energéticos centrales y de cambio climático si resuelve en conjunto y en el continente tres cuestiones centrales: la reserva de los recursos naturales, la reserva de los recursos energéticos y una política conservadora ‑diría yo‑ en esta materia. Cuando se tiene tan cerca una crisis de escasez, los países que no son exportadores ‑porque no tienen sobreabundancia‑ sino sólo productores, deben regular sus recursos, porque justamente conservar lo que se tiene es la política estratégica correcta de cara al futuro.
La Argentina –ya se sabía en la década del noventa, y de allí la diferencia entre nuestro país y Brasil‑ actúa exactamente al revés que los países más serios del mundo que tienen estrategias. Brasil, sin petróleo, tiene a Petrobras y se extiende por América del Sur. Los mismos actores que entregaron YPF ahora entregan la exploración de la plataforma. Entendemos para qué se creó Enarsa, y por eso nosotros votamos en contra. Enarsa es el instrumento jurídico al servicio de esta nueva entrega.
Tomemos el gran problema del campo energético argentino. Nosotros hemos entregado la petrolera estatal mientras ningún otro país de la región lo hizo, y Chile tampoco entregó el cobre. Nuestro país hoy padece un problema aun mayor: en materia de energía el mercado es monopólico. El 60 por ciento del gas y el 45 por ciento de los hidrocarburos pertenecen a una sola empresa: Repsol. Entonces, nos preguntamos: si esa empresa obtuvo la mayor renta petrolera en los últimos años, ¿por qué no invirtió en exploración?
Recordarán los señores diputados que en enero tomamos conocimiento de que Repsol había notificado a la bolsa de Nueva York la disminución, en un 25 por ciento, de sus reservas en la Argentina y en el resto de América latina, y tal cuestión dio lugar a una demanda de parte de todos los que habían invertido en esas acciones. Al leer esa demanda queda en claro qué es lo que hizo Repsol.
Es cierto que determinó como reservas comprobadas las que eran probables, pero el gran problema que se planteó –que hicimos constar en nuestra denuncia penal‑ se refiere a qué había hecho Repsol, para qué vino a la Argentina y cuál es su objetivo final. Queda claramente establecido que Repsol hizo de la petrolera argentina un negocio financiero que incluso le permitió subir las acciones de una manera extraordinaria en el corto plazo. Explotó lo que había explorado YPF, y como sigue siendo una empresa mediana en términos de la concentración mundial producto de la crisis energética, la renta petrolera debía desligarse de su posición dominante en la Argentina para mostrar que desarrollaba exploración en Europa.
La renta petrolera obtenida por Repsol en la Argentina está financiando la exploración en Rusia y en Africa, y de esta manera equilibra sus activos para la venta a otras grandes empresas. Como ella tiene que usar esa renta petrolera para salir de la posición dominante en un solo país, nosotros sancionamos este proyecto de ley para eximirla del pago de impuestos. Esto significa que el pueblo de nuestro país está financiando las actividades de exploración de una empresa que en nuestro país tuvo una rentabilidad escandalosa, para que luego pueda ser vendida mejor.
Esta información no es secreta; consta en el diario “El país”, y además, en las denuncias de los inversores en Nueva York. La coherencia es absoluta y la entrega es formidable. Todos entendemos que estamos frente a una crisis energética local y mundial, pero prácticamente se desarrolla la misma política de saqueo, que está llevándose a cabo en minoría. En este país hay impunidad pero no hay responsables; esto lo tengo en claro. Quienes votaron por la entrega de YPF gobiernan la Argentina con enorme popularidad; esto también es clarísimo.
Es cierto que hoy vamos a votar con mucho mayor silencio de entrega pública respecto de lo que fue la privatización de YPF. Algo así como si ya no nos importara cuánto se entregó, y entregamos el resto.Es más, comprendo a los diputados nuevos en la Cámara, en cuanto a su ira e indignación. Algunos hemos visto tantas cosas que ni siquiera nos queda la indignación. No sé si algún día habrá responsables, aunque no importa; lo que sí sé es que esta entrega es igual, por el resto, a la de YPF. (Aplausos.

Eduardo Macaluse:

Sr. Macaluse.- Señora presidenta: mañana los títulos de los diarios serán: “Aumenta el pan”, “Otorgan subsidios a las petroleras”. Estas son las dos decisiones principales tomadas hoy; y ello muestra el país en el que estamos y cuál es la clara voluntad del gobierno respecto de la distribución del ingreso.
El proyecto de ley en debate es un eslabón más de una cadena de decisiones que mencionaré más adelante, relacionadas con la entrega de los recursos naturales del país a manos extranjeras.
La matriz del consumo energético de la Argentina está compuesta en un 90 por ciento por combustibles fósiles. En los años 70, ese 90 por ciento se componía de la siguiente forma: 70 por ciento, petróleo, y 20 por ciento, gas; en los años 80, 60 y 30 por ciento, y en la década del 90, 43 y 46 por ciento, respectivamente.
En el período 1970-2003, la tasa de crecimiento del consumo primario por habitante fue superior al 40 por ciento. Durante la década del 70 el PBI creció un 2,8 por ciento y el consumo energético aumentó un 3,4 por ciento acumulado. En los años 80 el PBI decreció el 0,9 por ciento y el consumo energético creció el 1,2 por ciento. De 1990 a 2003 el PBI aumentó 2,3 por ciento y el consumo aumentó 2,9 por ciento.
Es decir que el consumo energético aumenta por sobre el crecimiento del producto bruto interno y por sobre el crecimiento de la economía, y aumenta aun en condiciones recesivas. Esto implica que si no hay una política clara vamos hacia una crisis energética gravísima.
En ese contexto de matriz de consumo y de aumento del consumo se toma la decisión de entregar y regalar YPF a manos extranjeras.
En los años 80 el promedio anual de extracción era de 27 millones de metros cúbicos; en los años 90 era de 39 millones de metros cúbicos, con un pico de 90 millones en 1998. Actualmente la extracción ronda los 40 millones de metros cúbicos. Ese salto en la extracción está explicado por la exportación. En 1989 se exportaba un millón de metros cúbicos, y en 1998, 18 millones de metros cúbicos.
En la década que va de 1989 a 1998 el consumo interno creció el 19,9 por ciento y la extracción creció el 83,8 por ciento. Este aumento en la extracción no está explicado por las necesidades de consumo de los argentinos sino por la necesidad de exportar de las empresas, que aumentaron las exportaciones en un 1.846 por ciento.
Ese fue el motivo de la decisión de privatizar YPF: el saqueo de los recursos energéticos de nuestro país. Por ello, y como consecuencia, las reservas certificadas en 1998 eran de 14 años, en 2004 de 9 años y actualmente no llega a los 8 años; algunos calculan que hay reservas para 7 años. En dos o tres años nuestro país comenzará a importar este producto y después se convertirá en importador por completo.
Las extracciones de gas también crecieron exponencialmente, en parte por una decisión política de sustitución del uso del petróleo en el consumo interno, pero también creció la exportación de gas a los países limítrofes.
En ese contexto de crecimiento de las importaciones y de suba del consumo, en lugar de crecer las exploraciones decrecen. De 1980 a 1989 había 117 pozos explorados, de 1990 a 1999, había 99 pozos, y de 2000 a 2004, 26 pozos. Esto no se explica por el precio del petróleo, que creció de 11 dólares el barril en 1998 a 35 dólares en 2004. En la actualidad el barril está a más de 66 dólares, con la perspectiva de aumento por cuestiones estacionales en los próximos meses.
Es decir que entre 1999 y 2004 la renta petrolera en la Argentina aumentó 200,5 por ciento. En términos absolutos en 1999 la renta petrolera fue de 2.373 millones de dólares anuales; en el 2000, 5.273 millones; en 2001, 4.075 millones; en 2002, 4.444 millones; en 2003, 5.562 millones; en 2004, 7.132 millones, y en 2005, 7.214 millones de dólares. Se calcula que en 2006 la renta petrolera será de 8.800 millones de dólares.
Queda absolutamente claro que es enorme la rentabilidad de las empresas, que han decidido no explorar nuevos pozos, no generar inversiones de riesgo y apropiarse de la renta merced al trabajo hecho por YPF antes de la privatización.
Por su parte, el Estado se apropia de un tercio de la rentabilidad. Si hacemos una comparación con otros países que a juzgar por los actos que se organizan parecieran ser espejo de lo que debería ser la Argentina, veremos que Venezuela se apropia de los dos tercios de la rentabilidad petrolera, Ecuador se apropia de cerca de los dos tercios de esa rentabilidad y México –un país con gobierno de derecha‑ se apropia de dos tercios de la rentabilidad, porque todos ellos tienen una empresa estatal que no privatizaron ni remataron.
Entonces, queda en claro que la falta de exploración no es un problema de precio ni de rentabilidad, sino que responde a la decisión lisa y llana de obtener el máximo rendimiento en el menor tiempo, sin que les importe un comino el futuro de un recurso que es estratégico para la Argentina y geopolíticamente estratégico en el mundo, a tal punto que las últimas guerras se han dado por el gas y el petróleo como última ratio.
La hipótesis de crecimiento para 2006 implicaría un aumento de la demanda del recurso energético del 36 por ciento, mientras que la de mínima –que es la que el gobierno refleja en su presupuesto‑ representaría un aumento del 26 por ciento. Queda claro que nos encontramos ante un problema gravísimo.
Esas cifras demuestran claramente cuáles fueron los objetivos de las decisiones que se tomaron en su momento. Aquí hubo una cadena de decisiones: la privatización de YPF; la desregulación de la actividad petrolera; la venta de acciones de las provincias a Repsol, lo cual significó una segunda privatización; el remate de la acción de oro que pertenecía al Estado, que representó una tercera privatización; la libre disponibilidad del crudo y las divisas para los exportadores de petróleo; la prórroga de las concesiones que se otorgaron a principios de siglo, y la creación de una sociedad anónima cuyo objetivo es tercerizar las reservas petroleras que la Argentina tiene en la plataforma submarina. El último eslabón de esta cadena es el proyecto que hoy vamos a votar.
Todo eso se da en un contexto de ausencia de auditorías en la extracción, de controles en la exportación y de sanciones por datos falseados. Con respecto a esto último cabe señalar que la modificación de la declaración jurada que hizo Repsol ante la SEC de los Estados Unidos le valió una sanción en Bolivia. El problema fue tan grave que el presidente y el vicepresidente de Repsol YPF terminaron presos. Sin embargo en la Argentina, en lugar de investigar, de mandarlos presos, de discutir, de auditar y de revisar, se decide subsidiarles las exportaciones, descargarlos impositivamente y permitirles que importen libremente. Es decir que mientras Bolivia los pone presos y los investiga, la Argentina los subsidia y les permite enriquecerse.
Por ese motivo nosotros planteamos la necesidad de crear una comisión bicameral para investigar los negocios petroleros. No podemos permitir que se siga saqueando el país de la manera en la que se lo viene haciendo sostenidamente y sin solución de continuidad desde principios de los años 90, por más que hayan cambiado los gobiernos.
Necesitamos una estrategia energética diferente, que debe partir del desarrollo de fuentes de generación de energía alternativa, del desarrollo de combustibles alternativos y del uso racional de la energía. Esto no es lo mismo que hablar de supresión o de restricción en el uso de la energía.
Esa nueva estrategia sí tendría que ser subsidiada y estar en manos del Estado, porque no podemos permitir que aumente la renta de las grandes empresas que saquearon el país.Este proyecto, que es el último eslabón de esa cadena que describí, más todas las decisiones que se tomaron con anterioridad, nos dejan con un panorama energético irresponsable, con un alto grado de regresividad tributaria, con una profundización de la injusta distribución del ingreso y con un grave problema ambiental, que es el de los pingüinos empetrolados. (Aplausos.)