Por Emilio García Méndez ari :Petróleo: Un escándalo silencioso

Se podría decir que un escándalo silencioso es un doble escándalo. Exactamente esto es lo que ha ocurrido el miércoles 13 de septiembre cuando la Cámara de Diputados, en una tan vergonzosa cuanto  confusa sesión (mitad del proyecto se reescribió a los gritos en el propio recinto), dio media sanción a un “Régimen promocional de exploración y explotación de hidrocarburos”. Bajo este pomposo nombre hay algo de viejo y algo de nuevo, donde en todo caso la entrega ignominiosa de nuestros recursos naturales constituye el hilo conductor y la constante. La tragedia de la privatización de YPF fue reiterada otra vez como tragedia, envuelta ahora en títulos y clichés “nacionales y populares”, que ni todos los propios encargados de defender el esperpento parecían tener estómago para soportar. De lo viejo este régimen promocional, que políticamente termina por blanquear y legitimar la privatización menemista, mantiene la libre disponibilidad del crudo para las empresas extranjeras que lo  explotan y que nos venderán nuestro petróleo a precios internacionales. Pero lo nuevo es más sorprendente aún.

La búsqueda de un petróleo con precios siderales en el mercado internacional, cuya diferencia entre su costo de producción y su costo de venta varía últimamente entre 10 y 13 veces (por eso, la muy capitalista Noruega derogó absolutamente el concepto de regalías y aplica un impuesto del 78% a las ganancias netas de las compañías petroleras), será subvencionada con recursos del Estado nacional. Beneficios a través del IVA y exenciones a la importación, constituyen algunas de las medidas que dispone esta verdadera perla negra de una etapa, que precisamente en estos aspectos pretende  presentarse como negación de las anteriores.

En términos estrictamente económicos, es posible que ni la subvención del champagne tuviera la dimensión de aparente irracionalidad que tiene esta medida.

Pero “la fiebre no está en las sabanas”, como dice un viejo refrán. En todo caso ninguna ley (ni DNU) pone más al descubierto el carácter estratégico y central de la sorda alianza con la industria petrolera, que propone un gobierno que en muchos aspectos parece decididamente orientado a seguir la metodología del tero.
Pero una cuestión no menos preocupante del problema que, por otra parte, duplica el escándalo, se refiere a la falta de reacción de una sociedad, que no logra procesar el carácter vertiginoso de los acontecimientos que se suceden (la ley se votó deliberadamente a una hora en que se aseguraba que no sería tapa de los diarios del día siguiente).

¿Hasta cuándo ciertas propuestas y logros en materia de derechos humanos mantendrán ciertas mentes y manos maniatadas, frente a escándalos como éste? Recoger y procesar con seriedad este tipo de contradicciones, parece ser una tarea central del futuro inmediato. En todo caso, no habrá entrega del patrimonio nacional que desmerezca la negociación de la deuda externa y  varios aspectos de la política de derechos humanos. Sin embargo, tampoco habrá política correcta que justifique una claudicación vergonzosa que probablemente en muy poco tiempo el Senado (para usar un verbo caro a Jorge Luis Borges), habrá de “perpetrar