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GORBACZ PRESENTÓ EL PROYECTO DE LEY DE FINANCIAMIENTO SANITARIO.

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en octubre 4, 2006

El diputado Leonardo Gorbacz presentó hoy el proyecto de ley de  financiamiento sanitario. La iniciativa busca fortalecer los hospitales y centros de salud públicos municipales y provinciales, a través de la transferencia de fondos nacionales. Se propone que Nación aumente el presupuesto destinado a la atención de la salud en cuatro años, lo que llevaría a que la inversión total se duplique. “Le exigimos a las provincias que garanticen un salario mínimo que no sea menor a la canasta familiar, que no arancelen hospitales y que no reduzcan su aporte presupuestario”, dijo Gorbacz. Y a continuación remarcó: “este proyecto significa un shock presupuestario fenomenal”.

El diputado de ARI Leonardo Gorbacz presentó, esta tarde en Buenos Aires, el proyecto de ley de financiamiento sanitario. La iniciativa, que había sido expuesta por el arista en la sesión de la Comisión de Salud celebrada en Jujuy, busca fortalecer la red pública provincial y municipal del cuidado de la salud, mediante la transferencia de fondos nacionales a esas jurisdicciones. Concretamente, el proyecto propone que Nación aumente el presupuesto destinado a la atención de la salud en cuatro años, lo que llevaría a que la inversión total se duplique. La iniciativa, compartida con la diputada Fabiana Ríos, cuenta con el aval de todo el bloque de diputados del ARI.

    Gorbacz explicó que: “proponemos que el presupuesto nacional destinado a la atención de la salud aumente en forma constante y proporcional, hasta alcanzar como mínimo el 3% del PBI nacional en el año 2010. Planteamos que éste incremento de la inversión en salud debe asignarse consensuadamente entre la Nación y las jurisdicciones, para ser destinado exclusivamente a centros de salud y hospitales públicos, prohibiéndose totalmente la derivación al sector privado”.

    “La propuesta es que los recursos que transferirá la Nación sirvan para la construcción y mejoramiento de hospitales, incorporación de trabajadores, adquisición de nueva tecnología, estabilidad laboral y capacitación de trabajadores. También apunta a incentivar el mecanismo de dedicación exclusiva en todo el país”, comento el funcionario.

    El diputado enfatizó que: “Le exigimos a las provincias que garanticen un salario mínimo que no sea menor a la canasta familiar, que no arancelen hospitales y que no reduzcan su aporte presupuestario”.

    “El sistema de salud público está en una crisis profunda por un modelo liberal donde la salud es tratada como un problema de cada uno y no como un tema social. Este proyecto significa un shock presupuestario fenomenal que apunta a dar vuelta esta historia”, remarcó Gorbacz.

    Para finalizar, el parlamentario expresó: “esta propuesta permitirá fortalecer nuestros Hospitales y Centros de Salud Públicos a lo largo y a lo ancho del país, y de ese modo garantizar el cuidado de la salud de todo el pueblo.

 

 

   

LEY DE FINANCIAMIENTO SANITARIO

CREACION DEL PROGRAMA NACIONAL de FORTALECIMIENTO FINANCIERO de LA RED PÚBLICA ESTATAL de SERVICIOS de CUIDADO de la SALUD

 

ARTICULO 1º) Créase el Programa Nacional de Fortalecimiento Financiero de la Red Pública Estatal de Servicios del Cuidado de Salud, el que tendrá por objeto el fortalecimiento de la red pública provincial y municipal del cuidado de la salud mediante la transferencia de fondos nacionales a esas jurisdicciones, de modo que entre 2007 y 2010, la inversión consolidada (nación, provincias y municipios), en el rubro Atención Pública de la Salud aumente en forma constante y proporcional, hasta alcanzar como mínimo el 3 % del PBI nacional en el año 2010.

OBJETIVOS 

ARTÍCULO 2º)  Los Objetivos del Programa son:

a)      Fortalecer el rol indelegable del Estado nacional como garante del derecho a la Salud, entendido como derecho humano fundamental para el conjunto de los habitantes de nuestro país.

b)      Promover la universalidad en la accesibilidad y calidad de las acciones del cuidado de la Salud para el conjunto de los habitantes de nuestro país,

c)      Promover políticas destinadas al cuidado integral de la Salud, incluyendo acciones de promoción, prevención, asistencia y rehabilitación de la Salud, comprendiendo tanto las dimensiones colectivas como las singulares del proceso salud /enfermedad/atención.

d)      Consolidar una efectiva  articulación de la red público-estatal de servicios de Salud de toda la República Argentina.

e)      Fortalecer la formación profesional de los trabajadores de todas las especialidades, modalidades, ámbitos y  niveles del sistema público de  Salud de la República Argentina.

f)        Mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de todas las especialidades, modalidades, ámbitos y niveles del sistema público de Salud.

g)      Incrementar la inversión en infraestructura y en equipamiento de los hospitales y centros de Salud que integran el sistema público de Salud.

h)      Jerarquizar el lugar de los usuarios y los trabajadores de la Salud en la definición de políticas y estrategias del sector.

i)        favorecer la progresiva implementación del sistema de dedicación exclusiva para profesionales en el sistema público de salud.

FINANCIAMIENTO

ARTICULO 3º) El presente aumento de la inversión en Salud será financiado con fondos del Presupuesto Nacional, sin que en ningún caso las provincias que adhieran a la presente ley puedan disminuir su contribución, medida en porcentaje del PBI Nacional, a la realizada durante el año 2004, año que se toma como base para el cálculo y en el cual el gasto consolidado en Atención Pública de la Salud sumó 1,88% del PBI distribuido en 1,53% de las Provincias y Municipios y 0,35% de la Nación .

Dicho incremento del presupuesto para el financiamiento de la Atención Pública de la Salud no modifica la obligatoriedad de los Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud y de las Empresas de Medicina Prepaga de pagar las prestaciones realizadas a sus respectivos afiliados/asociados según la normativa vigente.

PROHIBICIÓN

ARTÍCULO 4º) La asignación de los fondos derivados del aumento de la inversión en Atención Pública de la Salud dispuesto por la presente ley no podrá ser directa ni indirectamente destinada a contratar servicios tercerizados bajo ninguna forma jurídica.

 

COEFICIENTES DE DISTRIBUCIÓN

ARTÍCULO 5º) En la reglamentación de esta ley la autoridad de aplicación confeccionará un coeficiente de distribución entre las distintas jurisdicciones que abarcará la totalidad de los recursos afectados al presente programa, y que se actualizará anualmente.

1.      Participación demográfica de cada jurisdicción el total nacional (50% de ponderación)

2.      Cantidad de población por debajo de la línea de pobreza y de la línea de indigencia de cada jurisdicción sobre el total nacional (35% de ponderación)

3.      Los mayores costos de atención ligados a una menor densidad demográfica y/o un mayor costo de vida en cada jurisdicción (15% de ponderación).

AUTORIDAD de APLICACIÓN

ARTICULO 6º)    El Ministerio de Salud de la Nación, será la autoridad de aplicación de la presente ley.

                                                             CONVENIOS con las JURISDICCIONES

ARTICULO 7º) El Ministerio de Salud de la Nación, en su carácter de autoridad de aplicación de la presente ley, llevará a cabo convenios bilaterales con las jurisdicciones que adhieran a la misma, en los que se consensuarán anualmente las líneas estratégicas, las acciones programáticas y las metas a cumplir por cada jurisdicción.

Estos convenios deberán incluir indefectiblemente mecanismos de monitoreo de la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos, con referencia a los  objetivos establecidos en el artículo 2° y de la asignación por prioridades establecida en el artículo 5º de la presente ley.

La planificación y la formulación de acciones se destinarán exclusivamente al fortalecimiento de los Hospitales y los Centros de Salud Público-estatales incluyendo:

a)      La consolidación de mecanismos de articulación efectiva, bajo el formato de redes locales, regionales y nacionales de complementariedad, de los hospitales y centros de salud público-estatales.

b)      La incorporación de trabajadores de la salud de distintas disciplinas, y formalización de las relaciones laborales, según las necesidades de cada jurisdicción.

c)      La opción para los profesionales que actualmente se desempeñan en cargos con dedicación parcial y los nuevos a incorporarse en hospitales y centros de salud público-estatales, de incorporarse a programas de Atención pública de la Salud, con la modalidad de dedicación exclusiva.

d)      El desarrollo de programas de capacitación de los trabajadores de la salud pública, privilegiando las propuestas de formación / educación continua, interdisciplinarias y en servicio.

e)      El desarrollo de infraestructura y la incorporación de tecnología apropiada a la planificación estratégica consensuada.

REQUISITOS

ARTICULO 8º) A los fines de firmar los convenios referidos en el artículo 8 de la presente, las jurisdicciones deberán cumplir ineludiblemente con los siguientes requisitos:

a)      Asegurar la absoluta gratuidad en el acceso de toda la población al sistema público de salud de su jurisdicción. No se admitirán jurisdicciones que mantengan el arancelamiento en sus hospitales o centros de salud públicos, aún en los casos en que estuvieran establecidos sistemas de evaluación de capacidad de pago para exceptuar del arancel. El presente requisito no incluye el cobro a terceros pagadores (seguros, prepagas, obras sociales) que podrá seguir realizándose sin que ello implique en ningún caso la exclusión de la asistencia a ningún ciudadano.

b)      No disminuir, medido como porcentaje del PBI Nacional, el presupuesto asignado a la atención pública de salud en el año 2004.

c)      Asegurar a todos los trabajadores de la salud que se desempeñen en las respectivas jurisdicciones un salario mínimo que, en ningún caso, podrá ser inferior al costo de la canasta básica de bienes y servicios para una familia tipo que utiliza el INDEC para medir la línea de pobreza. 

d)      Crear un consejo de seguimiento de la aplicación de la presente ley con amplia participación comunitaria y de trabajadores de la salud.

TRANSPARENCIA de GESTION

ARTICULO  9º) A los efectos de dotar de una mayor transparencia a la gestión pública, la estructura programática de los presupuestos anuales de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá reflejar en forma separada la asignación de los recursos transferidos en virtud de la presente ley, de modo de facilitar su seguimiento, monitoreo y evaluación en los términos que establezca la reglamentación de la presente ley.

Esta información deberá estar disponible públicamente en sus páginas web durante el año de ejecución presupuestaria, para corroborar el cumplimiento de las metas establecidas en la presente ley.

Asimismo, la información referida tanto a las metas anuales, como a las metodologías, los resultados de las evaluaciones de cumplimiento de las mismas y los recursos invertidos en las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será de amplio acceso y difusión pública. A tal fin, en los convenios bilaterales a los que se refiere el artículo anterior, se establecerán los mecanismos e instrumentos mediante los cuales esa información será puesta a disposición de la sociedad.

ADHESIÓN

ARTÍCULO 10º) Invítase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

 

El Estado debe ser garante del derecho a la salud para todos los ciudadanos. Para cumplir adecuadamente con ese rol central, es necesario revertir progresivamente la inequidad en el acceso a su cuidado.

 

El derecho a la salud ha sido consagrado como derecho constitucional a partir de  Declaraciones, Protocolos, Convenciones y Pactos internacionales que nuestro país ha ratificado e incorporado expresamente en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, a partir de la reforma del año 1994.

 

En este marco, el derecho a la salud involucra tanto la responsabilidad del Estado de intervenir positivamente en relación a las determinaciones del proceso salud/enfermedad, como de garantizar un acceso equitativo e integral para su cuidado.

 

La historia de nuestro país, a partir de la dictadura militar de 1976 y del modelo neoliberal que se fue consolidando en las décadas siguientes, recorre el camino inverso de la mano de las concepciones de la globalización contemporánea.  El modelo político-económico-social y cultural hegemónico se tradujo en una profunda regresión en la distribución del ingreso y en el deterioro de las condiciones de vida y trabajo de nuestro pueblo, al mismo tiempo que el Estado se retiraba de su rol de garante de derechos sociales básicos.  

 

Este proceso tuvo múltiples implicancias tanto en la situación de salud como en  el acceso su debido cuidado, considerando que ambos estaban fuertemente ligados al empleo. Así es necesario recordar que mientras los indicadores de desocupación y trabajo en negro no superaban un dígito en las décadas de los 50s y los 60s, hoy casi el 50% de la población no tiene acceso a un trabajo digno, ni a los beneficios de cobertura de la seguridad social médica ni previsional.

 

 En este contexto, los indicadores de salud/enfermedad señalan asociaciones significativas entre los riesgos de enfermar y morir prematuramente y las diferentes  formas de desafiliación social, a partir de la pobreza o la  indigencia, a través de situaciones laborales precarias y/o inexistentes, en el marco del desamparo subjetivo e institucional.

 

En el terreno específico de las políticas de salud, y siguiendo los dictados de los Organismos Multilaterales de Crédito, se implementaron en los años 80s y 90s profundas y nefastas reformas, destinadas a mudar de sentido el derecho a la salud, transformándolo en una mercancía a consumir según la capacidad de pago de los individuos. 

 

Esta profunda transformación conceptual, tuvo su correlato en las normativas y procesos implementados en los distintos sub-sectores del sistema de salud de nuestro país.   Por un lado, se promovió el ingreso del capital financiero a través del gerenciamiento de la seguridad social, resquebrajando aún más lazos solidarios previamente deteriorados. Por el otro, se llevaron a cabo procesos de descentralización de los servicios público-estatales de salud, mientras se profundizaba el  ajuste fiscal a las provincias.

 

En el terreno específico de las políticas económicas, cabe recordar que después de la última ley de Coparticipación – año 1998 – las provincias resignaron muchos recursos a favor de la Nación, al mismo tiempo que se profundizaba el desfinanciameinto del sistema previsional en beneficio de las AFJP.

 

Según el Proyecto de Presupuesto para el año 2007, sobre un total de              $ 138.862 millones de recursos tributarios nacionales, las provincias recibirán       $ 37.639,2 millones (27%) y la administración Nacional $ 95.279,9 millones (68,6%). Esto debe a varias razones, entre ellas:

         Una parte importante de los recursos se destinan al sistema previsional.

         Varios tributos, como los Derechos de Exportación,  que se crearon en los últimos tiempos no coparticipan a las provincias o lo hacen parcialmente.   Ejemplificando esta situación, de los Derechos de Exportación que se  prevén percibir el año próximo -$ 16.027,4 millones – y de los Créditos y Débitos Bancarios que se recaudarían el año próximo: $ 12.983 millones, las provincias recibirán menos del 15%.

   Otros Impuestos que se crearon en los últimos tiempos y que no son coparticipables, son  los que se pagan con los combustibles (gasoil, naftas, etc,) y que se prevé que sumarán una recaudación de $7.072 millones para el año 2007.

 

 

En base a los antecedentes y consideraciones planteados, sostenemos en este proyecto que es el Estado Nacional el que debe hacer el mayor esfuerzo financiero para incrementar la inversión en salud destinada a fortalecer la red público-estatal de servicios de salud en todo el país.

 

De tal modo que proponemos un progresivo aumento del presupuesto nacional destinado a atención de la salud, para llegar en el año 2010 a un Gasto Público Nacional consolidado del orden del 3% del P.B.I. Esto significa, considerando la previsión de crecimiento de nuestra economía para los próximos años, aumentar el gasto público total en atención de la salud por habitante al doble.

 

Consideramos que avanzar en la construcción de salud como derecho universal garantizado por el Estado requiere intervenciones en ambos sentidos.  Por un lado, políticas públicas que transformen la trama de determinaciones sociales del proceso salud/enfermedad.  Al mismo tiempo, políticas públicas que fortalezcan el rol del Estado en el cuidado de la salud.

 

 

Proponemos que éste incremento de la inversión en salud debe asignarse consensuadamente entre la Nación y las jurisdicciones, respetando las autonomías provinciales y jerarquizando los principios de derechos y equidad como integradores a nivel nacional.

 

Para la asignación porcentual del incremento de la inversión en salud a las provincias, establecemos un sistema de ponderación que tiene en cuenta la participación demográfica de cada jurisdicción, pero prioriza también la situación de pobreza y/o indigencia, tanto como determinante de la situación de salud/enfermedad como por las diferentes barreras a la accesibilidad a los servicios de salud que conlleva. Asimismo tiene en cuenta los mayores costos derivados de una menor densidad poblacional o mayor costo de vida relativo de la región.

 

Planteamos que el aumento de la inversión en salud estará destinada exclusivamente al fortalecimiento de la red público-estatal de salud, a partir de un incremento  progresivo, que revierta eficaz y eficientemente el deterioro institucional de los establecimientos público-estatales de salud. Por ello planteamos taxativamente la prohibición de destinar los fondos que se transfieren a partir de esta Ley a cualquier forma de tercerización de los servicios de salud. 

 

Asimismo, jerarquizamos el rol de los  profesionales y de los trabajadores de la salud en general, como protagonistas de la urgente y necesaria transformación institucional.  Entendemos que dicha transformación implica una reorientación de la praxis hegemónica, hacia un modelo de cuidado de la salud que reconozca a los usuarios como sujetos de derecho y a los trabajadores condiciones dignas para su desempeño laboral.

 

La Ley prevé una serie de políticas a encarar a partir de la mejora en el financiamiento del sistema público, incluyendo inversión en infraestructura, tecnología, capacitación, incorporación de personal y progresiva incorporación de sistemas de dedicación exclusiva profesional. A su vez, establece como requisito para las jurisdicciones que adhieran: que no disminuyan su propia inversión en salud, fijen un salario mínimo de los trabajadores del sector en un monto que no podrá ser menor que el costo de la canasta básica de bienes y servicios para una familia tipo y la total gratuidad del sistema público, toda vez que subsisten en nuestro país centros públicos arancelados, con humillantes mecanismos de evaluación de pago para conseguir una excepción que debiera ser la regla, o sea,  el acceso libre y sin restricciones.

 

Sabemos que el fortalecimiento financiero de los servicios público-estatales de salud no es suficiente para revertir la gravedad y las urgencias que la situación de salud/enfermedad de nuestro pueblo requiere. No es posible revertir la inequidad en salud, sin desarrollar al mismo tiempo políticas públicas que permitan reconstruir una trama social de efectivo acceso al conjunto de los derechos sociales básicos.  Desde esta perspectiva, el fortalecimiento del financiamiento de  los servicios de salud procura no reproducir y agravar las situaciones de desigualdad existentes en otros ámbitos de la vida institucional y cotidiana de la población.  En este marco, los compromisos que se vayan asumiendo en los convenios entre los ámbitos nacionales y provinciales, deberán incluir pautas de transparencia de gestión y de replanteo de los modelos organizacionales a partir de la perspectiva de derechos, revisando conceptos y prácticas, construyendo salud cotidianamente en la articulación de las macropolíticas públicas y la micropolítica de los procesos de trabajo.

 

Convencidos de la importancia de esta propuesta, que permitirá fortalecer nuestros Hospitales y Centros de Salud Públicos a lo largo y a lo ancho del país, y de ese modo garantizar el cuidado de la salud de todo el pueblo, pedimos a nuestros pares que nos acompañen en la sanción  del presente proyecto de ley.//

 

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