Bloque de Diputados de Santa fé, Rosario, Justicia y Memoria

El juicio a Miguel Osvaldo Ectchecolatz y su posterior condena a reclusión perpetua    fue posible en este país que ha demostrado su fuerza política social para «no olvidar»  exigiendo justicia día a día, durante treinta años.  El movimiento de derechos humanos gestó   una acción y un discurso inclaudicable  en torno a la búsqueda de verdad y de justicia; lucha que   logró el «reconocimiento» de la verdad y  la estigmatización de los responsables. La condena  moral ha aislado socialmente a los criminales pero no alcanza.  

 

Los hechos de extrema gravedad ocurridos estos últimos días: la desaparición del sobreviviente – testigo   Jorge Julio López , las cartas intimidatorias a los jueces y fiscales  pusieron, otra vez, en el terreno de lo público   la centralidad de la justicia en la construcción de una institucionalidad  democrática.

 

Los últimos «atrevimientos» de los grupos minoritarios de personas que siguen «dando vueltas » entre nosotros dan cuenta de que se subestimó el cambio en la política de derechos humanos de los últimos años. Criminales que no han sido juzgados ni penados y que, por el contrario, han sido «protegidos» por   los indultos, las leyes  de obediencia debida o punto final sienten que ya no tienen lugar en una sociedad que, a través de la justicia, llega a la verdad. Y frente a esa realidad, proceden con las armas de siempre: el anonimato, la provocación, prácticas atemorizadoras   y profundamente descalificadoras de la democracia y de la justicia. La amenaza es  un delito calificado que deberá ser   investigado y tiene responsables directos que tendrán que salir de las sombras para ser juzgados como corresponde. Del mismo modo,  se deberá garantizar el desarrollo de los juicios con la protección de los testigos. No es un tema de custodios, es un tema de protección política y social. Ya nada podrá detener los juicios por crímenes   genocidas  ocurridos en la dictadura militar. El estado argentino y la sociedad civil permitieron que se iniciaran los juicios y eso es irreversible, así lo manifiesta   Rozanski,  primer juez nombrado por concurso por el Consejo de Magistratura.  En todo el país, los juicios reabren la historia y son la esperanza de un país que apuesta a una democracia con justicia ..

 

 Es responsabilidad de todos no olvidar esta conquista social y política que recuerda    el pasado para poder pensar un presente-futuro. El trabajo doloroso que implica «dar testimonio» es posible en el marco de un  reconocimiento social y jurídico   de una historia trágica: un genocidio político, económico y social que condicionó nuestro presente y compromete nuestro futuro. Un genocidio que contó con la complicidad de sectores políticos, civiles y eclesiales. Un genocidio que debe ser juzgado. Frente a la deudas de la justicia : políticas de memoria.

 

 En estos treinta años, la memoria colectiva ha librado varias batallas contra el olvido; la teoría de los «dos demonios» y la teoría de «hay que dejar de mirar el pasado»   se enfrentó y enfrenta  con  otros relatos   y, sobre todo, a las preguntas de los más jóvenes . Preguntas que no sólo quieren saber ¿ qué pasó?   sino ¿cómo fue posible que pasara?.

 

En estos días, vuelven a aparecer los relatos del pasado fragmentados y oportunistas. Y, nuevamente la memoria colectiva se esfuerza-entre la angustia y la esperanza- por encontrar los sentidos de la historia   reciente en un presente con resabios evidentes de otros tiempos: atropello e impunidad  de acciones y discursos; procedimientos «ilegales» destinados a crear miedo e inseguridad social.

 

La memoria es un relato social . Se hace necesario el debate público acerca de cómo se construye ese relato . Evidentemente, existe una parte de la sociedad que pretende imponer-por la fuerza-   su versión de los hechos y para eso hace  desaparecer  voces, intimida   otras, amenaza como siempre con la muerte. Vuelve a instalar entre nosotros la figura del «desaparecido».

 

Así, se transparentan las diferencias entre el recuerdo de los que privilegian el reclamo del «orden» y el recuerdo de los que siguen demandando una sociedad justa y solidaria.  

 

Recordar es un imperativo ético y político. No será cuestión de un relato único y totalizador ni de un pasado incuestionable. Tal vez, sea el mismo presente de hambre, de injusticia , de exclusión social   el que nos obligue a pensar en el pasado o al revés, el pasado  interpele nuestro  presente. Pero, para eso,   para  «no olvidar» se debe condenar una política de Estado que consideró superflua la vida humana y ejecutó un plan de gobierno basado en el aniquilamiento   sistemático en todos los planos ideológico, económico, social y político .

 

En esa tarea, los actores políticos, sociales y culturales tenemos una responsabilidad   fundamental. No es el momento de  disputas individuales e interesadas.  Es un momento histórico que necesita de la unidad de los sectores políticos, sociales y comunitarios en defensa del valor de la vida y la justicia para la consolidación de una democracia   en la que  la vida de todos los ciudadanos sea un problema de Estado.

 

 

 

Proyectos Ingresados

 

 

 

En sintonía con esta postura el Bloque de Diputados ARI, por iniciativa de la diputada Alicia Gutierrez, presentó dos proyectos en la sesión del día de ayer jueves 6.

 

Uno de ellos es un Proyecto de Declaración en el que se repudian las declaraciones del ex dictador y genocida Reynaldo Benito Bignone   quien expresó «Terminen lo que nosotros no supimos ni  pudimos terminar». La consigna del militar,  implica una clara instigación a cometer delito, aquellos delitos aberrantes por los que el genocida Bignoni estuvo preso tras haber sido considerado por la justicia como responsable del plan sistemático del robo de bebés.

 

Por otro lado se ingresó un Proyecto de Comunicación en el que se solicita al Poder Ejecutivo Provincial la coordinación de acciones con el Gobierno Nacional para la aplicación del Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputaos creado por la Ley Nº 25764 y sus modificaciones.

 

¡Aparición con vida ya de Julio López!
¡Desmantelamiento del aparato represivo!
¡Juicio y castigo a todos los culpables!

 

 

 

Bloque de Diputados Provinciales ARI

Antonio Riestra

 

Alicia Gutierrez

 

Verónica Benas

 

Aldo Strada