La Cámara de Diputados aprobó ayer y convirtió en ley un proyecto que suspende por cuatro años los desalojos en las tierras

La Cámara de Diputados aprobó ayer y convirtió en ley un proyecto que suspende por cuatro años los desalojos en las tierras actualmente ocupadas por comunidades indígenas de todo el país y establece un fondo fiduciario inicial de 30 millones de pesos para la realización de un censo poblacional y estudios catastrales con el propósito de comenzar a resolver los conflictos vigentes por la propiedad de distintos territorios

La norma fue aprobada por 124 votos a favor, 12 en contra y 9 abstenciones. El proyecto, originado en una iniciativa de la senadora Sonia Escudero (PJ-Salta) aprobada por el Senado en agosto úlimo e impulsada por el kirchnerismo en la Cámara baja, propone declarar la emergencia en materia de posesión y propiedad en las tierras que ocupan las comunidad indígenas originarias. La norma suspende, de hecho, por cuatro años la ejecución de sentencias de desalojo de tierras, siempre que la posesión sea actual y fehacientemente acreditada por los pobladores locales.

Mientras los desalojos quedan suspendidos, empezará a regir el fondo especial, denominado de «reparación indígena», administrado por el Banco Nación y que consiste en 30 millones de pesos más otros 30, divididos en tres años, cuyo objetivo será el relevamiento poblacional, jurídico y catastral de los territorios en disputa. En el directorio del fondo fiduciario habrá representantes del Ministerio del Interior, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, una veintena de comunidades originarias reconocidas y con personería jurídica y las provincias que contienen población indígena.
En defensa del proyecto oficial, Marta Maffei (ARI-Buenos Aires) se mostró en favor de «resolver los desalojos de los indígenas que son corridos por las empresas».