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Ampliación presupuesto 2006 – Deudores hipotecarios -Dip MAFFEI-PÉREZ

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en noviembre 11, 2006

Intervenciones de los Diputados del ARI

Adrián Pérez

modificación de la ley 26.078, de presupuesto general de la administración nacional para el ejército fiscal 2006

Sr. Pérez (A.).- Señor presidente: adelanto el voto negativo del ARI al proyecto en tratamiento. Voy a explicar las tres o cuatro cuestiones centrales que motivan nuestro voto negativo.
En primer lugar hay que decir que no estamos ante una novedad. Cada vez que discutimos un proyecto de presupuesto surge el debate respecto de una mecánica utilizada por este gobierno desde la aprobación del primer presupuesto de su gestión, que fue el del año 2004. Es la mecánica de la subestimación del crecimiento económico o del establecimiento de una pauta muy inferior a la que efectivamente se va a dar, de la subestimación de la recaudación y, por lo tanto, del manejo posterior de esos excedentes presupuestarios a discreción del Poder Ejecutivo, mediante decretos de necesidad y urgencia.
De esta forma se manejaron 16.000 millones de pesos en el año 2004, 10.000 millones en el año 2005, y hoy –al corte del 13 de octubre‑ tenemos excedentes presupuestarios por 11.000 millones de pesos. Y esto va a volver a ocurrir el próximo año, porque en el presupuesto para 2007 la pauta de crecimiento es del 4 por ciento, cuando todas las estimaciones privadas indican que el crecimiento va a estar por encima del 7 por ciento.
De manera que en el año 2007 vamos a tener nuevamente excedentes presupuestarios porque, insisto, la mecánica se repite ya sea que estén Lavagna o Miceli.
En realidad, respecto del excedente lo que estamos discutiendo es una especie de ratificación ex post de cuestiones que ya se decidieron y devengaron. Gran parte de estos recursos ya están asignados, por lo que el rol del Parlamento es simplemente ratificar las decisiones que ya se tomaron.
Tanta es la fuerza de los superpoderes que el proyecto fue presentado el 25 de octubre, estableciéndose   un corte al 13 de octubre respecto de los excedentes estimados. Sin embargo, el 18, 25 y 30 de octubre el jefe de Gabinete tomó tres decisiones administrativas que incrementaron el presupuesto en mil millones de pesos.
Por lo tanto, estamos discutiendo algo casi superfluo, porque dada la posibilidad del jefe de Gabinete de asignar recursos poco importan las decisiones del Parlamento.
El miembro informante por el oficialismo hacía referencia a algunos incrementos positivos, más allá del incumplimiento concreto del fallo de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la movilidad de los haberes jubilatorios.
Como un dato positivo, se pueden mencionar los incrementos de las pasividades. Hablo del decreto 764, que aumentó el haber mínimo; del 267, que incrementó el mínimo y el máximo de la prestación mensual por desempleo, y del 599, que incluyó la contención familiar por fallecimiento.
En todo caso, estamos adecuándonos a decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo. Este es el único rol que compete al Parlamento: no puede discutir cómo se asignan los recursos, ya que va detrás de las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo.
Hay una segunda cuestión que me parece central. Si debemos discutir cómo asignar los excedentes, lo menos que requerimos es que el Poder Ejecutivo envíe una información precisa sobre estas asignaciones.
La verdad es que lo que más aumenta es el servicio de la deuda, y la única explicación que da el Poder Ejecutivo reside en que el fuerte incremento es para posibilitar la atención de los servicios financieros de la deuda pública correspondiente a los intereses en moneda nacional, en moneda extranjera, y a los intereses de préstamos del sector externo.
Esta es la única explicación que brinda el Poder Ejecutivo respecto del salto en los servicios de la deuda. La falta de fundamento es otra de las cuestiones que hemos criticado en esta iniciativa.
La tercera cuestión se vincula con el destino concreto de los fondos. Disiento con el miembro informante. Está claro que una gran cantidad de recursos se destinan a subsidios al sector privado, y no es cierto que no haya que valorar la prestación del servicio. Efectivamente, hay que hacerlo porque se subsidian empresas que prestan un pésimo servicio a todos los usuarios.
Para las empresas de transporte automotor de pasajeros se destinaron 396 millones de pesos. Para las ferroviarias, 270 millones, y otro tanto para CAMMESA. Se asignaron más de 2.000 millones de pesos en subsidios para el sector privado. Hemos criticado esta mecánica por su falta de control, lo que se plasma en este proyecto de ampliación presupuestaria.
El señor diputado Giubergia decía que esperaba que nuestras provincias, por lo menos, disfrutaran de alguno de estos subsidios. Tengo malas noticias para el señor diputado, porque todos los subsidios se quedan en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. No hay un solo beneficio para las provincias, por lo que existe una fuerte discriminación.
No entendemos la referencia al acta-acuerdo entre la Argentina y Paraguay por Yacyretá.
En realidad, se trata de un acta-acuerdo de la que nosotros tomamos conocimiento por medio de los diarios. Jamás pudimos encontrar el contenido de ese acta-acuerdo. Lo razonable hubiera sido que el Parlamento tuviera noticias del tema para hacer una evaluación. Sin embargo, nunca fuimos informados de ello en este Congreso.
Durante todo este año hemos reclamado la posibilidad de que el Parlamento discuta seriamente qué hacer con los excedentes presupuestarios. Incluso, existe un proyecto del señor diputado Lozano que hemos acompañado desde diferentes bloques.
Muchas veces hemos reclamado discutir estas cosas seriamente en comisión. Está claro que eso no ha ocurrido y que este proyecto ha sido puesto a consideración de este cuerpo en quince días. No hace más que ratificar decisiones ya tomadas por el Poder Ejecutivo o por el señor jefe de Gabinete de Ministros respecto de la asignación de los recursos.

 No estamos de acuerdo con esta metodología y por eso vamos a votar negativamente este proyecto de ley.

Marta Maffei

principio de INTERPRETACIÓN de las normas de emergencia pública

Sra. Maffei.- Señor presidente: el señor diputado preopinante acaba de manifestar que se tuvieron a la vista veintiún proyectos. Evidentemente deben haber tenido los ojos cerrados porque ninguno de esos veintiún proyectos fue considerado en absoluto. Algunos de esos proyectos tienen dos años, y otros uno, y fueron innumerables las veces que se pidió a la Comisión de Justicia que los tratara.
En la Comisión de Vivienda se trabajaron varios de esos proyectos. Trabajaron los asesores, se consensuó un proyecto sobre la base de varias iniciativas presentadas por diversos señores diputados. Pero ni una línea de esos proyectos fue considerada.
Sin embargo, el proyecto del Poder Ejecutivo se trató en una hora, sin que se permitieran modificaciones  y sin que se incluyera absolutamente nada. Así como el señor diputado preopinante dice que creyeron que la ley 25.798 iba a resolver el problema de los deudores hipotecarios, pero hoy para todos es clarísimo que no resolvió absolutamente nada; y este proyecto de ley tampoco va a resolver nada respecto del fondo de la cuestión. Sin duda, podrá aliviar la situación de algunos escasísimos deudores hipotecarios, pero la mayoría queda afuera.
Sobre un total de aproximadamente 85.000 deudores hipotecarios esta ley incluirá a 1.500 personas que supuestamente se verán beneficiadas si los jueces que declararon la inconstitucionalidad de la ley 25.798 y de todas las prórrogas aceptan que una ley interpretativa de esa norma no sea declarada inconstitucional.
Con toda claridad, existe una absoluta contradicción en el tratamiento de esta ley para los deudores hipotecarios. Se trata de gente que en algunos casos pagó el 60, el 70 o el 80 por ciento del valor de la propiedad, que en muchos ocasiones ya ha sido rematada; y muchas de esas propiedades seguirán siendo rematadas porque se seguirá declarando la inconstitucionalidad de la ley.
También es una actitud contradictoria la que se toma ahora, en relación con los créditos para los inquilinos. Un inquilino que no compró, que no hizo absolutamente ningún aporte, tendrá diez, veinte o treinta años de cuotas para pagar una casa; pero un deudor hipotecario deberá pagar en cuarenta y cinco días porque si no se queda sin la propiedad.
¿Qué pasa con los deudores preconvertibilidad? Ninguno de ellos está incluido. ¿Qué ocurre con los deudores bancarios? Ninguno está incluido. Mientras los bancos sigan diciendo que no, esta ley no modificará absolutamente nada y esos deudores seguirán quedando afuera.
¿Qué ocurrirá con los deudores anteriores al 1° de diciembre de 2001? Esta es la cuestión grave y central de este asunto. Usted sabe muy bien, señor presidente, que durante los años anteriores al desastre de 2001 –1998, 1999, 2000 y 2001‑ muchísimas provincias reiteradamente pagaron con bonos los salarios de los trabajadores –Lecop, Evita, Cecacor‑, ninguno con convertibilidad y ninguno tomado por los bancos.
Allí se origina la mayor deuda hipotecaria, pues la gente que tenía en sus manos los bonos perdía el 20, el 30 o el 40 por ciento al canjearlos; dejaba de comer porque canjeaba los bonos para pagar la casa, e incluso así no podía pagarla. Esa gente no existe aquí, no está considerada, no ha sido respetada.
Nosotros presentamos un dictamen alternativo por el que se crea un fondo fiduciario, que permite la inclusión de los deudores preconvertibilidad, establece las reglas sobre las cuales se deben tomar a los deudores preconvertibilidad y determina muy particularmente de qué modo deben ser contadas las cuotas pagadas por el deudor hipotecario.
Durante años el Banco Hipotecario recategorizó el valor de la vivienda con distintas operatorias, pero nunca recategorizó el valor del pago de las cuotas que habían hecho los deudores, que en muchos casos, haciendo un conteo justo, ya no deben absolutamente nada al banco. En el proyecto en debate nada de esto ha sido considerado y todos esos deudores han quedado afuera.
Causa gracia escuchar que con una ley interpretativa nosotros explicamos al juez cuáles son los preceptos legales y constitucionales que debe aplicar. Por supuesto, gracias a nosotros el juez ahora va a saber que la Constitución Nacional está vigente y que la tiene que aplicar.
Sinceramente digo que estamos ante un nuevo mamarracho legislativo que no protege nada más que a un pequeño puñado de deudores hipotecarios. En su inmensa mayoría los deudores van a seguir siendo lanzados como hasta ahora y quedarán fuera de toda protección legal. Este proyecto de ley es una verdadera necedad. (Aplausos.)

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