ARI-CÓRDOBA Miguel Julio Rodríguez Villafañe

Córdoba, Argentina,  Miércoles, 15 de noviembre de 2006

 

 

Opinión

Vivencias institucionales patológicas en Argentina

 

Por Miguel Julio Rodríguez Villafañe 

Abogado constitucionalista

(ARI-Córdoba).

Debe recrearse el Estado para que sea respetuoso de la ley y de las instituciones, para que busque el bienestar general, con la energía suficiente para imponer, desde la ley, en todos los ámbitos, criterios de igualdad y justicia, por sobre los privilegios y la corrupción  

En la Argentina, el sistema institucional que rige, desde lo legal, está integrado por el conjunto de reglas y principios que norman o definen la concepción del hombre y de su dignidad, sus derechos y deberes y su relación con el Estado, el régimen de convivencia, la estructura del Estado, la conformación del Gobierno y el modo de gestión gubernamental.

Este conjunto de concepciones y normas pretende estructurar positivamente un sistema, en el que todos los habitantes estén incluidos y se sientan partícipes. Inclusión ésta que conlleva la necesidad de que cada ciudadano vivencie que el sistema democrático asumido está vigente, integralmente, para todos. También el sistema debe ayudar al desarrollo en él de sentimientos y anhelos genuinos de igualdad, justicia, paz, bienestar general, solidaridad y libertad, que permitan creer posibles las utopías esenciales descriptas en la Constitución Nacional.

Todo ese conjunto de anhelos racionales e irracionales conforman las aspiraciones conscientes e inconscientes de la comunidad organizada.

Pero, en esta perspectiva de razones, hechos, derechos y sentimientos, la sociedad argentina presenta, particularmente en este momento, desde un análisis panorámico de su estructura social, tres situaciones anormales en la dinámica del sistema. Estas situaciones son el producto de la crisis del llamado Estado benefactor y de una política que implantó un modelo económico neoliberal, sin compensarlo con una estrategia integral de desarrollo humano. Por ello, hoy puede decirse que han surgido tres grupos que viven patológicamente el sistema y que podemos denominar de los privilegiados, los excluidos y los rehenes.

 

Privilegiados y excluidos.

 

Los privilegiados son los que tienen tanto poder económico y decisorio que pueden darse el lujo de tomar del sistema lo que les conviene y no respetar lo que no les resulta útil. Exigen los derechos, pero no asumen las obligaciones que les corresponden.

 Estos grupos, especialmente de poder económico, presentan en los hechos, más poder que el propio Estado, que ante ellos aparece más condicionado que determinante. Además, operan en red, manejan servicios esenciales y no responden a un patrón de país, sino, exclusivamente, a objetivos de beneficios económicos o financieros desmedidos. Sin contar que, en esta estructura de privilegios existen, además, organizaciones con modalidades delictivas o mafiosas. Este grupo, en su accionar muchas veces sin límites desde el derecho, deja en evidencia también la impunidad de los poderosos. Los excluidos son los pobres de la nueva realidad, en la que se dan un Estado y una sociedad retraídos respecto de ellos. Es el sector que pasó de estar en el margen del sistema, eran los marginados, para integrar ahora el grupo de lo excluidos. Porque antes, aun en su marginalidad, estaban en un sistema que les daba al menos trabajo, aunque más no sea changas, asistencia primaria de salud asegurada, ayuda social dignificante y educación pública gratuita de muy buen nivel. Hoy no tienen casi posibilidad de conseguir trabajo y con el pretexto de ayudarlos, particularmente el Estado, los ha vuelto dependientes de dádivas, que no alcanzan para lo esencial, pero que, en un contexto de precariedad y resignación, les va minando el deseo de dignidad y los hace más propensos a la manipulación política oportunista. Tampoco se los ayuda a pensar un horizonte, más allá del día a día y se les ha privado de la satisfacción del pan logrado con el fruto del reconocimiento a su esfuerzo. Asimismo, la salud primaria adecuada les está vedada, por la precariedad económica de la política pública en la materia. A su vez, la ayuda social estatal sistemática y organizada no se ha generalizado y fundamentalmente, la escuela pública y gratuita, deteriorada por las carencias , va perdiendo posibilidades de permitir la salida de la pobreza, desde un conocimiento adecuado a las nuevas necesidades.

Por lo tanto, este sector siente que no tiene nada que perder ni ganar en el sistema, aún más, perciben que el sistema que pregona derechos del hombre, les ha soltado la mano, los ha excluido de las posibilidades, dejándolos con sus necesidades a cuestas. Casi podemos decir, con dolor, que más de una vez, el delito se les presenta como una opción de supervivencia.

Rehenes.

Los rehenes terminan siendo la otrora importante y mayoritaria clase media argentina. Es ella la que sufre fuertemente la ruptura de las lógicas del sistema. Es el sector de la pequeña y mediana empresa, de los profesionales, de los docentes, de los empleados públicos, de los comerciantes minoristas, de los productores rurales, de los trabajadores especializados, etcétera, que padecen un Estado que aumenta la presión fiscal, pero se desentiende de sus compromisos. Son los que tienen que soportar al Estado ausente, que no garantiza educación, justicia, salud, seguridad, como promete la Constitución y a su vez, no se siente obligado a cumplir con la ley.

Asimismo, los privilegiados le precarizan a este grupo rehén las condiciones de subsistencia o de trabajo; esto último, con la amenaza del desempleo o dejarlos fuera del mercado. Por su parte, los excluidos lo tienen como sector al que les resulta más fácil hacer víctima de delitos contra la propiedad. Este sector es el que busca que se respete el sistema y se dé seguridad jurídica, porque pretende que se le respeten sus derechos, de la misma manera que se le imponen obligaciones.

Un Estado y una sociedad para todos

Hay que superar estas patologías que angustian y hacen retroceder la vocación cívica. Debe recrearse el Estado para que sea respetuoso de la ley y de las instituciones y que, en su particular papel de armonizador de los desequilibrios, busque el bienestar general, con la energía suficiente para imponer, en todos los ámbitos, criterios de igualdad y justicia, por sobre los privilegios y la corrupción. También hay que integrar a los excluidos tendiendo los puentes, humanos y materiales, que permitan salir con dignidad del estado de pobreza. Y en esa inclusión de todos, sin rehenes, desde las reglas más nobles del sistema, consolidar una historia común que nos integre solidariamente.