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Impuesto ganancias – Riachuelo – Internas abiertas – Deudores preconvertibilidad – Cedaw

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en noviembre 21, 2006

Intervenciones de los  Diputadosdel ARI

 

 Eduardo Macaluse

PRÓRROGA DE LA LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Sr. Macaluse.  Señor presidente: me parece que en el tema tributario nos debemos una discusión de fondo porque siempre lo abordamos urgidos por la coyuntura, por la necesidad de sustentabilidad del sistema o por compromisos contraídos con el extranjero. Pero nunca podemos discutir en profundidad problema que es bastante grave y ante el cual, tanto el oficialismo como la oposición, tenemos la responsabilidad de ser muy serios.
El señor diputado Snopek hacía referencia a la necesidad de tomar conciencia tributaria, cosa que comparto. Pero a continuación mencionó algo que me parece grave, porque habló de la necesidad de tomar conciencia del superávit primario. Contrariamente a lo que el presidente plantea en todos sus discursos, en foros nacionales e internacionales acerca de las políticas fondomonetaristas, la unción del superávit primario como el Santo Grial de la política económica es una política fondomonetarista neoliberal reaccionaria. Esto es muy claro, sobre todo porque va acompañado de una propuesta por la que se dispone que el 70 por ciento de los ingresos provenientes del impuesto a los débitos bancarios –que de por sí es distorsivo- se destine al pago de la deuda externa.
Debemos tomar conciencia de lo que acabo de señalar, porque en la Argentina tenemos una política tributaria débil. Esto obedece, en primer lugar,  al hecho de que nunca se ha discutido el sistema tributario como una política de Estado.
En segundo término, como nuestra sociedad se caracteriza por ser individualista, el Estado aparece generalmente como una abstracción inasible. Además, no hay experiencia en los ciudadanos acerca del traslado de los beneficios de los impuestos hacia cuestiones que le permitan resolver los problemas que se le presentan en la vida.
Por lo tanto, es importante generar una cultura tributaria, pero para eso debemos discutir cuestiones de fondo y ponernos de acuerdo en torno a los pasos que deberíamos dar.
Básicamente tenemos dos problemas serios. El primero es que el sistema tributario argentino se está haciendo cada vez más regresivo. Digo esto porque descarga sobre las espaldas de los que menos tienen mayor cantidad de obligaciones, eximiendo de ello a los que más tienen.
El segundo problema es que se ha generado una doble desigualdad, porque no sólo existe desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen, sino también entre las provincias –que generalmente son las que menos tienen- y la nación, que es la que recibe los mayores ingresos. En consecuencia, cada prórroga implica una nueva vuelta de tuerca sobre esa doble desigualdad.
Otro tema que deberíamos abordar es el de la coparticipación federal. Lo cierto es que no nos abocamos a su tratamiento porque el sistema de coparticipación de impuestos se ha convertido en una maraña inexplicable, que es difícil de comprender y de arreglar. Cada vez que se crea un impuesto de emergencia actúa como un parche diferente, con el agravante de que muchos de ellos no contemplan el compromiso de coparticipación o tienen una coparticipación desfavorable para las provincias, con lo cual la desigualdad se profundiza.
Así, nos encontramos con que los impuestos de emergencia no se coparticipan; el sistema de coparticipación se hace cada vez más complejo y la Nación se va apropiando de recursos que históricamente pertenecieron a las provincias, es decir que se va quedando con la parte del león. Pero hay un agravante más, porque el dinero apropiado por la Nación se utiliza luego como elemento de presión hacia las administraciones provinciales, a fin de que adopten decisiones políticas que no son las que libremente tomarían si recibieran esos fondos como genuinamente les corresponde.
Además, con ese accionar se terminan desfinanciando los sistemas protectivos, como el previsional o el de la salud.
Por estas razones entendemos que no habría que prorrogar la suspensión de las eximiciones, sino lisa y llanamente derogarlas.
A este sistema, que de por sí es injusto, le agregan otra injusticia: se exime a quienes tienen concentrado mayor poder económico –por ende, mayor poder de presión política-, que son los que medran con los ahorros de los argentinos, y no a las pequeñas y medianas empresas ni al ciudadano común, que cada vez que va a comprar tiene que pagar el IVA, le guste o no. Por eso uno se pregunta si es justo desgravar a quienes exportan el ahorro de los argentinos y no nos retribuyen con nada.
Por otra parte, ¿es justo gravar a los que ganan con la producción y generan mayor valor agregado al trabajo argentino?  Esta es una injusticia que se agrega al ya injusto sistema tributario.
Por lo tanto, nosotros hemos presentado varios proyectos.  Uno es de modificación del impuesto a las ganancias, por el cual se modificarían las alícuotas para que quienes más tienen paguen más.  También que se modifique, obviamente, el impuesto a los bienes personales porque hay trabajadores que están alcanzados por el impuesto a las ganancias y el de bienes personales.
También pretendemos que se modifique el IVA y se vaya descargando a los sectores que menos tienen de la responsabilidad de sostener el sistema tributario.  Queremos que se restablezca la tributación a las herencias.
Además hemos presentado dos propuestas.  Una consiste en crear una comisión bicameral, porque así como se discutió con expertos interesados en el tema el digesto jurídico, para generar un andamiaje jurídico más justo, menos complejo y más comprensible para la sociedad, también se puede ir discutiendo, en términos de políticas de Estado para el mediano plazo, un sistema tributario que sea más justo, progresivo, que resuelva los problemas de los que menos tienen y obligue a los que más tienen.
Esa comisión debería expedirse en el término de un año, luego de consultar a las provincias, a sus ministros y a académicos y expertos de las universidades.  Una vez finalizado este período nos deberíamos poner de acuerdo y gobierne quien gobierne se va a respetar por lo menos determinada estructura tributaria que tienda a resolver y proteger a los que menos tienen y a obligar a los que tienen más.
La otra cuestión que debiera ser tomada en cuenta por esta comisión es la coparticipación: una decisión de la Administración nacional de destrabar parte del dinero que se apropió a las provincias; si no, el tema de la coparticipación no va a tener resolución porque nadie quiere resignar nada, y es muy injusto pedir a las provincias que ya resignaron que vuelvan a hacer una resignación para generar mayores recursos destinados a las provincias más pobres.
Si se pudieran acordar determinados planes sociales, determinadas erogaciones vinculadas con cuestiones sociales acuciantes, un ingreso ciudadano para la niñez y la adolescencia, el financiamiento del sistema educativo, el financiamiento del sistema de la salud, con una cantidad de dinero separada de la distribución primaria –o sea, si se hiciera una separación previa y después la distribución primaria‑, se ayudaría a resolver los problemas de las provincias, el reordenamiento de la coparticipación y a generar la posibilidad de tener un sistema más racional, previsible, justo, sostenido en el tiempo, respetando políticas de Estado que todos estaríamos dispuestos a sostener.
En esta prórroga está el impuesto a los débitos bancarios, que es distorsivo, injusto y se aplica también a los que menos tienen, pero como genera recursos para el Estado es imposible derogarlo de golpe.  Pero sí habría sido bueno que en cada prórroga se hubieran bajado las alícuotas de manera tal que este impuesto que es injusto pudiera ir extinguiéndose en el tiempo.

Ni siquiera hemos podido acordar eso.  Por lo tanto, nosotros hemos propuesto un despacho por la minoría, que es el que nosotros vamos a votar y no vamos a acompañar el proyecto del Poder Ejecutivo.

precio REGIONAL diferencial del glp para las provincias del norte argentino

Sr. Macaluse.- Señora presidenta: coincidimos con el loable objetivo de abaratar el costo de la garrafa para los sectores más postergados, sobre todo aquellos que habitan en lugares de nuestro país que justamente no han sido los más beneficiados por las políticas públicas.
Aquí se habló abundantemente acerca de los abusos de las empresas. Nosotros queremos analizar cuál es el origen de estos abusos, pues no surgen de desastres climáticos ni de problemas de la naturaleza, sino que devienen del marco regulatorio o –mejor dicho‑ desregulatorio del precio del GLP, que permite que las empresas más concentradas tomen la parte del león cuando se sientan a discutir con las pequeñas y medianas empresas el precio del GLP, el que siempre termina siendo regido por reglas de mercado y por el precio internacional, dejando de lado los costos de producción.
Esto lo dijimos cuando se generó la normativa que hoy influye en el mercado. Es decir que primero se da una mecha a las empresas para que enciendan el fuego, y luego el Estado debe subsidiar a los bomberos para que lo apaguen.
Esta iniciativa tampoco resuelve el problema, porque ya se puso en práctica con el precio social de la garrafa en el gran Buenos Aires y la Capital Federal. Según conocemos, las organizaciones de defensa del consumidor constataban que había muchas dificultades para que, primero,  el precio sea cumplido; segundo, para que hubiera envases y, tercero,  para que existieran los cupos suficientes.
Es decir que el problema grave es el marco normativo que genera estas desigualdades y abusos y que consideramos que debería ser removido. Pero como el marco normativo garantiza un negocio pingüe a las empresas petroleras, no puede ser tocado y, por lo tanto, debemos ir en auxilio de sectores que están postergados y cuyo verdadero problema no será resuelto.
Esta norma va a tener dificultades de aplicación porque el problema radica en el origen y no en la aplicación de las políticas reparadoras hechas ex post facto, una vez que la normativa desató esta problemática.
Por las razones expuestas, no estamos de acuerdo con la iniciativa. Entendemos que es insuficiente para resolver el problema grave.

 

Marta Maffei

creación de la autoridad de cuenca matanza riachuelo

Sra. Maffei.- Señor presidente:  como han señalado algunos de los señores diputados preopinantes, debatimos un proyecto de ley que se relaciona con el paradigma de la contaminación nacional dados los alcances de la población involucrada, la duración del problema en el tiempo –varias centurias‑, la gravedad de la contaminación –no existe en el resto del mundo un río contaminado como el Matanza-Riachuelo‑, y una situación concreta relativa a tres cuestiones básicas: la corrupción de las jurisdicciones involucradas, las conductas de los municipios que aceptan y toleran las coimas y el soborno de empresas que viven contaminando el río Matanza y el Riachuelo, y la cantidad de empresas implicadas.  Se trata de más de cuarenta mil empresas entre las que podemos contar destilerías, mataderos, basurales y fábricas de distinta envergadura.
Por otro lado, existe una gran dispersión normativa. Hay más de doscientas leyes referidas a la cuestión, y ya no hablemos de la cantidad de resoluciones que produce cada una de las catorce intendencias involucradas. Además, hay una enorme debilidad de control de parte de la policía ambiental en nuestro país. Las dificultades que tiene que superar la cuenca Matanza-Riachuelo son enormes; estamos frente a un plexo de altísimas complejidades.
¿Cómo se instala esta problemática que data de muchísimos años?  A raíz de un informe decididamente aterrador emitido por la Defensoría del Pueblo y de una intimación de la Corte Suprema de Justicia en el juicio que la señora Mendoza iniciara contra tres jurisdicciones, donde se recogen las denuncias de asociaciones y organizaciones y se obliga al gobierno a fijar un plan efectivo de saneamiento de la cuenca; no a la confección de un acta, un acuerdo o un pacto, sino al establecimiento de un efectivo plan de saneamiento. En consecuencia, nos encontramos debatiendo un proyecto de carácter evidentemente interjurisdiccional.
¿Qué participación hemos tenido en esta iniciativa los diputados de la Nación? Una jornada de un ahora en una comisión que nunca trató los proyectos que varias bancadas presentaron con anterioridad, y no permitió la participación de organizaciones, de sociedades, de asociaciones vecinales relacionadas con la solución del problema de la contaminación.
Desde nuestro partido, junto con otros sectores políticos, hicimos una convocatoria en el Congreso durante la semana pasada, a la que asistieron cuarenta organizaciones no gubernamentales; me refiero a asociaciones de profesionales –arquitectos, ingenieros, abogados‑, entidades que representan a sectores empresariales, vecinos, es decir, una enorme cantidad de sectores que demostraron una presencia muy fuerte. Ellos tuvieron pronunciamientos muy claros pero no precisamente a favor del proyecto del gobierno. No creo que haya un solo diputado o senador de la Nación que no quiera resolver la problemática de la contaminación de la cuenca. El tema es si estamos creando un instrumento apto para resolver su conflictividad. Aquí es donde tenemos severas discrepancias.
El señor diputado preopinante citó la mitad de la biblioteca jurídica, o tal vez la cuarta parte de ella, porque el resto no comparte la juridicidad del proyecto que hoy vamos a sancionar.
¿Qué dice la iniciativa del Poder Ejecutivo nacional? Crea una autoridad de cuenca compuesta por ocho miembros, cuatro del Poder Ejecutivo nacional, dos de la provincia de Buenos Aires y dos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo crea un Consejo Municipal integrado por los catorce municipios involucrados en la cuenca, que tiene atribuciones para cooperar y asesorar, lo cual no implica dictamen vinculante alguno. Además, crea una Comisión de Participación Social con las mismas características, de carácter consultivo; es decir, sin ninguna atribución vinculante.
Remarco estos aspectos porque seguramente la autoridad de cuenca que vamos a crear hoy y las futuras, serán sustituidas por otras personas. Los únicos que permanecerán en el medio de la contaminación son los vecinos que han vivido diez, veinte, treinta o cuarenta años, y seguirán viviendo allí. Por lo tanto, son los más interesados en que esta iniciativa no fracase y se respete su opinión. Ellos viven allí y padecen la terrible contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Las autoridades, los representantes, los funcionarios serán sustituidos, pero los vecinos permanecerán y por ello deberían ser absolutamente respetados.
¿Qué otra cosa señala el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo? Crea facultades muy importantes para las autoridades de la cuenca. ¿Cuáles son esas facultades? Según la iniciativa, la autoridad está facultada para crear y unificar el régimen legal aplicable; planificar el ordenamiento del territorio afectado, y establecer y percibir tasas; es decir, puede realizar todos los actos jurídicos y los procedimientos administrativos que estime conveniente para sanear la cuenca.
Como si esto no fuera suficiente, según el artículo 6º, las facultades, poderes y competencias de la autoridad de cuenca Matanza-Riachuelo en materia ambiental prevalecen sobre cualquier otra autoridad concurrente en la cuenca. Es decir que se trata de amplísimas facultades.
No conforme con ello, en el artículo 7º se establece para la presidencia de la autoridad de cuenca Matanza-Riachuelo facultades más importantes; por ejemplo, intima a comparecer a las partes; interviene en procedimientos de habilitación y auditoría; audita las instalaciones; actualiza y profundiza la evaluación de impacto ambiental; impone regímenes de monitoreo; formula apercibimientos; ejercita competencias sancionatorias; puede proceder al decomiso de bienes; ordenar la cesación de actividades, y establecer la clausura preventiva.
Evidentemente esta no es una atribución que corresponda al comité de cuenca o al consejo asesor vecinal o municipal. En este sentido, la iniciativa señala que la presidencia de la autoridad de cuenca Matanza-Riachuelo notificará en forma inmediata a sus miembros las decisiones adoptadas en el uso de las facultades que se le otorgan precedentemente. Esto significa que la presidencia de la autoridad de cuenca toma resoluciones.
Uno podría señalar, sin temor a equivocarse, que esta es una voluntad para tornar ejecutiva la autoridad de cuenca; pero indudablemente es una autoridad fuerte, con capacidad legislativa, ordenatoria y sancionatoria.
Ahora bien, ¿cuáles son las dificultades y los graves problemas que advertimos en esta iniciativa? Se crea una autoridad interjurisdiccional con poderes amplios, como acabamos de señalar.
El artículo 121 de la Constitución Nacional establece que las provincias conservan todos los poderes no delegados. La capacidad de control de los recursos naturales que las provincias tienen sobre los bienes de jurisdicción provincial es potestad exclusiva de las provincias. El artículo 124 dice: “El dominio originario de los recursos naturales es propiedad de las provincias.”
Es cierto lo que dice el señor diputado Bonasso sobre el artículo 41. Nosotros podemos establecer normas de presupuestos mínimos, pero el artículo 41 dice claramente al final que las normas de presupuestos mínimos no pueden alterar las jurisdicciones locales; es decir, una cosa es dictar la norma, y otra, alterar la jurisdicción, o sea, decidir que las autoridades locales entreguen una parte de su autoridad constitucional, por medio de una ley, a una autoridad diferente.  Esto es lo que tiene que quedar claramente establecido. No se pueden ceder por ley los poderes que la Constitución Nacional ha otorgado a las jurisdicciones o a las provincias.
Lo único que las jurisdicciones pueden hacer es, en rigor, lo establecido en el artículo 125 de la Constitución Nacional, que se refiere a la posibilidad que tienen las provincias –esto sí es laudable- de celebrar tratados, por cuestiones de trabajo o de utilidad común, en virtud de los cuales se creen nuevas autoridades. Pero se habla de tratados y no de un acta acuerdo firmada mediante la cual las partes se comprometen a impulsar una ley.
Lo vuelvo a decir: mediante una ley no se puede modificar la Constitución Nacional. Y esto es lo que hace este tratado: mediante una ley modifica la Constitución Nacional y nos coloca en una situación de enorme vulnerabilidad, no sólo porque cuando cambien las autoridades municipales o provinciales pueden volver a modificar la ley sino también ante las empresas corruptas que se encuentran alrededor del Riachuelo, que están esperando que salga esta ley para cuestionar inmediatamente su constitucionalidad y decir que no la van a cumplir, que no van a pagar y que no van a permitir que las inspeccionen.
Esta es una realidad que ha sido histórica en tratados anteriores: la vulnerabilidad por la falta del ejercicio del poder de policía que hemos tenido. Entonces, para nosotros es sustantivo poder celebrar un tratado en el que contemplemos la juridicidad y la constitucionalidad absoluta del mismo.
En segundo lugar, el ARI ha propuesto un proyecto en el que se avanza sobre tres o cuatro cuestiones. Por un lado, se declara la emergencia de la cuenca por un plazo de cinco años. Mediante esa declaración de emergencia le otorgamos una cierta prioridad en los recursos y en las acciones para favorecer el saneamiento de la cuenca, porque una cosa es establecer la navegabilidad del río o el control de las aguas –como dice la ley 25.688- y otra cosa es el saneamiento de la cuenca, que involucra el saneamiento del agua, del suelo, del aire, de las fábricas y de las empresas radicadas en ese lugar.
Entonces, reitero, en nuestro proyecto planteamos la necesidad de declarar la emergencia y la necesidad de celebrar un tratado. Con respecto a este último mencionamos algunas cosas que consideramos esenciales. Para empezar, la participación de la sociedad civil, no de modo consultivo sino con capacidad para participar en las decisiones. En este sentido, quién puede discutir acá la oportunidad que tendríamos que darle al CELS, al FARN, a la APOP y a la Asociación de Vecinos de la Boca, que han sido actores principales en el juicio en el cual la Corte fijó las obligaciones del gobierno.
También establecemos la necesidad de crear por concurso las autoridades técnicas y los equipos profesionales que van a regir la cuenca. Asimismo, establecemos que en el plan que deberá realizarse debemos consultar a los organismos públicos, tales como las universidades, el CONICET y demás entes del Estado. Sé que ha habido un ofrecimiento concreto del Colegio de Arquitectos y del Colegio de Ingenieros que el gobierno ni siquiera se molestó en contestar.
Asimismo, hemos planteado la posibilidad de un contralor de los indicadores de desempeño. Está muy claro que a nosotros no nos conforma que nos digan que la SIGEN o la Auditoría General de la Nación van a controlar. Esos organismos también controlan las cuentas de inversión de nuestro país y todavía tenemos sin aprobar las de los años 1992, 1993 y 1994. Por eso, para nosotros no es un consuelo que nos digan que eso va a ser controlado por la Auditoría General de la Nación, cuando sabemos que recién diez o doce años después ‑como en el caso de la gestión de María Julia Alsogaray‑ nos va a decir que hubo corrupción, que el Riachuelo no se saneó y que sigue absolutamente contaminado. Por eso queremos organismos de control.
Para ir finalizando, quiero decir que estamos convencidos de que el grado de contaminación que existe en la cuenca y las enfermedades que ello ha producido a los vecinos merecen, en un plazo absolutamente improrrogable, la implementación de un programa nacional de asistencia médica a los damnificados, que son muchos millones de ciudadanos. Y cuando hablo de asistencia médica a los damnificados, hablo de asistencia en la promoción de medicamentos y prevención de la salud. También se menciona la posibilidad concreta de establecer una base de datos que permita identificar el vínculo entre la contaminación y la enfermedad de las personas que viven en el Riachuelo.

Por eso vamos a votar por la afirmativa nuestro propio proyecto. Repito que no nos oponemos al saneamiento de la cuenca. Queremos instrumentos aptos que impidan que caigamos en la trampa una vez más. Debemos evitar la debilidad jurídica que permita que las empresas nos vuelvan a atar de pies y manos en el saneamiento de la cuenca. (Aplausos.)

 Delia Bisutti

creación de la autoridad de cuenca matanza riachuelo

Sra. Bisutti.- Señora presidenta: el Poder Ejecutivo ha enviado este proyecto a instancias de la Corte Suprema de Justicia, que lo ha intimado a presentar una iniciativa y un plan.
Como decía la señora diputada Maffei, nuestra iniciativa plantea diferencias con la que se votará hoy. Entre ellas, hay dos que son fundamentales. En primer lugar, proponemos un tratado interjurisdiccional en el armado de la cuenca Matanza-Riachuelo. En segundo término, propiciamos la declaración de la emergencia ambiental, que no está considerada en el proyecto del Poder Ejecutivo.
La cuenca Matanza-Riachuelo involucra a casi 5 millones de personas, sobre las que existen cuestiones vinculadas con enfermedades, lo que llevó a la Corte Suprema de Justicia a tomar su resolución.
En la causa judicial está claramente demostrado el tipo de enfermedad que poseen los habitantes de la zona. En más de la tercera parte de los niños sobre los que se hicieron estudios se encontró una cantidad exorbitante de plomo y tolueno. Estas dos sustancias pueden provocar cáncer y ocasionan manchas y distintos tipos de alergias en la piel. Por ello es fundamental el tema de la emergencia ambiental.
Quiero recordar los distintos artículos publicados en los diarios luego de la intimación de la Corte. Ya asumida la actual secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se planteaba con claridad el envío de un proyecto al Congreso para establecer un plan integrado, cuyo objetivo central era la protección de la gente y declarar la emergencia  ambiental del Riachuelo.
Esto apareció en los diarios durante mucho tiempo como la voz oficial, pero nunca se concretó. Al día siguiente de una reunión con el presidente de la Nación desapareció de los medios la propuesta que iba a  incluir la emergencia ambiental.
La Corte ha intimado a los estados involucrados y a las empresas. En el medio se encuentra la gente. Con respecto a las empresas, la Corte les solicitaba que informasen si tenían seguros contratados en términos de la ley 25.675, que en su artículo 22 dice: “Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para proteger el financiamiento de la recomposición del daño que su tipo pudiera producir.”
Resulta que la Corte pide esto, pero el Poder Ejecutivo nacional aún no ha reglamentado la ley 25.675, que fue promulgada por este Congreso en el año 2002. Tan así es que las propias autoridades han dicho que dada la no reglamentación de esa ley, a nadie le queda claro cuál es el tipo de seguro que las empresas deberían contratar. O sea que las empresas están contentísimas porque de esta manera se liberan de su responsabilidad de no poseer la póliza, que queda claramente en manos del Ejecutivo, que es el que no ha reglamentado la ley correspondiente. Es decir que seguimos privilegiando los malos manejos de las empresas que están contaminando toda la cuenca del Matanza-Riachuelo. Tal como lo hacían antes, siguen abriendo el paraguas, y la mayor contaminación –dicen- no es química, cuando sabemos que existe una doble vía de contaminación: la química y la cloacal.
Con respecto a la intimación que se ha hecho a los Estados, evidentemente es importante que se cree la autoridad de cuencas, pero por lo visto existen gobiernos diferentes y un solo río. Tal como lo señaló la señora diputada Maffei, aquí no hay posibilidad de avanzar si no contamos con el tratado que establece el artículo 126 de nuestra Constitución. Este artículo dice claramente que las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de Justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común con conocimiento del Congreso Federal.
No quiero dejar de mencionar que este proyecto no establece un tratado. La ciudad de Buenos Aires –de donde soy representante en este Congreso, y que es parte de lo que se va a implementar- este año ya aprobó la ley la 2057, por la que declaró la emergencia ambiental. Sin embargo, este proyecto no lo hace. Por su parte, el artículo 9° de la ley aprobada por la Legislatura insta al jefe de gobierno a celebrar un tratado interjurisdiccional.
Por lo tanto, vamos a entrar en una contradicción ya que el Congreso de la Nación está marcando la constitución de la cuenca cuando la ciudad de Buenos Aires está exigiendo por ley al gobierno de la ciudad que se lo haga por medio de un tratado.
A nuestro entender hay dos condiciones fundamentales de las cuales carece este proyecto: la declaración de la emergencia ambiental y la decisión de la firma de un tratado que involucre a las partes en el marco de la Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, no vamos a acompañar el proyecto del Poder Ejecutivo.

 

Fabiana Ríos

transporte AEROCOMERCIAL de la denominada carga sanitaria

Sra. Ríos.- Señor presidente: adelanto el voto afirmativo del bloque del ARI respecto del proyecto en consideración.
Rescatamos la autoridad de la señora senadora Capos por Tierra del Fuego quien hace dos años que está insistiendo con este proyecto. Asimismo deseamos agradecer a la Comisión de Transportes la posibilidad que nos brinda a todos los fueguinos, que además se extiende a todos aquellos argentinos que vivan a más de mil kilómetros de Buenos Aires. La verdad es que quienes vivimos en el interior carecemos de hospitales de alta complejidad y laboratorios de producción de biológicos, y necesitamos de estos elementos vitales para la salud de nuestros ciudadanos. Recibimos estos productos de lugares como Buenos Aires, Rosario o Córdoba, y en razón de que requieren que se conserve la cadena de frío sólo podemos acceder a ellos en tiempo y forma por medio del avión. Mucha gente de nuestros lugares ha muerto o se le han agravado enfermedades por la falta de esta medicación fundamental para la vida. Por lo tanto, después de dos años de que esta iniciativa ha estado dando vueltas por ambas Cámaras, es para nosotros una gran satisfacción que hoy se esté considerando pues implica igualar a los argentinos que vivimos lejos de Buenos Aires.

creación de una aduana en caleta olivia (santa cruz)

Sra. Ríos.- Señor presidente: el diputado Borsani hizo una primera consideración a mi juicio fundamental respecto de la participación del Congreso en la creación de aduanas.  Como en realidad se trata de una competencia exclusiva del Poder Legislativo también deben ser específicas, profundas y racionales las razones que impulsen a este Congreso a dictar una norma relativa a aduanas.
El tratamiento del tema vinculado con la instalación de esta nueva aduana en Caleta Olivia tuvo un tránsito bastante particular por el Congreso, tan particular que fue girado a una sola comisión.
La diputada Carrió solicitó que el tema también pasara a la Comisión de Presupuesto además de la de Economía, que era la que originalmente estudió el tema.
Este proyecto tiene origen en una iniciativa de senadores de la provincia de Santa Cruz, que impulsaron la creación de la aduana en el puerto de Caleta Paula, efectivamente como ha dicho el señor diputado preopinante, a escasos kilómetros de la ciudad de Caleta Olivia.
El trámite legislativo de creación de esa aduana, y las particularidades que acabo de referir, nos ponen en alerta y nos obligan a votar por la negativa, porque entendemos que aquí no hay razones razonables sino deseos de complacer otro deseo.
En efecto, Fernández y Alicia Kirchner presentaron el proyecto de ley en la Cámara alta el 11 de mayo de 2006, hace apenas unos meses, a través del expediente 1448-S-06.  Este proyecto fue girado a la Comisión de Presupuesto seis días después, y el 14 de junio salió de esa comisión con dictamen.  Finalmente fue aprobado sobre tablas 14 días después y girado a Diputados, donde la Presidencia sólo lo remitió a una comisión. Por tal motivo la diputada Carrió solicitó una ampliación de giro para que también fuera a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Es cierto que la aduana más cercana en términos de kilómetros es la de Comodoro Rivadavia, pero corresponde señalar que ella pertenece a la provincia de Chubut, y en términos prácticos la aduana más cercana es la de Puerto Deseado, distante aproximadamente 200 kilómetros.
En los fundamentos el senador Fernández dice lo siguiente: “Debemos tener en cuenta que el crecimiento en cuanto al movimiento total de mercaderías en toneladas registradas según datos estadísticos oficiales suministrados por la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz, en el Puerto de Caleta Paula, para el año 1998 fue de 2.329,08 toneladas incrementándose para el año 2004 en 27.215,05. Con respecto al movimiento anual de buques se observó el mismo fenómeno, siendo para el año 1998 de 148 buques y en el año 2004 se incrementó en 3.055 buques.”
Cuando el senador habla de la “única planta procesadora de aceite omega 3” se refiere a la que el grupo de capitales españoles Conarpesa ha instalado dentro del complejo que posee en el puerto de Caleta Paula. Por cierto ese grupo es el presunto concesionario de la zona franca que se pretende instalar en Caleta Paula luego de que se resuelva la creación de la aduana.
El senador Fernández aduce como otra razón en los fundamentos que la aduana más cercana es la ubicada en Comodoro Rivadavia, a 76 kilómetros de distancia. Este argumento no es cierto porque en términos prácticos la que efectivamente es más cercana es la de Puerto Deseado, que está a más de 200 kilómetros, tal como lo señaló el señor diputado Acuña Kunz.
La primera cuestión a tener en cuenta es que en Caleta Paula hay personal de aduana; dos o tres empleados pertenecientes a la aduana de Puerto Deseado, distante unos 200 kilómetros aproximadamente.
Caleta Paula opera como resguardo jurisdiccional pero los registros de las destinaciones corresponden a Puerto Deseado, y no a Comodoro Rivadavia.
Como ya se señaló, en Comodoro Rivadavia funciona la regional Patagonia, y es lógico y razonable que el actual administrador Nacional de Aduanas sostenga que está muy bien que se instale una aduana en Caleta Olivia. Sucede que justamente el señor Ricardo Echegaray proviene de la aduana de Río Gallegos. Antes de ser Administrador Nacional de Aduanas fue administrador regional en la Patagonia, y fue quien desmanteló los servicios de investigación y sumario en la zona patagónica. Además responsabilizó a la Aduana por la falta de controles a una empresa que opera en Caleta Paula y que será la concesionaria de la zona franca.
Este trámite poco tiene que ver con la racionalidad y la competencia exclusiva del Congreso de la Nación en una cuestión tan fundamental como la aduana. Esto no sólo nos obliga a votar el proyecto en consideración por la negativa sino también a advertir que temas de tamaña magnitud no pueden ser tratados por el Poder Legislativo sólo para complacer deseos que tienen que ver con la provincia del presidente de la Nación, y no con la racionalidad y la profundidad en el análisis que debemos tener a la hora de discutir la instalación de aduanas en un país con las necesidades que tiene la República Argentina y con el desarrollo económico que pretendemos. (Aplausos.)

Leonardo Gorbacz

programa nacional de educación para la prevención de adicciones y consumo de drogas

Sr. Gorbacz.- Señora presidenta: en primer lugar, anticipo el voto afirmativo del ARI. Este es un proyecto que acompañamos en la comisión de Prevención de las Adicciones y en la Comisión de Educación. No sólo lo acompañamos, sino que lo hicimos con entusiasmo.
En su momento, felicitamos a la autora y a los asesores que trabajaron en el proyecto, lo mejoraron y ampliaron para poder incluir en él a todas las adicciones, porque la adicción a la televisión, a Internet, la ludopatía, en fin, cualquier tema de interés puede convertirse en adicción, de modo que nos parecía pertinente cubrir todas estas posibilidades en un programa tan importante como el que se plantea.
Nos parecía además un buen proyecto porque establecía que el trabajo que debe hacerse en la escuela no es sólo el de brindar información. En la escuela se construyen valores, se transmiten saberes, se trabaja sobre actitudes, y todo eso es lo que puede ayudar en orden a la prevención de las adicciones.
Pasemos ahora a ver qué podemos esperar del proyecto. Así como decimos que es un proyecto muy bueno, que va a contribuir en el buen sentido, también debemos decir que hay ciertas limitaciones que no tienen que ver con la letra del proyecto -que para nosotros es inmejorable- sino con qué se puede esperar de un programa de prevención de adicciones en el área de la educación.
Se puede esperar que el área de educación contribuya y ayude a construir otro modelo, otra forma, otros valores, pero que ayude no quiere decir que tenga la responsabilidad absoluta de una tarea semejante, porque si no es acompañada por el resto de la sociedad no tendrá ningún éxito.
Yo imagino, por ejemplo, un trabajo en el marco de este programa, ya funcionando en las distintas escuelas de nuestro país, donde se trabaje sobre el valor del esfuerzo y el mérito, que son valores que sin duda tienen que ver con una actitud o posición subjetiva que aleja de la posibilidad del consumo.
Entonces, se trabaja sobre el esfuerzo y el mérito dentro de la escuela, pero cuando el chico sale se encuentra que, por ejemplo, en la escena política o social no es el esfuerzo o el mérito lo que vale sino el acomodo o el amiguismo. Quiere decir que aquello que se trabajó en la escuela difícilmente podrá tener algún efecto. Puedo imaginarme también el trabajo sobre el respeto al otro dentro de la escuela, y al chico saliendo de la escuela y viendo en la televisión cómo en otras escenas no se respeta al otro, se lo avasalla o compra.
Me imagino además el trabajo sobre los chicos en relación con la aceptación de los límites; no los límites en lo que a autoridad se refiere sino en lo relativo a la necesidad de que los chicos acepten que no todo es posible, que no existe una felicidad absoluta, que hay que “bancarse” ciertas frustraciones.  Sucede que después salen de la escuela y se encuentran con dirigentes políticos que quieren más y más poder y no aceptan ningún tipo de límites.
Podría seguir con los ejemplos, pero no quisiera extenderme demasiado; en todo caso, solicitaré que se autorice la inserción del resto de mi discurso en el Diario de Sesiones.
Los chicos son especialistas en percibir dónde está la hipocresía; la sociedad no puede transmitir ciertos valores en la escuela y desdecirlos fuera de ella en otras áreas o escenas de la vida social, pues en ese caso lo único que haríamos sería construir mayor desconfianza, mayor frustración y, en consecuencia, un terreno mucho más proclive para el consumo de drogas y las adicciones en general.
No tengo dudas de que el problema de las adicciones va en aumento. No se trata de un problema que pueda pensarse sólo desde la psicología infantil, ni siquiera desde la psicología familiar, pues se relaciona con cuestiones sociales y culturales. No es casual que en nuestro país se hayan incrementado las adicciones a la luz de la exclusión y fragmentación sociales y de la degradación de los valores.
Por ello, el ARI viene hablando, desde hace mucho tiempo, acerca del contrato moral. Nosotros lo denominamos así, otros podrán llamarlo de distinta forma, pero ese contrato moral –que tiende a una refundación de valores que se perdieron en la Argentina‑ se asemeja al programa que hoy se propone, aunque apunta a toda la sociedad para que ésta pueda replantearse qué valores estamos sosteniendo. Vamos a votar afirmativamente este proyecto porque es muy bueno y significará una contribución. Sin perjuicio de ello, quiero señalar que dentro de poco tiempo en este Congreso daremos una verdadera e importante discusión sobre prevención de las adicciones. Eso sucederá cuando discutamos el proyecto de presupuesto. Me estoy refiriendo no al debate sobre el monto que se destinará a la Sedronar o a la salud –aunque esto también es importante‑ sino a la discusión relativa a la matriz distributiva, a quién cobramos impuestos y a cómo achicamos la brecha entre ricos y pobres. No tengo dudas de que el aumento del problema de las adicciones tiene que ver con la exclusión social. En esa ocasión en este recinto estaremos discutiendo en torno de la prevención de las adicciones, aun sin nombrarla. (Aplausos.)

 

 

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