LA ARGENTINIDAD….. AL PALO

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Delítos Informáticos.

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en noviembre 30, 2006

Intervenciones de los  Diputados  dl ARI

 

Eduardo Macaluse

Sr. Macaluse.- Señor presidente: cuando -como ocurrió recién-  se habla de un tema como el del desaparecido Julio López, lo hacemos en un contexto enrarecido y, por lo tanto, todos debemos extremar el nivel de prudencia. Ello implica intentar, aun haciendo críticas, poner las cosas en su lugar.

Sr. Presidente (Balestrini).- La Presidencia desea saber cuál es el proyecto del cual está solicitando tratamiento sobre tablas.

Sr. Macaluse.- Es el 6.059-D.-2006, señor presidente.
Aun cuando hagamos críticas al gobierno, no podemos atribuirle todas las responsabilidades sobre este caso. Y en esto debemos tener prudencia, porque el clima se está enrareciendo. No es el caso López o el caso Budge solamente, sino que hay muchos otros en que hay amenazas a fiscales y a testigos, y están demostrando que no sólo amenazan sino que pueden avanzar. En ese aspecto entendemos que toda la comunidad nacional debe estar junta, codo a codo, rechazando este tipo de actitudes. Pero para ello tenemos que avanzar en algunas cuestiones.
Nosotros queremos obrar con prudencia para construir la paz del conjunto y no permitir que avancen estos sectores. Pero todos tenemos que contribuir, no sólo la oposición. Quienes tienen mayores niveles de responsabilidad también tienen una mayor cuota parte en este sentido.
Respecto de los sucesos de ayer en el Hospital Francés seguramente hoy nos vamos a pronunciar repudiándolos. Todos hemos coincidido y, los jefes de bloques hemos firmado este proyecto de repudio aun cuando no hayamos estado totalmente de acuerdo con su redacción, porque pensamos que tendría que contener referencias otros temas, pero queremos que haya consenso para rechazar estos niveles de violencia.
Ahora bien, son dos casos diferentes. En el caso de Julio López, aunque los sospechamos, desconocemos a los autores. Pero en el caso del Hospital Francés no sólo no desconocemos a los autores, sino que además estamos seguros de que los autores tienen responsabilidad desde el Poder Ejecutivo, y eso es gravísimo en este contexto.
La responsabilidad no debe ser solamente de la ciudadanía, tampoco debe ser solamente de la oposición, evitando atribuir responsabilidades que no son ciertas y que no debe cargar el gobierno.
El gobierno carga con la mayor de las responsabilidades, y en el tema de los conflictos sociales no puede resolverlos con fuerzas de choque. Este no es el primer caso, porque tenemos los ejemplos de Las Heras, de Caleta Olivia, de Pico Truncado, también Quilmes y muchos casos más que para no extenderme no menciono, pero no porque no existan.
Estos conflictos sociales no se pueden resolver con fuerzas de choque y menos en un clima enrarecido. En el caso del Hospital Francés no podemos repudiar estos hechos como si se tratara de una catástrofe natural. No estamos hablando de los problemas causados por la caída de granizo en una cosecha. No estamos hablando de hechos violentos producidos por autores desconocidos. Son hechos violentos cuyos autores son conocidos y están identificados con el Poder Ejecutivo, habiendo sido designados propiamente por miembros de ese poder, lo que es gravísimo.
Este hecho que vamos a repudiar es gravísimo porque ha sido golpeado un diputado de la Nación y también fueron golpeados periodistas, trabajadores, incluso pacientes del hospital que estaban intentando hacerse atender.
Esta fuerza de choque –aunque no lo diga la resolución no lo podemos obviar‑ fue introducida en forma subrepticia por la intervención del hospital, que responde políticamente en forma directa y estrecha al señor jefe de Gabinete del gobierno nacional, y ese hecho es gravísimo. Pero no es menos grave el hecho de que para tapar esas responsabilidades se utilice a las fuerzas de seguridad.
Las fuerzas de seguridad actuaron ayer –aclaro que estuve en el Hospital Francés desde las cuatro de la tarde hasta las cuatro de la mañana‑ como cobertura de las fuerzas de choque con los marginales que destrozaron propiedades del hospital, golpeando a ancianos, a legisladores y a periodistas y se refugiaron allí al amparo de un juez y de la policía. Esos individuos no fueron presos como debieran haber ido porque hubo órdenes del juez para ser liberados. Y también hubo órdenes a las fuerzas de seguridad para que los protegieran. Ese es un problema muy grave y por eso creemos que no tenemos que limitarnos sólo a repudiar.
Adelanto el voto positivo de nuestra bancada en el sentido de acompañar este proyecto pero estoy convencido de que el jefe de Gabinete tiene que venir a dar explicaciones.
No se puede trabajar en forma irresponsable. Alguien tiene que hacerse cargo en este país de lo que pasa, porque si no suceden hechos cada vez más graves, hechos que son violentos y que significan, queriéndolo o no, echar leña al fuego del aire enrarecido en este país.
Y resulta que después nadie es responsable. Nos golpeamos el pecho, repudiamos, declaramos, pero no adoptamos ninguna decisión de fondo. Los responsables nunca vienen a dar la cara.
Creemos que el jefe de Gabinete tiene que venir a explicar por qué designó al señor Salvatierra como interventor del Hospital Francés y qué hizo, cuál fue su objetivo, cuál fue su actividad, por qué hay trabajadores que no cobran desde hace meses y por qué a esos trabajadores que no cobran desde hace meses, en el contexto de un gobierno y de un partido que dice defender la justicia social, en vez de pagarles el sueldo les dan palos. Eso es lo que tiene que venir a explicar.
Tiene que venir a explicar por qué fue introducida esa fuerza de choque golpeando a mansalva a quien viniera y haciendo destrozos en el hospital. Tiene que venir a explicar por qué las fuerzas de seguridad, en lugar de proteger a los trabajadores, a los pacientes, a los legisladores y a los periodistas, defendieron a los marginales que entraron ahí. Tiene que venir a explicar qué relaciones y vínculos políticos tienen esos marginales que estaban ahí adentro, muchos de los cuales cobran sueldos oficiales de la Ciudad de Buenos Aires y del gobierno nacional, y por qué algunos de ellos aparecen en la página de Internet como jóvenes destacados de esa fuerza política y hoy milagrosamente han desaparecido de ella.
Hay muchas explicaciones que nos tienen que dar, a todos, no sólo a la oposición sino fundamentalmente a la ciudadanía. Tiene que explicarnos por qué cada vez que hay un conflicto social se resuelve violentamente, por qué se ataca y se agrede cada vez más gravemente a la prensa. Porque primero se dio el caso de algunos periodistas que no pudieron seguir en canales y radios oficiales; después fue el de otros periodistas que fueron citados por el presidente de la Nación falsamente; también el de otros periodistas que se quedaron sin programas, y el de algunos medios de comunicación que como no obedecen a las reglas del gobierno se quedaron sin publicidad.  Ahora se da el caso de periodistas, camarógrafos y ayudantes de cámara que son golpeados; uno de ellos tiene una fractura en el maxilar.
Canales de televisión fueron perjudicados porque les rompieron las cámaras y las cintas de grabación que documentaban quiénes eran los marginales que estaban ahí adentro. Hay muchas explicaciones que dar.
Por eso, nosotros estamos planteando que se cite al jefe de Gabinete de Ministros para que venga a ofrecernos explicaciones claras, deslindando responsabilidades clarísimas. No puede seguir al frente de la intervención de un hospital quien fue designado por la Inspección General de Justicia y actúa como si fuera el jefe de un grupo de barrabravas.
Después tendrán que explicarnos quiénes son algunos personajes que deambulaban ayer, que ya han sido mencionados en otras maniobras económicas que vinculan al gobierno con algunos hechos muy desagradables.
Por eso nosotros pedimos que se trate sobre tablas este pedido, porque estamos convencidos de que en la Argentina se tiene que acabar con esto de que sucedan las cosas cada vez en forma más violenta, porque estamos entrando en una espiral que no se puede ni se va a detener fácilmente.
No podemos admitir un país donde el clima se va enrareciendo por algunos sinvergüenzas a quienes ninguno de nosotros quiere dejarles un tranco de pollo, y en esto vamos a estar juntos.  Además, el clima se está enrareciendo por la irresponsabilidad del gobierno en tratar conflictos sociales como si se tratara solamente de barrabravas, cuando son estos que se agarran a los cadenazos en la puerta del hospital con trabajadores, con periodistas y con diputados que lo único que estábamos pidiendo es que se apliquen normas mínimas y estrictas de justicia, como es que algunos pobres trabajadores cobren su sueldo. (Aplausos.)

 

Delia Bisutti

 

 

Modificación de la ley 18.345 de ORGANIZACIÓN y procedimiento de la justicia nacional del trabajo Sra. Bisutti.- Señora presidenta: este proyecto del que soy autora, que es similar a otro presentado anteriormente por ex diputado Piccinini, tiene que ver exactamente con la ley 18.345, sobre organización y procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo, cuyo artículo 1° dice claramente que “estará organizada de acuerdo a las disposiciones de esta ley” y que tiene que ver con la Justicia Nacional de Primera Instancia del Trabajo y con la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Es decir que marca el funcionamiento orgánico de las relaciones laborales en el ámbito de la Capital Federal.
Con respecto a este proyecto se han planteado aquí disidencias y yo quiero aclarar que hay leyes procesales que recogen un antiguo principio general que establece que la necesidad de servirse del proceso no redunde en un daño para quien se ve impedido de accionar o defenderse en juicio.
Este principio se expresa en la norma que protege el interés del litigante que tiene razón, y en este aspecto el vencedor debe salir indemne del pleito, lo que se ha traducido procesalmente en hacer recaer la carga de las costas del juicio sobre la parte que hubiese resultado vencida.
Pero hete aquí que en esta norma se establecen costas al trabajador en determinadas acciones de justicia que hacen a su acción laboral.
La legislación común recoge el principio de que el vencedor debe salir indemne del pleito, pero en este caso lo que estamos planteando es que no se le cobren costas al trabajador, no solamente cuando haya ganado –por supuesto, si pierde le corresponderá pagar las costas– sino también cuando el juicio haya sido ganado en forma parcial.
La jurisprudencia prudencial, como aquí se ha mencionado en parte, evolucionó interpretando el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial en la inteligencia de que las costas deben imponerse a la parte que con su proceder dio motivo al pedido resarcitorio. Es decir que cuando un trabajador ejerce el derecho de ir a un juicio,
claramente es porque está obligado por la parte patronal que lo lleva a hacer el reclamo.
De acuerdo con esta apreciación de la controversia, y con independencia del monto reclamado, que corresponde que cuando se haya procesado parcialmente respecto de la totalidad de los rubros o montos pretendidos no se quede sujeto en esta materia a rigurosos cálculos aritméticos. Porque cuando se plantea que el trabajador puede pagar el costo en cuanto a la parcialidad, en realidad se lo está perjudicando nuevamente, porque a menudo alguno de los muchos rubros que integran la liquidación de la demanda de los trabajadores no está claramente identificado en la sentencia, y por dificultades de prueba o por criterios del tribunal esos costos pasan a cargo del trabajador en forma parcial y a través de un cálculo aritmético que perjudica a quien hace el reclamo.
Muchas veces los trabajadores hacen el reclamo ante la parte patronal, y cuando termina el juicio en el que son ganadores, se encuentran con que ni siquiera lo pueden cobrar porque la parte patronal se declaró insolvente o se esfumó.
Entonces, en este proyecto estamos planteando modificar los artículos 37 y 40 de esta ley de procedimiento en cuanto a las costas, para que no le sean reconocidas al trabajador en forma total cuando hubiera sido ganancioso en el juicio en forma total o parcial. En caso contrario las costas quedarás a su cargo.
La jurisprudencia laboral,  en un principio protectora del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, establece el principio de gratuidad procesal, garantizado expresamente en el artículo 20 de la ley 20.744, que dispone que el trabajador o sus derechohabientes gozarán del beneficio de la gratuidad en los procedimientos judiciales o administrativos derivados de la aplicación de esta ley, estatutos profesionales o convenciones colectivas de trabajo.
Por eso la ley laboral se ha estancado en su evolución, retrasándose respecto de la ley procesal comercial, conservando el orden tradicional anterior a la evolución más progresista del fuero común, que reconoce el beneficio al trabajador cuando va a juicio por problemas vinculados con la relación laboral.
Por eso nosotros presentamos este proyecto de modificación de los artículos 37 y 40 de esta ley, disponiendo que las costas laborales no correspondan al trabajador, salvo –por supuesto‑ en el caso de que el mismo haya salido perdidoso.
Inclusive hemos agregado, por sugerencia de la Comisión de Legislación del Trabajo que estudió esta temática, que en caso de que el resultado fuera parcialmente favorable al trabajador, las costas serán impuestas a la empleadora.
Se dispone que los jueces podrán apartarse de esta regla cuando de la apreciación prudencial del escrito de demanda resultare notoria la sinrazón para litigar. Es decir que se está estableciendo con claridad que el trabajador puede apelar sin estar sujeto a las costas del procedimiento, siempre y cuando no haya motivos que indiquen que el litigio se puede presentar de una manera distinta.

Por eso nosotros sostenemos tal cual est á el despacho de la Comisión de Legislación del Trabajo que modifica estos dos artículos de la ley 18.345.

DELÍTOS INFORMÁTICOS

Sra. Bisutti.- Señor presidente: en honor a la brevedad a la que todos nos hemos comprometido, venimos a tratar de este despacho, que recoge las inquietudes planteadas por distintos diputados en diferentes proyectos. En mi caso, en su momento presenté el expediente 2.032-D.-06, que contemplaba la situación del trabajador con respecto al uso del correo electrónico o e-mail en su lugar de tareas. Justamente, este proyecto recogió aquella inquietud al impulsar la modificación de los artículos 153 y 155 del Código Penal.
Eso está vinculado con la evolución tecnológica constante en la que nos vemos inmersos y con el gran desarrollo que ha alcanzado la informática en general.
Internet, y el correo electrónico en particular, hace necesario que la legislación contemple las nuevas situaciones. El correo electrónico o comunicación electrónica –como finalmente quedó plasmado en el proyecto en tratamiento- presenta algunas de esas situaciones que merecen ser receptadas en una nueva normativa.
Cada día es mayor la correspondencia que se transmite en el país originada y transportada por medios informáticos. Es decir que la correspondencia postal tradicional está dando paso a la utilización masiva de un nuevo medio de comunicación, como lo es el e-mail, llamado correo electrónico.
Por ello, sin importar el soporte técnico en el que en uno y otro caso –ya sea correo electrónico o postal- se transmita el mensaje, el derecho a la privacidad de la correspondencia –reconocido constitucional y penalmente- debe ser resguardado, por ser este derecho un elemento clave de la vida en democracia.
Por eso, mediante el artículo 3° del proyecto en tratamiento se protege la comunicación electrónica, al igual que la correspondencia epistolar y de telecomunicaciones, en consonancia con la garantía constitucional de inviolabilidad, contemplada en el artículo 18 de nuestra Ley Fundamental, que equipara las modalidades de transmisión de las comunicaciones. En ese artículo se establece que el domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados, y lo que hoy estamos haciendo es equiparar también a la comunicación electrónica.
En concordancia con la garantía constitucional, que a través del artículo 18 de nuestra Carta Magna brinda protección a la correspondencia epistolar y a los papeles privados, el Código Penal ha tipificado la figura de violación de correspondencia, determinando penas de prisión y multa para quienes la cometan. Con esta modificación estamos estableciendo las penalidades correspondientes para el caso del correo electrónico.
El bien jurídico protegido es la libertad personal, comprensiva de todos los ámbitos en los que el individuo tiene derecho a mantener su esfera de reserva, es decir, en los que su derecho personalísimo a la intimidad se vería comprometido ante la injerencia de otra persona. La propuesta que estamos tratando no tiene otro fundamento que el de contemplar como delito la violación del correo electrónico, equiparando el mismo con la correspondencia epistolar.
Si bien consideramos que la correspondencia electrónica debe ser equiparada a los fines legales con la correspondencia epistolar -así lo ha entendido la jurisprudencia en los autos “Edgardo Martolio c/Jorge Lanata s/Querella”, de marzo de 1999-, esto no nos permite admitir que en materia penal tal equiparación se realice automáticamente. Esa es la razón que nos impulsa a concretar la tipificación de delitos informáticos en cada uno de los artículos del Código Penal que resulten pertinentes.
Si analizamos a la palabra delito, vemos que se plantea con claridad que se trata de la violación de la ley; es la acción u omisión voluntaria castigada por ley con pena grave, que es lo que va a hacer el proyecto que estamos tratando.
En la nueva era de la informática tenemos en cuenta los delitos informáticos, ya que desde hace un tiempo en ese terreno –sobre todo con la aparición de Internet‑ se presentan comportamientos ilícitos denominados en forma genérica “delitos informáticos”, que son los que hoy nos ocupan.
Lo que nos preguntamos en relación con estos delitos es si configuran una nueva forma de criminalidad, que es la que se ejerce a través de la vulneración de los correos privados, los correos electrónicos, los e-mails personales.
Está claro que en cualquier tipo de transformación el lugar preponderante que ocupa el tema de las comunicaciones es cada vez más universalizado. Actualmente en todo lugar del planeta cualquier persona tiene la posibilidad de comunicarse con cualquier otro punto, ya sea para tener acceso a algún tipo de información de su interés como así también comunicarse con cualquier semejante en forma inmediata.
Las comunicaciones corren por el mundo como atraídas por un imán, y precisamente uno de estos medios de comunicación ‑el correo electrónico‑ es el que hoy estamos protegiendo al introducir normas que favorecen la inviolabilidad y establecer penalidades en el Código Penal.
Por ello, los proyectos de distintos autores que resume el contenido en el expediente 5.864-D.-2006, ha tenido precisamente como temática principal la protección del correo electrónico, lo que aparece en cada una de las modificaciones en tratamiento.
El proyecto de mi autoría prevé modificaciones al Código Penal y también se refiere al correo electrónico en el ámbito laboral. Esa temática quedará ahora en suspenso, pero la retomaremos cuando consideremos la relación entre el correo electrónico personal y el laboral. En todo caso será materia de otra iniciativa.

Desde nuestro bloque apoyamos el tratamiento de este proyecto que propone modificaciones al Código Penal en lo relativo al área de informática

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