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Presupuesto 2007 – Trabajadores petroleros – Homicidio Ledesma – Crédito Botnia – Bosques nativos

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en noviembre 30, 2006

Intervenciones de los Diputados del ARI

 Eduardo Macaluse

trabajadores amparados por la convención colectiva de trabajo nº 396/04

Sr. Macaluse.- Señor presidente: quiero fundamentar por qué nosotros no vamos a habilitar el tratamiento de este tema.
Creemos que los trabajadores petroleros tienen razón en la demanda que hacen, aunque pensamos que debió haberse dado curso a esa demanda mucho antes de que se encontraran frente a la necesidad de generar un plan de lucha.
No hay que resolver sólo el problema de un grupo de trabajadores, a quienes les asiste la razón; debemos solucionar la problemática del conjunto de los trabajadores sobre los que recae un impuesto que por definición es progresivo pero que se convierte en regresivo al tener que ser pagado por los sectores de ingresos fijos.
Por otro lado, en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria hemos señalado que tradicionalmente en la sesión en que se considera el proyecto de ley de presupuesto no se incluyen otros asuntos; por ello, expresamos la necesidad de rever esa situación, pero el oficialismo se ha negado a nuestro pedido.
Creemos que no corresponde habilitar el tratamiento del proyecto de ley que ha sido enunciado.  Estamos en desacuerdo con esa iniciativa porque establece diferencias que estimamos son inconstitucionales.

Sr. Macaluse.- Señor presidente: de las puertas de este recinto para afuera todos reconocemos por qué se está tratando este tema hoy improvisadamente y a las apuradas. Dentro de este recinto, de acuerdo con el lugar en que cada uno está sentado, se defenderán diferentes posiciones. Pero todos sabemos, los que están dentro y fuera de acá, que en realidad se está tratando este proyecto de ley porque el presidente quería hacer un acto en su provincia y no lo podía hacer porque todavía sostenía, a pesar de sus propias promesas, un impuesto que es confiscatorio para buena parte de los trabajadores, no sólo del sur de nuestro país sino de la totalidad de nuestro país.
Eso contrasta fuertemente, y de ahí la bronca de muchos de los trabajadores petroleros, con las exenciones impositivas que recibía su propia patronal. Porque en un país que decimos que debe ser serio no puede ser que las empresas petroleras estén exentas de los impuestos y sus propios trabajadores tengan injustamente la carga de un impuesto.
Por eso no es un privilegio lo que consiguen los trabajadores petroleros. No puede ser un privilegio que se les quite la carga de un impuesto que es injusto, regresivo y confiscatorio. Lo que es injusto, y desigual ante la ley, es que esa carga no sea quitada del conjunto de los trabajadores, cuyas remuneraciones no debieran estar afectadas por el impuesto a las ganancias. Porque se ha logrado el milagro de convertir en regresivo e injusto un impuesto que es progresivo por definición, así como también es redistributivo.
¿Por qué no se hace esto? ¿Por qué no se discute ordenadamente? ¿Por qué no se ordena el sistema impositivo? Exhiben razones presupuestarias. No podría hacerse sin un enorme costo para el Estado, es decir, habría un costo fiscal enorme para el Estado si se relevara al conjunto de los trabajadores de esta carga que es injusta. Esto no se plantea cuando se exime de impuestos a los sectores de la renta financiera, a las empresas petroleas o a los grandes grupos económicos. Hay más de 15 mil millones de pesos en subsidios a las grandes empresas, muchas de las cuales generan muy pocos puestos de trabajo; y la mayoría de esos subsidios ni siquiera son justificables desde el punto de vista del mercado, y mucho menos, desde la justicia social.  Eso es lo que nosotros cuestionamos.
¿Por qué si el presidente de la Nación quiere hacer un acto sin que lo chiflen nosotros tenemos que venir a votar una iniciativa que rompe el principio de igualdad ante la ley?  ¿Por qué tenemos que votar esto?  ¿Por qué debemos hacerlo a las apuradas?  ¿Por qué no podemos sentarnos a discutir la cuestión y emitir un proyecto por consenso y como política de Estado relativo al reordenamiento del sistema tributario, estableciendo cargas de acuerdo con las posibilidades de cada sector?  Ello, para que los que más tienen tributen más, y los que menos tienen no tributen o tributen menos.
¿Por qué no podemos rediscutir el IVA?  ¿Por qué por lo menos no debatimos en torno del impuesto a las ganancias acotando allí el universo de la discusión?  ¿Por qué hay eximidos del impuesto a las ganancias –los que se llevan la parte del león, como la renta financiera‑, mientras tienen que pagar ese gravamen los trabajadores, sean petroleros o de cualquier otra actividad, del sur del país o del conjunto del territorio nacional?
¿Acaso tendremos que esperar a que el presidente participe de actos en distintos lugares de la Argentina para hacer lo que desde hace tiempo todos sabemos que deberíamos haber hecho en un país con un excedente de más de 22 mil millones de pesos, que tiene reservas por más de 30 mil millones de dólares?  Es decir que en el momento de las “vacas gordas” no distribuimos ni los ingresos ni la riqueza.  Esto es lo grave.

Nosotros no estamos dispuestos a votar la iniciativa en debate no porque no lo merezcan los trabajadores petroleros –lo merecen porque se lo han ganado‑, sino porque el conjunto de los trabajadores es merecedor de una ley que los iguale y que les quite el peso de una carga que es confiscatoria.  (Aplausos.)

presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 2007

Sr. Macaluse.- Señor presidente: coincido en parte con lo que decía el señor diputado preopinante. Es cierto que a veces en el debate político los argumentos se extreman, se crispa el discurso y entonces las cuestiones en las que podemos coincidir en una mesa pueden generar una ruptura en ese debate político.
Yo escuché deleitado el recuerdo de Mordisquito, pero debemos reconocer que ni el señor diputado Díaz Roig compone como Discépolo ni Kirchner gobierna como Perón. ¿Por qué decimos esto? El señor miembro informante decía que la oposición repite lo mismo. Y yo digo que es difícil que la oposición diga otra cosa cuando el gobierno hace lo mismo. Nosotros vemos que todos los presupuestos, es decir, tanto el de la época en que el presidente decía que estábamos saliendo del infierno como el de ahora, en que se propagandiza la recaudación récords, el superávit fiscal récord y las reservas del Banco Central récord, tienen la misma matriz de distribución del ingreso, no sólo la que tenían en la época de crisis sino la que tuvieron en los tan criticados discursos presidenciales de los años 90.

– Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, doña Patricia Vaca Narvaja.

Sr. Macaluse.- Ahí cabe la comparación de por qué Kirchner no gobierna como Perón. En los años en los que gobernó Perón el superávit estaba destinado a una fuerte distribución del ingreso, privilegiando a los sectores más postergados, los que en muy poco tiempo elevaron su calidad de vida. En aquella época la acusación a los gobiernos de Perón era: reparte porque tiene el Banco Central lleno de lingotes de oro. Hoy el Banco Central tiene reservas por 30 mil millones de dólares, que equivalen a aquellos lingotes de oro, pero no se los utiliza para una distribución del ingreso que permita que el hijo del desocupado coma, para que el pibe no tenga que ir a revolver la basura ni tenga que ir a cartonear y pueda ir a la escuela, para que el obrero pueda ir a comer a un restaurante o vaya al cine o al teatro, como acontecía en aquella época.
Esos fondos se los utiliza para garantizar un tipo de cambio elevadísimo, que genera un modelo coreano en nuestro país, donde hay éxito en los números macro y existen carencias enormes en la calidad de vida, sobre todo en los sectores más bajos y postergados.
Eso es lo que nosotros criticamos de este presupuesto. No sólo criticamos el autoritarismo de los superpoderes. No nos quedamos solamente en la crítica de la falta de división de poderes republicana ni en las violaciones a la Constitución Nacional. También planteamos que no existe un modelo de distribución justa del ingreso, como se supone debiera ocurrir con un gobierno que se dice peronista o con una conducción que en los debates nos remite al modelo argentino de Perón.
Eso es lo que criticamos: tenemos un gobierno conservador. Se trata de un gobierno que tiene alineados los astros en términos económicos a nivel internacional, cuestión que no aprovecha para que los “cabecitas negra”, los pobres y los trabajadores mejoren un poquito su calidad de vida. No estoy hablando de lo que históricamente han ganado. Ni siquiera se pide eso. Simplemente se solicita que mejoren la calidad de vida en relación con lo que vivieron en la terrible época menemista.
En otras exposiciones hemos demostrado con números que con las comparaciones que el gobierno hace ahora con 2001 sale ganancioso, pero si esa misma comparación la efectúa con el apogeo del menemismo, los números no le dan. Eso es lo que estamos diciendo, porque este presupuesto es injusto y no está destinado a los más pobres.
Aquel autoritarismo que le era atribuido a Perón y al peronismo tenía una justificación histórica y un argumento para aquella época: “Necesitamos ser autoritarios, porque es imposible generar un modelo más justo de distribución del ingreso si no mostramos fuerza frente a los sectores de poder.”
En cambio, el autoritarismo de hoy es un autoritarismo vacío de sentido y de contenido, destinado a beneficiar a los sectores más concentrados de la economía, que fueron los que ganaron en los años 70, con la salida de la dictadura, en los años 80, sobre todo en los 90, y a principios de este siglo.
Ese es el cuestionamiento fundamental que formulamos nosotros sin extremar los argumentos y sin generar palabras que a lo mejor pueden resultar ríspidas. Solamente miramos los números que avalan lo que nosotros decimos. Dichos números nos demuestran que los superpoderes no son para Alberto Fernández ni para el presidente de la Nación. Quienes tienen los superpoderes en general son las grandes empresas que utilizan como gerentes y administradores a esos funcionarios. Esas empresas son las subsidiadas, las eximidas del pago de impuestos, las que se llevan la parte del león y consolidan un modelo injusto de distribución de la riqueza en nuestro país. Esto genera que haya pibes analfabetos, que haya chicos fuera de las escuelas y que también exista gente que ni siquiera puede pagar el boleto de colectivo para ir al hospital. Por eso hay  personas revolviendo la basura. Esto es lo que cuestionamos.
No estamos pidiendo que no desafine el equilibrista, sino que la gente pueda comer, que haya desarrollo regional en las provincias, que sea financiado genuinamente y que la Nación no se lleve la parte del león para sujetar a los gobernadores mediante una coparticipación que es injusta y obligarlos a que después se arrodillen políticamente ante el gobierno de turno.
Vamos a dar algunos datos estadísticos. En un país donde las doscientas mayores empresas concentran el 86 por ciento de la inversión, y sólo las veinte mayores, el 42 por ciento de la inversión, es imposible sostener que una promoción de la inversión vaya a tener otros beneficiarios más que estas empresas.
Los números saltan a la vista: las modificaciones tributarias que se votaron en esta Cámara en los últimos años no han tendido a generar un modelo más justo en el sistema tributario. Simplemente han servido para promover inversiones en bienes de capital, devolución del IVA en bienes de capital, promoción para la exportación y explotación del petróleo, promoción de la tecnología del hidrógeno y de los biocombustibles, promoción a la industria del software, exención en ganancias para el servicio doméstico, beneficiando los sectores medio altos y altos, es decir todas las modificaciones que se hicieron fueron a favor de los sectores que más tienen.
Ni una sola de las modificaciones fue en beneficio de quienes han sido expropiados durante los años 90. Veamos lo que pasa en el gasto tributario: en los regímenes de promoción industrial se piensa gastar en el 2007 la suma de 5.593 millones. ¿Saben cuánto se otorga en planes Jefes y Jefas, es decir para aquellos que están en lo último de lo último en la escala social? Nada más que 1.878 millones.
Quiere decir que en beneficio de promoción industrial a las grandes empresas se utiliza cuatro veces lo que significa el plan Jefes y Jefas de hogar, con lo que podrían comer los más postergados o los más desposeídos. Ahora bien, se podría decir que esta promoción es para beneficiar el desarrollo regional y a las pequeñas y medianas empresas.
¿Saben cuánto se llevan las grandes empresas? 5.189 millones de esos 5.593 millones, y para promoción de las pymes se destinan 403 millones. Esa es la distribución que nosotros estamos criticando, en éste y en los presupuestos anteriores.
Por eso repetimos lo mismo, porque los presupuestos repiten el mismo modelo de distribución injusto. ¿Cuántos dividendos y utilidades han pagado las empresas trasnacionales en los últimos años? En 1993, equivalía al 0,84 del producto bruto interno; en 1995 era el 1,01; sin duda una barbaridad, durante el apogeo del menemismo. En 2005 eran 2 puntos de PBI.
¿Quiénes son los que se están llevando la parte del león en la Argentina? ¿Quiénes son los que se llevan los pedazos más grandes de la torta en el presupuesto y en el modelo económico impuesto? Las grandes empresas nacionales y las grandes empresas trasnacionales.
Por otra parte podemos ver que las empresas subsidiadas no son justamente las que más necesitan, es decir las pequeñas y medianas empresas, las que cayeron al borde del colapso en los años 2000 y 2001. Son las grandes empresas trasnacionales, por ejemplo, Dreyfus, Cargill, o nacionales como Aluar o Aceitera Deheza.
Quiero detenerme en el tema de Aceitera Deheza, cuyo dueño es el candidato muleto a gobernador de Córdoba por el oficialismo. Es decir, no sólo estamos subsidiando a una empresa supuestamente nacional con grandes exenciones sino que también estamos subsidiando a través de estos presupuestos a un posible candidato del oficialismo que será después el empresario exitoso con los fondos del Tesoro nacional, que será mostrado como modelo a todos los cordobeses para poder llegar al sillón que hoy ostenta De la Sota.
Eso también estamos cuestionando. No estamos repitiendo por repetir sino que estamos diciendo lo que pasa con los números en la mano. ¿Cuáles son las exenciones que hay hoy en los impuestos? Están eximidos la renta financiera, la explotación petrolera y los sectores de la exportación.
¿Están exentos de pagar impuestos los pobres? No, porque el albañil que va a comprar un paquete de comida tiene que pagar un 21 por ciento de impuesto. En cambio la empresa petrolera que invierte en bienes de capital, no va a pagar impuestos.
Entonces expliquemos a ese albañil que estamos haciendo críticas porque el equilibrista desafina. Lo que pasa es que el equilibrista está haciendo equilibrio para sostener un modelo que es injusto. Eso es lo que estamos criticando y planteando.
La administración nacional va a destinar subsidios al sector privado por un total de 11.600 millones, contando transferencias corrientes y de capital, pero también va a destinar otras transferencias a las que se las llama gasto social. Por ejemplo lo que llaman subsidio a las tarifas, que explican desde una supuesta justicia social.
Nosotros subsidiamos por 1.800 millones al transporte automotor y ferroviario en el área metropolitana, es decir que todos los habitantes del país tienen que subsidiar los transportes del gran Buenos Aires y de Capital Federal por 1.800 millones, y se argumenta que se otorga el subsidio para que la tarifa sea baja.
Entonces, si no se les va a exigir determinadas inversiones a las empresas que gerencian el transporte  ‑porque las hace el Estado-, si no se les va a pedir un mejoramiento de la calidad y el cumplimiento de ningún requisito, y el Estado se va a hacer cargo de la diferencia existente entre el costo del boleto y el elevado grado de rentabilidad, eso significa que lo que se está subsidiando no es la tarifa baja para el obrero que viaja en el Ferrocarril Sarmiento, sino elevados niveles de rentabilidad a las grandes empresas que tomaron la concesión.
Entonces, para pagar 1.800 millones de pesos para que funcionen mal, mejor que el Estado tome la explotación, se rescindan los contratos ‑ya que estamos legalmente en condiciones de hacerlo‑ y que en lugar de utilizar esos 1.800 millones para subsidiar la rentabilidad de cuatro o cinco grandes empresas que generalmente son las mismas que ganan todas las licitaciones, lo destine a otro plan Jefas y Jefes de Hogar. Ese subsidio a los transportes equivale a un plan completo de ese tipo para todo un año.
Esas son las cuestiones que planteamos. No se trata sólo de acciones erróneas o equivocadas, sino de vectores que se han dispuesto conscientemente para beneficiar a determinados grupos en detrimento de otros. Ese es el cuestionamiento fundamental que hacemos.
Por eso decimos que esos beneficios consolidan un modelo que es injusto y del que será muy difícil salir. Si no salimos hoy que hay excedente y superávit, de lo cual se enorgullecen los mismos que critican al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial  -que son los que fomentan ese superávit-, no veo cómo se podrá hacer en un momento en que no lo tengamos.
Lo mismo podemos decir en cuanto a la transferencia de ingresos del Estado a los sectores privados en otro tipo de gastos sociales que se imputan como beneficios a las capas más bajas de la población, cuando en realidad buena parte de la renta va a parar a manos privadas.  Por ejemplo, en buena parte del sistema de salud el Estado o las obras sociales se terceriza, para que determinadas prestaciones finalicen en manos de sectores privados de elevadísimos ingresos.
Lo que ocurre con los contratos del PAMI por medicamentos es tremendo. Siguen vigentes los contratos de Alderete, aunque aumentados en volumen. Esos contratos benefician a los grandes laboratorios nacionales e internacionales. El PAMI podría haber contratado con alguno de los 46 laboratorios estatales que hay en todo el país. Sin embargo no lo hace; ni siquiera se los hace ingresar en los contratos para la provisión para sus efectores. Se contrata directamente con los laboratorios privados. Eso después se imputa como beneficio social a favor de los jubilados y de los más pobres, pero en realidad ese dinero va a parar a manos del sistema privado, que es quien se apropia de la renta en lugar del jubilado. En el sistema de salud sucede algo parecido.
Nos preguntamos adónde va a parar el excedente del que se enorgullecen  -y es correcto que se enorgullezcan. ¿Va a parar a las provincias, al desarrollo regional de la economía? No, porque hay un sistema de coparticipación que es injusto, que hace pagar a las provincias lo que no corresponde, que les cobra por lo que les es propio, que las expropia de los impuestos con mayor rentabilidad porque no se coparticipan. ¿Va a parar a la distribución del ingreso? No, porque sigue existiendo un sistema tributario que es el más injusto del sur de Latinoamérica. ¿Va parar a mejorar el ingreso de los asalariados, de los trabajadores, de los más pobres? No, porque los trabajadores de ingresos fijos tenemos un haber que es el peor de la historia de la Argentina, con una participación del 22 por ciento. Ni siquiera se puede comparar con el fifty-fifty del que hablaba Perón y que aplicó Gelbard.
¿Va a parar a los jubilados? No, porque no se les reconoce la movilidad de su ingreso. A pesar de que la Corte Suprema de Justicia ha establecido que debe reconocerse, se buscan subterfugios legales para no hacerlo. ¿Va a parar a la salud? No, porque ya hemos dicho que el sistema de salud se utiliza para realizar transferencias a los sectores privados. ¿Va a parar a la educación? No, porque no se dispone que el 6 por ciento del producto bruto interno sea destinado a ese fin. Existía una ley que señalaba que ello debía ser así, pero se eliminó. Así con el agua se llevaron al bebé del 6 por ciento del producto interno, que hoy debía ser aplicado a educación, y que con suerte se cumplirá recién en el año 2011.
Con respecto al pago de la deuda externa y la supuesta política de desendeudamiento, ahora pareciera que confrontar con los organismos financieros internacionales resulta beneficioso desde el punto de vista electoral. Sin embargo, se confronta con ellos haciendo lo que ellos dicen que hay que hacer. Cuando señalan que deben bajar la exposición en la Argentina, Brasil, Turquía y Rusia, luego  resulta que esos gobiernos efectivamente bajan su exposición pagando la deuda.
Cuando este gobierno asume, se debían 152.000 millones de dólares. Ahora debemos la misma cifra, y se ha dicho que ha habido una quita en la deuda externa. Concretamente, ¿cuál es la quita? Además, en el medio no solo no se concretó esta supuesta quita, sino que se pagaron en concepto de adelanto alrededor de 9.500 millones de dólares.
Se está condenando a las generaciones futuras a pagar con lo que no va a haber, a fin de cumplir con los contratos que este gobierno está planteando. Los bonos ajustables en pesos por CER y los que reconocen el crecimiento del producto bruto interno argentino constituyen una nueva vuelta de tuerca a la exacción que los organismos financieros internacionales concretaron en su momento.
Este es el destino verdadero de los excedentes presupuestarios en nuestro país. Los beneficiarios no son los sectores que han sido destruidos desde el punto de vista productivo, o excluidos desde el punto de vista social en los últimos quince años.
Por eso no podemos aprobar este presupuesto y hemos planteado propuestas alternativas desde el punto de vista de las políticas universales, la distribución del ingreso y un sistema tributario más justo.

Queremos un país en el que, si existen beneficios económicos, no sean simplemente para que se queden en los papeles y los números, sino para que pueda gozarlo el conjunto de nuestro país, y no un grupo de doscientos empresarios. (Aplausos.)

Sr. Macaluse.- Señor presidente: en principio solicitamos el tratamiento sobre tablas de este asunto, pero luego quisimos evitar la confrontación. Nos parece que esto no debe ser una puja y que todos queremos conocer la verdad, no sólo manifestar que estamos preocupados sino actuar. Por eso razonablemente hemos decidido solicitar preferencia, con o sin despacho de comisión –otros bloques nos acompañan‑, con el objeto de votar junto con el oficialismo una pronta decisión respecto de este pedido de informes. Ese fue el planteo de la señora diputada Carrió.
Entendemos el planteo que formula el oficialismo en el sentido de no votar cualquier proyecto sin despacho de comisión. Sin embargo, este es un caso excepcional: hay una muerte, amenazas de muerte, casos de narcotráfico y amenazas a una diputada nacional, tal como lo acaba de manifestar. De modo que nosotros no podemos declararnos preocupados como sí pueden hacerlo un ciudadano, un periodista o un espectador. No somos espectadores, pues esta actitud sería similar a la de un cardiólogo que se declarara preocupado ante un ataque cardíaco. Nosotros disponemos de los instrumentos que nos otorga la ley para actuar.
Entendemos razonable que el oficialismo pretenda tomarse una semana para analizar el proyecto, pero no más. Pretendemos flexibilizar las posiciones y votar junto con el oficialismo. No queremos dividir la votación ni generar una puja partidaria en una cuestión que debiera ser institucional. Por eso reitero que si el oficialismo acepta votar la preferencia, con o sin despacho de comisión, estamos dispuestos a acompañarlo, pero si no accede a ello insistiremos con la moción de tratamiento sobre tablas

 

Adrián Peréz

presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 2007

Sr. Pérez (A.).- Señora presidenta: desde el bloque del ARI hemos presentado un dictamen en el que ponemos en evidencia las principales observaciones respecto del proyecto del oficialismo, y por lo tanto nos manifestamos en su contra.
Tengo pocas oportunidades de coincidir con el señor diputado Snopek, y lo único con lo que coincido en lo que él dijo es que efectivamente este presupuesto marca una clara continuidad respecto de los presupuestos anteriores, de 2004, de 2005 y de 2006. Y esto es sensatamente así.
Es el camino que ha elegido este gobierno, y es la motivación por la cual nosotros reiteramos –mal que le pese al diputado- muchos de los conceptos año tras año, que tienen que ver con una visión que tenemos desde el ARI, distinta, opuesta, diferente a la visión del modelo económico que impulsa el oficialismo.
Ese modelo tiene una prioridad en materia de asignación de recursos y la deja plasmada en cada presupuesto. El oficialismo tiene una insistencia en el crecimiento de fondos oscuros, mal que le pese al diputado Snopek, como son los fondos fiduciarios y las obligaciones a cargo del Tesoro, que han dado lugar a múltiples irregularidades en los últimos tiempos.
Fundamentalmente tenemos una visión diametralmente opuesta a la que tiene el gobierno en materia de cuál debe ser el órgano competente, el único, para asignar y reasignar los recursos; es el Parlamento nacional.
Por eso insistimos con muchos conceptos, y lo hacemos porque pensamos absolutamente distinto. De manera tal que siendo coherentes vamos a argumentar en sentido similar al que lo hemos hecho años anteriores.
Para ser sincero, me cuesta entender la oposición de algunos legisladores tan cercanos al ex ministro Lavagna, que están horrorizados por los superpoderes y por la subestimación presupuestaria. Nada cambió: superpoderes había entre 2004 y 2006. Antes parecían no tan horrorizados y lo acompañaban, y antes parecían no tan horrorizados con la subestimación económica que apareció en los primeros  proyectos diseñados por el ex ministro

Es cierto que el primer punto que nos distancia fuertemente está dado por la existencia –hoy mucho más consolidada‑ de los superpoderes, pues ya no se trata de una delegación de facultades al Poder Ejecutivo plasmada en una cláusula del presupuesto, sino de una modificación a perpetuidad de la ley de administración financiera para que el jefe de Gabinete maneje discrecionalmente todos los recursos públicos.
No coincido con la visión casi irrisoria que tiene el miembro informante de la mayoría en cuanto a que en realidad estamos ante una adecuación de la reforma de 1994. Esta nueva interpretación, que contradice absolutamente toda la doctrina constitucional, de que la atribución del jefe de Gabinete se encuentra implícita en la facultad relativa a la administración general del país dada por el artículo 100 de la Constitución, no es cierta.  La facultad que hoy existe en cabeza del jefe de Gabinete es la misma que antes recaía en el presidente de la Nación, y a nadie en la Argentina se le ocurrió decir que éste tenía la facultad de reasignar los recursos que el Parlamento determinaba mediante la ley de presupuesto.  Tanto es así que siempre se trató de una delegación expresa por parte del Parlamento, mediante el presupuesto.
Es claro que esta cuestión central nos marca que no podemos seguir tratando un presupuesto con estas características, porque queda de lado la voluntad primaria del legislador y la voluntad más importante pasa a ser la del jefe de Gabinete, que a discreción, sin límite, puede modificar el presupuesto cambiando gastos corrientes por gastos de capital, finalidades, etcétera.
Es por tal razón que, como condición para el tratamiento de este presupuesto, requerimos la derogación de la última modificación del artículo 37 de la ley de administración financiera.
Una segunda cuestión también obedece a la insistencia por parte del gobierno respecto de un criterio que fuera expuesto en este Congreso por el ex ministro Lavagna. He tenido la oportunidad de asistir a algunas de las presentaciones del presupuesto realizadas por el ex ministro, y recuerdo que nos decía que se trataba de una metodología para la conformación presupuestaria a partir de pautas absolutamente moderadas.
Nosotros le decíamos que no se trataba de pautas moderadas sino de pautas engañosas, mentirosas; que no podía dar esos índices de crecimiento ya que sabía que la economía iba a crecer mucho más.  De todas formas, esto no es lo peor; lo peor es que el excedente presupuestario luego es manejado discrecionalmente por el Poder Ejecutivo.

Se trata de una metodología utilizada en los años 2004, 2005 y 2006, que se repite en el presupuesto de 2007. Se estima un crecimiento del PBI del orden del 4 por ciento, mientras todas las proyecciones privadas indican que será superior al 7 por ciento. Al respecto debemos leer el propio informe sobre Relevamiento de Expectativas del Mercado, elaborado por el Banco Central, que prevé un crecimiento en el año 2007 superior al 7 por ciento y una inflación cercana al 10 por ciento; ambos porcentajes, muy por encima de los determinados en el proyecto de presupuesto.
El hecho de que la recaudación siempre es muy superior a la prevista presupuestariamente, siempre da lugar a excedentes altísimos. ¿Qué es lo más grave de esto?  ¿Cuál es la etapa de mayor gravedad?  Que los excedentes presupuestarios de los años 2004 a 2006, que fueron superiores a 37.000 millones de pesos, han sido manejados a discreción por el Poder Ejecutivo mediante decretos de necesidad y urgencia: 16.000 millones en 2004, 10.000 millones en 2005 y 11.000 millones en 2006.
El miembro informante dijo que este año el Parlamento aprobó –yo diría, “ratificó”‑ muchas de las decisiones ya tomadas por el Poder Ejecutivo respecto de recursos ya asignados -e inclusive, ya devengados- mediante decretos. De hecho, en noviembre, cuando ya estaba finalizando el año, existió una aprobación de muchos gastos –insisto‑ ya devengados. Esto nos distanció del gobierno y nos sigue distanciando en lo que respecta a este presupuesto.
Otra cuestión tiene que ver con lo que nos decía el entonces ministro Lavagna en el sentido de que tenemos que establecer básicamente tres variables: el sostenimiento de un tipo de cambio competitivo, el mantenimiento del superávit fiscal y del superávit comercial, y el proceso de desendeudamiento público. Manteniendo esto, tendremos garantizado el crecimiento económico y a partir de ahí vendrá por derrame el mejoramiento de los indicadores sociales.
Este análisis tiene algunas falencias. En primer lugar, la recuperación de los indicadores sociales ha sido mucho más lenta que la recuperación de los índices económicos. En segundo término, los índices se han desacelerado fuertemente en los últimos tiempos. En tercer lugar, hay que considerar en forma especial algunos de los índices, como por ejemplo el mejoramiento del empleo, que debe analizarse y ser matizado con el tipo de empleo que se está creando, que tiene importantes rasgos de precariedad y de no registración.
Lo que está claro y estuvo claro en los presupuestos anteriores, es que no hay voluntad por parte del gobierno nacional de afrontar un proceso de redistribución del ingreso o de trocar hacia políticas redistributivas. No hay una sola manifestación de voluntad, -porque no existe- de que se vayan a cambiar los actuales programas focalizados que han dado lugar a la prebenda y el clientelismo por programas o políticas universales de sostenimiento del ingreso que construyan y garanticen ciudadanía.
Se siguen manteniendo las mismas políticas en un contexto donde es impensado que sigamos teniendo los actuales niveles de pobreza e indigencia. Es cierto que estos niveles, como también el indicador Gini -como lo ha dicho el señor diputado Recalde- han sufrido mejoras, pero también es cierto, como queda expresado en este presupuesto, que las mejoras han estado casi exclusivamente vinculadas al crecimiento económico y no a la implementación de nuevas políticas que busquen un shock redistributivo.
Eso no existe en este presupuesto ni existió en los años anteriores. Por lo tanto, insisto, para mantener la coherencia de nuestra visión, manifestamos nuestra oposición también en este punto.
Otra cuestión que nos ha distanciado y nos distancia hoy –yo diría que incluso en esto nosotros tenemos hasta casi un retraso‑ es el tema del esquema tributario. Se prevé un leve aumento de la presión tributaria que alcanzaría al 24 por ciento del producto, pero lo cierto es que la suba estimada en la recaudación nominal se explica únicamente por los incrementos en la actividad económica, en los precios y en las remuneraciones, de modo tal que no hay ninguna pretensión manifiesta en el mensaje del Poder Ejecutivo de ir hacia una modificación que dote al actual esquema tributario de mayor equidad.
En esto también hay un retroceso, porque por lo menos en los años anteriores el oficialismo manifestaba la voluntad de ir hacia una reforma que estableciera un sistema tributario más progresivo y equitativo.
El actual mensaje del Poder Ejecutivo es mucho más claro, porque dice que eso se terminó y que lo único que se quiere es reducir la brecha existente entre el sistema tributario potencial y el sistema tributario real. El Poder Ejecutivo viene a decirnos que lo único que le preocupa es terminar con la evasión, pero en el mensaje no hay una sola línea que ponga en evidencia la voluntad de producir en los próximos tiempos una reforma tributaria hacia un sistema mucho más progresivo. No la hay porque no existe. Está claro y reconocido por los propios diputados del oficialismo que estamos ante un esquema absolutamente regresivo.
Sin ir más lejos, podríamos comparar la carga con la de otros países que tienen una presión tributaria similar a la nuestra. Por ejemplo, en los Estados Unidos, tiene una presión de 26, igual que la Argentina, los impuestos directos representan el 15 por ciento mientras que en la Argentina el 8 por ciento. En Brasil representan el 10 por ciento y en la Unión Europea, el 16 por ciento.
Entonces, está claro que si nos comparamos con los países más avanzados del mundo tenemos un sistema absolutamente regresivo con una carga muy fuerte sobre los impuestos indirectos y muy leve sobre los impuestos directos.
Otra cuestión que nos distancia del gobierno nacional se vincula con los gastos tributarios. Durante este gobierno se han implementado regímenes de promoción que, tal cual lo preveíamos en su tratamiento, redundaron en un beneficio desmedido de las empresas de capital más concentrado de la Argentina.
Siempre sostuvimos que había que implementar con mucho cuidado estos regímenes porque dotaban de una importante opacidad al sistema tributario. Además, había que analizar la metodología para saber cuánto se dejaba de recaudar y quiénes eran los beneficiarios, para entender si realmente se cumplían los objetivos expresados en cada uno de estos proyectos.
En los últimos regímenes de promoción aprobados por esta Cámara –inversión de bienes de capital, para obras de infraestructura, regulación y promoción de biocombustibles o desarrollo de la tecnología‑ el único objetivo perseguido fue ayudar y beneficiar a los grupos más concentrados.
Voy a señalar la información 2005/2006 respecto del régimen de inversión de bienes de capital. En el año 2005 los diez primeros proyectos absorbieron el 96 por ciento del total del monto fiscal. Un proyecto vinculado con la ampliación de la capacidad productiva de ALUAR –una de las más grandes empresas de la Argentina‑ se llevó el 62 por ciento de los subsidios fiscales.
Las diez primeras empresas que absorbieron casi el ciento por ciento de los fondos públicos de este régimen de promoción se han ido ubicando en posiciones encumbradas dentro del ranking de las principales firmas exportadoras. Es decir que las firmas que hoy tienen mayor rentabilidad por la situación del mercado internacional y por los precios relativos son beneficiadas por este tipo de regímenes aprobados hace muy poco tiempo por el Parlamento nacional.
Podemos repetir las estadísticas del año 2006. Por ejemplo, en el régimen de promoción de bienes de capital, sobre veintidós proyectos de inversión aprobados por resolución de ministerio, seis empresas concentran casi el 90 por ciento de los beneficios: Siderar, Molinos, Acindar, Celulosa, Cargill e YPF. Entonces, el capital más concentrado es el beneficiado por este tipo de regímenes.
A esto hay que agregar un agravante, que el gobierno ha decidido quitar del proyecto de presupuesto para el año 2007 el tratamiento metodológico de este tipo de datos tributarios. Es decir, todos aquellos que confieren diferimiento de pago de impuestos o amortización acelerada han sido quitados de la estimación presupuestaria por entender que son recursos que pueden ser eventualmente recuperados en ejercicios futuros. Lo cierto es que son recursos perdidos en el actual presupuesto y por lo tanto deberían ser computados o exteriorizados tal cual lo eran anteriormente, como en los presupuestos de los países más serios del mundo.
Hay dos cuestiones que han estado ausentes del debate en este recinto durante estos años, y también lo estarán en los próximos tiempos. Celebramos el incremento que se hizo del gasto social, fundamentalmente en materia previsional, cuestión que se vincula con los aumentos realizados desde junio de 2006 y con las tres decisiones tomadas durante este año y algunas que comenzarán a regir a partir de enero.
Pero lo que nos parece una cuestión central y está ausente de este debate es afrontar una reforma previsional que ponga en tela de juicio el actual sistema. A esta altura, el sistema previsional ya ha demostrado sus múltiples falencias y también puso en descubierto una gran cantidad de pasivos, fundamentalmente a partir del incremento de la pobreza en los mayores adultos que se ha dado en los últimos tiempos. Sin embargo, esta cuestión no está prevista de ninguna forma en este presupuesto. En realidad, no hay voluntad por parte del gobierno de afrontar lo que para nosotros es una cuestión central, que es la reforma previsional.
Del mismo modo, no se modifican los programas sociales sino que se mantienen con el mismo criterio, que es mantener los programas focalizados de asistencia que han dado lugar a las más vastas prácticas de clientelismo y de prebenda.
Insisto en que a pesar del crecimiento de la recaudación, de los excedentes presupuestarios y de los múltiples recursos que se suman año tras año, no hay voluntad por parte del gobierno de ir hacia programas universales que generen y creen verdaderamente ciudadanía.
Para nosotros estas cuestiones no son menores sino centrales, y aun cuando algunos consideren que estamos repitiendo conceptos, debemos hacerlo porque es lo que pensábamos y lo que pensamos.
Otra cuestión que queremos plantear es la increíble irregularidad que se da en materia de obra pública. La planilla del artículo 12 del dictamen de comisión tenía un total de 261 proyectos, por 13.000 millones de pesos. Esto es lo que trató la comisión. Pero resulta que sin mediar debate de comisión nos encontramos luego con una ampliación del número de proyectos de inversión: se pasó de 261 proyectos a 638, y de 13.000 millones de pesos a 26.300 millones. Asimismo, de 342 millones para ser ejecutados en el año 2007 pasamos a 2.500 millones a ser ejecutados en el próximo año. Todo esto, reitero, sin discutirse en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Obviamente, estos proyectos no tienen el trámite que indica el Sistema Nacional de Inversión Pública en cuanto a los estándares de evaluación.
Otra cuestión que hemos señalado es que esos proyectos de inversión se cambian permanentemente porque hubo una delegación de facultades al jefe de Gabinete para que pueda cambiarlos.
Para el año 2007, el 36 por ciento de los proyectos de inversión tienen una ejecución absolutamente marginal: inferior al 2 por ciento. Esto quiere decir que el año próximo será un año de anuncios, ya que la mayoría de esos proyectos van a aparecer pero prácticamente no se van a ejecutar; en realidad van a empezar a ejecutarse a partir de 2009.
Las dos últimas cuestiones que queremos señalar se refieren al incremento sustantivo de fondos fiduciarios, pero no me puedo extender sobre ellas porque se está por agotar mi tiempo.
Insisto en que tal vez aparezcamos como reiterativos, pero lo somos porque estamos convencidos de que el rumbo que debe tomar la Argentina en lo económico, en lo social y en lo institucional es absolutamente distinto al que ha trazado este gobierno.

Elisa Carrió

Sra. Carrió.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución contenido en el expediente 6.907-D.-2006.
La hermana de la señora diputada César concurrió a la Comisión de Comunicaciones, donde aludió a las amenazas que había recibido. Yo, que recién me enteraba de la totalidad de las circunstancias acontecidas, frente al pedido del señor presidente de la comisión para obtener una respuesta más completa de lo que se discutía y por eso firmé en disidencia parcial la preocupación por esta cuestión, hablé con los periodistas amenazados en Salta, básicamente con Sergio Poma, y con Tort, el abogado de la víctima, y elaboramos un pedido de informes. Habida cuenta de que ya se encuentra amenazada una diputada nacional, me parece que este proyecto merecería ser tratado sobre tablas por esta Cámara de Diputados.
Si me permite, señor presidente, voy a dar lectura al pedido de informes porque desnuda la trama de cómo Gendarmería Nacional, por cruzamiento de llamadas, sabía antes sobre la muerte de la señora Ledesma, y que vinculan al ex diputado provincial, recién renunciado, Ernesto Aparicio, de la provincia de Salta.
El proyecto dice así: “Infórmese y remítanse al Poder Ejecutivo todos los informes de inteligencia de Gendarmería Nacional relacionados a la participación de Ernesto Aparicio a actividades vinculadas al narcotráfico, entre ellas la detención en la cárcel Villa Las Rosas en el año 1991”. Es decir, mucho antes de ser diputado.
“Infórmese y remítanse los datos de inteligencia de Gendarmería Nacional referidos a la señora Beatriz Suárez, concubina de Ernesto Aparicio, y todas las actuaciones vinculadas a la detención efectuada por Gendarmería Nacional con un kilo de cocaína en el año 1996.
“Infórmese y remítanse todos los cruzamientos de llamadas de inteligencia de Gendarmería Nacional que denotaban el seguimiento de Liliana Ledesma, antes del crimen, de la hermana y cuñado del ex diputado provincial, Ernesto Aparicio.
“Infórmese qué medidas tomó el Gobierno Federal respecto de las amenazas de muerte contra los periodistas Sergio Poma, Paula Poma, Agustina Poma, el juez Abel Cornejo y el abogado Daniel Tort…”, a las que ahora se suma la amenaza a la diputada nacional Nora César.
“Infórmese cuáles fueron las razones por las que Gendarmería Nacional, teniendo el cruzamiento de llamadas que marcaban el seguimiento de la asesinada Ledesma, no se efectuó ninguna denuncia penal, ni se llevaron a cabo diligencias para evitar el crimen.
“Infórmese si funcionarios y/o miembros de la Gendarmería Nacional que acompañaron al doctor Tort, en un almuerzo en Tartagal, presenciaron el arribo del ex diputado Aparicio con tres personas, una de ellas bajo el nombre de Cali Smith y qué informes o información de inteligencia poseen sobre tal persona de origen boliviano cuyo trabajo sería el de sicario.
“Remítanse, a través del Ministerio del Interior, los informes de Gendarmería Nacional respecto de los hermanos Castedo, en relación al narcotráfico. Asimismo sírvase informar las causas relacionadas a este delito y si en la actualidad existen causas pendientes.
“Infórmese cuál es la situación de lucha contra el narcotráfico en la provincia de Salta, y en particular en la localidad de Salvador Mazza.
“Infórmese qué fuerzas de seguridad federal se encuentran investigando el tráfico de drogas en Salvador Maza, y si existe alguna vinculación entre el ex diputado Aparicio, los hermanos Castedo y el asesinato de Ledesma.
“Cuáles y cuántas son las muertes vinculadas al narcotráfico. Detállense datos filiatorios.
“Infórmese sobre denuncias relacionadas a violaciones de derechos humanos en la provincia de Salta, en el período comprendido entre enero de 2003 y octubre de 2006. Sírvase informar detalle de cada localidad/municipio, etcétera.
“Infórmese cuáles fueron las medidas adoptadas por la autoridad competente sobre el corte de la señal o transmisión de Canal 7 en la provincia de Salta en momentos en que se desarrollaba una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación relacionada al reclamo de una Asociación de Pequeños Productores y Ganaderos de Madrejones.
“Infórmese, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y/u otro organismo correspondiente, sobre la tala indiscriminada en la provincia de Salta.
“Qué acciones se vienen desarrollando a fin de garantizar el cumplimiento irrestricto de los derechos emanados en nuestra Constitución, particularmente el de vivienda y seguridad.
“Si intervino ante el gobierno de la provincia de Salta, detallando las acciones llevadas a cabo.”
Lamentablemente, señor presidente, tuve un altercado con el presidente de la comisión, porque cuando la testigo declaró que era muy grave yo pensé que le debíamos dar una atención mucho mayor al tema, dado que ya había muertes por narcotráfico y podían seguir muriendo personas.

En todo caso, pido disculpas al presidente de la comisión si me sentí muy mal. Dado que hoy está amenazada una diputada nacional, después de conocer la cuestión y de hablar con todos los involucrados preparé este pedido de informes para ver si este Congreso puede obtener información acerca de cómo suceden hoy las muertes en Salta.

Sra. Carrió.- Señor presidente: solo quiero volver a pedir el apartamiento del reglamento y el tratamiento de sobre tablas para mi iniciativa. En todo caso,  se rechazaría mi propuesta y más adelante se consideraría un dictamen de comisión.

Quiero señalar que el diputado Urtubey ha dicho claramente en Salta que un narcotraficante no puede ser miembro de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, solicito  que se vote y que la Cámara se haga cargo si algo sucede en el trayecto

Marcela Rodríguez

Sra. Rodríguez.- Señor presidente: nosotros vamos a pedir el apartamiento del reglamento. Este proyecto al que se refirió la señora diputada Carrió, fue tratado en la comisión por los asesores. Hubo acuerdo y todos los señores diputados tenían conocimiento. De hecho acordaron ayer y por eso vamos a pedir que se trate con o sin despacho, o por lo menos que se establezca una preferencia.
Creemos que expresar la preocupación por el tema es importante, pero es una cuestión meramente declarativa. La gravedad de la situación exige que la Cámara tome medidas mucho más relevantes.
Expresar la preocupación y solidarizarnos con la señora diputada es algo que puede salir en los medios de comunicación, pero a los fines de poder dotar de instrumentos a esta Cámara para investigar realmente cuál es la situación, a fin de que las comisiones obren en consecuencia, realmente no nos va a servir para nada.
Si se quiere hacer algo efectivo, tendremos que proveernos de elementos y eso se hace a través de un pedido de informes. No olvidemos que aquí se hacen declaraciones de beneplácito o de preocupación por una cantidad de cuestiones que son absolutamente irrelevantes.
Por lo tanto, bastante difícil nos va a resultar distinguir entre la gravedad institucional que revisten las amenazas a una diputada nacional, a un juez federal de la Nación, y a periodistas, así como la conculcación de la libertad de expresión, y otras declaraciones de menor envergadura que suele hacer esta Cámara.
Habiendo un acuerdo de asesores sobre el texto por lo menos es fundamental que se vote en esta Cámara un apartamiento del reglamento para que haya una preferencia con o sin despacho de comisión.

En todo caso, como lo plantea el señor diputado Rossi, si se quiere analizar más, por lo menos que estemos en condiciones de tratarlo la semana que viene.

Sra. Rodríguez.- Señor presidente: mi comentario va en el mismo sentido. En realidad, si se quisiera modificar el artículo 20 habría que reformar esa ley, cosa que no se puede hacer en esta sesión ni durante el tratamiento de la ley de presupuesto. Por lo tanto, la vigencia de ese artículo 20 prevalece sobre estos cambios. En todo caso, podrían haber derogado ese artículo. Pero no lo han hecho. Por lo tanto, lo están violando.

Por otro lado, vamos a apoyar el pedido de votación nominal por el hecho de que se está violando el precepto constitucional, referido a la división de poderes. Sobre este tema ya nos hemos explayado en numerosas oportunidades, por lo que no nos vamos a extender en explicaciones.

Sra. Rodríguez.- Señora presidenta: voy a ser muy breve a fin de que el presidente de la comisión no se queje de que repetimos conceptos. Lo que sucede es que existe repetición tanto en las violaciones de la normativa contenida en el artículo 20 de la ley 24.156 –el señor diputado Giubergia se refirió a ello‑ como en la delegación de facultades violatorias del artículo 1° de la Constitución Nacional.

Adelanto nuestra oposición a todos estos capítulos que contienen tales violaciones, para no tener que hacer uso de la palabra respecto de cada uno de ellos. En tal sentido, solicito la inserción de mi discurso en el Diario de Sesiones.

Marta Maffei

Sra. Maffei.- Señora presidenta: teniendo en cuenta la forma en que el presupuesto plantea las cuestiones del financiamiento de la educación, es decir, que una parte la tiene el presupuesto social y otra las universidades, voy a incluir los dos temas en este punto. Es decir que me voy a referir a la finalidad cultura, educación, ciencia y tecnología en el marco de un presupuesto que, como bien lo han señalado algunos oradores que me precedieron en el uso de la palabra, subestima los recursos y sobreestima los gastos, tal como ha ocurrido por lo menos en los últimos seis años.
Este es un presupuesto particular por el cual se otorga a quinientas empresas de los grupos más concentrados, ya sea por vía de subsidios, promociones o exenciones, el 300 por ciento del monto que se asigna a ciencia, educación y cultura.
He escuchado varios discursos elogiosos respecto de la inversión educativa. Es cierto que en este presupuesto el gobierno nacional ha incrementado la asignación de recursos para la función  un 24 por ciento por encima de lo establecido en el presupuesto del año 2006.
Pero acá quiero hacer tres señalamientos, fundamentales. El primero es que hemos encontrado un mecanismo muy ingenioso por parte del Ministerio de Economía por el cual, a través del presupuesto damos cumplimiento a la ley 26.075, incrementado el porcentaje del producto bruto interno hasta por encima de la pauta e incrementando los gastos corrientes; pero resulta que lo hacemos sobre un producto bruto interno absolutamente subestimado, marcadamente subestimado.
En consecuencia, nosotros cumplimos la pauta de la ley 26.075 en el marco de un PBI que no tiene absolutamente nada que ver con el PBI real. No lo fue en el 2005, no lo fue en el 2006, y tampoco lo será en el año 2007.
Como consecuencia de ello vamos camino al cumplimiento del supuesto 6 por ciento del producto bruto interno cuando, en realidad, ni siquiera hemos podido tocar el 5 por ciento del producto bruto interno, incluyendo ciencia, tecnología y educación.
Concretamente, en este presupuesto hay además un descenso de la asignación para educación, ciencia y cultura en relación con el gasto global de la Nación. El año pasado nosotros teníamos el 7,53 por ciento del total del gasto de la Nación, y este año tenemos el 7,22 por ciento. ¿En qué marco? En el marco en el que las provincias invierten entre el 21 y el 34 por ciento de la totalidad de sus recursos.
Por eso, lo que dijo el señor diputado Sarghini, que me antecedió en el uso de la palabra, es efectivamente así. Esta ley no resuelve la problemática educativa, no la resuelve este presupuesto que hemos fijado, y por tanto vamos a seguir teniendo, como hemos tenido este año, paros, cortes de servicios, marchas y  movilizaciones, en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, San Juan, Entre Ríos y Chaco -donde están en huelga de hambre en este momento-, en Chubut.

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).-  Señora diputada, ¿cuáles son las modificaciones que usted propone?

Sra. Maffei.- Nosotros tenemos para educación universitaria el 41 por ciento de este presupuesto; para capacitación de agentes públicos, el 9 por ciento; para ciencia y tecnología, el 18 por ciento, pero para educación básica en su conjunto, incluyendo las becas, el 32 por ciento.  Esto hace que para la educación básica la Nación termine invirtiendo nada más que el 11 por ciento de todo el gasto y las provincias, el 89 por ciento.

Por lo tanto, quiero proponer que la educación básica tenga un sostenible incremento, un crecimiento significativo; doblar por lo menos el monto asignado a becas y doblar por lo menos el monto asignado -que ya se bajó al 50 por ciento del año pasado- al fondo compensatorio.

régimen de presupuestos mínimos ambientales para la protección de los bosques nativos

Sra. Maffei.- Señora presidenta: solicito la autorización de la Honorable Cámara para insertar mi exposición en el Diario de Sesiones. Simplemente deseo señalar que este proyecto de ley es producto del consenso y del trabajo arduo que se llevó adelante en la comisión, sobre la base de las distintas iniciativas que se habían presentado. Hubo mucho trabajo. Se convocó a participar a especialistas en materia de bosques, de sustentabilidad y de protección y participaron organizaciones no gubernamentales. Es decir que este es el resultado del consenso. Es una iniciativa muy buena que recoge el esfuerzo de todas estas organizaciones que han participado, que crea un ordenamiento jurisdiccional de los bosques y permite un programa de protección que, entre otras cuestiones, va a producir la reforestación y la restauración de los bosques.
Todos estos son temas muy importantes para nosotros. En respuesta a lo planteado por el señor diputado Tinnirello, le digo que habrá un diseño participativo del modo de conservación de los bosques, debe convocarse a la comunidad y se han tomado resguardos y reaseguros.
El señor diputado preopinante expresaba su preocupación por que mediante esta norma se vieran vulnerados los recursos que la Constitución de 1994 otorgó a las provincias y las autonomías que éstas tienen sobre los recursos. En ese sentido, debo decir que me avergüenza referirme al modo en que las provincias han depredado, saqueado, lastimado, dañado y exterminado el bosque nativo. Entonces, lo que menos se nos ocurriría es invocar el derecho de las provincias de proteger sus recursos, porque si hay algo que han hecho con este recurso, que es el bosque nativo, es saquearlo y depredarlo absolutamente.
Además, es cierto que los derechos ambientales no existían en la época de la Constitución de 1853, como tampoco los derechos humanos, aunque tal vez sí los sociales. O sea que han sido nuevas adquisiciones de una sociedad que busca distintas formas de ser protegida.
Existe una tendencia bastante riesgosa de parte de algunos en el sentido de considerar que el proyecto debe mencionar un mínimo de protección. Los presupuestos mínimos de protección ambiental en realidad son recaudos sustantivos que si son desoídos ponen en riesgo el bien tutelado. Aquí está muy claro que está en riesgo el bien tutelado, que es el bosque nativo y su biodiversidad. No se trata de mencionar un mínimo de protección, sino de establecer presupuestos mínimos para garantizar integralmente la protección del bien tutelado.
Quisiera agregar una sola cuestión relacionada con la preservación del bosque nativo, y solicito autorización para insertar el resto de mi discurso. Me quiero referir a la biodiversidad, su preservación y la importancia que esto tiene hoy en la física, en la química y en la salud de los seres humanos.

  Existen innumerables comunidades científicas en Suecia, Rusia, Alemania, Finlandia y Noruega que con esfuerzo desesperado y costos tremendos tratan de mantener jardines botánicos con una diversidad biológica que asegure la sustentabilidad de esos países en el futuro. Y nosotros, que la tenemos naturalmente, que no debemos generar ningún botánico específico, nos damos el lujo de quemarla. Frente a esta realidad es absolutamente imprescindible que se establezca una ley de protección de los bosques nativos

Leonardo Gorbacz

Sr. Gorbacz.- Señora presidenta: en relación con el artículo 13 reconozco que ha habido una mejora en general en el presupuesto de las universidades, pero venimos de un retraso muy grande. En particular haré referencia a la Universidad Nacional de la Patagonia –que desarrolla carreras en el Chubut y también en mi provincia, Tierra del Fuego‑, que ha ido perdiendo históricamente el porcentaje de partidas que le ha tocado en el presupuesto de las universidades nacionales. Esto ha generado un enorme deterioro de sus servicios y una situación crítica que se ha presentado el año pasado y que no se ha podido revertir con los montos que hoy estamos destinando a esa universidad.
Tierra del Fuego es una provincia que se ha ido poblando gracias a la activa intervención del Estado y a la promoción industrial en las décadas del 70 y del 80, con la apertura de fábricas. De hecho, hoy la población de Tierra del Fuego está compuesta casi en su mayoría por adultos y jóvenes provenientes de distintas provincias del país, que han ido a encontrar un mejor horizonte gracias a esas nuevas ofertas de trabajo.
Esta gente ha tenido hijos, que hoy son adolescentes, y esos adolescentes, que han terminado de estudiar, no tienen oportunidad de ingresar a carreras universitarias porque son mínimas las ofertas que pueden existir, tanto universitarias como terciarias, con este presupuesto. Esta situación se agrava porque no tenemos la posibilidad de tomar un micro e ir a estudiar a una universidad de una provincia cercana.
Las universidades nacionales están sostenidas por el presupuesto de la Nación, pero lamentablemente en nuestra región, y en mi provincia en particular, poco podemos disfrutar de la universidad pública y gratuita que tanto defendemos.
Esa situación ha generado un enorme deterioro en cuanto a la movilidad social de nuestra población. No puede estudiar cualquiera, sino solamente los hijos de las familias medias y acomodadas.
Entonces, concretamente voy a pedir un aumento del orden del 0,39 por ciento en el presupuesto de las universidades. Según el presupuesto elevado por la Universidad de la Patagonia, se necesitan 99.381.385 pesos, es decir, 17.056.684 pesos más que lo que figura en el presupuesto de las universidades, para ser destinado exclusivamente a la Universidad de la Patagonia.
Sabemos que la distribución de las partidas entre las distintas universidades se discute en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional, lo cual no quiere decir que esa discusión quede saldada con justicia. El hecho de no determinar aquí cómo se distribuyen esos fondos no deja de ser una delegación de facultades.

Por las razones expuestas, solamente solicito un aumento del 0,39 por ciento en el presupuesto para la Universidad de la Patagonia, en este artículo 13.

 María América González

Sra. González (M.A.).-  Señora presidenta: en el artículo 41 se establece un programa para implementar la cancelación de deudas previsionales. Durante muchísimos años y frente a las autoridades de turno sostuve que una manera de evitar la litigiosidad cuando las personas acuden a iniciar un reclamo, consiste en lo siguiente: en lugar de entregarles una planilla donde directamente se les dice que ello no les corresponde, se les estudie el expediente para ver si amerita una diferencia y se les proponga una forma de cancelación. Esto de algún modo sería un sistema de mediación.
Observo con agrado que el artículo 41 dice así: “El aludido programa deberá ser de adhesión voluntaria e implicar una deducción en el monto principal y/o los intereses, que deberá ser proporcional a la etapa procesal en que se encuentre el reclamo administrativo o judicial.” Obviamente no es lo mismo una persona que inicia el reclamo en la etapa administrativa que alguien que está en la Cámara hace tres años o alguien que llegó a la Corte diez o quince años atrás.
Por eso quiero hacer una consulta al presidente de la comisión, que es tan generoso y gentil al responder a los pedidos de modificación de los artículos. El texto dice lo siguiente: “Lo dispuesto precedentemente, deberá realizarse sin que su cumplimiento afecte los procesos de liquidación y puesta al pago de sentencias judiciales firmes de aquellos beneficiarios que no adhieran al referido programa.” De no ser así se estaría incurriendo en una discriminación entre el que adhiere a una conciliación y el que no, como si se tratara de la materia laboral.
Al no establecerse partidas específicas para este programa, de qué modo se va a llevar a cabo ni desde qué fecha, en lo personal me surge una inquietud respecto de los excedentes y el superávit que hoy tiene la ANSES. Cito un ejemplo claro. Los trámites de las personas que se jubilan por la moratoria pagando después de jubilados se completan entre los 30 y 50 días. En cambio, los trámites jubilatorios de quienes cumplieron sus treinta años de aportes o más, como mínimo tienen en promedio una tardanza de seis meses a un año. Se da preferencia a los trámites de la moratoria.
En el artículo 40 se agregó al final el siguiente texto: “Autorízase al Jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias a fin de dar cumplimiento al presente artículo”. Se aducirá que tiene superpoderes y puede hacerlo, pero a mi juicio sería conveniente que se agregara un párrafo que diga así: “Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias que no afecten las partidas específicas del organismo.” Como el presupuesto es uno y lo estamos ampliando, es posible que se aboquen a atender sólo las conciliaciones y paguen menos sentencias, sobre todo de aquellos que han adherido. En este sentido, si bien aquí se indica que eso también se va a cumplimentar, no dice de qué manera ni en qué proporción. Obviamente, si las adhesiones son muchas, van a tener que ampliar las partidas, porque las previstas –esto lo hemos conversado con el director de la ANSES- son para cumplir durante 2007 con las que tienen sentencia firme.

Reitero que este es un nuevo programa; es una ampliación que celebro, al menos por verla escrita, y que espero se lleve a cabo.

Sra. González.- Señora presidenta: antes de abordar el tema de los artículos 45 y 46 que tan claramente mencionó el señor diputado Nieva, quiero aclararle al señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que el artículo 46 del proyecto –que no sé si el señor diputado habrá leído‑ dice: “ Determínase para el ejercicio presupuestario 2007 una movilidad del trece por ciento…” De ahí la coherencia en la exposición del señor diputado Nieva. Reitero: a lo mejor, el señor diputado no pudo leer ese artículo.

– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2° de la Honorable Cámara, don Fortunato Rafael Cambareri.

Sra. González.- Quiero hacer una mención respecto del artículo 43, que se refiere a las pensiones graciables.
Desgraciadamente, las pensiones graciables siempre fueron mal interpretadas, opinión con la cual no coincido porque tengo absoluta confianza en mis colegas ‑salvo raras excepciones‑, pues trabajan con mucha seriedad y por eso siempre las he defendido.
En este proyecto se hace un agregado en este tema, que yo invito a que lo pensemos porque no me queda claro y puede dar lugar a confusión.
Entre los requisitos que debe tener la persona que recibe la pensión graciable, el artículo 43 establece: “no ser el beneficiario titular de un bien inmueble cuya valuación fiscal fuere equivalente o superior a sesenta mil pesos.” Eso queda igual. Luego dice: “No tener vínculo hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el legislador otorgante, quedando exceptuados los beneficiarios discapacitados.” Esto quiere decir que si yo tuviera un hijito discapacitado o con una capacidad diferente podría darle una pensión graciable.
Esa última mención en su momento la habíamos eliminado por el famoso caso del nunca bien ponderado Alvaro Alsogaray –que Dios lo tenga en la gloria‑ cuyo sobrino era discapacitado, y él le otorgó una pensión graciable, porque en ese momento éstas no tenían ningún tipo de requisitos y  se podían dar a cualquier persona, como Matzkin se la dio a la madre, y así sucesivamente.
Poner acá a los parientes discapacitados que tengan los diputados no tiene sentido, porque ya existe la pensión para el discapacitado, como también existe la jubilación para el discapacitado.
Eso puede dar motivo a que sean mal interpretadas las pensiones graciables que damos, y se diga “claro, como ese discapacitado es pariente de un diputado tiene una pensión graciable”, y nosotros damos pensiones graciables a gran cantidad de discapacitados. También las dan Acción Social y los municipios.
¿Por qué tiene que ser distinta una persona con capacidad diferente si tiene la suerte de tener un pariente diputado?  Me parece que este agregado que hicimos este año no corresponde. Pero lo dejo para que lo piensen, porque cada uno tendrá su criterio.
Con respecto al artículo 45, este es falso, de falsedad absoluta; nos miente a todos. Yo soy abogada y llevo treinta años en el ejercicio de la profesión. Yo no compré el título, y esto se lo digo al presidente de la comisión, porque estuvo hablando de algunos especialistas en contabilidad y de otros que no eran abogados. Yo no compré el título; no sé cómo lo obtuvo el presidente de la comisión. Puedo traer la libreta universitaria, que la conservo con gran cariño. En consecuencia, estoy en condiciones de decirle que miente.
Quien redactó este presupuesto y puso que para el ejercicio 2007 va a haber una movilidad del 13 por ciento, de alguna manera quiso responder a la Corte, porque ésta le dijo “en un tiempo prudencial”. Lo hemos estado conversando y acá tengo el caso Vagaro por si el presidente de la comisión lo quiere leer, o porque no lo recuerda, ya que obviamente no es su especialidad, como tampoco la mía es el presupuesto.  La movilidad se tiene que establecer sobre la base de un índice: el del café, del azúcar, de cuántos africanos hay en África, o lo que fuere.
La Corte dijo que como los trabajadores jubilados son trabajadores,  deberían cobrar –deberían, porque no cobran‑ un porcentaje de su sueldo, siempre y cuando se hayan jubilado con anterioridad al régimen de la ley actual, porque con esta ley les pagan un 45 o un 50 por ciento por obra del Espíritu Santo; no hay ningún porcentaje. Estoy hablando de los jubilados específicamente. Hoy la 24.241 no es una ley de jubilación, es una ley para entidades financieras, para que los bancos hagan sus negocios.
Entonces, yo digo que el 13 por ciento no representa nada, no lo dice. Yo tuve el honor de ser la vicepresidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, y formamos una subcomisión para el estudio de la movilidad, tal como lo dijera el señor diputado Nievas, que también la integraba con otros colegas.
Estuvimos trabajando sobre cuál sería el mejor índice, el índice que mejor se adecuara a la realidad del país, e incluso sobre la posibilidad de que dicho índice se aplicara por escalas. Yo propuse el índice salarial, y cuando hable el diputado Lozano lo va a explicar mucho mejor que yo. Había personas que pedían un índice mixto, para que no se tomaran nada más que los salarios.
Ahora yo quiero decir que desde el año 2002 a la fecha los jubilados llevan cobrados 15.466 millones de pesos menos respecto de los trabajadores. Así todo, por deformación profesional yo establecía el mismo índice que teníamos con la vieja ley 18.037, determinando un índice mixto teniendo en cuenta también los ingresos genuinos por aportes y contribuciones e ingresos por contribuciones del Tesoro, porque en razón de la creación de esta ley genocida el Tesoro tiene que ayudarnos, ya que bajaron las contribuciones y los aportes, y vaciaron la caja.
Eso es movilidad, no esto. Bienvenido sea este aumento que da el presidente de la Nación; pero a pesar de los incrementos otorgados –el 25 por ciento para quienes ganaban menos de mil pesos, o el 11 por ciento en otros casos‑, respecto del aumento de los salarios nos encontramos como un déficit de quince mil millones de pesos, y si tomamos la inflación, con veintitrés mil millones de pesos menos. Entonces, bienvenido todo lo que signifique aumento; pero no hablen de “movilidad”. No mientan.
Cuando fuimos con el resultado a la Comisión de Previsión y Seguridad Social la respuesta del presidente de la comisión fue: acá vino el proyecto del Poder Ejecutivo. No hay más movilidad, no existe la movilidad. El aumento es del 13 por ciento. “Aumento”, dijo el presidente de la Nación. No miente. Acá, en este presupuesto, mienten para engañar a los jubilados, aunque ya no los engañan más.
Junto con la diputada Velarde hemos presentado un proyecto por el que se exceptúa del pago del impuesto a las ganancias a los jubilados, porque también son trabajadores, pero tal iniciativa está durmiendo en la comisión que preside el señor diputado Snopek. Moyano también tendría que sacar a la calle todos los camiones para pedir aumento para los jubilados y reclamar por la movilidad, pero no lo veo. Yo sería la primera en subirme al camión. Sin embargo, creen que porque los jubilados no tienen fuerza como los mineros, no ejercen presión o son pocos los sindicatos que se juegan por ellos, es posible mentirles.
¿Qué significa “tiempo oportuno”? ¿Creen por ventura que esperar el próximo año para dar aumentos cuando se acerquen las elecciones va a significar que exista movilidad…?

– Varios señores diputados hablan a la vez.

Sra. González.- Cállense la boca que estoy hablando.
No, no va a significar movilidad. Acá mienten. Por eso, solicito que este artículo sea modificado por un índice de movilidad que tenga en cuenta los índices salariales y los ingresos genuinos. Si hay una proporción mayor que el 10 por ciento, inmediatamente deberá trasladarse al haber de los jubilados.
También propondré modificaciones en el artículo 46…
Señor presidente: voy a esperar a que usted termine de hablar con la señora diputada con la que está dialogando.

Sr. Presidente (Cambareri).- Continúe, señora diputada.

Sra. González.- Usted es muy gentil, señor presidente.

                                Brevemente me referiré a la modificación del artículo 46, que alude a un haber mínimo de 530 pesos. Un arco muy amplio de la oposición ha consensuado una modificación en el siguiente sentido. Atento al carácter sustitutivo, como han sostenido la Corte y la jurisprudencia desde hace cuarenta años, el haber mínimo de los jubilados –gracias a los aumentos otorgados el 70 por ciento de ellos percibe un haber mínimo‑ debe ser el 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil. Es decir que en este momento, en lugar de 530, sería nada más que 656 pesos. (Aplausos.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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