Desaparecidos: involucran a Isabelita, Cafiero y Ruckauf

Un magistrado de San Rafael, Mendoza, pidió ubicarlos y luego ordenaría su detención.

SEÑOR JUEZ. El magistado Héctor Acosta, en San Rafael.

La desaparición forzada de una persona durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón podría derivar en el arresto de la ex presidenta y de varios miembros de su Gabinete, entre ellos Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf.

La decisión sería adoptada por el juez federal de San Rafael, Héctor Acosta, según se desprende de actualizaciones «urgentes» de domicilios y la ratificación de identidades y cargos de ex funcionarios, requeridos por el magistrado en las últimas 48 horas.

«No existen órdenes de captura pero estoy esperando los informes solicitados porque lo que está en juego es la determinación o no de responsabilidades», declaró el juez a Clarín. «Me encuentro en la soledad de la decisión», agregó.

Fuentes judiciales dijeron que la premura de «urgentes despachos» invocados por Acosta a la Policía Federal y al Gobierno de Mendoza, pueden generar diversas alternativas: o bien la orden de arresto de algunos o de todos los ex funcionarios invocados por el juez o la citación de ellos como testigos en el expediente «Fiscal sobre averiguación delito», abierto para investigar la desaparición de Héctor Aldo Fagetti Gallego, el 25 de febrero de 1976, a menos de 30 días del golpe militar. Gallego figura como liberado el 10 de marzo, pero nunca apareció.

El delegado de la Policía Federal en San Rafael, subcomisario Gustavo Goldar, señaló que sólo recibió un pedido del juez para verificar domicilios actuales y los datos de filiación correctos de la ex presidenta y de varios de sus ministros. El ministro de Gobierno, Sergio Marinelli, reconoció que el juez le hizo un pedido similar. Marinelli deberá informar, además, quiénes eran las autoridades de gobierno provincial que «suscribieron o dispusieron» poner las fuerzas policiales bajo el control operacional del Consejo de Defensa de la Nación.

Los reclamos del juez están vinculados a los decretos que en 1975 dispusieron «ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los de efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país».

Los informes que requiere el juez se relacionan con María Estela Martínez de Perón, los entonces ministros Carlos Ruckauf, Antonio Cafiero, Angel Federico Robledo (fallecido), Manuel Arauz Castex, Tomás Vottero y Carlos Emery. También alcanza al ex presidente provisional Italo Luder. Todos firmaron los decretos cuestionados.

Cafiero admitió ayer que durante el gobierno de Isabel hubo «hechos aislados de terrorismo de Estado», pero afirmó que la consigna era «aniquilar el accionar de la subversión, no a los subversivos». Interpretó que aniquilar significa «desarmar al enemigo, quitarle medios y reducirlo en su capacidad de ataque».

Ruckauf mencionó, a su vez, que ese gobierno no permitía la represión ilegal ni la desaparición de personas. Hizo notar que el término «aniquilar» fue usado como defensa por los miembros de la Primera Junta Militar.

Y el abogado de María Estela Martínez, Atilio Neira, dijo: «Me parece que se reflota un tema muy vapuleado, de aquel famoso decreto que firmaron la señora de Perón y (Italo) Luder».