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Acusan a 36 militares de usar informes falsos para tener armas

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en diciembre 23, 2006

No se puede mostrar la imagen “https://i0.wp.com/www.clarin.com/diario/2006/12/23/thumb/t082dh21.jpg” porque contiene errores.Fue con los trámites para conseguir la tenencia de sus armas particulares. Se falsificaron los informes psicológicos. Esta involucrada una dependencia del Ejército. El caso ahora pasó a la Justicia.

 

Treinta y seis militares, entre ellos varios de alto rango, fueron acusados de falsificar los informes psicológicos para que les den la tenencia de sus armas. El caso empezó con un sumario administrativo que derivó en la inhabilitación en el uso de esas armas por parte de todos los implicados, pero además la Justicia ahora los investiga por el delito de adulteración de documentos públicos.

Todo se descubrió porque un dato en particular les llamó la atención a los empleados que recibieron los trámites en el Registro Nacional de Armas (RENAR). Cuarenta presentaciones tenían sus certificados de aptitud psicofísica autorizado por la misma médica. Al registrar los formularios notaron que las firmas no se parecían entre sí. Pero luego, al convocar a la profesional, ella negó haber hecho la mayoría de esos estudios y dijo que ni la letra ni el sello eran suyos.

Entre los imputados se encuentran varios militares retirados: dos coroneles, un teniente coronel, un capitán, un teniente, cinco sargentos y otros 14 oficiales y suboficiales. En cambio, los que están en actividad y se informó su rango son un teniente y cinco suboficiales. Del resto no se dieron precisiones de sus grados.

El delito por el que se los acusa es “falsificación de documentos” (artículo 292 del Código Penal), que castiga a quienes los adulteren en forma parcial o total.

Los certificados de legítimos usuarios fueron tramitados por el Departamento de ley de Armas del Ejército, que se encarga de hacerles las gestiones a los cuadros militares. Por lo tanto, la investigación no sólo salpica a los titulares de las credenciales.

Para obtenerlas es preciso cumplir con una serie de requerimientos. Los más destacados son ausencia de antecedentes penales, idoneidad en el manejo de armas de fuego y aprobación de los estudios psicofísicos. Estos últimos son necesariamente intransferibles: si alguien no cumplió con ellos, no puede alegar que la responsabilidad estuvo en el gestor.

“No es sólo la culpa de los imputados la que está en juego. Hubo alguien que se encargó de todos los trámites. Da la sensación que esa persona les dijo a los que ahora están acusados que se quedaran tranquilos porque les solucionaba el problema sin que se tuvieran que someterse a ningún estudio”, explicó el director del RENAR, Andrés Meiszner.

Una de las líneas que sigue la investigación apunta a determinar la participación del personal del Hospital Militar, donde trabaja la psicóloga involucrada. Fuentes del caso sostienen que sin alguien de adentro, la adulteración no se podría haber hecho.

Para eso el fiscal federal Jorge Di Lello (de la Unidad Fiscal de Investigaciones del RENAR) pidió un informe de los responsables de entregar los certificados al Departamento de ley de Armas. Y también las copias del libro de registros de los pacientes y constatar así si los imputados pidieron turnos para el examen.

“Las desprolijidades son varias. Además de que, por su especialidad, la médica sólo podía hacer una evaluación psicológica y no física, no hubo cuidado en la presentación. El sello estaba mal hecho, algunas letras aparecían corridas. Se nota que lo armó alguien que estaba acostumbrado a hacerlo sin que nadie le cuestione nada”, según explicó uno de los investigadores.

Hace menos de una semana, después de que el fiscal federal terminara la recolección de pruebas, la causa cayó en el Juzgado de Instrucción Nº 37, a cargo de Silvia Ramond y será investigada por la fiscalía Nº 48. Ahora la jueza debe cumplir con una serie de diligencias sugeridas por Di Lello: cruzamientos de las llamadas y reconocimientos caligráficos de los imputados y de las personas vinculadas a la confección de los certificados.

El miércoles el Senado convirtió en ley el Plan Nacional de Desarme. Ese programa contempla, además de la entrega de armas por parte de los civiles, que se haga un inventario de todos los arsenales militares, de las fuerzas de seguridad y de la Policía Federal. De esa manera, el RENAR debería tener un registro actualizado de las armas particulares de los integrantes de esas fuerzas y también de las reglamentarias.

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