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ESMA: procesan y embargan a 33 represores por 6 mil millones

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en diciembre 23, 2006

DERECHOS HUMANOS : ENTRE OTROS FIGURAN ASTIZ, «EL TIGRE» ACOSTA Y RADICE, POR 617 NUEVOS CASOS DE CRIMENES DE LESA HUMANIDAD

Es una sentencia del juez federal Sergio Torres. Los embargos promedian los $ 250 millones cada uno e inhabilitan a los acusados para cualquier acitividad comercial. Queda abierto el camino para el juicio oral.

ESMA. Hoy, Museo de la Memoria. por allí pasaron más de cinco mil detenidos ilegales. Pocos sobrevivieron.

Seiscientas páginas debió usar el juez federal Sergio Torres para fundamentar la ampliación de los procesamientos y embargos que promedian los 250 millones de pesos cada uno contra treinta y tres ex oficiales, militares y civiles que actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la última dictadura militar. Once de esos treinta y tres acusados lo son por primera vez. El resto recibió una ampliación de la acusación por 617 nuevos casos de crímenes de lesa humanidad que incluyen el secuestro, la tortura y el asesinato de detenidos ilegales durante el «proceso» militar.

Torres dictó sentencia en la llamada «megacausa ESMA» y dejó abierta la puerta para el juicio oral en un expediente que ya lleva en la Justicia más de 20 años. En 1985, durante el juicio a las juntas militares, los horrores de la ESMA, por donde se calcula pasaron más de cinco mil detenidos, se esbozaron en unas pocas audiencias en el invierno de aquel año. Luego, las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida la condenaron al archivo hasta su anulación en 2003.

El fallo amplía el procesamiento de figuras de triste celebridad en la ESMA, como Alfredo Astiz, un «operativo del Grupo de Tareas 3.3.2 de la Armada; Jorge «El Tigre» Acosta, que dirigió el Servicio de Inteligencia Naval y fue dueño absoluto de la vida y la muerte en el centro de exterminio de la ESMA; Jorge Rádice, un tirador experto que llegó a manejar los «negocios inmobiliarios» de la «patota» de la ESMA armados con propiedades de los secuestrados y desaparecidos; Oscar Montes, canciller de la dictadura; Antonio Pernías, Jorge Perrén, Juan Carlos Rolón, identificados por sus víctimas como torturadores; Antonio Vañek. ex comandante de Operaciones Navales que negó que en la ESMA hubiera habido detenidos ilegales. Otros procesados, de fama menos siniestra, son Manuel García, Alfredo González, Jorge González, Francisco Rioja, Néstor Savio, Pedro Santamarina, Néstor Cardo, el ex comisario de la Federal Ernesto Weber, Ricardo Corbeta, el oficial del Ejército Julio Coronel, Juan Azik, Hugo Damario, Carlos Fraguío, Carlos Generoso, el médico Jorge Magnaco, Carlos Suárez Mason, hijo del represor que murió en junio del año pasado, y que usó como «nombre de guerra» el de «El hijo de Sam», como un asesino serial estadounidense; Carlos Pazo y Rogelio Martínez Pizarro, Juan Antonio Torti, Raúl Scheller, Oscar Lanzón, el prefecto Héctor Febres, Eugenio Vilardo, Miguel Benazzi Berisso y Roberto Froio.

El fallo del juez Torres sostiene que los crímenes que investigó la causa «no resultaron de una decisión solitaria sino que son consecuencia de un modo de acción que aquellos que detentaban el poder habían decidido». Torres alude, como lo hizo hace dos décadas la Cámara Federal, que existió «un plan delineado previamente mediante el cual se había acordado la eliminación de grupos subversivos» y que ese plan incluía el secuestro y traslado a la ESMA de las víctimas. Y que allí «los sometían a interrogatorios para obtener por cualquier medio información»; que ese plan debía «mantenerse en las sombras» y que todos los acusados hicieron «aportes imprescindibles» para cometer esos crímenes.

Los procesamientos tienen relación con los secuestros y torturas que sufrieron, entre otros, Sara Solarz de Osatinsky, Graciela Daleo, Ignacio Pedro Ojea Quintana, el periodista Juan Gasparini y la esposa del asesinado escritor Rodolfo Walsh, Lila Pastoriza.

El total de los embargos dictados por Torres superan los 6.000 millones de pesos y oscilan entre los 420 millones aplicado al represor Martínez Pizarro hasta los 61 millones que deberá afrontar el represor Azic. El resto promedia los 250 millones: Astiz está embargado por 258 millones, Acosta por 230, Montes por 245 al igual que Pernías, Rolón por 263, Suárez Mason hijo por 258 y Febres por 271.

La decisión del juez de entablar embargos millonarios, y por lo tanto impagables, dista de ser simbólica. Está destinada no sólo a impedir cualquier tipo de actividad comercial de parte de los reos, sino a que en su momento la Justicia dicte la inhibición general de sus bienes, que les impide disponer de ellos y ordena que cada peso que reciban se destine al pago de ese embargo.

El fallo deja abierto el camino para el juicio oral por los crímenes en la ESMA, juicio que puede echar algo de luz sobre una oscura época del país.

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