Pesificación: un fallo tardío para avalar una decisión del Ejecutivo.

PERDIDAS PARA LOS AHORRISTAS Y DESAHOGO PARA LOS DEUDORES

Para los depositantes, los efectos del «corralito» no resultaron para nada «abstractos».

Para la Corte Suprema la pesificación de los depósitos que quedaron atrapados en el «corralito» y el «corralón» no fue confiscatoria.

Y, en especial, los reclamos y amparos presentados por los ahorristas con el transcurso del tiempo se convirtieron en «abstractos», según la Corte, como consecuencia de que la diferencia entre el depósito pesificado a 1,40 pesos más CER, más el interés que arrojó el depósito, lleva todo el valor de devolución a 3,08 pesos por cada dólar.

De este modo se cerraría el capítulo judicial de la mayor crisis financiera y confiscación de ahorros de la historia argentina, que estuvo acompañada por la licuación de las deudas de empresas y particulares.

La reducción de los miembros de la Corte Suprema tuvo como uno de sus fines este fallo pesificador.

Lógicamente que para el ahorrista el corralito o el corralón no fue para nada abstracto, ya que de entrada tuvo una doble pérdida. Porque el depósito quedó inmovilizado, mientras el dólar comenzó a trepar hasta rozar los 4 pesos.

Al no poder disponer de esos fondos, el ahorrista perdió una enorme renta financiera que sí pudieron concretar con fina habilidad los que fugaron las divisas del país. El 2001 había terminado con una retirada masiva al exterior de 24.000 millones de dólares, concluyendo con la tan mentada «red de seguridad» del Gobierno que aseguraban que las reservas de US$ 30.000 millones eran un reaseguro definitivo frente a cualquier tempestad.

Como dato histórico vale la pena recordar que al Fondo Monetario, cómplice del desastre, la idea de la pesificación le resultaba, en enero de 2002, aceptable siempre y cuando no «entrañara costo fiscal». Y junto con el Banco Mundial opinaron que si no se pesificaban los préstamos, la incobrabilidad podía trepar al 70 por ciento. Fue cuando los bancos y sectores de la producción aceptaron la pesificación asimétrica junto con un sistema de compensaciones.

Luego, a través de los amparos, a lo largo de 2002 y 2003 pudieron escapar del corralito 7.000 millones de dólares. Los que iniciaron aquellas acciones legales han sido unos triunfadores en este complicado proceso, siempre y cuando usaran esos fondos con premura. Es que la inflación fue licuando el poder de compra de los dólares.

No tiene importancia si ahora el depósito pesificado alcanza la cotización del dólar. Lo que sí se debe comparar es el poder adquisitivo del depósito en 2001 con el de ahora. ¿Que valor tenía entonces un bono del Estado o un departamento? Valores ridículos, en comparación con los actuales. Esa diferencia el ahorrista pesificado no la pudo aprovechar, como sí la utilizaron fondos del exterior junto con fondos y bancos radicados en el país.

La otra cara del «corralito», entonces, fue la pesificación de las deudas, inclusive 1 a 1, con el agregado de que el Estado tuvo que emitir bonos de compensación a favor de los bancos, incrementando la deuda pública.

La licuación de las deudas se hizo con los fondos públicos y los ahorros de miles de depositantes. Los que suscribieron créditos en dólares antes del colapso los devolvieron 1 a 1. Perdieron entonces la mayoría de los depositantes y salieron desahogados los deudores.

La demora judicial fue, a su vez, funcional a este último propósito. Porque una Justicia que no actúa cuando los hechos se producen, con la decisión que exigía aquel momento, termina consciente o inconscientemente por avalar lo que otros poderes resuelven, aunque contraríe la propia Constitución Nacional.

Como en otros temas, como en el importante asunto previsional donde evitó pronunciarse sobre la falta de movilidad de las jubilaciones, la Corte no actúa como un poder independiente.