Concesión del Aeropuerto: El ARI cuestiona la entrega de un subsidio y la autorización del aumento de tarifas

Si dieron un crédito que no podían dar para una obra que no podía hacerse, alguno va a tener que hacerse responsable”, aseguró el legislador Manuel Raimbault (ARI) cuestionando la decisión del gobierno provincial de prorrogar la concesión del aeropuerto Islas Malvinas de Ushuaia a la concesionaria London Supply. También se objetó la autorización para aumentar las tarifas y la entrega de un subsidio estatal para la concreción de obras previstas en el pliego. Explicó que hay obras que necesitan autorización legislativa.

Raimbault señaló que “por lo que dice la 602” la legislatura debe prestar acuerdo para la prórroga de la concesión. “Además hay que analizar si corresponde que el estado se haga cargo de muchas cuestiones. En principio por lo que leímos en los diarios y el boletín oficial, el estado le consiguió el préstamo, le van a pagar el incremento tarifario y les permiten quedar con las ganancias”, apuntó.

En declaraciones a FM del Sur, cuestionó que “lo presentan como un beneficio para los residentes pero pregunto por qué una persona que a lo mejor ni siquiera puede salir en auto tiene que subsidiar a los que viajan en avión”.

“Si las obras estaban dentro del marco del convenio de concesión originario, no necesita que el estado le consiga un préstamo ni prorrogue la concesión, ni lo subsidie con tarifas. Si las tenía que hacer, las tiene que hacer y no hay más trámite”, acotó. Adelantó que “hoy mandamos a pedir el expediente” para poder analizarlo exhaustivamente.

Según el legislador “juegan con esto porque lo mismo sucede con todos los pliegos de prorroga de concesión. Las empresas juegan con el hecho de que si no realizan tales obras se perjudican los usuarios”.

Además, reclamó que “lo que se hace en todo el país, a partir de una reforma de 1994, en cada incremento tarifario de cualquier servicio público, se tiene que hacer una audiencia pública. Que le demuestren a la gente por qué tienen que aumentar la tarifa, porque tratándose de un servicio público deben informar. Si no se puede correr el riesgo de que el incremento de tarifa sea la garantía de ganancias exorbitantes de una empresa, incluso teniendo un servicio cuestionado y no habiendo cumplido con lo que tenían que cumplir. Si la empresa tenia que hacer obras y no las hizo tendrán que multarla o si las hace el estado se lo tendrán que cobrar luego. Lo que no se puede es premiar a la empresa”.

“Si en el pliego originario decía que si al término de la concesión se prorrogaba por 10 años, se aumentaban tarifas y se conseguía un subsidio, a lo mejor se presentaban más empresas. El estado da la plata, y la empresa asegura que la van a pagar con el incremento de tarifas con un subsidio del estado que vamos a pagar entre todos”, concluyó.