El geriátrico que se incendió el miércoles en Castelar y en el que murieron calcinados 7 ancianos –como informó ayer Clarín en su segunda edición– estaba legalmente habilitado, según las autoridades de la provincia de Buenos Aires y de la Municipalidad de Morón. Trascendió, sin embargo, que en el momento en que se inició el fuego había en el lugar una única empleada encargada de atender y vigilar a los 17 ancianos que se encontraban internados allí. De haber contado con más personal, ¿se habría salvado más gente?
«Cómo mínimo ese geriátrico debía funcionar con dos empleados», aseguró el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Claudio Zin. El funcionario admitió que las disposiciones legales no especifican una cantidad mínima de empleados. «Varía según si los internados son o no autosuficientes. En este caso aún desconocemos el estado de cada una de las personas internadas, porque las historias clínicas se quemaron y no logramos ubicar al director médico del geriátrico», dijo Zin.
El defensor de la Tercera Edad porteño, Eugenio Semino, detalló a Clarín que en los geriátricos porteños debe haber un empleado cada 5 internos. Y agregó: «Si no hay personal suficiente y capacitado es imposible lograr cualquier evacuación en un geriátrico. A esto se agrega que por la inseguridad en este tipo de lugares hay muchas rejas y que entre el 70 y el 80 por ciento de los internados tienen problemas motores o mentales».
El incendio, informó el secretario de Gobierno de Morón, Lucas Ghi, se inició a las 23.40 del miércoles. Las causas aún se desconocen pero se manejan dos hipótesis: que se originó por un desperfecto en una estufa eléctrica o que fue por unas prendas que se estaban secando cerca de otra estufa.
«Aún estamos a la espera de los resultados de las pericias», indicó el fiscal a cargo de la causa, Marcelo Papávero. El fiscal dijo, además, que aún no pudieron establecerse las identidades de todos los muertos por cómo quedaron los cadáveres. Algunos fueron encontrados en sus camas –las autopsias determinarán si murieron intoxicados o quemados– y otros en una sala de estar, lo que indicaría que intentaban escapar. En varias ventanas había rejas.
De acuerdo con el secretario Ghi, en los últimos 14 meses se le hicieron 3 inspecciones al geriátrico. «El lugar contaba con habilitación municipal definitiva», dijo.
De la fiscalización se encargaba la Provincia. «Entre 1999 y 2007 se le hicieron 6 controles al geriátrico», informó Zin.
«En 2006 se detectó que tenía una cama más de las 23 que tenía habilitadas y se le aplicó una multa de 6.000 pesos», añadió. Un ex ministro de Salud bonarense confió a Clarín: «En la provincia hay 900 geriátricos legales y otros 1.000 clandestinos. Y hay sólo 14 inspectores para controlarlos.SDRq
La abogada que lleva el caso «Badaro» le pidió al alto Tribunal que resuelva en forma definitiva la movilidad de los haberes jubilatorios. Considera insuficientes los aumentos otorgados por el Gobierno.
Mientras el Gobierno avanza en el Congreso con el proyecto de reforma de las jubilaciones, Graciela Stasevich, la abogada del jubilado Adolfo Badaro, quien con su demanda motivó en agosto pasado el pronunciamiento de la Corte Suprema ordenando al Gobierno fijar la movilidad de las jubilaciones, volvió a los Tribunales.
Mediante un escrito presentado la semana pasada, Stasevich le pide al Alto Tribunal «que se pronuncie respecto del aumento que le corresponde a Badaro para el período posterior a 2001, por considerar que el plazo razonable otorgado por la Corte Suprema para que el Gobierno restablezca la movilidad, se encuentra vencido».
En agosto pasado, en este caso líder, la Corte estableció que las jubilaciones deben mantener una proporción razonable con los ingresos de los trabajadores, y acorde con la posición salarial que tuvo mientras estuvo trabajando.
Sin embargo, por la importancia de lo que está en juego y atento a la crisis que hubo después de 2001, el Tribunal difirió pronunciarse sobre el caso. Y dejó en manos del Congreso y del Gobierno, y dentro de un plazo «razonable», la tarea de fijar un índice de movilidad. Luego de ese plazo razonable, la Corte se reservó el pronunciamiento definitivo.
Tras la sanción y promulgación de la ley de Presupuesto y la entrada en vigencia de la suba del 13% a partir de enero, Stasevich consideró que el plazo razonable estaba cumplido. Por eso, el mismo día de reapertura de los Tribunales, presentó el escrito en la Corte.
En el caso puntual de Badaro, la abogada Stasevich dice que el aumento del 13% aprobado por la Ley de Presupuesto y que rige desde enero, «no sanea la confiscatoriedad perpetrada en sus haberes».
A modo de ejemplo, Stasevich agregó que «una persona que se desempeña en el cargo que ocupaba Badaro al jubilarse tuvo desde 2001 un aumento del salario que sobrepasa el 100%». Entonces el 13% como respuesta al fallo de la Corte —dice Stasevich— «resulta manifiestamente inconstitucional a la luz de la propia interpretación que hizo la Corte Suprema donde declaró el carácter sustitutivo del salario y la necesaria proporcionalidad que debe existir entre la jubilación y el sueldo».
Stasevich explicó que el escrito que presentó en la Corte se titular «Denuncio Incumplimiento» porque Badaro, y a pesar de su enfermedad, todavía no cobró la parte firme de la sentencia con el ajuste del haber hasta 1995. Y con relación al período posterior a esa fecha, los aumentos dados por el Gobierno «no son fruto de un sistema válido de movilidad sino que son cifras que no responden a parámetro alguno».
Con relación a 2001, y con una inflación oficial hasta diciembre de 2006 del 91,3%, el Gobierno ajustó en varias oportunidades la jubilación mínima llevándola de 150 a 530 pesos.
Así salieron muy beneficiados el 1,5 millón de jubilados que entonces ganaban menos de 280 pesos. En esos casos, sus haberes se vieron incrementados igual o más que la inflación.
Pero el resto (otros dos millones de beneficiarios) no tuvo la misma suerte ya que recibió aumentos inferiores a la inflación. Así, quien ganaba 300 pesos ahora cobra 530 pesos, una suba del 77%. Y quien ganaba 500 pesos recibió un aumento del 10%, otro 11% y ahora del 13%, percibe 690 pesos, lo que equivale a una suba del 38%. Y quien ganaba 1.000 pesos, recibió el 11% y el 13% y cobra 1.254 pesos, una suba de 25,4%.
Así, los que antes de 2001 ganaban 1.000 pesos, y que involucra a 320.000 jubilados, entre ellos Badaro— sigue teniendo un poder de compra un 34% inferior al de 2001.
Se descuenta que el Gobierno responderá al escrito de Stasevich argumentando que la jubilación media actual es un 90% superior a la que existía en 2001. Y que la política oficial en materia de Seguridad Social fue privilegiar a los jubilados de menores ingresos.
Estaba internada desde el sábado, cuando fue brutalmente agredida en su casa del barrio de Agronomía. Es la séptima víctima en 33 días, incluyendo tres casos en los que los ancianos murieron por el susto.
PESAME. El hijo de la víctima, Hugo Diavena, ayer, con vecinos. «A mamá le golpearon la cabeza contra la pared».
La mujer, de 76 años, que había sido brutalmente golpeado junto a su nieto durante un asalto a su casa de Agronomía, murió ayer luego de permanecer cuatro días en coma.
Con este caso ya son siete los jubilados que murieron en lo que va del año luego de ser robados: cuatro murieron asesinados y tres del susto que les provocó el asalto o el estrés de los golpes. Los seis casos anteriores habían ocurrido en la provincia de Buenos Aires (ver Infartos y fusilamientos….).
«No es que le pegaron una trompada, la hicieron pelota a mi vieja, la mataron. No se justifica agarrar a una abuela. Además los asaltantes rompieron toda la casa, la destruyeron como si hubieran hecho explotar una garrafa, rompieron puertas ventanas y revolvieron todo. La verdad es que hicieron un desastre», dijo ayer, desolado por la tristeza, Hugo Diavena, hijo de la víctima.
El brutal asalto ocurrió el sábado a la tarde en una casa de dos pisos de la calle Zamudio al 3500, en el barrio de Agronomía, a pocos metros de la Facultad y del Club Comunicaciones. Los ladrones escaparon con una computadora, dinero, joyas y un teléfono celular.
El robo comenzó cuando la víctima, María Rosa Saladino, abrió la puerta de su casa luego de que el timbre sonara varias veces. Los ladrones entraron a la casa y comenzaron a golpear a la mujer y a su nieto de 19 años, a quien también le provocaron cortes filosos con un elemento filoso.
«A mi mamá le pegaron la cabeza contra la pared y a mi hijo lo ataron y le cortaron toda la espalda. A él no lo mataron de casualidad. La pesadilla duró una hora«, detalló Diavena.
Luego del robo, Saladino quedó en coma a causa de las lesiones en el cráneo y un derrame cerebral. Ayer a las seis de la mañana falleció en el sanatorio Mitre.
El caso es investigado por la comisaría 47ª, que tiene jurisdicción en la zona, y el fiscal de instrucción porteño Marcelo Retes quien recaratuló el caso como «homicidio en ocasión de robo«. «Se está investigando el caso pero no hay nada que nos conduzca hacia los autores del hecho«, dijo una fuente judicial.
Infartos y fusilamientos en los seis casos previos
Viernes 5 de enero. Alfonso Feréz, de 80 años, llegaba con su esposa y sus dos nietos a la casa de su hija en Lomas de Zamora por la noche. Fue interceptado por dos ladrones cuando estacionaba.
Los asaltantes obligaron al anciano y a su familia a bajar del Volkswagen Gol que el hombre había comprado días atrás. Cuando los ladrones estaban por escapar, Feréz se tiró encima de uno de los ladrones. Fue en ese momento que su cóm plice lo ejecutó a tiros.
Martes 9 de enero. En Azul, provincia de Buenos Aires, el martillero público jubilado Miguel Angel Prezioso, de 72 años, fue encontrado muerto por uno de sus hijos. Un ladrón lo había ejecutado de 5 tiros.
Según el informe de los peritos, el hombre había sido golpeado violentamente. En el momento del hallazgo del cuerpo llevaba 24 horas de muerto.
Jueves 25 de enero. En la madrugada dos ladrones entraron a la casa de un matrimonio de jubilados en Mar del Plata y los sorprendieron mientras dormían. Los asaltantes, que eran muy violentos, exigían una suma de dinero que creían que el hombre tenía guardada.
Los hombres revisaron la casa y no encontraron dinero. Entonces a la mujer, de 66 años, le rompieron varios varios huesos de la cara a trompadas. Al jubilado, de 69, lo hicieron arrodillar, le apuntaron a la cabeza con una escopeta y lo ejecutaron.
Domingo 28 de enero. En Morón, por la mañana, un anciano de 80 años murió de un paro cardíaco luego de ser golpeado en la cara por un ladrón que intentó robarlo cuando iba a hacer unas compras.
Lunes 29 de enero. En la ciudad de Junín. Miguel Coria dormía en su casa junto a su mujer cuando tres ladrones entraron por una ventana. Los asaltantes ataron a Coria junto a su mujer y luego robaron y se escaparon. Pero el anciano, que era un líder de la comunidad gitana local, murió de un accidente cerebro vascular por la situación violenta a la que había sido sometido por los delincuentes.
Jueves 1º de febrero. Amalia Singh había ido a cuidar a un familiar a Olivos cuando, a media mañana, cuatro ladrones con ropas de la empresa Gas Natural llegaron a la casa. Los asaltante ataron a las mujeres y robaron. Un rato después Singh logró salió a la calle para pedir ayuda. Cuando volvió, murió de un infarto.Delitos en Agronomía Según las últimas estadísticas difundidas por el Gobierno de la Ciudad, en 2005 en el barrio de Agronomía se denunciaron 2561 delitos. Muy lejos de los de la comisaría 1ª, con jurisdicción en el centro porteño, que recibió 5092.
Subirá de 4800 a 6000 pesos el tope para calcular el descuento; enviaron el proyecto al Congreso
Los trabajadores con salarios brutos superiores a $ 4800 aportarán más dinero al sistema jubilatorio a partir de la aprobación del proyecto de ley de reforma previsional que ayer el Poder Ejecutivo envió al Congreso, tal como anunciaron el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Sergio Massa, después de que el presidente Néstor Kirchner firmara el texto. Este dispone elevar de $ 4800 a $ 6000 el tope para calcular el descuento salarial con destino al régimen de jubilaciones.
Actualmente, quien tiene ingresos superiores a $ 4800 -cualquiera que sea el monto- aporta 336 mensuales si está en el sistema de capitalización (el descuento es por ahora del 7%), en tanto que contribuye con 528 si hizo su opción por el régimen estatal de reparto (en este caso el aporte es del 11%). A partir de la vigencia de la ley que será tratada en el Congreso, por los salarios de $ 6000 y más, esos montos de descuento se elevarán a 420 y 660, respectivamente. Sin embargo, los montos podrían variar si, junto con la reglamentación del esquema de libre opción del sistema jubilatorio, se modifica el nivel de aportes, con el objetivo de igualar el porcentaje ingresado por los trabajadores, más allá de su elección por el Estado o por una administradora de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).
Quienes cobran entre $ 4800 y $ 6000 aportarán exactamente el porcentaje del salario que se disponga, tal como lo hacen quienes ganan por debajo de esos montos. Según datos de la Superintendencia de AFJP, sólo en el sistema de capitalización hay unos 170.000 afiliados con ingresos que superan los 4800.
Jubilación máxima
La suba del tope para aportar se justifica en el alza que tuvo el haber jubilatorio máximo: entre junio del año pasado y este mes, la cifra se elevó de $ 3100 a $ 3888.
El proyecto, tal como se había anunciado, dispone la apertura de un período de 180 días para que quienes están aportando a una AFJP puedan pasar al régimen de reparto, un cambio que hoy está vedado.
A su vez, el sistema público mejorará el nivel de sus prestaciones. Esto será así porque se modifica la fórmula para calcular la Prestación Adicional por Permanencia: mientras que hoy se computa el 0,85% del salario por cada año con aportes hechos desde julio de 1994, la iniciativa busca llevar ese porcentaje al 1,5% del salario, lo que cambia significativamente el ingreso que puede esperarse.
En capitalización, podría esperarse una mejora de la jubilación por efecto de la limitación a la comisión administrativa que cobran las AFJP -no podrá superar el 1% del salario- y del nuevo sistema de seguros para cubrir las pensiones por fallecimiento o invalidez que, según se prevé, será menos costoso y, por lo tanto, permitirá capitalizar más ahorros. El texto no establece de qué manera se equipararán los aportes, hoy diferentes, que rigen para cada sistema ni en qué momento exactamente se abrirá el período para optar una vez que se apruebe la ley: según los funcionarios, eso será materia de un decreto reglamentario. Sí se dispone que el derecho al cambio de un régimen a otro podrá ejercerse cada 5 años.
A partir de la reforma, los aportes de los trabajadores que, al ingresar en el mercado laboral no utilicen el período de 90 días previsto para elegir un régimen previsional, irán al de reparto. Pero después se podrá optar por una AFJP.
Como una forma de garantizar un ingreso mínimo en la etapa pasiva, se dispone que, cuando en la cuenta de capitalización en una AFJP de una mujer mayor de 50 años o de un varón mayor de 55, no se haya acumulado más de $ 20.000, esa persona -salvo que se oponga- será transferida al régimen público.
La iniciativa también contempla obligar a las administradoras a tener entre un 5 y un 20% de los ahorros de sus afiliados en inversiones «cuya finalidad sea financiar proyectos productivos o de infraestructura a mediano y largo plazo».
Consultado el director ejecutivo de la Unión de AFJP, Sebastián Palla, elogió que se incentive la inversión en la economía real y agregó que es favorable que la ley fije un plazo de cinco años para que las empresas se adecuen a la disposición. De todas maneras, dijo que no se está lejos de cumplir ese objetivo.
Poco después de la conferencia que Tomada y Massa ofrecieron ayer en la Casa de Gobierno, la Unión de AFJP envió un comunicado en el que reitera su apoyo a la libertad de opción del sistema jubilatorio. La entidad también reclamó que se restituya el valor de los aportes de los afiliados al 11% -que es el nivel establecido por ley y que se encuentra reducido desde noviembre de 2001-, «de modo de ofrecer a los afiliados una jubilación sustentable».
Los cambios que vienen
Libre opción
Se abrirá un período de 180 días para que los afiliados a las AFJP puedan pasar al régimen estatal de reparto. El cambio de un sistema a otro podrá ejercerse cada 5 años.
Sistema de pensiones
Cambiará la forma de financiamiento del seguro destinado a cubrir, en el régimen privado, las pensiones por muerte o invalidez. El objetivo es mutualizar el sistema para reducir los costos.
Menos comisión
Por sus tareas administrativas, las AFJP no podrán cobrar más del 1% del salario. Hoy, la comisión promedio es del 1,12 por ciento.
Inversiones
Entre el 5 y el 20% de los fondos administrados por el sistema privado de capitalización deberán destinarse a financiar proyectos productivos o de infraestructura.
Las modificaciones anunciadas al sistema previsional han reunido el peculiar consenso de posiciones que, inicialmente, parecerían irreconciliables. Principales dirigentes de la oposición política han manifestado su acuerdo y compromiso de aprobación parlamentaria de la iniciativa oficial. Desde la vereda de los economistas de la city, Carlos Melconian escribió una columna de opinión en La Nación elogiándola. Desde la de enfrente, el diputado Claudio Lozano saludó en general la reforma con algunos reparos en cuanto a la necesidad de una revisión general del régimen. Con más o menos matices ha habido aprobación a esa medida del Gobierno. Sólo por lo inusual de la situación aparece la sospecha de que algo debe estar funcionando mal en el crispado tono de debate que domina a la sociedad argentina. Varios pueden ser los motivos para explicar ese apacible escenario cuando se impulsa una de las reformas más importantes sobre la herencia maldita de los noventa. Uno podría ser la expresión de un síntoma de madurez de los actores sociales, que aprendieron a apoyar o rechazar medidas no por especulación política sino por convicción pensando en el bienestar general. Otra razón que se podría esbozar, con exagerado cinismo, es que las vacaciones adormecen el pensamiento crítico y los reflejos se entumecieron para observar debilidades en los cambios propuestos. Otra cuestión que no sería menor podría encontrarse en que este proyecto de la gestión Kirchner fue inesperado, que descolocó a todos quienes estaban seguros de que en el último año de su mandato no iba a cambiar su tradicional conservadurismo en aspectos relevantes del funcionamiento de la economía. Pueden haber sido todos o ninguno de esos motivos lo que generó el increíble acuerdo inicial sobre los importantes retoques al engendro previsional creado en 1994. Pero no deja de sorprender.
Más allá de las especulaciones sobre el origen de esa conformidad, las formuladas tanto por los críticos históricos al régimen de capitalización como las de sus militantes fervorosos expresan posiciones defensivas. Los primeros siempre se opusieron a la reforma implementada por la dupla Menem-Cavallo, transformación que tuvo la aceptación de la mayoría, como varias de las privatizaciones implementadas en ese momento. Frente a esa aprobación social, la estrategia discursiva apuntó en ese entonces a debilitar uno de sus más claros desvíos, que era la imposibilidad de los afiliados a las AFJP de retornar al Estado. Esa fue la principal bandera que levantaron en su campaña de oposición a la jubilación privada, además de las abusivas comisiones que regalaban ganancias extraordinarias a los bancos dueños de las administradoras. Ahora que el Gobierno hizo suyos esos reclamos los obliga a apoyarlo por respeto a la mínima coherencia y honestidad intelectual. Pero el contexto de los noventa en relación con la aceptación de las AFJP ha variado a partir del default y al empecinado pedido de esas compañías de dolarización de sus tenencias de bonos, así como también por la pésima decisión financiera para los afiliados que significó el rechazo efectivizado a los préstamos garantizados para recibir los títulos de deuda en cesación de pagos. Ante el visible cambio de época, las AFJP ya no tienen prestigio y a medida que van concediendo los magros haberes a sus jubilados privados no se revelan como una alternativa promisoria para los trabajadores, como asegura la publicidad. Los cambios exigidos en los ‘90, que en ese momento eran de máxima, hoy son de mínima ante el descrédito, ganado por derecho propio, del régimen de capitalización.
Los entusiastas por las AFJP también asumieron una actitud defensiva frente a la anunciada reforma, excepto los fundamentalistas de siempre (Fiel, Broda). Las alteraciones propuestas las habrían repudiado sin contemplaciones años atrás. Por caso, la Alianza tenía en su plataforma la libre elección y en el gobierno ni pudo amagar con esa idea. Hoy, ante un escenario político-social diferente, los bancos-AFJP han aceptado con evidente sentido táctico que los cambios que se impulsan son el mal menor, que se aseguran así de que no se modificará el funcionamiento del modelo privado y que, en última instancia, el costo que deberán registrar será solamente un recorte a las fabulosas ganancias que obtienen por administrar el dinero previsional de los trabajadores. La rectificación de desvíos del esquema (indecisos, opción de elección de sistema y niveles de comisiones) inaugurado hace trece años emprolijan el negocio de la jubilación privada; no le dicta su defunción. Ahora comenzará la campaña para ganar adeptos y retener afiliados-clientes, con las mismas armas de hace trece años: atacar la solvencia fiscal intertemporal del Estado y divulgar las ventajas del manejo de una cuenta individual. Pero hoy ya no hay inocentes, o no debería haberlos.
Entonces, desde donde se viene, por su concepción, por los poderosos actores en juego y los intereses en disputa, la reforma del Gobierno significa un indudable avance. Sin embargo, no se trata de una transformación de la profunda distorsión que se implantó con las AFJP en cuanto a lo que significa un sistema de previsión social. No es una tarea fácil desmontar esa idea de futuro promisorio en base al individualismo (cuentas particulares con fondos previsionales) y de esa despreocupación por desligarse del bien común (solidaridad intergeneracional). Pero es imprescindible empezar a realizar ese trabajo cultural y político para reconstruir un modelo previsional integrador.
El principal argumento técnico sobre la debilidad del sistema de reparto se refiere a la sustentabilidad fiscal, dificultad que enfrentan similares regímenes en otros países, en especial con tradición de Estado de Bienestar como los europeos. La mayor expectativa de vida (más cantidad de años de pago de haberes a jubilados) y reducción de la tasa aportante- beneficiario (cada vez menos trabajadores en relación con cada vez más jubilados) genera tensiones en los sistemas de reparto. Pero el de capitalización no está exentos de debilidades, tal como quedó expuesto en la experiencia argentina. Uno de los tantos que este último régimen manifiesta también está vinculado a la situación fiscal del Estado. Quienes ponen reparos a la mayor injerencia pública en las jubilaciones destacan que es un error prever como permanente la actual bonanza fiscal. Como eso es cierto, adquiere aún más relevancia que el Tesoro pierda recursos por los aportes que se destinan a las AFJP porque de esa forma se desfinancian las cuentas de Seguridad Social. Para cubrir ese faltante el Estado se debería endeudar, con las AFJP como los principales compradores de esos bonos, en una calesita perversa que ya es conocida y que derivó en el default de 2001, con el consiguiente castigo en las cuentas de los afiliados.
Como no existe un sistema previsional perfecto, “lo mejor es eludir el debate en términos de competencia entre modelos idealizados de funcionamiento técnico” aconsejan Laura Goldberg y Rubén Lo Vuolo en Falsas promesas. Sistema de previsión social y régimen de acumulación (Ciepp y Miño y Dávila editores). Agregan que “el sistema de previsión social argentino reclama una nueva reforma que no debe limitarse sólo a algunos parámetros del actual sistema, sino que debe modificar la propia lógica de funcionamiento de sus principios de organización”.
Esta es ahora la asignatura pendiente luego de haber maquillado el engendro del ’94.
Según un estudio de la Agencia Mundial Antidopaje.
Aseguran que es un problema de salud pública.
Afirman que la mayoría de los que se dopan lo planifican.
El mercado mundial de sustancias dopantes supera ya en volumen al de la marihuana, la cocaína y la heroína en su conjunto, según los datos que maneja la Interpol y que ofreció en Lausana el presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), el canadiense Richard Pound.
Con este ejemplo, Pound quiso demostrar cómo «el dopaje ya no es más un asunto meramente deportivo, sino que se ha convertido en un problema de salud pública».
Durante un simposio para medios de comunicación organizado por la AMA, Pound dijo que aunque pueden darse casos de atletas que se dopen inconscientemente o sean engañados, «la abrumadora mayoría de los positivos son planificados y deliberados», y animó a «atacar de frente» a quienes intentan minimizar el problema.
Los patrocinadores, en el punto de mira
El canadiense sugirió la posibilidad de que los patrocinadores puedan reclamar a los deportistas dopados el dinero que han invertido en ellos, como medida de fuerza para prevenir el dopaje.
En el mismo sentido se expresó el presidente del COI, el belga Jacques Rogge, aunque dudando de la labor de las marcas: «¿hacen lo suficiente los patrocinadores para crear un entorno contrario al dopaje? No tengo la respuesta, pero hay que examinarlo de cerca. Podría darse el caso de que una cláusula de cancelación del contrato con el atleta no sea bastante».
No comprenden porqué no se resuelve el caso de Landis
En cuanto al caso de Floyd Landis, ganador del último Tour pero pendiente de una suspensión por dopaje, Pound afirmó : «no entiendo cómo podemos empezar una nueva temporada sin que haya aún una decisión. Deberíamos poder aplicar sanciones temporales».
El director general de la AMA, el neozelandés David Howman, indicó que la tendencia a corto plazo es «ser flexibles en las sanciones por dopaje con sustancias menores, inflexibles ante sustancias como los esteroides o la EPO y aumentar incluso el castigo a los atletas que huyan de los controles por sorpresa».
La medida fue dispuesta por el juez federal de San Rafael Héctor Acosta, quien en octubre ya había dictado su detención «sin fecha». Es por una causa en la que se investiga la desaparición de un estudiante, ocurrida en febrero de 1976, durante el mandato de la ex presidenta.
Un juez federal de Mendoza ordenó esta tarde la captura internacional de Isabel Perón por una causa en la que se investiga la desaparición de un estudiante, ocurrida en febrero de 1976, durante el mandato de la ex presidenta.
La medida fue dispuesta por el juez Héctor Acosta, quien en octubre ya había dictado la detención «sin fecha» de Isabel. En ese momento, y como paso previo a efectivizar la orden de captura, el magistrado pidió a la Policía Federal la verificación de domicilio y datos filiatorios.
Acosta investiga la desaparición del estudiante Héctor Faggeti, de 24 años, quien fue secuestrado el 25 de febrero de 1976 por fuerzas de seguridad en San Rafael.
De acuerdo a la investigación, Faggeti estuvo detenido en dos cuarteles del Ejército. Lo vieron por última vez el 10 de marzo, dos semanas antes del golpe que derrocó a Isabel: la Policía dijo que fue liberado, pero el joven nunca volvió a su casa.
La ex presidenta -que reside en España- se encuentra imputada por supuesto secuestro agravado junto a los ex ministros Carlos Ruckauf, Antonio Cafiero, Manuel Arauz Castex, Tomás Vottero y Carlos Emery. La medida también alcanza a Italo Luder (ex presidente del Senado) y al ex ministro del Interior Angel Robledo (fallecido).
Todos ellos firmaron decretos que en octubre de 1975 establecieron «ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarios a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país».
Cafiero logró la eximición de prisión y a mediados de noviembre viajó a San Rafael para defenderse ante el magistrado. «Fui defensor de los derechos humanos cuando todos callaban», afirmó. Y sostuvo que durante el gobierno de Isabel nunca escuchó órdenes destinadas a «matar, secuestrar torturar o provocar padecimientos a los detenidos».
PERDIDAS PARA LOS AHORRISTAS Y DESAHOGO PARA LOS DEUDORES
Para los depositantes, los efectos del «corralito» no resultaron para nada «abstractos».
Para la Corte Suprema la pesificación de los depósitos que quedaron atrapados en el «corralito» y el «corralón» no fue confiscatoria.
Y, en especial, los reclamos y amparos presentados por los ahorristas con el transcurso del tiempo se convirtieron en «abstractos», según la Corte, como consecuencia de que la diferencia entre el depósito pesificado a 1,40 pesos más CER, más el interés que arrojó el depósito, lleva todo el valor de devolución a 3,08 pesos por cada dólar.
De este modo se cerraría el capítulo judicial de la mayor crisis financiera y confiscación de ahorros de la historia argentina, que estuvo acompañada por la licuación de las deudas de empresas y particulares.
La reducción de los miembros de la Corte Suprema tuvo como uno de sus fines este fallo pesificador.
Lógicamente que para el ahorrista el corralito o el corralón no fue para nada abstracto, ya que de entrada tuvo una doble pérdida. Porque el depósito quedó inmovilizado, mientras el dólar comenzó a trepar hasta rozar los 4 pesos.
Al no poder disponer de esos fondos, el ahorrista perdió una enorme renta financiera que sí pudieron concretar con fina habilidad los que fugaron las divisas del país. El 2001 había terminado con una retirada masiva al exterior de 24.000 millones de dólares, concluyendo con la tan mentada «red de seguridad» del Gobierno que aseguraban que las reservas de US$ 30.000 millones eran un reaseguro definitivo frente a cualquier tempestad.
Como dato histórico vale la pena recordar que al Fondo Monetario, cómplice del desastre, la idea de la pesificación le resultaba, en enero de 2002, aceptable siempre y cuando no «entrañara costo fiscal». Y junto con el Banco Mundial opinaron que si no se pesificaban los préstamos, la incobrabilidad podía trepar al 70 por ciento. Fue cuando los bancos y sectores de la producción aceptaron la pesificación asimétrica junto con un sistema de compensaciones.
Luego, a través de los amparos, a lo largo de 2002 y 2003 pudieron escapar del corralito 7.000 millones de dólares. Los que iniciaron aquellas acciones legales han sido unos triunfadores en este complicado proceso, siempre y cuando usaran esos fondos con premura. Es que la inflación fue licuando el poder de compra de los dólares.
No tiene importancia si ahora el depósito pesificado alcanza la cotización del dólar. Lo que sí se debe comparar es el poder adquisitivo del depósito en 2001 con el de ahora. ¿Que valor tenía entonces un bono del Estado o un departamento? Valores ridículos, en comparación con los actuales. Esa diferencia el ahorrista pesificado no la pudo aprovechar, como sí la utilizaron fondos del exterior junto con fondos y bancos radicados en el país.
La otra cara del «corralito», entonces, fue la pesificación de las deudas, inclusive 1 a 1, con el agregado de que el Estado tuvo que emitir bonos de compensación a favor de los bancos, incrementando la deuda pública.
La licuación de las deudas se hizo con los fondos públicos y los ahorros de miles de depositantes. Los que suscribieron créditos en dólares antes del colapso los devolvieron 1 a 1. Perdieron entonces la mayoría de los depositantes y salieron desahogados los deudores.
La demora judicial fue, a su vez, funcional a este último propósito. Porque una Justicia que no actúa cuando los hechos se producen, con la decisión que exigía aquel momento, termina consciente o inconscientemente por avalar lo que otros poderes resuelven, aunque contraríe la propia Constitución Nacional.
Como en otros temas, como en el importante asunto previsional donde evitó pronunciarse sobre la falta de movilidad de las jubilaciones, la Corte no actúa como un poder independiente.
A COBRAR. Los demandantes se llevarán papeles del Estad
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS podrá cancelar con bonos otras 7.380 sentencias a favor de los jubilados por 350 millones de pesos, según la modificación presupuestaria aprobada por el Gobierno el pasado 27 de diciembre.
Con esta ampliación se llevó a 920 millones de pesos la partida de 2006 para la ejecución de las sentencias con bonos de la serie III y IV a favor de 20.624 jubilados. A eso se suma la partida en efectivo, también para el pago de sentencias, de $ 605 millones.
Con este refuerzo, la ANSeS cancelaría, con imputación al ejercicio 2006, unas 36.000 sentencias judiciales a favor de jubilados por 1.525 millones de pesos, entre bonos y efectivo.
Además, a esos jubilados, la ANSeS deberá reajustarles los haberes que están cobrando en la actualidad de acuerdo a lo estipulado en las sentencias.
Lo que la ANSeS está cancelando son las sentencias firmes, de las distintas Salas de la Cámara de la Seguridad Social o de la Corte Suprema, notificadas a la ANSeS durante el año pasado. En su mayoría corresponden a la mala liquidación de haberes anteriores a 1994 o ajustes en los regímenes especiales, como docentes o poder judicial. También hay sentencias por reajustes que corresponden a la actual ley previsional.
Actualmente, en promedio por mes ingresan en la ANSeS unas 2.000 sentencias firmes a favor de los jubilados. Sin embargo, se estima que hay unos 85.000 reclamos de jubilados y pensionados que están en distintas etapas administrativas y judiciales.
Se trata de reclamos por la mala liquidación de los haberes previsionales o falta de reajustes que se remontan a los 90 o fines de los 80. Y se agregan en los últimos años, tras el salto inflacionario que se produjo a partir de enero de 2002, reclamos por la falta de movilidad o de ajuste en el cálculo del salario que se toma como referencia para la determinación del haber inicial.
De ese total, por el fallo Badaro están «suspendidos» más de 50.000 juicios porque la Corte «difirió» pronunciarse a la espera que el Gobierno y el Congreso aprueben un ajuste de las jubilaciones y un nuevo índice de movilidad de las jubilaciones.
Entonces, aunque una buena parte de esos juicios tienen fallos favorables de las distintas Salas de la Cámara de la Seguridad Social, no están confirmados como «sentencia firme».
A partir de enero, las jubilaciones aumentan un 13%. Ahora, la Corte deberá decir si ese 13% es «razonable» y los nuevos haberes guardan relación con los salarios de los activos, y si corresponde o no un ajuste adicional a los que hicieron juicio.
NOTA: JUICIO A LOS CULPABLES DE LA MAYOR ESTAFA REALIZADA –
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Los máximos diseñadores eligen evocar el Londres de los años 60 cuando la modelo Twiggy (foto), la boutique Biba y looks como el de la banda The Who inspiraban a los jóvenes de entonces. Volvieron los típicos peinados andróginos.
Las modelos delgadas con ojos grandes como Twiggy marcaron el ideal de belleza andrógino
Londres/París/Hamburgo. Sólo hay una ciudad que en asuntos relacionados con la moda puede estar al mismo tiempo «in» y «out»: Londres. La capital británica es singular también en lo que a tendencias se refiere.
A pesar de que sus diseñadores parecen más bien cansados y fueron sustituidos por sus colegas en París, Milán y Nueva York, el llamado «brit chic» está en auge.
Se trata sobre todo de invocar el Londres de los años 60. Los sixties están celebrando un impresionante «comeback» tanto en la moda como en la música.
«Londres floreció de golpe. Aquí está el ambiente», escribió en 1966 la revista Time en un artículo de portada que causó revuelo y acuñó la expresión de «swinging London».
Jóvenes diseñadores y pequeñas tiendas independientes hicieron furor en la capital británica en aquel entonces.
La moda y la música pop se convirtieron en sus exportaciones más conocidas. Y las ideas llegaban, y eso era nuevo, «de la calle».
Mientras en París la ambiciosa alta costura parecía cada vez más anticuada, en Londres gente joven diseñaba vestimenta para las personas de su misma edad: sencilla, sexy y accesible.
Boutiques disparatadas como Biba causaban furor. Las modelos delgadas con ojos grandes como Twiggy marcaron el ideal de belleza andrógino, que también determinó el look de estrellas del pop como los Beatles.
Y Mary Quant propagó la minifalda, que se convirtió en la prenda más importante de esta tendencia. Justamente la minifalda está de regreso con toda su fuerza. En su nueva versión se lleva como falda o en forma de un vestido trapecio, también ésta una prenda típica de los sixties.
Las colecciones que marcan tendencia como las de Burberry, Versace, Marni o Malo en Milán, de Balenciaga, Lanvin o Chloé en París, mostraron muchas ideas de los años 60 con diseños claros de líneas rectas, contrastes blanco-negro, motivos gráficos o decoraciones metálicas.
Muchas cosas recuerdan a Mary Quant, pero también a sus colegas parisinos André Courreges o Paco Rabanne, que en los 60 se ocuparon de que París no perdiera la conexión con la nueva ola.
También los típicos peinados andróginos de aquel entonces se vieron ahora en las pasarelas: los cortes cortos como el varonil «pixie» o el peinado «bob» hasta la barbilla.
Así, la top model italiana Mariacarla Boscono logró hace poco convertirse en la más solicitada entre las modelos gracias a su nuevo peinado corto teñido de rubio.
También el icono de la moda británica Sienna Miller se cortó el cabello, para el papel de Edie Sedgwick, musa de Andy Warhol, también ella un ídolo de los años 60.
En la música, hace tiempo que regresaron los 60. Bandas como el grupo de culto británico Kaiser Chiefs o los cinco suecos de Mando Diao recuerdan en su look a los mods, el movimiento juvenil que predominó en los años 60. Aquellos oían música de The Who y solían actuar con peinados tipo casco, camisas estrechas y trajes entallados.
En el caso de Gustaf Norén, líder de Mando Diao, el peinado le sienta tan bien que ya fue visto en la portada de varias revistas internacionales de moda. Los londinenses ofrecen incluso la exposición adecuada para esta tendencia. Hasta el 25 de febrero, en el Museo Victoria & Albert se puede ver la muestra «Sixties Fashion».
En ella, también testigos de la época toman la palabra. «Los adolescentes ya no querían tener el mismo aspecto que sus madres», explica por ejemplo la periodista Felicity Green en un documental. «Querían seguir su propio camino, y así surgió la ropa sólo para esa generación. Eso fue una gran revolución».
Vista así la actual fiebre por los años 60 supone una paradoja en la historia de la moda. Y es que las hijas de aquellas mujeres que luchaban por la libertad hoy sólo quieren una cosa: parecerse a sus madres en aquel entonces.
Así lo especificaron los ahorristas en una nota que entregaron en mano a los magistrados de la Corte. Sólo Juan Carlos Maqueda se negó a recibir la nota. El fallo del máximo tribunal sobre la pesificación declararía abstractos unos 50 mil expedientes.
El subsidio más grande que hayan recibido los bancos». De esta manera calificó un grupo de ahorristas, en una nota entregada hoy a los jueces de la Corte Suprema, al eventual fallo sobre pesificación que declararía abstractos unos 50 mil expedientes.
Tomando como referencia el fallo que estudia la Corte los manifestantes sostuvieron que «en caso de triunfar esta tesis los bancos se quedarían con los 24 centavos aludidos, que engrosarían su patrimonio y correlativamente se emprobrecería a los ahorristas».
«Si la Corte Suprema fallara de esta manera, esos 24 centavos multiplicados por las cantidades involucradas, más el hecho de no haber percibido los ahorristas interés alguno por su dinero por la demora en solucionar los amparos durante más de cinco años, consituiría el subsidio más grande que hayan recibido los bancos, en su mayoría extranjeros», sostiene la nota dirigida a los ministros.
El abogado que patrocina a los ahorristas, Juan José Guaresti (nieto), sostuvo que sólo el juez de la Corte Juan Carlos Maqueda se negó a recibir la nota.
Los ahorristas advirtieron que la diferencia entre el valor con que la Corte resolvería cerrar las causas, 2,86 pesos por dólar, con la cotización en el mercado libre, 3,10, «entrañaría un pago indebido a los bancos».
Habría unidad de criterio en los tres poderes del gobierno en subsidiar a las entidades financieras con formidables sumas de dinero a espensas de los contribuyentes y de los ahorristas argentinos», concluye la nota entregada a los jueces de la Corte.
Los bloques del ARI, la UCR, el socialismo, la CTA, partidos provinciales y el justicialismo nacional acordaron un proyecto para fijar un índice de ajuste automático de las jubilaciones. Críticas al Poder Ejecutivo.
“El Presidente es un indeciso. Su indecisión para optar entre el sistema de reparto y el sistema privado lo llevó a estar en el régimen jubilatorio de las AFJP”, dijo la diputada María América González para también cuestionar la indefinición del Gobierno nacional en establecer, como reclamó la Corte Suprema, un índice de ajuste automático para los haberes de jubilados y pensionados. Como contrapartida, los bloques del ARI, la UCR, el socialismo, la CTA, partidos provinciales y el justicialismo nacional acordaron un proyecto único para los ajustes jubilatorios que establece un coeficiente que contempla los aumentos salariales para los trabajadores en actividad y el incremento de la recaudación impositiva.
Acompañada de varios de los legisladores firmantes del proyecto, la diputada arista se encargó de presentar el proyecto y diferenciar el coeficiente que les daría por ley movilidad a los haberes jubilatorios, con el 13 por ciento que estableció el Gobierno como monto fijo previsto en el presupuesto 2007.
El economista y referente de la CTA Claudio Lozano fue el encargado de explicar técnicamente el índice que impulsa el proyecto común: “El Coeficiente de Actualización y Garantía de Movilidad para los haberes jubilatorios se compone de un 50 por ciento por el aumento del salario de los trabajadores registrados –de acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares del Indec– , un 23 por ciento de los recursos previsionales de la Anses y el 27 restante de los aumentos de los recursos fiscales aplicados al sistema previsional”.
Pero la iniciativa de las bancadas opositoras no sólo se limitó a la presentación del proyecto de ley. Los legisladores del radicalismo dijeron que impulsarán la recolección de firmas si el proyecto no prospera en el recinto de sesiones, donde seguramente el oficialismo bloqueará su tratamiento; y volvieron a la carga por la recuperación de los aportes patronales reducidos por ley durante el menemismo “para garantizar los ingresos del Anses”.
También evaluarán la posibilidad de solicitar ante la Corte Suprema ser tenidos en cuenta como amicus curiae, una especie de veedores, en el cumplimiento de la jurisprudencia sentada por la propia Corte en su fallo sobre el “caso Badaro”, porque “resulta urgente e imprescindible recomponer los derechos vulnerados por las sucesivas leyes que arrasaron los derechos adquiridos de los jubilados y pensionados y violentaron el texto constitucional e innumerables tratados internacionales”.
Junto a González y Lozano también estuvieron presentes en la conferencia de prensa, en la que ofrecieron detalles de la iniciativa conjunta, el jefe de la bancada de diputados del ARI, Eduardo Macaluse; por la UCR fueron los jefes de los bloques de diputados y senadores, Fernando Chironi y Ernesto Sanz; el senador socialista Rubén Giustiniani y el diputado del PS Pablo Zancada. El proyecto también consiguió la adhesión del Partido Nuevo de Córdoba, del Nuevo Espacio Entrerriano y hasta del peronismo no kirchnerista encabezado por Jorge Sarghini.
La idea de los opositores es presentar la propuesta en ambas Cámaras para dar debate en medio del tratamiento del presupuesto entrante previsto para antes de fin de mes.
Encabezados por el actor cómico Nito Artaza, unos 300 ahorristas protestaron con un abrazo simbólico contra un fallo inminente de la Corte Suprema que declararía «abstractos» los reclamos judiciales pendientes.
El actor cómico Nito Artaza encabezó una marcha de ahorristas, a cinco años de la instauración del «corralito», con unos 300 personas que rodearon el Palacio de Justicia para rechazar un eventual fallo de la Corte Suprema que declararía «abstractos» a los reclamos judiciales aún pendientes.
La manifestación, que según Artaza «podría ser la penúltima, porque antes de fin de mes parece que la Corte va a tomar una decisión importante sobre estos casos», estuvo jalonada por pirotecnia y carteles que repudiaban el corralito, el corralón y la pesificación.
La manifestación concluyó con un acto frente a las escalinatas del Palacio, donde Artaza consideró que la Corte «no puede declarar abstractas las causas porque estaría sentando un peligroso precedente para que en el futuro se volvieran a confiscar los ahorros».
En ese sentido, reclamó «que se respete la Constitución Nacional, que los jueces de la Corte hagan un acto patriótico y defiendan la Carta magna».
Artaza explicó que la manifestación de fue «un acto de homenaje a los jueces de primera y segunda instancia que sin titubear y categóricamente dictaron la inconstitucionalidad de las normas» adoptadas en el marco de la crisis de fines de 2001 y principios de 2002.
Un grupo de ahorristas de Córdoba, perjudicados por el denominado «corralito» impuesto hace cinco años por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, recorrieron ayer las calles céntricas (foto), realizando «escraches» a las distintas entidades bancarias ubicadas en esa zona. Los llamados Ahorristas Bancarios Argentinos Estafados dijeron que protestaron en lo que denominaron el «Día Nacional de la Estafa». La Corte se pronunciaría a fines de este mes
La Cámara Nacional de la Seguridad Social está dividida frente al fallo Badaro de la Corte Suprema, que postergó una definición con relación a la movilidad de las jubilaciones posteriores a abril de 1995 a la espera de lo que resuelvan el Gobierno y el Congreso.
Para la Sala I corresponde «apartarse» del fallo Badaro porque «con independencia de las decisiones que para el futuro adopten los responsables de reglamentar el derecho de movilidad», las diferencias reclamadas por los jubilados «surgen de períodos pretéritos, que requieren un pronunciamiento actual que no puede postergarse ante la gravedad de la lesión producida y la edad de los reclamantes».
Con relación al reajuste de los haberes, la Sala I de la Cámara de Seguridad Social, aplica entre abril de 1995 y diciembre de 2001, el aumento del AMPO (aporte medio previsional) del 27% y a partir de esta fecha el Indice de Salarios que elabora el INDEC. Este índice, para el período diciembre 2001 a junio de 2005, cuando se hizo la mayoría de los reclamos, arroja una variación del 45,5%. Y hasta junio de 2006 sube al 70,5%. Aunque existe una quita del 15% (55,5%), el efecto combinado del aumento del AMPO y del índice de salarios representa casi un 100% de aumento sobre los valores del mes de marzo de 1995.
En cambio, las otras Salas, para el período posterior a abril de 1995, remiten los reclamos «al caso Badaro» porque, como sostienen los jueces en la causa «López, Consuelo» y «Larroque», el fallo de la Corte otorgó «un periodo de espera». Así, esas dos Salas admiten que «la alternativa de un parámetro de movilidad específico fijado por la Justicia queda, en esta etapa del proceso, por lo menos postergado».
De todas maneras, aunque la Sala I se pronuncia por el reajuste inmediato de las jubilaciones, como la ANSeS apela esas sentencias, los fallos pasan a la Corte Suprema, donde quedan demorados. Se estima que así más de 50.000 juicios de jubilados están «suspendidos» por el fallo de la Corte Suprema. La mayoría de esos reclamos corresponde a la falta de movilidad de las jubilaciones después de 1995. ¿HASTA CUANDO ESTOS TECNÓCRATAS DE TURNO SEGUIRÁN INTERPRETANDO?
LOS JUBILADOS Y EL RESTO DE LA SOCIEDAD SIGUE ESPERANDO ALGÚN DÍA JUSTICIA, EN EL PAIS DEL TERCER MUNDO.
–> Los clientes de licencias por volumen ya pueden adquirir el sistema operativo Windows Vista y Microsoft Office System, mientras que Exchange Server 2007 se lanzará a mediados del mes de diciembre.
En una rueda de prensa celebrada ayer, Microsoft presentó de manera oficial el lanzamiento para el mercado corporativo de sus últimos desarrollos, que ya están disponibles de momento sólo para los clientes de licencias por volumen. Windows Vista y Office System 2007 estarán a disposición de consumidores y empresas sin acuerdos de licencias el próximo 30 de enero.
«Hemos realizado una inversión extraordinaria en I+D, y Vista, Office y Exchange Server han sido probados más concienzudamente que ningún otro producto en la historia de Microsoft», aseguró Kevin Jonson, co-presidente de la división de Servicios y Plataformas de la compañía.
Impacto económico positivo de Microsoft en las economías locales
Un estudio elaborado por IDC para los países de Dinamarca, Francia, Alemania, Polonia, Reino Unido y España cuantifica las estimaciones de las consecuencias económicas que el sistema operativo Microsoft Windows Vista va a tener en estos países.
El análisis ha revelado que se producirá un impacto que va a ir mucho más allá de Microsoft, ya que también va a impulsar los ingresos y el crecimiento de muchas compañías de TI de todo el mundo que venden hardware, desarrollan software, proporcionan servicios para TI o actúan como canales de distribución.
De hecho, se ha calculado que por cada euro de ingresos que Microsoft obtenga de Windows Vista en el año 2007 en los seis países estudiados, el ecosistema más allá de Microsoft va a recoger casi 14 euros en ingresos. Esto quiere decir que en el año 2007 este ecosistema debería obtener más de 32.000 millones de euros en venta de productos y servicios relacionados con Windows Vista. Se refiere a los ingresos de los OEMs que venden hardware que trabaja con Windows Vista, ingresos de paquetes de software (excluyendo los paquetes de Microsoft) que funcionan con Windows Vista, y los servicios que ofrecen soporte al sistema operativo. Algunos de los ingresos por hardware, una gran cantidad de los ingresos por software, y la mayoría de los ingresos por servicios, los obtienen las compañías locales.
De estas conclusiones se desprende que la adopción rápida y generalizada de Vista significa que su lanzamiento no sólo va a afectar a Microsoft, sino que también va a tener un impacto positivo en las economías locales de Europa.
La silla que tendrán los gremios en el futuro directorio del PAMI disparó una interna entre los diputados kirchneristas. Fue en una reunión que realizaron cuatro comisiones juntas de la Cámara de Diputados (Trabajo, Previsional, Salud y Presupuesto) para aprobar la normalización del PAMI, que tiene unos 3 millones de afiliados y mueve $ 4.000 millones al año.
Después de una ofuscada discusión que dos horas, con la asistencia insólita de 52 legisladores, el bloque K logró imponer su dictamen. Aunque tuvo que hacer retoques de último momento, avalados por un encuentro improvisado de todo el bloque. Se realizó después de varias llamadas entre la interventora del organismo, Graciela Ocaña; el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y la senadora Cristina Kirchner.
Según el texto que habían votado los senadores (y que repite la letra de la Casa Rosada) los trabajadores estarán representados por miembros de la CGT». Pero ayer, los diputados oficialistas redujeron de 4 a 3 los representantes del Gobierno, y subieron a 2 de los jubilados y a 2 de los gremios. Ahí estalló la pelea.
«Hay que democratizar la dirigencia gremial, que haya un representante de la CGT, pero también otro de la CTA», pidió el legislador kirchnerista de la CTA, Edgardo Depetri. Lo siguió el opositor, pero también dirigente de la CTA, Claudio Lozano.
Del otro lado, Héctor Recalde, kirchnerista abogado de la CGT, intentó parar el cambio. «Defendemos que sea la CGT el sindicato que represente a los trabajadores activos», remarcó. Desde el Peronismo Federal, Graciela Camaño pidió «una verdadera participación de los jubilados. Déjense de internas», dijo antes de levantarse e irse. Coincidió María América González, del ARI.
Entre tanto revuelo discursivo, intervino la titular de la comisión de Salud, Graciela Rosso: «La que está conduciendo el encuentro soy yo, se terminó el debate, vamos a firmar el dictamen». El apuro se explica porque el oficialismo pretende votar este tema en la próxima sesión. Luego, para que sea ley, los senadores deberían volver a votarlo aceptando los cambios de los diputados, es decir, ampliando las sillas gremiales para que entre la CTA.
La modificación se resolvió con una ambigua redacción del proyecto. Los diputados escribieron que los representantes gremiales serán de «entidades de representación jurídica», es decir, la CGT y la CTA o, incluso, ambos de una misma entidad.
Desde el PAMI, dejaron trascender que no tendrían problemas con la convivencia de la CGT con la CTA, pero buscarán restarles margen de maniobra a los representantes de los jubilados, ya que estos responderían a Luis Barrionuevo y en el organismo quieren limar el poder del gremialista. También en el PAMI fantasean con que la exposición de Ocaña durante la sanción de la ley la instale como posible compañera de fórmula de Daniel Scioli en la Provincia.
El presidente de la Comisión de Previsión de la Cámara Baja convocó la semana pasada a una reunión especial, debido a la presión ejercida por la diputada de ARI María América González, para que los propios jubilados sean escuchados en la discusión delproyecto que pretende que la mayoría automática del directorio del PAMI quede en manos del Ejecutivo. Estuvieron presentes los diputados Leonardo Gorbacz y Claudio Lozano, parlamentarios del oficialismo, organizaciones de jubilados, la CTA, la CGT y eldefensor de la tercera edad. Todas las organizaciones presentes rechazaron la iniciativa.
El presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara Baja, Enrique Thomas (Frente para la Victoria), convocó la semana pasada a una reunión especial de la comisión debido a la presión ejercida por la diputada de ARI, Dra. María América González, para que los propios jubilados sean escuchados en la discusión del proyecto que pretende que la mayoría automática del directorio del PAMI quede en manos del Poder Ejecutivo.
Del encuentro participaron, además de los miembros de la comisión, los diputados Leonardo Gorbacz (ARI) y Claudio Lozano (Emancipación y Justicia), organizaciones de jubilados, la CTA, la CGT y el defensor de la tercera edad, Dr. Eugenio Semino.
Entre otras cosas,la propuesta del Ejecutivo plantea que el directorio del PAMI sea integrado por cinco directores: tres en representación del Estado, uno en representación de los beneficiarios y uno en representación de los trabajadores activos.
González y Gorbacz, quienes se oponen a la iniciativa, presentaron un dictamen donde proponen modificaciones al proyecto oficial, entre ellas que el directorio del PAMI sea integrado por nueve miembros: cinco en representación de los jubilados y pensionados, dos en representación de los trabajadores activos y dos en representación del Estado.
Gorbacz explicó que: “el Ejecutivo pretende apropiarse del PAMI a través de una normalización que en realidad es una intervención crónica permanente”.
González por su parte le espetó al oficialismo por que no se apropiaba de la obra social de los camioneros, liderada por sindicalista Hugo Moyano.
Todas las organizaciones presentes se manifestaron coincidentes en cuanto a rechazar la mayoría automática del Ejecutivo en el directorio del nuevo PAMI, aunque la CGT dejo entrever su pretensión de que la CTA quede excluida. Algunos incluso se atrevieron a precisarque el gobierno pretendía subordinar al PAMI a conveniencias políticas.
Otros mencionaron también que el PAMI en vez de estar dirigido por una “hormiguita”, estaba manejado por una “termita” que lo destruía todo, en clara alusión a la titular del PAMI, Graciela Ocaña.
Por otro lado, las organizaciones de jubilados acusaron que no se reconocía la capacidad que tenían los adultos mayores de manejar su propio destino.
No se sabe si finalmente el oficialismo avanzará este año y convertirá en ley el proyecto del Ejecutivo, pero los jubilados parecen estar dispuestos a dar batalla.
Entre enero y octubre ocurrieron 43 casos Cuando los policías entraron en el departamento de Ana Domenech (de 82 años), en Berazategui, encontraron una escena desgarradora. Su cuerpo estaba en el piso, en medio de un charco de sangre que se agrandaba por el agua que caía de la pileta del baño. Había sido apuñalada y golpeada. Antes de cortarle la garganta, los ladrones le habían destrozado a patadas una oreja, para hacerle confesar dónde guardaba los 2000 pesos de su pensión.
El brutal crimen ocurrió a principios de julio. Domenech fue una de las 43 personas mayores de 65 años asesinadas en asaltos ocurridos en todo el país entre el 1º de enero y el 31 de octubre de este año. En la Argentina, durante esos diez meses, cada siete días un jubilado fue víctima de un homicidio en ocasión de robo.
Esos 43 casos fueron sólo los que llegaron a conocerse a través de los medios de comunicación. En 2005, según un relevamiento similar, 50 jubilados fueron asesinados durante asaltos registrados en todo el país.
La última estadística oficial, correspondiente a 2004 y elaborada por el Ministerio de Salud, reveló un panorama más sombrío: un jubilado de entre 65 y 85 años era asesinado cada 36 horas. Aquel año, 236 fueron víctimas de homicidios de todo tipo (no sólo en ocasión de robo) en distintos puntos del país.
A fines de septiembre último, Rafael Baché, de 70 años, salía de su casa, situada en Sarrachaga y Lincoln, en Castelar, y estaba a punto de subir a su Ford Escort cuando fue sorprendido por dos delincuentes que quisieron robarle el auto. Pero hizo un movimiento que a los ladrones les pareció amenazante, le dispararon dos balazos a quemarropa y lo mataron. Fue la víctima 37 de este año.
En otros casos hubo abuelos que sobrevivieron a los asaltos, pero sus corazones no resistieron el trauma de haber pasado por situaciones tan violentas, como las amenazas o el cañón de un arma en la cabeza.
Eso pasó a fines de junio. Una pareja golpeó la puerta de la casa de José Antonio Fernández, de 89 años, en San Miguel. Le preguntaron por su hijo, de quien conocían el apodo por el que lo llamaban en el barrio: El Gordo. Cuando abrió la puerta, los delincuentes entraron en la casa, lo maltrataron, lo encerraron en el baño, revolvieron la casa y huyeron. Un vecino que vio la puerta de su casa abierta lo ayudó a desatarse. Cuando fue a hacer la denuncia a la comisaría murió de un ataque al corazón.
Algo similar le ocurrió, en Azul, a Nilda Caracoix, ex jefa del Registro de las Personas de la zona. Murió de un paro cardíaco en su casa cuando tres delincuentes la asaltaron y la amordazaron. Los ladrones, de entre 16 y 17 años, huyeron y se llevaron sólo 150 pesos.
A pesar de que tanto en el Ministerio del Interior de la Nación como en el Ministerio de Seguridad bonaerense mantienen en reserva sus estadísticas, es un hecho que en los últimos dos años los jubilados se convirtieron en uno de los principales blancos de los delincuentes.
En las últimas dos semanas, sólo en una manzana de Quilmes Oeste, cerca de la esquina de Unamuno y Jujuy, fueron asaltados tres matrimonios de abuelos. Vecinos de Lomas del Millón y Lomas del Mirador también denunciaron una ola de asaltos contra jubilados.
Los «blancos» más débiles
Según varios policías consultados por LA NACION, el recrudecimiento de los asaltos contra los abuelos se produjo debido a que muchos de ellos, luego del «corralito financiero», sacaron sus ahorros de los bancos y los guardaron en sus casas; también, a que muchos jubilados nacieron en Italia o España y cobran pensiones en dólares. Y, principalmente, porque constituyen el segmento más débil y vulnerable de la sociedad.
En la mayoría de los casos, los delincuentes que asaltan a los jubilados cuentan con información precisa sobre las viviendas en las que viven abuelos solos, sobre sus movimientos, el dinero que perciben por la jubilación y hasta los nombres de sus hijos, que usan para lograr que les abran la puerta.
Con este ardid asaltaron hace un año a la suegra de la dirigente política Patricia Bullrich, en Caballito.
Una de las bandas dedicadas a asaltar a jubilados desbaratada el año pasado estaba integrada por dos sargentos de la policía bonaerense que tenían en su poder un plano con las casas de un barrio de la zona oeste del conurbano en las que vivían abuelos solos.
A tal punto llegó la preocupación de las autoridades que en 2005 el ministro de Seguridad provincial, León Arslanian, creó una dependencia especial para prevenir este tipo de hechos. Precedió esa decisión el brutal ataque contra las hermanas Isabel y Rosa Pietromónaco, de 82 y 88 años, respectivamente, que el 2 de mayo de 2005 fueron golpeadas por dos delincuentes que, para entrar, habían roto la puerta del fondo de la casa de las jubiladas, en Tolosa.
Aquella nueva dependencia utilizó la teatralización de diversos artilugios empleados por los delincuentes para lograr la concientización de los abuelos y enseñarles que no deben abrirles la puerta de casa a desconocidos.
La Cámara de diputados comenzó el tratamiento del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2007. En este sentido, la diputada del ARI María América González formuló críticas en el ámbito previsional, con respecto a la propuesta elevada por el Ejecutivo Nacional. A continuación se detallan las más importantes:
1) Art. 45: Propone un AUMENTO del 13% para jubilados y pensionados.
La legisladora nacional dijo “no estar de acuerdo con este artículo puesto no contempla el fallo de la Corte Suprema en el caso Badaro, ni lo trabajado y presentado por la Subcomisión de Previsión de la Cámara de Diputados convocada a estos fines específicos”. Continuando este argumento, la diputada del ARI defendió el proyecto 6837-D-06 firmado por el ARI, la CTA, el Socialismo, La UCR, Nuevo Espacio Entrerriano y el Partido Nuevo de Córdoba que propone un coeficiente de actualización automática de los haberes de jubilados y pensionados, calculado a través de aumentos del índice general de remuneraciones y los ingresos del Estado, tal se desprende de la sentencia de los Ministros de la Corte.
2) Art. 46: Establece el haber mínimo en $ 530
Según opinión de María América González, “el establecer un haber mínimo de $530 es continuar con la política de aumentos en los mínimos –y por lo tanto achatar la pirámide de ingresos de los trabajadores pasivos-, acorde a la ley 24.463 de Solidaridad Previsional de Domingo Cavallo.
Señaló también que “la nueva moratoria previsional hará que ingrese al SIJP un gran volumen de beneficiarios –unos 700.000 nuevos jubilados- pero con una jubilación menor a la mínima garantizada ya que deben pagar la cuota de la moratoria. Si bien parece lógico, manifestó González, ya que se accede al beneficio de modo contributivo, lo cierto es que con este sistema más que a una jubilación se accede a un subsidio. Claro está que esta política contiene una lógica electoralista, los municipios cambian los planes sociales por los beneficios previsionales. Siguiendo esta lógica, hubiera resultado coherente universalizar el beneficio previsional (requiriendo sólo la edad), pero transfiriendo las partidas presupuestarias de los planes sociales al sistema previsional y manteniendo la idea del mínimo garantizado, evitando además las tramitaciones burocráticas engorrosas y eliminando la posibilidad de intermediarios”, dijo la diputada del ARI.
3) Art. 47: Autoriza al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar nuevos aumentos para el 2007.
“¿Vale alguna aclaración sobre el tema?, se preguntó la legisladora nacional. “Es más que clara la intención electoralista que tiene el otorgar aumentos a jubilados y pensionados durante 2007, además de este 13% otorgado, que bien sabe el oficialismo no cubre la pérdida real de los ingresos de los beneficiarios ni cumple con las expectativas del fallo de la Corte Suprema” dijo María América.
4) Art. 50: Asigna una partida de $4.100 millones para el incremento del 13%.
La diputada nacional dijo que “se asigna dicha partida para 2007, cuando el superávit de Anses al cierre de este año 2006 es de 9.500 millones de pesos. Si sumamos la partida asignada y el superavit (4.100 millones + 9.500 millones) la partida presupuestaria que podría asignarse llegaría a los 13.600 millones de pesos; puede deducirse entonces, que este incremento del 13% es ínfimo comparado al verdadero aumento que debiera otorgarse.”
5) Art. 51. Los incrementos de los haberes provisionales, art. 45 y 46, constituyen la movilidad mínima garantizada del SIJyP.
“Este artículo no establece ninguna movilidad, sino un aumento conforme la ley 24.463 que debiera ser derogada por su inconstitucionalidad. La movilidad se establece fundamentalmente por salarios, más la evolución de los ingresos genuinos y tributarios del Sistema. Esto que ellos llaman movilidad no cumple con el mandato constitucional” manifestó la diputada. “En este sentido continuamos defendiendo y sosteniendo nuestro proyecto de movilidad, expte 6837-D-06”.
l proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados para regularizar la dirección y gestión del PAMI es objeto de fuertes críticas de la oposición y organizaciones de los jubilados que cuestionan la limitada participación que el proyecto del Poder Ejecutivo dará al sector pasivo en la conducción de la obra social.
María América González sostiene que de esa forma «la administración por los interesados es una ficción, ya que el Estado se reserva la toma de decisiones por tener mayoría en el directorio de la entidad, por designar a los síndicos, a los gerentes y a los delegados regionales».
El despacho en minoría que hizo María América González dice que el gobierno y la administración del Instituto debe estar a cargo de un directorio integrado por nueve miembros, cuatro más que los que propone el oficialismo.
La diputada y el dictamen de Leonardo Gorbacz (ARI) coinciden en proponer que el componga con cinco directores en representación de los jubilados y pensionados, dos por los trabajadores activos y dos en nombre del Estado nombrados por el Poder Ejecutivo.
A su vez, el despacho de González indica que los directores que representen a los trabajadores activos se designarán mediante elección directa y secreta por los trabajadores a propuesta de las centrales sindicales con personería gremial o simple inscripción.
El Congreso no logró avanzar en la preparación de un índice de movilidad de haberes. Sólo hubo aumentos resueltos a través del Presupuesto.
Reclamos. La situación de jubilados dependientes de las cajas de jubilaciones provinciales es preocupante en algunos casos, como en Neuquén.
El oficialismo y la oposición de la Cámara Baja no consiguieron este año llegar a un acuerdo en la elaboración de un índice de movilidad de los haberes jubilatorios, pese al fallo de la Corte Suprema que instaba al Congreso a confeccionarlo.
En la práctica, por lo pronto, el aumento para los pasivos se resolvió a través del Presupuesto. La discusión definitiva sobre la creación de un índice «autónomo», como pretende la oposición, o una fórmula donde el Ejecutivo «tenga mayor discrecionalidad», como quiere el oficialismo, amenaza con quedar para el año próximo.
Esta semana, diputados y senadores de distintos bloques opositores (ARI, Emancipación y Justicia, UCR, Socialismo, Justicialismo Nacional, entre otros) presentaron un proyecto de ley que «prevé la movilidad de los haberes» de jubilados y pensionados y establece «un coeficiente de actualización y movilidad (CAM)».
El 50 por ciento del CAM surge de los aumentos salariales, el 23 por ciento de las contribuciones patronales y el 27 por ciento del incremento de la recaudación destinada al sistema previsional, según explicó su autor, el diputado Claudio Lozano (CTA).
Para la oposición, el incremento del 13 por ciento de las jubilaciones que contempla el Presupuesto no es movilidad sino «un aumento, porque no está basado en un elemento objetivo de cálculo», como establece el fallo de la Corte de principios de agosto sobre el caso Badaro, surgido del reclamo de un jubilado por la actualización de sus haberes.
Desde ese sector hay quienes dicen que, con esta ecuación, «los aumentos de haberes jubilatorios serán automáticos y autónomos de las decisiones del gobierno». Y se quejan de que el gobierno «no quiere perder la facultad de dar aumentos cómo y cuando quiera» sobre todo en un año electoral, en referencia a 2007.
La decisión judicial llevó a la comisión de Previsión y Seguridad Social a armar una subcomisión destinada a elaborar el índice, presidida por el formoseño Juan Carlos Díaz Roig.
Pero la búsqueda de consensos se frenó cuando el Ejecutivo remitió su proyecto de presupuesto y dio por resuelto el problema con el incremento del 13 por ciento.
Díaz Roig fue optimista en cuanto a la posibilidad de alcanzar consensos con la oposición, pero dijo que será «seguramente el año próximo», ya que sostuvo que los incrementos jubilatorios de este año «fueron superiores a los de los trabajadores que estuvieron entre el 19 y el 20 por ciento».
«Las jubilaciones aumentaron el 11 por ciento en julio y el presupuesto contempla otro 13 por ciento, es decir casi el 25 por ciento», declaró el legislador formoseño.
Y reseñó que el rubro previsional es el que «mayor impacto» tiene en el proyecto de presupuesto que se discute en la Cámara. Los opositores quieren introducir el debate de la movilidad cuando se vote en el recinto el plan de gastos del Estado para 2007.
Pero Díaz Roig lo consideró «contradictorio» ya que la oposición plantea, al mismo tiempo, «excluir la movilidad del Presupuesto para que sea algo permanente».
A la luz de la opinión de Díaz Roig, quien subrayó que «catorce años de inmovilidad no se pueden resolver en un año», los jubilados parecen condenados a dotarse de nueva paciencia.
Miles de personas siguen los videos que un jubilado inglés apodado “Geriatric1927” sube a la web. Se niega a dar entrevistas, dice que sólo quiere hablarles a sus amigos de la red y no tiene nada que decirle “al mundo en general”.
El hombre tiene 79 años. Habla despacio, suele cerrar los ojos y por momentos da la impresión de que le falta el aire. Semejante personaje se convirtió en una de las mayores estrellas del video en Internet. Un par de meses atrás, Geriatric1927 –ése es el apodo que eligió– subió su primer y mínimo video, que ya fue visto por dos millones de personas.
Recibió miles de respuestas y hoy tiene 30.000 suscriptos, gente que en su mayoría no supera los 25 años y que no quiere perderse palabra de lo que dice este jubilado británico que enviudó hace unos años y se aburría en su casa.
Lo que hace frente a la cámara es básicamente contar su vida: la infancia, la juventud durante la guerra, su pasión por las motos y los blues, su familia.
Al lado del ritmo frenético de la mayoría de los videos, lo suyo parece cámara lenta. Pero después de cada envío vuelven a llegar centenares de mensajes que lo alientan a no abandonar con frases tipo “You rock, dude”, que vendría a ser algo como “Sos lo más, loco”. No es fácil entender por qué.
Hay que reconocerle a Peter (porque así se llama, Peter a secas: no quiso dar a conocer su apellido) un encanto muy británico. Suele estar vestido con camisa, clásico suéter cuello en y algunas veces corbata. A su espalda, se ve una típica pared de residencia de suburbio: empapelado con guardas celestes y amarillas.
Su debut fue un breve video que subió en agosto. Primero aparecía el título “Quejas y refunfuños geriátricos” y luego se oía un blues. Porque la música es su segunda pasión, después de las motocicletas. Y entonces venía él, un anciano con un cierto sentido del humor y un acento muy british, su plan: subir videos donde se proponía mascullar un poco sobre la vida desde la perspectiva que le dan sus muchos años. “Ah, a propósito –decía al final–, soy tan viejo como parezco.”
Eso era todo. Dos minutos y siete segundos. La clave del furor fue, al parecer, Geriatric le cayó simpático, y lo puso a la cabeza de los recomendados del día. La reacción fue abrumadora. Hasta hoy ese video fue visto por dos millones de personas, recibió unas diez mil respuestas escritas y centenares en video, donde lo instan a seguir adelante, le expresan una adoración incondicional y le dicen que es lo más cool del mundo.
–Sos tan viejo –dice uno– pero me gusta.
También ha habido algunos tipos un poco más violentos que escupen el clásico fárrago de insultos cubierto de fuck you y lo instan a morirse lo antes posible, pero cada vez que aparece uno de ésos, el resto se ofrece generosamente a lincharlo.
Semejante adoración hizo que el corazón de Geriatric se sacudiera peligrosamente. Dos o tres videos más tarde, un día en que su casilla de mail traía 4700 avisos de mensajes, perdió toda la flema británica y hasta lloró mientras agradecía a sus seguidores.
–Estoy absolutamente abrumado y no sé qué decir. Esta experiencia del video ha sido uno de los mayores avances y cambios en mi vida –dijo.
Los videos se fueron sumando y ya superan los treinta. Empiezan con el saludo que se convirtió en su marca:
–Good evening,Tubers.
A eso ha seguido, por capítulos, el relato de su vida: servicio militar, su paso por la guerra, su casamiento, el negocio de motocicletas, la compra de la casa, dos hijos propios, uno adoptado, su vocación por el arte. Nada demasiado excepcional, en verdad. Aunque sólo la audiencia del primer video llegó a sumar millones, los fans no lo abandonan: cada uno es visto por cien o doscientas mil personas. En los mensajes le dicen que les recuerda a sus propios abuelos, que es admirable por su manejo de la tecnología, que sus videos provocan adicción. Cada tanto aparece algo como:
–¿Yo soy el único que se da cuenta de que esto es aburrido?
Pero queda sepultado por la masa de admiración. Un amigo armó un sitio web para él después de que aparecieran otros dos que usufructuaban su nombre y que surgiera alguien que ya vende remeras con la leyenda Geriatric1927. Por supuesto, las cadenas de televisión y los diarios lo buscaron desesperadamente, pero él les respondió que no estaba interesado en dar ningún tipo de entrevista. “Sólo quiero hablar con ustedes, Tubers, que son mis amigos y a quienes les puedo contar todos mis secretos –dijo en un video–. No tengo nada que decir al mundo en general.”
Cuando las anécdotas personales empezaron a agotarse, optó por leer un par de cuentos que escribió años atrás. Quizás un poco largos. Alguien envió como mensaje:
–Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.
Pero fue una excepción: la mayoría de la gente volvió a decirle que es un genio, que no afloje, que lo aman, que se mueran los críticos. Ya pueden leerse por ahí teorías acerca de la forma en que Geriatric rompió la barrera comunicacional entre jóvenes y viejos o protagonizó la verdadera revolución democrática del video. Pero lo más probable es que el fenómeno acabe por agotarse en sí mismo dentro de no mucho tiempo. Entre tanto, Peter habrá hecho media centena de videos, por momentos un poco aburridos, que le habrán cambiado la vida.
DESDE LA ARGENTINIDAD RECIBA NUESTRO AFECTO, RESPECTO Y UN FUERTE ABRAZO
Es en el caso de los jubilados de ex cajas provinciales que fueron transferidos a la Nación.
La Gobernación de Catamarca va pagar a partir de enero próximo el 82% móvil a los jubilados de esa Provincia que fueron transferidos al orden nacional. Pero quiere que el Gobierno nacional le reembolse esos pagos. Desde la Casa Rosada ya advirtieron que no piensan hacerse cargo de la factura que, por ahora, ronda $ 30 millones.
La decisión del gobernador Eduardo Brizuela, ratificada por la Legislatura, beneficia a unos 20.000 jubilados, que a partir de 1995 fueron transferidos a la ANSeS como parte del pase de los activos y pasivos de la Caja provincial a la Nación.
El argumento catamarqueño es que cuando fueron transferidos se firmó un convenio donde la Nación se comprometió a respetar los «derechos adquiridos» de esos jubilados, que incluye el 82% móvil del sueldo del cargo del empleado activo por el que se jubiló. Además, sostienen que, en varios fallos, la Corte Suprema y la Cámara de la Seguridad Social reconocieron la movilidad jubilatoria.
Se estima que la aplicación del 82% mejoraría en promedio en un 20% el haber de esos jubilados, con un piso de 650 pesos. Pero ya varias entidades gremiales y sociales de esa Provincia plantean que la movilidad se extienda a todos los jubilados de Catamarca que suman otros 15.000 y se aplique en forma retroactiva a 1995.
La medida catamarqueña podría ser imitada por otras provincias que también transfirieron sus cajas durante los años 90 y que, sin la Ciudad de Buenos Aires, engloba a unos 180.000 jubilados.
Las Cajas transferidas son las de la Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.
Previendo este aluvión y por el impacto directo e indirecto de un reconocimiento del 82% móvil, desde la Nación le advirtieron al Gobernador: que no le reconocerán ni le girarán la plata, que la ley de «Solidaridad Previsional» de 1995 vigente eliminó toda movilidad referida a los sueldos de los activos y que no se sentarán a negociar un Convenio para «instrumentar» la medida.
Descontando esta negativa, el decreto y la ley provincial que aprueban el 82% móvil dicen que la asignación adicional «será abonada por la Provincia, hasta tanto exista una resolución jurisdiccional firme, que resuelva los planteos de movilidad, y/o hasta que la ANSeS reconozca este derecho adquirido a la movilidad de los titulares de los beneficios previsionales, al amparo de la normativa por la cual adquirieron sus jubilaciones».
Sin embargo, especialistas de Seguridad Social sostienen que si persiste el conflicto, Catamarca podría dar marcha atrás con la transferencia, recuperar su Caja Provincial, aplicar la legislación previsional local y luego reclamar que la Nación le financie el déficit.
Esto es lo que sucede con las Cajas previsionales de las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Misiones, Formosa o Santa Cruz cuyos déficit previsionales son solventados por el Estado.
Jubilados autoconvocados protestaron este miércoles en la peatonal de Paraná.
La Mesa de jubilados y pensionados de Paraná –que integran pasivos de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) e independientes-, protestaron esta mañana en peatonal San Martín de la capital provincial en reclamo de un aumento salarial para todos los jubilados nacionales y provinciales a partir de un sueldo mínimo de 860 pesos y la restitución del 82 por ciento móvil, hoy impedido por la ley 24.463. Soportando el agobiante calor de este miércoles, exigieron a las autoridades: «Basta de jubilados pobres e indigentes” y en diálogo con ANALISIS DIGITAL apoyaron la presentación de un proyecto de Ley que crea el Coeficiente de Actualización, Garantía y Movilidad, “lo que garantizará la movilidad de los haberes”. Además, reiteraron que se mantienen desarrollando las reuniones de la Mesa todos los lunes a las 18, en la sede de CTA, en calle Tucumán 278, de Paraná, y las concentraciones de protesta continuarán el último miércoles de cada mes, en la Plaza 1° de Mayo.
Un pequeño grupo de pasivos se concentró a las 10 en peatonal, frente a la sede del Club Social en Plaza 1° de Mayo, para reclamar “en forma urgente” un aumento para todos los jubilados nacionales y provinciales a partir de un mínimo de 860 pesos y la restitución del 82 por ciento móvil, hoy impedido por la ley 24.463. Solicitaron la “derogación inmediata” de la misma por considerarla “contraria al espíritu del artículo 14 bis de la Constitución Nacional”, indicaron a ANALISIS DIGITAL.
Por esto, apoyaron la presentación de un proyecto de Ley que crea el Coeficiente de Actualización, Garantía y Movilidad (CAM) que presentaron los diputados provinciales Claudio Lozano (Emancipación y Justicia-Capital Federal) y María América González (ARI-Capital Federal), con el acompañamiento de sus pares Delia Bisutti (ARI-Capital Federal), Marta Maffei (ARI-Buenos Aires), Juan Carlos Lucio Godoy (Concertación Entrerriana) y Cinthia Hemández (UCR-Río Negro).
Al respecto, explicaron que “con este proyecto garantizamos la movilidad de los haberes jubilatorios, en un 50 por ciento por el aumento del salario de los trabajadores activos, 23 por ciento por el aumento de los recursos previsionales y un 27 por ciento por el aumento de los recursos fiscales aplicados al sistema previsional”.
Al justificar la iniciativa detallaron que “el haber jubilatorio representa el carácter sustitutivo que tiene, respecto al salario de los trabajadores activos. Es decir que no es un subsidio del Estado; sino una justa compensación para no perder calidad de vida y que jubilarse no sea un castigo”.
Aseguraron además que existen los recursos necesarios para ello, ya que ”ANSES tiene 9.273 millones de pesos, de los cuales 8.756 millones –es decir un 95 por cienro- son inversiones financieras, compuestas por 6.506 millones de pesos en depósitos a plazo fijos y 2.250 millones de pesos, en Letras del Tesoro Nacional, según datos de agosto este año.
“Independientemente de estas cifras, se estima que con el aumento otorgado del 13 por ciento al mes de enero de 2007, a la ANSES le van a sobrar otros 3.500 millones de pesos este año, con lo cual la cifra disponible rondaría los 12 mil millones de pesos, cifra con la que se puede arreglar una justa actualización de los haberes jubilatorios”.
Otro dato significativo que resaltaron es que “en el sistema previsional el 65 por ciento de los jubilados ganan la jubilación mínima, y de cada 10 trabajadores en actividad sólo cuatro aportan al sistema” e instaron “a los compañeros jubilados a luchar por nuestro legítimos derechos”.
Las reuniones de la Mesa de Jubilados se realizan todos los lunes en la sede de CTA, en calle Tucumán 278 (entre Laprida y Cervantes) a las 18 y las manifestaciones continuarán el último miércoles de cada mes, en la Plaza 1° de Mayo.
Las tres actrices pelean por convertise en la protagonista de la próxima comedia musical que producirá Daniel Grinbank en el Teatro Astral, en 2007. Si bien la que más experiencia tiene en el género es Krum, tanto Oreiro como Brédice también mostraron que pueden cantar
Natalia Oreiro, Leticia Brédice y Paola Krum pelean por convertirse en la actriz protagónica del musical “Cabaret”, que producirá Daniel Grinbank en 2007 en el Teatro Astral.
A pesar de ser reconocidas actrices (dos de ellas participan en los programas más vistos de la TV argentina), todas deberán pasar un riguroso casting y no tendrán privilegios algunos.
En el género musical la que tiene más experiencia es Paola Krum, quien debutó en “Dráculo” junto a Pepe Cibrián y luego protagonizó “Mi Bella Dama”.
En cuanto a sus dos contrincantes, tanto Natalia Oreiro como Leticia Brédice mostaron sus dotes musicales con el lanzamiento de sus respectivos discos. Recordemos que Naty ya va por el tercero y Leti recién por el primero.
Según los primeros trascendidos, Brédice ya habría hecho una audición pero no habría pasado la prueba. Otras versiones, en cambio, sostienen que todavía sigue en la lista de potenciales nombres para realizar el papel con que Liza Minelli saltó a la fama mundial.
Mientras que Oreiro tiene a favor que con su figura genera una convocatoria masiva, Brédice gusta porque atrae a un público muy cool y Krum tiene la ventaja que le otorga la experiencia en las comedias musicales.
El popular sitio de internet se ha convertido en una herramienta que utilizan las asociaciones que los nuclean. Los «ciber-abuelos» producen cada vez mejores videos
La modalidad tradicional de reclamo, agradecimiento, recordatorio y manifestación en general de los jubilados argentinos ha mutado. Y posiblemente lo suficiente para no necesitar sólo de las tediosas y esforzadas marchas de antaño. Lo que cambió es la incorporación de tecnología, lo que le permite a los abuelos, realizar sus quejas y publicar su parecer más rápido, llegando a un público más numeroso: el que navega horas y horas mirando curiosidades en internet y especialmente YouTube.
Hace ya unos años que varias asociaciones envían por mail a periodistas, políticos y público en general sus pareceres. Pero ahora se incorporó a lo escrito, la imagen y sonido del video.
Tal es así que la Asociación Mayores Olvidados (AMO) ya produjo 4 videos que subió a You Tube, en los que hay sobre todo, recopilación de artículos periodísticos y noticieros.
“Hoy comienza otra metodología para reclamarle a los Legisladores y al Gobierno y también para agradecerles a algunos por lo que están tratando de hacer, me parece que es una buena idea la de confeccionar videos y luego enviar la dirección de Internet a todos”, anunció hoy por la mañana el titular de AMO, Hugo De la Sota.
“A veces, escribiendo, uno no puede demostrar todo lo que tiene para demostrar, pero con un video es posible. Ya que existe un portal donde se pueden subir videos, la idea es tratar de hacer reclamos y que los vean todos”, dijo a Infobae.com, De la Sota.
De la Sota asegura que fue suya la idea de innovar con los videos. “You Tube es algo que se conoce, nosotros somos luchadores, tanto que nos han dicho que somos los piqueteros informáticos porque bloqueábamos las casillas de los legisladores con mails”, dijo.
En relación con la idea de que la tecnología es sólo para jóvenes, De la Sota indicó que “eso es un error porque, más allá de mi caso que soy prácticamente ingeniero en sistemas –bromea-, no todos los abuelos están en los centros de jubilados jugando a las bochas o a las cartas. Para nosotros Internet es un arma más, no para molestar, sino para llegar a la gente y al gobierno, siempre con respeto”.
Los videos de los “abuelos cibernautas” se están trabajando con varias asociaciones y entre los diferentes temas, se encuentra el de la movilidad jubilatoria.
“La idea es tratar primero de conseguir los elementos para hacer un video casero, no un estudio por supuesto, estamos tratando de conseguir elementos técnicos para que los escuche y vean todos”, dijo De la Sota.
El grupo de abuelos que prepara los videos tiene entre 58 y 64 años en su mayoría, y por supuesto, gente mayor de 65
La Corte Suprema estaría dispuesta a fijar un índice de movilidad para los haberes de los jubilados, en base a lo que fije el Congreso en la ley de Presupuesto del año próximo, aseguró el ministro Ricardo Lorenzetti a un grupo de diputados.
El aumento en los salarios de la clase pasiva fue tratado durante un encuentro que el juez del alto tribunal mantuvo ayer con los diputados María América González, del ARI; Claudio Lozano, de la CTA, y Lucio Godoy, de Nuevo Espacio Entrerriano.
Los legisladores, que en las dos últimas semanas se reunieron con los jueces Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti, aseguraron que en la Corte Suprema hay «consenso» para emitir un nuevo fallo sobre los haberes de los jubilados.
«Lorenzetti ratificó que hay consenso en la Corte respecto de que haya una ley de movilidad en el Parlamento y consideró que el aumento del 13 por ciento (otorgado por el Poder Ejecutivo) no resuelve el tema», aseguró Lozano al término del encuentro. Explicó que, según el juez, «en tanto exista razón formal, la Corte va a avanzar en el tema», es decir, «pueden sacar otro fallo por el caso Badaro», que es el jubilado que obtuvo un aumento en un fallo en el que el tribunal recomendó incrementar los salarios en un «plazo razonable». Lozano sostuvo que para Lorenzetti ese tiempo «se termina este semestre», por lo que habría que incluir los aumentos en la próxima ley de Presupuesto, que se tratará en noviembre próximo. La diputada González, en tanto, explicó que una vez que en el Presupuesto se fijen los fondos para los jubilados, Badaro estaría en condiciones de pedir a la Corte una nueva resolución para que se determine un índice de movilidad de los haberes. De esta forma, la Corte daría una «solución integral para todos los juicios», aseguró la legisladora que planteó Lorenzetti. «Es muy saludable que el Poder Judicial tenga su rol y discusión. Los jubilados vieron con agrado el fallo de la Corte, que no es un simple aumento sino que pide la movilidad y en la Corte ven con buenos ojos que el Congreso empiece a debatir el tema», agregó. Con la reunión de hoy, los diputados concluyeron su ronda de consultas con ministros de la Corte y ahora enviarán carpetas con informes sobre el tema a los jueces con los que no se pudieron reunir: Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt.
La Cámara de Diputados aprobaría un proyecto que extenderá un año la posibilidad de jubilarse anticipadamente y así abarcará a quienes acrediten estar desempleados en diciembre de 2005.
Actualmente, la jubilación anticipada por desempleo alcanza a las mujeres con más de 55 años y los hombres mayores de 60 años que cuentan con 30 años de aportes. El requisito que delimitó su alcance fue que los beneficiarios debían estar desocupados al 30 de noviembre de 2004.
Sin embargo, un proyecto aprobado en la comisión de Previsión y Seguridad Social que preside Enrique Thomas extiende el plazo hasta el 31 de diciembre de 2005. Así, quienes reunían los requisitos pero quedaron sin trabajo a lo largo de 2005 podrán acceder a la jubilación anticipada.
La ley que instrumentó el nuevo sistema (25.994) buscó contener dentro del régimen previsional a quienes, a pesar de haber trabajado gran parte de su vida, estaban desocupados.
«La fecha que se fijó inicialmente, octubre de 2004, era anterior a la sanción de la ley y buscaba que no se produjeran despidos encubiertos con la única razón de encuadrarse en los requisitos de la jubilación anticipada», explicó a DyN la autora del proyecto, la diputada Nora Chiacchio, del bloque Peronista Federal.
El año pasado, unas 124.000 personas pidieron adherir al sistema que permiten la jubilación anticipada, que se puso en práctica en febrero de 2005 y seguirá vigente hasta enero de 2007. El total de beneficiarios asciende hoy a unas 66.000 personas.
«La ampliación de la fecha facilita el acceso a la prestación a aquellas personas que padecen el desempleo por no lograr reinsertarse al mercado de trabajo formal», aseguró a la diputada del ARI María América González
Diputados convirtió en ley el proyecto que obliga al Ejecutivo a abonar en aquel plazo las sentencias condenatorias por reclamos de haberes jubilatorios
ras un debate polémico por modificaciones que dispuso el Senado, la Cámara de Diputados convirtió ayer en ley el proyecto que modifica la Ley de Solidaridad Previsional y que obliga al Estado a pagar en 120 días hábiles las sentencias condenatorias por demandas presentadas por los jubilados.
De esta manera se eliminan las limitaciones que se impusieron durante el menemismo para demorar los pagos de las sentencias.
Recordamos que la ley 24.463 de Solidaridad Previsional permitía el pago a los jubilados con sentencia judicial sólo si la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) disponía de los recursos presupuestarios.
Los juicios que deberá atender el estado superan la suma de $9.000 millones, y se cancelarán mediante bonos.
El debate de la ley, que obtuvo 92 votos a favor, 51 en contra y 4 abstenciones, fue polémico por cuanto el texto original probado en Diputados indicaba que el plazo eran «120 días corridos” y el Senado dispuso que las sentencias sean pagadas en el plazo de “120 días hábiles”. Estas modificaciones generaron un fuerte debate en el recinto.
Al defender el proyecto, el diputado del kirchnerismo por Mendoza, Enrique Thomas, destacó que la Cámara baja está convirtiendo en ley “una herramienta indispensable para el cumplimiento de sentencias a jubilados que durante muchos años no han tenido precisión por parte de la ANSES».
Thomas aseguró que se trata de la derogación de artículos de la ley de Solidaridad Previsional que “cercenaban los derechos constitucionales de los jubilados en sede judicial y apunta a dar mayor certidumbre y a cumplir con compromisos internacionales que la Argentina asumió”.
Por su parte el diputado nacional del kirchnerismo, Juan Carlos Díaz Roig, aseguró que “estamos asistiendo a una nueva política previsional, con ocho decretos de aumento” y destacó las políticas de Kirchner para reestablecer la situación de los jubilados.
Desde el ARI, María América González adelantó que esa fuerza no acompañaba el proyecto, al sostener que la modificación del Senado de fijar en 120 días el plazo “es una trampa porque son hábiles no corridos” y sostuvo que la norma “va en detrimento del jubilado”.
El radicalismo, a través de la diputada nacional Alicia Tate, adelantó su voto en contra al sostener que “no podemos seguir postergando los justos reclamos de los jubilados”.
La ley 24.463 -impulsada por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo en 1995- de Solidaridad Previsional permite el pago a los jubilados con sentencia judicial sólo si la ANSES dispone de los recursos presupuestarios. Este mecanismo, que dilataba el cobro fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En mayo del 2005, la Justicia había declarado inconstitucional el artículo 16 de la Ley de Solidaridad Previsional que obligaba al Estado a apelar las sentencias en contra relacionadas con la incorrecta liquidación de haberes jubilatorios.
La Corte Suprema de Justicia insistiría con su pedido al Poder Ejecutivo para que se garantice la movilidad de los haberes jubilatorios.
Esta decisión que, informalmente, habrían tomado los magistrados implicaría que podría haber un nuevo fallo de la Corte insistiendo en esa medida. De hecho el pedido de restitución de movilidad está contemplado en el fallo que se conoció hace dos meses y que también disparó la decisión del Gobierno de otorgar una suba del 13% en los haberes a partir del enero próximo.
«La jueza (Carmen) Argibay nos dijo que van a insistir con que haya movilidad», afirmó el diputado Claudio Lozano al salir ayer de una reunión con la jueza, de la que también participaron legisladores del ARI.
La diputada María González, quien también estuvo en el encuentro, recordó que el aumento que recientemente anunció el Gobierno no responde totalmente al pedido de la Corte porque sólo da el aumento, pero no fija un mecanismo de movilidad para ir ajustando los haberes de los pasivos al compás de los salarios que perciben los trabajadores activos en cada convenio.
Justamente, estos legisladores consideran que es «inconstitucional» no cumplir el pedido de restitución de la movilidad. Y por eso ayer acudieron a la Corte.
El encuentro de ayer con Argibay no será el único. El martes próximo, estos legisladores se entrevistarán con el juez Eugenio Zaffaroni por el mismo tema
Un grupo de diputados planteó ante el alto Tribunal que la mejora otorgado por el Gobierno a los pasivos «no contempla» ninguno de los puntos fijados por la justicia en el «caso Badaro»
El tema fue analizado durante una reunión que la ministra Carmen Argibay concedió esta tarde a los legisladores María América González, del ARI; Claudio Lozano, de la CTA y Alejandro Nieva, de la UCR.
«Le hicimos saber a la ministra Argibay nuestra evaluación de que la respuesta que el Poder Ejecutivo ha dado al fallo de la Corte no contempla ninguno de sus puntos porque no se resuelve el índice de movilidad ni el achatamiento de la pirámide», explicó Lozano al término del encuentro.
Según el legislador, «el 13 por ciento de aumento (otorgado por el Gobierno tras el fallo) no configura ninguna actualización» y «sigue dejando al 65 por ciento de los jubilados cobrando la mínima».
El 8 de agosto último, la Corte Suprema de Justicia pidió al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional que realicen las «correcciones necesarias» a fin de que los jubilados reciban un aumento en sus haberes.
El fallo fue dictado tras un pedido de un jubilado, Adolfo Badaro, quien había reclamado un reajuste de su salario debido a que quedó fuera de los últimos aumentos concedidos por el Gobierno por ganar más de 1000 pesos.
EL concejal Carlos Comi (ARI), informó que requirió por nota una respuesta a los pedidos de informes de su autoría aprobados por el Concejo Municipal durante los primeros siete meses de este año.
En la misma presentación, Comi solicitó que el ejecutivo municipal dé cuenta de sus otros proyectos aprobados por el cuerpo legislativo en igual período, e instó a las autoridades municipales a por lo menos responder a qué se debe la falta de implementación de esas normas.
Comi precisó en su presentación que las iniciativas en cuestión son pedidos de informe referidos al traspaso de la concesión de la línea 107 de colectivos; a un grave hecho que involucra a un diabético a bordo de una unidad del transporte urbano; al cobro, alcance y mantenimiento del alumbrado público; y al incumplimiento de la resolución de la Sub secretaria de servicios públicos atinente a la prohibición de estacionamiento de unidades del transporte interurbano en determinadas calles.
En la misiva dirigida al intendente, Comi también solicitó que le expliquen por qué el municipio no ha implementado aún las ordenanzas referidas a la atención prioritaria de mujeres embarazadas y personas con necesidades especiales en lugares con atención al público; la que dispone que el 40% de la superficie de establecimientos que atiendan bajo la misma modalidad tenga asientos suficientes; o la que prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas en los partidos de fútbol amateur.
Además, el concejal del ARI solicitó que el ejecutivo explique cuales son las acciones llevadas a cabo para el resguardo del derecho de propiedad del inmueble PAMI II y el motivo por el cual todavía no se ha dispuesto la instalación de maquinas expendedoras de tarjetas del transporte urbano en comisarías; ambas medidas aprobadas oportunamente por el Concejo Municipal.
La iniciativa establece un coeficiente con los aumentos de los trabajadores y la recaudación. Habrá reuniones en la Corte.
María América González, del ARI, autora del proyecto junto con Claudio Lozano, de la CTA.
Los diputados opositores volvieron a la carga en favor de “la movilidad” para todos los haberes jubilatorios –como lo dispuso la Corte Suprema– y en contra de la “discrecionalidad” del Ejecutivo, que anunció un aumento fijo del 13 por ciento para el año entrante. Esta vez, los legisladores Claudio Lozano de la CTA y María América González del ARI presentaron un proyecto propio para establecer un coeficiente que incluye los aumentos de los trabajadores en actividad y de la recaudación del propio sistema, que podría llevar el haber mínimo a 678 pesos. A estas ideas también se suma una iniciativa para restituir los aportes patronales vigentes al año ’93, que lleva las firmas de buena parte del arco opositor y algunos diputados oficialistas. Para discutir estos proyectos, todos los integrantes de la Comisión de Previsión de la Cámara baja se reunirán con varios ministros de la Corte.
El coeficiente está conformado en un 50 por ciento por la evolución salarial de los trabajadores registrados, el 23 por ciento de recursos propios del sistema previsional y el 27 restante de los recursos fiscales que se aplican al sistema. Una mezcla que, dicen, le daría regularidad a la movilidad de los haberes sin atarlo a la “discrecionalidad” del Ejecutivo volcada en el presupuesto nacional y que podría llevar la jubilación mínima a 678 pesos, según el proyecto que lleva las firmas de Lozano, González y Marta Maffei del ARI, Juan Carlos Godoy de la Concertación Entrerriana y la radical rionegrina Cinthya Hernández.
Para Lozano, hay recursos suficientes. Según la estimación del legislador, “la Anses tiene 6500 millones de pesos en depósitos a plazo fijo, y alrededor de 2700 millones más como títulos de la tesorería, además le van a sobrar 3500 millones de pesos este año con los aumentos ya otorgados. Hay cerca de 12 mil millones de pesos disponibles para llevar a cabo una actualización y poner en marcha un reordenamiento del sistema previsional”.
Para los legisladores de la oposición, éste no es el único problema a resolver. “El 65 por ciento de los jubilados está en la mínima y prácticamente de cada diez trabajadores aportan cuatro, hay seis que no se van a poder jubilar”, estimó el economista de la CTA. Por eso también sumaron “la restitución de los aportes patronales de las grandes empresas a los mismos niveles que tenían en el ’93”, cuando se los redujo del 33 por ciento de la nómina salarial a un 17 o 21, según la actividad.
La restitución de esos aportes incrementaría los recursos del sistema previsional en siete mil millones de pesos anuales. La iniciativa fue refrendada por Lozano y González, además de los diputados aristas Maffei y Eduardo Macaluse, los socialistas Hermes Binner y Eduardo Di Pollina, la peronista Federal Graciela Camaño y los oficialistas Edgardo Depetri y Oscar Lamberto. Cofirmante de ambos proyectos, María América González fue mucho más dura al calificar la política oficial sobre la movilidad de los haberes jubilatorios. “La política del Gobierno no es más que la continuidad de la Ley de Solidaridad previsional de (Domingo) Cavallo, que robó el presupuesto de seguridad social y lo incluyó dentro del presupuesto nacional”, dijo la abogada especializada en temas previsionales a este medio.
González, que es vicepresidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja, también se encargó de gestionar audiencias con los ministros de la Corte Suprema, que no estarían muy conformes con el criterio adoptado por el Gobierno, tras la acordada que sostuvo jurídicamente la “movilidad” de los haberes jubilatorios. Quienes abrieron su agenda a los diputados fueron los ministros Carmen Argibay, que los recibirá el 28 de septiembre, y Raúl Zaffaroni que hará lo mismo el 3 de octubre, además de Helena Highton de Nolasco que pidió una carpeta con las iniciativas. Allí, todo el arco opositor presentará ante los miembros de la Corte los distintos proyectos que, con algunas variantes, buscan “garantizan un sistema de ajuste para la movilidad” de las jubilaciones.
La Corte Suprema de Justicia cuestionó el manejo de la política previsional que viene realizando el Poder Ejecutivo concentrada en otorgar aumentos del haber mínimo. El fallo interpreta que se viola la movilidad de los haberes previsionales –expresamente contemplada en el artículo 14 bis de la Constitución– a quienes ganan por encima del mínimo.
Entonces, insta al Poder Legislativo a definir un mecanismo de movilidad previsional para todos los jubilados. En este contexto, la reacción del Poder Ejecutivo fue anunciar que propondrá al Congreso incorporar en el Presupuesto del año 2007 un ajuste del 13% que regiría desde enero para todas las jubilaciones y pensiones.
Si se supone que el ajuste del 13% propuesto por el Poder Ejecutivo rige desde enero del 2007 y la inflación promedio de ese año será del 10%, las variaciones del poder de compra de los haberes previsionales respecto al 2001 serán:
Los jubilados que percibían en el 2001 el haber mínimo experimentarán una mejora real del 56%. En tanto, los que cobran entre la mínima y 1.000 pesos habrán sufrido una pérdida del 27% en relación al Indice de Precios al Consumidor.
Por su parte, los que cobran haberes mayores a 1.000 pesos sufrirán una pérdida del 33%. La apuesta oficial parece ser que el Poder Judicial acepte algunas definiciones que son muy sensibles desde el punto de vista jurídico, económico y social. En primer lugar, que no se defina un índice de aplicación automática para regular la movilidad. En segundo lugar, que se ignore en su totalidad la deuda acumulada por falta de movilidad en el periodo 2002 – 2006.
En tercer lugar, que se considere que una pérdida de poder adquisitivo del orden del 33% en el valor del haber previsional no viola la Constitución Nacional. Todo esto en el marco de una situación de bonanza económica donde los ingresos de la ANSES acumulan incrementos que dan espacios para cumplir con la movilidad previsional.
Un escenario alternativo es que el Congreso rectifique el rumbo que anunció el Poder Ejecutivo. O sea, busque una fórmula de movilidad previsional que implique un trato menos injusto y discriminatorio con los jubilados con haberes superiores al mínimo.
Para ello es necesario recomponer los haberes previsionales de los que ganan por encima de la jubilación mínima con un ajuste del orden del 50%. Adicionalmente, es necesario el reconocimiento y pago –aunque sea en bonos– de la deuda y la determinación de un mecanismo automático de movilidad para el futuro.
La medida regirá a partir de enero y demandará un costo fiscal de 4.100 millones de pesos
Aumentan la jubilación mínima a $560 y 13% a los demás haberes El gobierno incorporará en el presupuesto de 2007 la movilidad de los haberes. La decisión generó críticas
El gobierno nacional dispuso ayer un incremento del 13 por ciento en las jubilaciones y pensiones a partir del 1 de enero de 2007, lo cual eleva el haber mínimo de los actuales 470 pesos a 560 pesos y al mismo tiempo incorpora en el presupuesto del año próximo la movilidad de los haberes de más de 1.000 pesos congelados durante el gobierno de Carlos Menem.
La decisión, que fue anunciada ayer por la ministra de Economía, Felisa Miceli, y el titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Ansés), Sergio Massa, tras un encuentro con el presidente Néstor Kirchner, será incluida en el presupuesto del año próximo que se enviará la semana que viene al Congreso y representará un costo fiscal cercano a los 4.100 millones de pesos.
Se trata del décimo aumento de las jubilaciones encarada por la gestión de Néstor Kirchner, con lo cual el haber mínimo acumula un incremento de más del 200 por ciento desde 2003.
Miceli indicó que la medida responde al último fallo que emitió la Corte Suprema de Justicia, que «determinó que deberían hacerse estas movilidades, que hay que aclarar que no se hacen por el índice de inflación sino por lo que es compatible con la solvencia y la solidez de las cuentas públicas».
Sin embargo, el fallo no estableció un coeficiente o índice predeterminado para la actualización de estos beneficios, con lo cual «es pasarle la pelota al gobierno», expresó el abogado en temas previsionales Sergio Bobrovski.
La movilidad de los haberes generó críticas por parte de legisladores de la oposición que quienes plantearán su inquietud a la Corte Suprema.
Así lo anunció la diputada del ARI, María América González, quien señaló que el aplicado por el Ejecutivo «no es un criterio de movilidad, sino un achatamiento de la pirámide, porque más jubilaciones quedan comprendidas en el haber mínimo».
«Ni siquiera se hace una ley de movilidad aparte, ya que se incluye en el presupuesto un incremento del 13% para todos con un índice que para mi surge de un mix entre ingresos y la inflación prevista», dijo la legisladora.
La oposicion, en contra
La movilidad está “garantizada”
El titular de la comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja, Enrique Thomas, señaló ayer que la movilidad de las jubilaciones “estará asegurada por el fondo de garantía incluido en el presupuesto 2007”, cuyo porcentaje se fijará “todos los años”.
La creación de ese fondo, que garantizará la movilidad de los haberes de jubilados y pensionados, estará contemplada en uno de los siete artículos que serán incluidos en el proyecto de ley de presupuesto 2007 que el Gobierno nacional enviará el próximo 15 de septiembre al Congreso.
Desde la oposición, en tanto, criticaron la medida. La diputada del ARI, María América González, consideró que la medida “no responde a los intereses de la Seguridad Social” y que es “anticonstitucional”. Consideró además que la Corte Suprema “no puede admitir que se tome la movilidad como sinónimo de un aumento anual cuyo índice se desconoce y esté desvinculado del salario de los trabajadores activos”. Y anticipó que, junto a otros diputados de la oposición, pedirá una audiencia con los miembros de la Corte para conocer su opinión al respecto.
Las modificaciones anunciadas al sistema previsional han reunido el peculiar consenso de posiciones que, inicialmente, parecerían irreconciliables. Principales dirigentes de la oposición política han manifestado su acuerdo y compromiso de aprobación parlamentaria de la iniciativa oficial. Desde la vereda de los economistas de la city, Carlos Melconian escribió una columna de opinión en La Nación elogiándola. Desde la de enfrente, el diputado Claudio Lozano saludó en general la reforma con algunos reparos en cuanto a la necesidad de una revisión general del régimen. Con más o menos matices ha habido aprobación a esa medida del Gobierno. Sólo por lo inusual de la situación aparece la sospecha de que algo debe estar funcionando mal en el crispado tono de debate que domina a la sociedad argentina. Varios pueden ser los motivos para explicar ese apacible escenario cuando se impulsa una de las reformas más importantes sobre la herencia maldita de los noventa. Uno podría ser la expresión de un síntoma de madurez de los actores sociales, que aprendieron a apoyar o rechazar medidas no por especulación política sino por convicción pensando en el bienestar general. Otra razón que se podría esbozar, con exagerado cinismo, es que las vacaciones adormecen el pensamiento crítico y los reflejos se entumecieron para observar debilidades en los cambios propuestos. Otra cuestión que no sería menor podría encontrarse en que este proyecto de la gestión Kirchner fue inesperado, que descolocó a todos quienes estaban seguros de que en el último año de su mandato no iba a cambiar su tradicional conservadurismo en aspectos relevantes del funcionamiento de la economía. Pueden haber sido todos o ninguno de esos motivos lo que generó el increíble acuerdo inicial sobre los importantes retoques al engendro previsional creado en 1994. Pero no deja de sorprender.
Para la Corte Suprema la pesificación de los depósitos que quedaron atrapados en el «corralito» y el «corralón» no fue confiscatoria.
LA ARGENTINIDAD..... AL PALO 