ARI MACALUSE. RODRIGUEZ, BISUTTI

Eduardo Macaluse

Sr. Macaluse.- Señor presidente: no obstante el planteo formulado por el señor diputado Lamberto –con el cual coincidimos‑ en el sentido de que la cuestión pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales, teniendo en cuenta el tenor de la denuncia, el planteo que se hace y las declaraciones de algunos legisladores –por lo menos las que aparecen en los medios‑ acerca de cómo se consignaba el presentismo, me parece que lo correcto sería que las presidencias de ambas Cámaras iniciaran una investigación. En este sentido, si se ha actuado conforme a derecho, no habrá ningún problema; pero si ha habido alguna irregularidad es bueno que lo sepamos todos y que eso tenga carácter público.
Esta ONG ha tenido que conseguir de parte de la Justicia tanto la documentación que no le era otorgada como la posibilidad de que las sesiones fueran públicas. En ambos casos, eso se ha dado por fallos de la Justicia.
Nos parece además que es bueno abrir una investigación sin tocar el tema de la honestidad de los miembros ni de la Presidencia de esa comisión debido al contenido de lo que se debate. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de las cuentas de inversión, tema en el cual nuestro país tiene un atraso institucional considerable. Nosotros entendemos –y así lo hemos manifestado‑ que ese atraso no es casual y obedece a irregularidades gravísimas que se produjeron en los años 90 con las cuentas de inversión. Tanto es así que cuando en este recinto se aprobaron las cuentas de inversión de los años 1997 y 1998 nosotros objetamos que no se cumpliera alguno de los procedimientos que el señor diputado Lamberto, con razón, dice que existen, obrando como resguardo de las garantías de todos los legisladores para que podamos leer, observar, objetar o apoyar los dictámenes de la comisión. No se contempló el artículo 113 previamente a la aprobación de las cuentas de inversión de los años 1997 y 1998.
A ello se sumó la irregularidad de haber aprobado las cuentas de inversión de los años 1997 y 1998 sin haber considerado las de los años 1994, 1995 y 1996, años fuertemente sospechados, a punto tal que la Auditoría General de la Nación establece consideraciones graves al respecto. Además, no se pronuncia sobre la necesidad de aprobar estas cuentas sino que deja esto en manos del Congreso.
En esa época se produjeron buena parte de las privatizaciones. De manera que hay graves irregularidades. Pero además se suma otra irregularidad, que es la siguiente: este Congreso comenzó a tratar esas cuentas de inversión, el tratamiento se interrumpió por un pase a cuarto intermedio y nunca más volvimos a considerarlas; es decir, de estar tratando las cuentas de inversión de los años 1994, 1995 y 1996 pasamos directamente a tratar las de los años 1997 y 1998.
Como estas cuestiones son muy controvertidas, como está de por medio el manejo de los fondos públicos y como en medio de todo esto hay presunción de delito, me parece que sería bueno que las dos Cámaras lleven adelante una investigación al respecto para que todo el mundo pueda quedarse tranquilo acerca de las actitudes de ambas Cámaras.
La otra cuestión sobre la que nosotros hemos llamado la atención es que quienes no pertenecemos a la primera y a la segunda minorías no podemos formar parte de la Comisión Mixta, con lo cual también es mucho más difícil acceder a esa información, sobre todo cuando además no se cumplen los presupuestos del artículo 113.

                                Por lo tanto, queremos hacer consignar nuestro pedido de que se acompañe la versión taquigráfica de la sesión en la que se consideraron las cuentas de inversión de los años 1997 y 1998

 

Marcela Rodriguez

Sra. Rodríguez.- Señor presidente: aquí no se trata de si apoyamos o no a una persona. Como estamos en conocimiento de una irregularidad y podría tratarse de una irregularidad en torno a un documento público, simplemente le estamos diciendo al presidente de la Cámara que investigue, porque si efectivamente se trata de un falseamiento de un documento público, hay que hacer la denuncia. Esto lo dice el Código Penal. Es muy sencillo: es una obligación del funcionario público.
Los 257 diputados no vamos a estar analizando esto. Por eso le decimos al señor presidente: “Hágalo usted con el presidente de la Cámara de Senadores, y si ven que esto tiene entidad, hagan la denuncia penal. No nos obliguen a los 257 diputados y a todos los senadores a tener que estar haciendo esto”.

Si nos encontramos frente a la comisión de un delito, nuestra obligación es denunciarlo. No es cuestión de si apoyamos o no a un presidente, a un diputado o a un senador. Esta es la situación jurídica en la que nos encontramos.

(…)

  Modificación del código procesal CIVIL y comercial de la nación

Sra. Rodríguez.- Señora presidenta: voy a ser muy breve. Como lo mencionó el señor diputado Cigogna, se trata de un proyecto en el que coincidimos en la mayoría de los puntos.
El problema surge porque hay muchos procesos en los que los expedientes no se mueven por falta de diligencia de los abogados. Entonces, el expediente está inactivo y ello provoca su caducidad.
Pueden existir razones diferentes, pero una es que el mismo abogado, por una cuestión de negligencia, no impulse el expediente. Entonces, si la notificación se le realiza al propio abogado que no está moviendo el expediente, la persona justiciable finalmente quedaría desamparada, porque no podría enterarse que su abogado no está llevando el proceso como corresponde.
La propuesta que hacemos es menor y consiste en que no sólo se notifique a la parte en el domicilio constituido, que en general corresponde al estudio del abogado, sino también en el domicilio denunciado, que sería donde realmente vive la persona, lo que garantizaría su derecho, ya que así sabría cuál es la causa que ha provocado el transcurso del plazo.
Entonces, quien se encuentra en un estado de indefensión podría decidir cambiar de abogado. Muchas veces quienes se oponen a estos procedimientos son los propios abogados o los colegios que los representan por meras razones corporativas.
Si bien no he logrado convencer a la mayoría de la comisión, espero tener más éxito con los otros miembros de la Cámara. Se trata de la posibilidad de que un ciudadano común pueda enterarse y cambiar de abogado porque no ha movido el expediente durante varios meses.
Esta modificación es mínima porque, en todo caso, para un expediente que estuvo durmiendo seis meses, la demora de una semana, que es lo que puede tardar en llegar una cédula, es muy poco importante, pero sirve para garantizar el acceso a la Justicia por parte de los ciudadanos.

 

Delia Bisuttiç

Sra. Bisutti.- Señora presidenta: en nombre del bloque del ARI adelanto que vamos a apoyar este proyecto de ley, ya que hemos trabajado en él en la Comisión de Legislación del Trabajo.
Han sido elocuentes las palabras del señor diputado Recalde. Evidentemente, esta iniciativa tiene que ver con el hecho de reivindicar la relación de trabajo que existe entre los trabajadores y los empresarios.
Ya en su artículo 4° la ley de contrato de trabajo considera primordial a la persona del trabajador, estableciendo que sólo después de que se hayan atendido sus aspectos personales del trabajo, éste debe ser apreciado como una contraprestación dentro del esquema propio de un contrato de cambio.
Por eso es importante el restablecimiento de este artículo en el espíritu de la ley, para dar mayor énfasis al reconocimiento de las desigualdades que se producen en una relación laboral, además de la función protectora del derecho del trabajo.
En función de lo expuesto, insisto en que nuestro bloque va a votar favorablemente este proyecto de ley

6 de Septiembre de 2006