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ARI MACALUSE. RODRIGUEZ. MAFFEI, PÉREZ Leyes secretas – Educación sexual

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 7, 2006

EDUARDO MACALUSE

Sr. Macaluse.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del proyecto por el que se declara de interés parlamentario la IV Conferencia Nacional de Políticas de Drogas, contenido en el expediente 3.762-D.-2006. Pido disculpas a la Honorable Cámara por no haberlo solicitado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, pero en ese momento no sabía que había sido aprobado por la única comisión a la cual fue girado, es decir, Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico.

Sr. Macaluse.- Señor presidente: tal como lo hemos planteado siempre, nuestro bloque no está de acuerdo con los pedidos de licencia prolongados para ejercer cargos en el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, adelanto el voto negativo de nuestro bloque.

MARELA RODRIGUEZ

Sra. Rodríguez.- Señora presidenta: en realidad el proyecto venido en revisión reitera efectivamente lo que habían sido los textos de las leyes 25.148, 25.645 y 25.918, como ya se dijo, que disponían la ratificación por dos o tres años, dependiendo del caso, de la delegación legislativa en favor del Poder Ejecutivo dictada con anterioridad a 1994.
Ahora bien, el artículo 1° de cada una de estas normas también dispone, además de la prórroga, que el Poder Ejecutivo tiene que ejercer esas atribuciones con arreglo a lo dispuesto en el artículo 100, inciso 12, de la Constitución Nacional. Esto es algo que también debe ser tenido en cuenta en este debate. Es decir que al Poder Ejecutivo se le impuso algo que era obvio: cumplir con todos los recaudos impuestos a partir de la reforma de la Constitución Nacional, en aquellos casos en los que existiera delegación legislativa. Es decir que los decretos deben ser refrendados por el señor jefe de Gabinete de Ministros y ser sometidos al control del Congreso de la Nación.
En realidad, nosotros hemos tenido una posición histórica crítica en relación con este tipo de normativas.
En 1999, consideramos un texto similar a éste que vino en revisión del Senado. En ese momento el miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales fue la señora diputada Carrió. Introdujo reformas al proyecto que fueron aceptadas por esta Cámara, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el cuestionado artículo 2°, que menciona cuáles son las materias de administración, a las que posteriormente me voy a referir por la laxitud de la redacción de ese artículo.
En realidad, la señora diputada Carrió había propuesto que el artículo 2° dijera que las normas habían sido dictadas al amparo de la delegación delegante y que mantenían vigencia de conformidad con la jerarquía del órgano que las había dictado. Eso es algo también diferente, porque se trataba de una vigencia de espacio y tiempo, que no implicaba una aprobación.
Ella misma dijo en su discurso que cualquier juez podía cuestionar la constitucionalidad de la norma, y que no implicaba aprobarlas en ese momento. Además, le imponía a los órganos del Poder Ejecutivo que informaran cuáles eran las herramientas o facultades delegadas que se usaban en situaciones de emergencia y que eran necesarias para la función.
El ex ministro Bielsa dijo mejor que nadie en una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales que si hay alguien que sabe realmente de qué se trata todo esto es el propio Poder Ejecutivo. No es el digesto el que nos va a dar la solución. Cuando dicta una norma y debe utilizar una facultad delegada, de hecho el Poder Ejecutivo expresa lo siguiente: “Visto la norma tal…”, y sabe precisamente cuáles son las normas que necesita para cumplir determinados actos.
Entonces el Poder Ejecutivo y otros órganos como el Banco Central o la AFIP eran los que podían dar esta información que nos posibilitara ordenar toda la situación para que el Congreso pudiera sancionar un proyecto de ley que zanjara, de una vez y para siempre, esta cuestión. Estoy citando casi textualmente lo que fueron las palabras pronunciadas por la señora diputada Carrió en 1999.
La Cámara de Diputados aceptó la propuesta, pero la Cámara de Senadores insistió en su sanción original, y de esa forma fue aprobada la primera norma.
Como consecuencia de lo expuesto, no contamos con los mecanismos correspondientes y nos vimos obligados a las sucesivas prórrogas.
En 2002, todos recordarán que vivimos una situación de caos, con lo que llegamos a sancionar una norma sin que existieran discursos, a mano alzada y creo que por unanimidad. En ese momento había cierta razonabilidad en el procedimiento dada la situación en que se encontraba el país.
Pero obviamente era discutida la constitucionalidad de esa norma, además de que implicaba seguir manteniendo las prórrogas, a pesar de que la disposición de la cláusula transitoria octava es definitiva.
En realidad, desde el bloque de la mayoría se sostiene que es indispensable una nueva prórroga porque de otra manera el ordenamiento jurídico se caería in totum y se producirían grandes males. En rigor de verdad, si no hay una prórroga no se producirá ninguna de estas catástrofes. Lo único que va a suceder es que una facultad que es propia del Congreso de la Nación y no del Poder Ejecutivo vuelva al ámbito que corresponde, es decir, a este Parlamento. En todo caso, si es necesario, el Poder Ejecutivo tendrá que remitir un proyecto de ley a este Congreso. El oficialismo cuenta con una holgada mayoría en ambas Cámaras, y en ese sentido, ya se demostró que cuando quiere sancionar un proyecto con rapidez, lo hace. Consecuentemente, no va a suceder nada y no habrá inconvenientes en que se apruebe ese proyecto.
Además, el oficialismo cuenta con otra herramienta: si realmente estuviéramos ante una situación de extrema gravedad, existe la posibilidad de que se dicte un decreto de necesidad y urgencia. Precisamente para eso existe ese tipo de norma; si el Poder Ejecutivo la utiliza para cualquier cosa, bien puede hacerlo para las situaciones que lo ameritan. Es decir que no tenemos necesidad de una nueva prórroga ni existe posibilidad de ningún daño.
Además, esta es una prórroga masiva que afectaría la cláusula transitoria octava y el artículo 76 de la Constitución Nacional. Distinto es el caso en que existe una situación excepcional, como ocurría en 1999 pero no hoy, a doce años de la reforma constitucional, cuando se pretende seguir manteniendo esta prórroga que no sabemos qué duración puede llegar a tener.
En oportunidad de debatir esta prórroga en el año 2004 fuimos muy críticos respecto de los artículos 2° y 3°. Efectivamente, cuando la delegación se permite para determinadas materias de administración, ello debe tener una razón. Sin embargo, tal como lo ha dicho el señor diputado Tonelli, en el artículo 2° del proyecto se enumera una excesiva cantidad de facultades pero finaliza diciendo “toda otra materia asignada por la Constitucional Nacional al Poder Legislativo nacional que se relacione con la administración del país”. En resumidas cuentas, esto significa que se considera como materias determinadas de administración a toda materia relacionada con la administración del país, es decir, a todo. Si esto les parece que es una forma de acotar cuáles son las materias determinadas de administración, me parece que es una forma bastante extraña de usar el lenguaje.
Esta ambigüedad y vaguedad de la norma también fue criticada en 1999 por la señora diputada Carrió, quien dijo que daría lugar a pleitos o problemas de constitucionalidad, y que además extendía el ámbito de delegación efectuada por el Congreso. Es decir que lo que acaba de señalar el señor diputado Tonelli ya lo había advertido la señora diputada Carrió en 1999, señalando que el artículo 2° extendía el ámbito de delegación y no se limitaba a las normas anteriores a 1994. Por eso en ese momento la Comisión de Asuntos Constitucionales decidió suprimir ese artículo.
Pero, además, el artículo 3° aprobaba las normas dictadas entre los años 2002 y 2003, y ahora se pretende hacer lo mismo con las comprendidas entre los años 2004 y 2006 y con la totalidad de la legislación delegada.
Ahora bien, como el artículo 1° dice que el Poder Ejecutivo tiene que seguir el procedimiento del artículo 100 inciso 12), en realidad lo que corresponde es que el Congreso revise una por una las normas y no que se expida in totum, es decir, de manera general sobre todas ellas.
Ya en el año 2004 nosotros habíamos dicho que esto en realidad es una trampa, porque mediante la prórroga de las facultades nos quieren llevar a aprobar cosas que ni siquiera sabemos de qué se tratan y quieren que le demos un cheque en blanco al Poder Ejecutivo.
El señor miembro informante dice que Sagües daba el consejo de verificar una norma por sus consecuencias o ratificar sus resultados. Acá podemos ratificar los resultados con una mera descripción de algunos de los decretos que fueron dictados al amparo de la última norma, que fue la ley 25.918.
Miren en qué resultó la última ley que se aprobó en 2004, cuando dijimos que estábamos dando un cheque en blanco, que trataban de hacer trampa, que iban a querer aprobar cosas bajo la delegación que íbamos a sancionar.
Algunos de estos decretos no tienen como único fundamento la ley 25.918, pero todos se remiten a ella como dictados al amparo de la legislación delegada por esa norma, y algunos simplemente por esa norma.
El decreto 1.067/05 crea la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario sobre la base solamente de esa norma. El decreto 1.023/06 transfiere el Registro Nacional de Armas de la órbita de la Secretaría de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior ‑esto no parece ser muy grave. El decreto 1.683/05 se refiere a la aprobación del programa de obras, trabajos indispensables y adquisición de bienes en el Plan Nacional de Inversiones Ferroviarias. El decreto 243/06 ‑esto se empieza a poner más interesante- se refiere a un convenio por 150 millones de dólares y adivinen quién está involucrado: De Vido, el ministro de Planificación Federal. En el decreto 1.700/04 ya son 200 millones de dólares, y quien tiene que ver con este decreto dictado al amparo de esta norma es nuevamente De Vido, el ministro de Planificación Federal. El decreto 182/05, referido a un convenio de garantía por 200 millones de dólares, es un proyecto de desarrollo de la inversión sustentable en infraestructura. El decreto 529/06 es un modelo de convenio de préstamo destinado al proyecto de transición del programa Jefes y Jefas de Hogar por 350 millones de dólares. El decreto 32/06, se refiere a otro contrato de préstamo, es un programa de apoyo al Programa Familia Fase 1 por 700 millones de pesos. El decreto 1.616/04 es un programa de ajuste estructural en apoyo de la recuperación de la economía por 500 millones de dólares. El proyecto de modernización del Estado se materializó mediante el decreto 392/06, por 30 millones de dólares. El decreto 652, consistió en una donación para la preparación del proyecto de eficiencia energética en la Argentina, por 345 mil dólares solamente para costo del servicio de consultoría.
También podemos mencionar el decreto 182/06, por 98 mil euros; el decreto 1.003/05, sobre el programa de mejora de competitividad del sector turismo, por 33 millones de dólares; el decreto 919/05, sobre el programa de fortalecimiento institucional productivo de gestión fiscal provincial, por 18 millones de dólares; el decreto 392/05, sobre el programa de fortalecimiento institucional del Senado de la Nación, por 4 millones 800 mil dólares.
También podemos citar la carta‑acuerdo para el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad, por 339 mil dólares; el decreto 31/05, por 350 mil dólares; el decreto 1.711/04, sobre el programa de desarrollo para áreas fronterizas, por 22 millones de dólares; y el decreto 633, sobre el programa de reforma del sector de agua potable y saneamiento, por 30 millones dólares.
No los voy a seguir cansando con la enumeración de decretos. Simplemente quiero decir que todo eso se hizo al amparo de la ley 25.918, entre otras normas, que además ahora se pretende aprobar in totum mediante el artículo 3°, que dice: “Apruébase la totalidad de la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta ley”. Se procede de esta forma de la misma manera en que se otorgaron facultades para el dictado de estas normas. Insistimos en que nosotros no estamos dispuestos a dar un cheque en blanco ni a seguir avalando situaciones como éstas, con las que se sigue violando la Constitución Nacional.
Además, creemos que esto va a ser mucho más gravoso en términos de lo que se ha dicho acá. Al hablar del digesto, la señora diputada tuvo una visión optimista y dijo que desde el Ejecutivo alguien había dicho que no iba a haber más prórrogas. Sin embargo, la senadora Cristina Fernández de Kirchner al informar en el Senado de la Nación sobre el digesto dijo lo siguiente: “En este sentido, tengo dudas de si lo van a poder hacer en el plazo de tres años que estamos acordando hoy. Ojalá me equivoque y no sea necesario dentro de tres años volver a reunirnos aquí para hacer nuevamente esto. Aclaro que no estoy ‘satanizando’. Ojalá que me equivoque –lo reitero‑, porque sería muy bueno que pudiéramos demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de hacerlo. Pero sinceramente no creo que pueda ser así”.
Por lo tanto, ni siquiera la senadora Fernández de Kirchner cree que esto se pueda resolver a corto plazo. Entonces, ¿hasta cuándo les vamos a seguir dando un cheque en blanco? ¿Hasta cuándo se va a seguir violando la Constitución? Sin lugar a dudas, hay algo que no se puede permitir.

(…)

Sra. Rodríguez.- Señora presidenta: efectivamente, como lo reconocí al principio de mi exposición, algunos de estos decretos sólo se basan en la ley anterior y otros tienen su fundamento en varias normas. ¿Qué es lo que viene sucediendo sin solución de continuidad? No me tomé el trabajo de buscar todos los decretos porque sólo quería contar con los más recientes, y además, resulta un poco difícil ubicarlos mediante el buscador; pero lo cierto es que cada vez que se sanciona un proyecto como el que se halla en debate estos decretos son aprobados in totum.
En algunos casos puede tratarse de decretos emitidos sobre la base de facultades propias, pero en muchas situaciones no; de lo contrario, no estaríamos invocando esta ley.
Entonces, en vez de someter cada una de estas normas al control estipulado en el inciso 12) del artículo 100 de la Constitución, en el artículo 3° del proyecto de ley se dispone la aprobación de la totalidad de la legislación delegada dictada entre 2004 y 2006. Este es el problema.
Es posible que alguna norma sea correcta, pero podrían existir algunas otras incorrectas. Apuesto a que la mayoría de los diputados de este Congreso no conoce lo que dice cada uno de estos decretos; yo no lo sabía hasta que los leí. Sin embargo, estamos aprobándolos. Es esto lo que quiero significar, porque está violándose la Constitución.
El mecanismo, incluso respecto de esa ley con la que estuvimos en contra en el año 2004, consistía en seguir con lo que establece el inciso 12) del artículo 100 de la Constitución. Ello no se respeta, pero igual lo aprobamos. Entonces, cada dos o tres años continuamos violando la Constitución.
Este bloque ya no está dispuesto a entregar más facultades del Congreso, a permitir mayores vulneraciones a la Constitución y dar cheques en blanco a un Poder Ejecutivo que cada vez concentra más facultades. (Aplausos.)

(…)

Sra. Rodríguez.- Señora presidenta: es cierto que el artículo 100, inciso 12, planteaba la creación de una comisión bicameral. Lo que afirma el señor miembro informante no es correcto en el sentido de que no puede ser retroactivo. Lo cierto es que cuando el Poder Ejecutivo quiso enviar un DNU para ser ratificado por este Congreso, lo hizo aunque no existiese esa comisión bicameral. Es decir que hubo una forma de aprobarlo, y aun sin la comisión bicameral este Congreso ejerció el control. Cuando no quiso, no lo hizo, y todos estuvimos sometidos a los vaivenes del Poder Ejecutivo. Pero no era requisito ineludible para el control –por lo menos para el oficialismo no lo fue‑, dado que lo enviaron y aprobaron sin la existencia de la comisión bicameral.
En cuanto a lo demás, estoy de acuerdo con el señor diputado Tonelli, por lo cual obviaré su referencia.
La otra cuestión respecto de este tipo de normas es que al aprobarlos no solamente aprueban. En una sesión del año 1999 el senador Yoma, que era presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sostuvo que la legislación delegada también debería ser ratificada lisa y llanamente habida cuenta de que con dicha ratificación aquélla adquiriría el rango jerárquico normativo de ley formal. Es decir que aquí se presenta otro problema, porque si lo que se pretende es que sea una resolución de la AFIP, no puede tratarse de una ley.

Por ese motivo, en su momento la señora diputada Carrió había hecho la propuesta de mantener la vigencia según la jerarquía del órgano que la dictó. Si ahora hicieran eso, de hecho no se caería nada y ustedes tendrían una solución más apegada a la Constitución; sin embargo, ustedes no quieren optar por esta vía.

ADRIAN PÉREZ

Sr. Pérez (A.).- Señor presidente: responderé a la convocatoria que ha realizado la señora miembro informante del oficialismo ‑referida a que busquemos un mayor grado de consenso‑ con otra: que revean el texto que hoy el oficialismo somete a consideración atento a que no atiende la cuestión central, que sí contemplan otros dictámenes, como por ejemplo el que suscribe el bloque del ARI, sustentado en proyectos legislativos presentados hace mucho tiempo en esta Cámara.
Los miembros informantes sostuvieron que este proyecto de ley constituye uno de los avances institucionales más importante de los últimos tiempos, y yo quiero demostrar que esta iniciativa es puro maquillaje. La verdad es que este proyecto de ley no atiende la cuestión de fondo, no resuelve el tema central: cómo evitar el secreto en los actos de gobierno.
Estamos dispuestos –como deberíamos estarlo todos‑ a respetar el principio constitucional de que en un esquema republicano los actos de gobierno deben ser públicos. Por ese motivo queremos que todos los actos de gobierno sean públicos, por supuesto los del Parlamento, pero también, y mucho más, los del Poder Ejecutivo, que es unilateral, discrecional y carece de controles.
Resulta claro que estamos de acuerdo con la publicidad de las leyes secretas existentes hasta el presente. Sin embargo, la pregunta es: ¿por qué exigimos la publicidad de las leyes secretas, reconocidas hoy por el oficialismo como de carácter histórico e intrascendentes, y no estamos dispuestos a dar publicidad a los decretos secretos que fueron el origen de los más vastos delitos cometidos desde la administración pública nacional en los últimos tiempos? Esta es la cuestión central.
Cuando se publiquen las leyes secretas encontraremos donaciones de caballos de pura sangre o importaciones de vajilla de porcelana para la Quinta Presidencial de Olivos exenta de impuestos. En cambio, cuando se den a publicidad los decretos secretos, que el oficialismo no quiere abrir, develaremos a la sociedad cómo se manejaron en la Argentina los fondos reservados, cómo absolutamente todos los gobiernos democráticos incrementaron los fondos reservados por la vía del dictado de decretos para desviarlos a las más diversas actividades ilícitas. Eso es lo que contienen los decretos y no las leyes secretas.
Obviamente queremos publicidad pero de las cuestiones trascendentes que pueden poner en evidencia cómo se desviaron los recursos de las arcas públicas.
Queremos saber, señor presidente, porque la sociedad lo necesita, cuál fue el instrumento que permitió el desvío ilegal de armas a Croacia y Ecuador, que no se posibilitó por medio de leyes secretas sino de los decretos secretos del Poder Ejecutivo.
No hay nada en las leyes secretas. Es más, todos sabemos que en los últimos 25 años de la historia argentina, desde la vuelta de la democracia, no hay leyes secretas, pero sí decretos secretos.
Tengo que confiar en la palabra de la miembro informante de mayoría que sostiene que este gobierno sólo dictó un decreto secreto. Ciertamente no lo sé. Asimismo tengo que confiar en algunos informes periodísticos y en la información que pude obtener en algunas causas judiciales, pero la verdad es que en una República los actos del Poder Ejecutivo deberían estar al servicio del conocimiento público, y hoy deberíamos estar abocados a analizar la publicidad fundamentalmente de los decretos secretos.
También deberíamos restringir los organismos habilitados para recibir fondos reservados y establecer mecanismos de control sobre esos fondos, porque estas cuestiones tampoco han sido tratadas en el proyecto del oficialismo.
Esos son los puntos que nos diferencian sustancialmente; no es una cuestión menor ni secundaria, sino central.
Días pasados una legisladora me decía que daba la sensación de que yo hablaba como si la historia hubiese empezado cuando me senté en esta banca, lo cual no es cierto. La verdad es que defendemos esta posición después de haber estudiado y analizado los hechos que sucedieron en nuestra historia más reciente, habilitados fundamentalmente por decretos secretos.
¿Cómo se inició el tratamiento de este tema en el Parlamento nacional? Empezó allá por abril de 2004, cuando María Julia Alzogaray declaró por primera vez en la causa que se le seguía por enriquecimiento ilícito que había recibido sobresueldos, que eran los que justificaban su enriquecimiento. Ese fue el primer reconocimiento de un funcionario público de la década del 90 de la existencia de los sobresueldos.
Pocos días después –también en abril de 2004‑ conocimos las declaraciones de Roberto Martínez Medina, que había sido secretario de Granillo Ocampo, quien reconoció que este último también cobraba sobresueldos con recursos provenientes de los fondos reservados. En aquel momento Martínez Medina manifestó que todos los meses iba a retirar el sobre a la secretaría de Aiello, donde se encontraba con todos los secretarios de los ministros y de los secretarios de Estado. Los secretarios de Mazza y de Alderete también iban del 1 al 10 a retirar los sobresueldos.
Luego conocimos la declaración de Santiago Lozano, funcionario del Ministerio del Interior, quien reconoció haber cobrado sobresueldos.
También en el mes de abril declaró Ricardo Cossio, ex director de la DGI entre 1989 y 1995, quien dijo: “Señores: yo cobré sobresueldos, pero también los recibían la mayoría de los funcionarios”.
La propia secretaria de Aiello dijo en su declaración que del 1 al 10 pasaban por su oficina los secretarios de los principales funcionarios del Poder Ejecutivo.
Así comenzó esta discusión, que en mayo de 2004 terminó con una condena contra María Julia Alzogaray por enriquecimiento ilícito. En aquella oportunidad el tribunal oral señaló: “Hay una actividad sistemática e irregular por parte del Poder Ejecutivo, que tenía a su cargo la administración de fondos públicos, acciones que a nuestro entender alcanzan la categoría de delito, consistente en el pago a los funcionarios de mayor jerarquía de la administración nacional en forma absolutamente discrecional de sobreasignaciones que no tenían respaldo legal.”
Quiere decir que todos los funcionarios de aquella época cobraban sobresueldos, y lo hacían porque existía un decreto secreto que permitía el incremento de los fondos reservados.
En diciembre de 2004 conocimos la declaración de Camilión. Esto es muy interesante, porque el ex ministro declaró en la causa por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, que no se perpetró en base a una ley secreta –a las que hoy les quieren dar publicidad y prohibir a futuro‑, sino a un decreto secreto.
Entonces, queda en claro que el problema pasaba y sigue pasando por los decretos secretos y no por las leyes secretas.
En su declaración Camilión reconoció que tenía 2 millones de dólares en Suiza, pero aclaró que provenían de los sobresueldos que cobraba ,al igual que el resto de los ministros del Poder Ejecutivo Nacional.
Existe otra causa que nosotros citamos cuando impugnamos el pliego de Martín Redrado cuando se lo designó como presidente del Banco Central. En esa causa cuatro funcionarios de la Comisión Nacional de Valores reconocieron que no solamente Redrado cobraba sobresueldos –chocolate por la noticia‑, sino que todos ellos también los percibían. Fue una suerte de autoimputación de esos cuatro funcionarios; me refiero al secretario privado, al gerente de Comunicaciones, a la directora de Recursos de la Comisión Nacional de Valores y a otra secretaria privada de Redrado. Era tan evidente que Martín Redrado cobraba sobresueldos que destinaba a cuestiones personales, que los propios funcionarios manifestaron que sus sobresueldos provenían de lo que aquél cobraba. Redrado era generoso, porque distribuía.
Luego nos enteramos de otras cuestiones –no solo del tema de los sobresueldos‑, que dejaban en claro que el dinero era desviado para otro tipo de actividades ilícitas, siempre proveniente de fondos reservados.
No era para sobresueldos, sino para coimas para que se aprobara la ley de reforma laboral. Entonces Rafecas dijo: “¿Señores, saben lo que pasó? Se sacaron 5 millones de dólares de la SIDE para pagar a los senadores para que voten el proyecto de ley de reforma laboral.”
Era agosto de 2005, y después vino la causa en la que estaba involucrado Galeano, y se descubrió que efectivamente este juez le había pagado 400 mil dólares a Telleldín para incriminar a los policías en la causa AMIA.
Así podría seguir nombrando causas judiciales en las que sucedieron hechos similares. También podemos mencionar los casos de los jueces federales que cobraban sobresueldos, de los periodistas que cobraban sobresueldos, y siempre lo mismo. ¿Saben de dónde salían esos sobresueldos? De los fondos reservados. ¿Y saben cómo se incrementaban los fondos reservados? No por ley secreta, sino por decreto secreto.
¿Saben cómo se vendían ilegalmente las armas? No por ley secreta, sino por decreto secreto. Siempre fueron decisiones del Poder Ejecutivo, y no del Parlamento Nacional.
Por eso queremos tratar la cuestión con seriedad, sensatez y racionalidad, y afrontar el tema central, que es el secreto en las decisiones del Poder Ejecutivo. Desde ahí siempre se han cometido los ilícitos.
La Oficina Anticorrupción elaboró un informe debido a la existencia de muchas causas, en el que explicaba que efectivamente lo que ocurría era que el Poder Ejecutivo incrementaba mediante decretos secretos los fondos reservados, y que no había posibilidad de controlarlos, porque los secretos no se controlan.
Nos decía, por ejemplo, que en el año 1992 los fondos de la SIDE se incrementaron por decreto secreto en 92 millones de pesos: pasaron de 115 a 207 millones. En el año 1993 se aumentaron en 76 millones de pesos y en el año 1995, en 66. ¿Pero saben qué pasó? Si yo observo año por año, encuentro que el incremento siempre se debió a un decreto secreto.
¿Hubo en estos años alguna ley secreta que incrementara esos fondos? No, era siempre lo mismo: un decreto secreto. Esto no fue patrimonio únicamente del menemismo, porque llegó el año 2000 y también hubo un incremento de los fondos de la SIDE: de 138 pasaron a 167 millones mediante un decreto reservado, y ahora estaba en el gobierno la Alianza. No es patrimonio del menemismo ni tampoco de la Alianza, porque también lo hizo este gobierno.
Cuando Beliz se fue del gobierno dijo: “Señores, ¿saben qué pasó? Les cuento. Hubo un incremento de fondos reservados para la SIDE de cien millones de pesos mediante dos decretos, uno de Duhalde y otro de Kirchner, que tenían como destino financiar la campaña de Kirchner.”
Nosotros dijimos que no podía ser. ¿Por qué decreto se incrementó? Buscamos todos los decretos y no existía. Entonces dijimos: “Mintió Beliz”. No, no mintió Beliz. Lo que pasó nuevamente es que hubo un decreto reservado que posibilitó el incremento de los fondos reservados.
Queremos que todo se publique porque el pueblo quiere saber de qué se trata. Queremos mostrar a la sociedad lo que pasó durante todos estos años con los fondos reservados, con los incrementos, con las ventas ilegales, y para esto indefectiblemente debemos publicar los decretos secretos.
No alcanza con la publicación de las leyes. Es más, diría que a esta altura es intrascendente la publicación de las leyes. Si verdaderamente queremos que la sociedad sepa, tenemos la obligación moral de publicar y poner en conocimiento las decisiones secretas del Poder Ejecutivo que permitieron los más vastos ilícitos de la administración pública nacional.
La otra vez me decía el diputado Bielsa lo siguiente: “La verdad es que mientras yo estuve en la función no tuve fondos reservados, y nunca tomé una decisión secreta.”
¿Saben una cosa? Le creo al señor diputado Bielsa. Pero qué bueno sería despejar las dudas para que ello se conociera efectivamente, tanto para el bien de nosotros como para el que nunca tomó decisiones secretas ni contó con fondos reservados.
Si uno observa lo que ocurrió en los últimos años, se va a dar cuenta de que en 1993 el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto incrementó los fondos reservados en un 93 por ciento. ¿Lo hizo mediante leyes secretas? No, utilizó decretos secretos.
Por eso consideramos que este proyecto es de una gran falacia, y de un marcado cinismo e hipocresía. Lo vienen a presentar como el gran avance institucional, pero no se deciden a tocar la cuestión central. No se animan a publicar un solo decreto secreto ni a prohibir al gobierno y, al presidente la posibilidad de que emita decretos secretos en el futuro.
¡Vaya paradoja! Estoy de acuerdo con que exista la prohibición de leyes secretas, pero en una república el único órgano habilitado para dictar una ley secreta es el Parlamento nacional, porque cuenta con un esquema interno de control. Es decir, por lo menos existen distintas representaciones políticas que toman una decisión. Sin embargo, decimos que el Parlamento no puede hacerlo. Pero el órgano con mayor discrecionalidad, que es unilateral y está cargado de arbitrariedad, sí puede legislar en secreto y emitir decretos secretos.
Siempre se procede habilitando y concentrando facultades en el Poder Ejecutivo, y ahora se le da la posibilidad de que mantenga en secreto sus decisiones.
Por eso cuando dicen que estamos dando un salto están mintiendo. Nuestra propuesta consiste en discutir en serio y dar a publicidad los decretos, prohibiendo para el futuro los decretos secretos.
Tengo una posición personal: ¿el Parlamento podría establecerse alguna regla excepcional para dictar una ley secreta? La respuesta es afirmativa si existieran condiciones de control posterior y si hubiera una ley de acceso a la información, que hoy no tenemos en la Argentina. O sea que en estas condiciones es imposible dictar una norma de ese carácter.
La ley de acceso a la información que sancionó esta Cámara fue destrozada en el Senado. La paró Cristina y la destrozaron. Entonces, ya no hay posibilidad de tener una ley de acceso a la información. Insisto: en estas condiciones es imposible legislar.
Lo que resulta irrisorio es que hoy nos presenten todo esto como un avance y un salto cualitativo en pos de la calidad institucional; esto es pura falacia, cinismo e hipocresía.
Nos han dicho que podemos llegar a invadir funciones propias del Poder Ejecutivo. Es una total mentira. En todo caso, lo que estamos haciendo es reglamentar un mandato constitucional, porque la Carta Magna nos obliga a que los actos de la administración pública deben revestir tal carácter –o sea, ser públicos‑ para el conocimiento de la sociedad. Este es el principio fundamental en todo esquema republicano. Entonces, no estamos vedando ninguna facultad al Poder Ejecutivo, sino que estamos cumpliendo con un mandato constitucional al prohibir al presidente que emita decretos secretos.
Hoy el miembro informante nos ha dicho que establecimos alguna limitación al Poder Ejecutivo en la ley de los superpoderes. Es cierto. Por eso la verdad es que aplaudo –en esto soy sincero‑, porque creo que la ley de superpoderes contó con una sola cuestión positiva: la cláusula por medio de la cual se impidió al señor jefe de Gabinete de Ministros reasignar partidas e incrementar fondos reservados.
Lo importante hoy habría sido que hubiéramos impedido al Poder Ejecutivo establecer disposiciones secretas, tal como lo hemos hecho con el Parlamento. Así como venimos a exigir la publicación de todas las leyes secretas, también deberíamos exigir al Poder Ejecutivo la publicación de todos los decretos secretos.
Uno de los grandes problemas que tuvimos fue la existencia de muchos organismos habilitados para recibir fondos reservados. Por eso dijimos que había que eliminar a todos aquellos que nada tuvieran que ver con la defensa y la seguridad nacional.

El problema consiste en que el texto que pretende aprobar el oficialismo nos remite a dos leyes: la de defensa nacional y la de seguridad interior. De modo tal que continuamos con la misma cantidad de organismos habilitados para recibir fondos reservados. Siguen estando el Congreso de la Nación, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, etcétera. Hay algunos organismos que figuran de manera correcta, pero hay otros que nada tienen que ver con la cuestión vinculada con la defensa y la seguridad. Esta es otra diferencia importante con nuestro dictamen.

Sr. Presidente (Cambareri).- Su tiempo ha concluido, señor diputado.

Sr. Pérez (A.).- Ya termino, señor presidente.
En nuestro dictamen proponemos el establecimiento de mecanismos de control, pero no me voy a extender en esto porque mi tiempo ha concluido.
Quiero cerrar mi exposición señalando que las últimas leyes que se han sancionado en el Congreso -la reglamentación del dictado de los decretos de necesidad y urgencia y los superpoderes- apuntan a una mayor concentración y secreto en las facultades del Poder Ejecutivo. Por eso apoyamos el dictamen del ARI; e queremos terminar en serio con el secreto y proponemos la prohibición de las leyes y decretos secretos.
Deseamos seriamente que la ciudadanía conozca lo que pasó: por eso pedimos la publicidad de las leyes y decretos secretos.
Queremos eliminar los organismos que utilizan fondos reservados y no realizan tareas de seguridad y de defensa nacional. Por eso sostenemos el dictamen del ARI y no el del oficialismo.
Pretendemos establecer mecanismos de control. Por eso apoyamos el dictamen del ARI y no el del oficialismo.

No queremos convalidar la hipocresía, el cinismo y el absolutismo. Por eso no vamos a votar el dictamen del oficialismo. (Aplausos.)

MARTA MAFFEI

Sra. Maffei.- Señor presidente: en primer lugar solicito autorización para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones, y también anticipo el voto afirmativo del bloque del ARI.
El proyecto de ley en consideración, por el que se crea el Programa Nacional para la Educación Sexual, tiene una altísimo consenso y es producto de muchos años de trabajo. Es una norma humana, ética, respetuosa, consensuada, democrática y participativa a todos los niveles, ya que los padres participan en la escuela y en la definición del programa, y también participan el Consejo Federal, el Ministerio de Educación y distintos especialistas con la absoluta posibilidad interdisciplinaria de definir programas, contenidos, proyectos y materiales didácticos.
Esto está basado en dos cuestiones fundamentales: el derecho de los jóvenes a recibir educación sexual y la obligación de la escuela de otorgarla, sin discriminar si la escuela es pública o privada y con la absoluta claridad de que toda persona, desde el ingreso al sistema educativo ‑en el preescolar‑ y hasta el nivel terciario, tendrá el derecho de recibir una educación sexual de carácter integral.
Por primera vez en mucho tiempo, y no sé si por única vez, en este recinto estamos a punto de empezar a desmitificar algunos temas y de correrle el velo al tabú de la educación sexual, que ha causado estragos en la historia de la civilización y particularmente en la historia de las mujeres y de las niñas. Es la primera vez que vamos a correr el velo del currículo oculto que ha existido por siglos dentro del sistema educativo, y quizás por primera vez podamos empezar a hablar justificadamente de educación integral.
Por primera vez vamos a sacarnos el “mascarón”, vamos a sacarnos la hipocresía y vamos a empezar a plantear una historia diferente, de hablar con la verdad, sin dejar la ética, los principios y la verdad de lado. El ser humano es al mismo tiempo físico, biológico, psíquico, cultural, social, histórico y afectivo. No se puede seguir desgajando al ser humano, no se puede seguir fracturándolo, y muchísimo menos se puede recortar, a partir de nuestras incapacidades, miedos, inhibiciones y los desconocimientos que tenemos, el derecho de los pibes a aprender.
Yo no necesito recordar aquí lo que ha sido la historia de siglos con la obturación de la información, del conocimiento y de la educación sexual. ¡Cuántos siglos de violencia, cuántos miedos, cuántas culpas! ¡Qué enorme incapacidad que hemos tenido de juntar el placer con la función reproductiva! ¡Cuántos años y cuántos siglos de ocultamiento, que han cargado de culpa, vergüenza y miedo a las personas, al punto de que en muchísimos casos, aun como adultas, no han podido tener una relación saludable en materia sexual y de relaciones interpersonales.
Es más; la situación sexual no aclarada y la violencia padecida han terminado siendo la base de una reiteración patológica donde la víctima pasa a ser victimario, repitiéndose así históricamente los procesos de abuso sexual.
Ya es tiempo de que realmente nos convirtamos en adultos porque somos capaces ya no de practicar sexo ‑cualquier animal lo practica‑ sino de hablar de sexo, razonable, ética y comprensivamente, con toda la capacidad que tenemos como seres humanos para desarrollarnos en plenitud.
Es tiempo de educar al ser humano en su sensibilidad, en la pasión, en el amor, en la soledad. La persona debe ser educada integralmente, y ésta es una dimensión que faltaba en su educación. Todos conocemos las consecuencias de haber ocultado la educación sexual. Todos sabemos –y los docentes lo hemos visto mucho más‑ lo que han padecido nuestros chicos. Conocemos acerca del abuso y de la violencia, de la prostitución y pornografía infantiles en la actualidad, de las enfermedades de transmisión sexual, de la maternidad adolescente –como han manifestado mis compañeras­‑ y de los conflictos familiares ocultos.
Debo decir algo que la practica docente me ha enseñado reiteradamente. La mayoría de los que se oponen a la educación sexual terminan siendo los que en la casa realizan el abuso sexual. Esto lo hemos visto reiteradamente en la escuela pública.
Es enorme la cantidad de denuncias de la Sociedad de Pediatría. No hay límite de edad. Las víctimas son cada vez de menor edad. El 68 por ciento de todas las violencias proviene del ámbito familiar, el ámbito más íntimo, el de las personas que deberían cuidar a los niños; incluso, en la escuela, en las instituciones deportivas.
Saquémonos la careta y empecemos a hablar seriamente de los verdaderos trastornos que padecen nuestros pibes. Ya es tiempo de actuar y educar no sólo a la víctima. También hay que educar la voluntad, la sensibilidad, la ética y la pasión del posible victimario. Si no educamos a las dos partes, volverán a reiterarse las prácticas del abuso sexual.
Finalmente, sin pretender abusar del tiempo porque sé que todos estamos cansados, deseo que algo quede absolutamente aclarado. En primer lugar, este proyecto de ley no ha dejado de lado a los padres sino que los ha incluido; pero el derecho de los padres no puede llegar a inhibir el derecho de los chicos a recibir educación e información sexual. Hay un límite: los niños no son propiedad de los padres, y no depende de la voluntad de ellos el derecho a educarse que tienen los chicos. Éste es un derecho consagrado en la ley, en la Constitución y en todos los tratados internacionales que ha firmado la República Argentina y en los cuales se basa aquella ley.
¿Por qué se trata de un derecho que está por encima de la voluntad de los padres? Porque en realidad ir a la escuela y educarse es un derecho para que las personas tengan defensa propia; un derecho social para que tengan oportunidad de defenderse. Ir a la escuela no es un hecho relacionado con la posibilidad de confirmar o rechazar las opiniones de los familiares, acentuar la discrecionalidad de los docentes o soportar la de quien fuere. Uno va a la escuela a aprender, a insertarse en una cultura y a adquirir los conocimientos socialmente valiosos para ser una persona íntegra.
Se dice que en este proyecto de ley existe –lo he escuchado de parte de algunos compañeros que me han precedido en el uso de la palabra- la posibilidad de una objeción de conciencia.
En este sentido, quiero establecer dos aspectos básicos, porque me parece que existe confusión. Algunos compañeros están creyendo que lo que nosotros vamos a implementar es una asignatura llamada “Educación Sexual”, que va a tener horario de clase, y los chicos la van a cursar todos los días o dos o tres veces por semana. Entonces, se plantea la posibilidad de que el padre tenga derecho a retirar a su hijo cuando se cursa dicha asignatura. Están equivocados.
Este es un programa tendiente a acciones de educación sexual que se va a desarrollar en distintas asignaturas y materias. Estará presente cuando se curse Psicología, Filosofía, Historia, Biología, Literatura. ¿Qué van a hacer los padres? ¿Van a retirar a sus hijos de todas las clases? Cada vez que un maestro empiece a hablar racionalmente de un problema sexual durante cualquier asignatura, ¿van a sacar al chico? ¿Le van a dar un permiso automático para que se retire de clase cada vez que se toque un tema de educación sexual?
No nos hagamos la ilusión de que vamos a tapar el sol con las manos porque los mismos padres que dicen que podrían objetar el derecho de su hijo de aprender en forma sistemática, científica, ética y ordenada adentro de la escuela a través de los especialistas y de los docentes, no pueden inhibir lo que después ocurre fuera de clase. De esta manera, el pibe aprende en cualquier lado: en los recreos -así está mal informado o con conocimientos dudosos brindados por sus compañeros-, en el club de fútbol, en la cancha o a través de la televisión, de la forma más soez y grotesca. Incluso hoy he escuchado que hasta por teléfono celular: marcando simplemente cuatro números se puede acceder a cualquier tipo de información sexual.

Entonces, permitamos que la educación sexual sea sensatamente brindada por la institución escolar. (Aplausos.)

 

 

 

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ARI Elisa Carrió presentará propuestas para terminar con el trabajo en negro

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 7, 2006

La diputada del ARI Elisa Carrió presentará mañana en el Congreso una serie de “iniciativas legislativas” destinadas a “terminar” con el trabajo en negro y con los talleres clandestinos de confección de indumentarias.
La presentación se realizará a las 16, en el Salón Cabezas de la Cámara de diputados.
El objetivo es “hacer visible la actividad de confección y comercialización de indumentaria a través de la regulación de la actividad, la instrumentación de un régimen especial para el poder de policía en el ámbito de la ciudad y la creación de una comisión de seguimiento con la participación de todos los sectores involucrados”, se informó.
Carrió estará acompañada en la presentación por el legislador de la Ciudad de Buenos Aires Facundo di Filippo -autor de las últimas dos iniciativas- y del presidente del ARI de la Ciudad, Guillermo Smith, además del titular del Bloque de Diputados en la Legislatura porteña, Fernando Cantero, así como diputados nacionales y Legisladores porteños.
En su proyecto, Carrió propone la creación de un registro que otorgue un certificado que habilite a la confección y comercialización de indumentaria, que permitirá controlar desde los mayores responsables, descendiendo en la cadena de producción.
El 65% de la producción se realiza de manera informal, lo que equivale a un 80% de informalidad en términos de empleo, según lo reconocido por empresarios del sector.
Para la Ciudad de Buenos Aires las iniciativas van en el mismo sentido y establecen un régimen especial de regulación del poder de policía del trabajo que tendrá entre sus obligaciones fiscalizar y controlar a todos los que participan de la cadena de producción y comercialización.
El último proyecto propone la creación de una comisión de seguimiento del cumplimiento de los derechos laborales, del registro de los trabajadores, del pago de salarios dignos, del cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo, entre otros

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ESCRIBE ELISA CARRIÓ

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 7, 2006


De que manera se cruzan el Kirchner de Santa Cruz y el Chávez de Venezuela pudo demostrarse en el escenario maniqueo y de quiebre propuesto por el Gobierno frente a una marcha ciudadana el jueves pasado.

En los viejos días de Santa Cruz, cuando un sector de la sociedad quería manifestarse, la fuerza de choque del entonces gobernador Kirchner, que encabezaba Rudy Ulloa Igor a través de pseudo organizaciones sociales impulsaba contramarchas para amedrentar a los ciudadanos e incluso emprendía una represión para estatal, de la que el gobernador se desentendía diciendo que era una refriega entre manifestantes.

La fuerza de choque del presidente Kirchner y su globo de ensayo para un modelo de fractura de la sociedad es hoy Luis D’Elía y, en consecuencia, es inocente pensar que se trata de un personaje marginal suelto.

El modelo maniqueo de quiebre social y político ya está instalado y va a ser profundizado por el Presidente en la medida en que crea que pierde parte de su popularidad. ¿Qué hacen la sociedad y la dirigencia democrática frente a este desafío? Lo peor que se puede hacer es ser funcional al escenario maniqueo reaccionando con bronca y poniéndose en el otro extremo. La circunstancia es peligrosa y, por lo tanto, es un deber moral inexcusable desmontar este discurso perverso y fascista antes que sea demasiado tarde.

En una República, toda la ciudadanía tiene derecho a manifestarse, la Plaza es de todos, y no está reducida a los que piensan como el Presidente o a los que piensan como uno.

La seguridad no puede convertirse en una cuestión clasista, porque es un reclamo que va desde los sectores más débiles hasta los más altos, aun cuando uno pueda discrepar con la propuesta de Blumberg, que hace dos años ha sido votada por los legisladores del propio Gobierno sin que la seguridad mejorara.

Minimizar a D’Elía es minimizar al Presidente. El espejo de Santa Cruz y el de Caracas nos acechan lo suficiente como para que, sin que nos ganen la indignación y la bronca que produce la metodología del Gobierno, nos demos cuenta de que hay que iniciar ya un discurso que evite la partición simbólica, que reúna a los argentinos, que permita la integración y que produzca la concordia.

Al menos algunos tienen que estar afuera del conflicto maniqueo que se pretende establecer.

Entre dos extremos, debe haber un lugar para la reflexión y para las categorías conceptuales. Cuando se suspende el pensamiento, deviene la violencia simbólica. Se trata, en definitiva, de moderar el carácter y de no entrar en la provocación, porque el riesgo es ser funcional a ese modelo de partición y quiebre de la sociedad. En el Río de la Plata, quén está adoptando el modelo chavista, con sus riesgos y sus pérdidas de libertades, es el presidente Kirchner.

Que la bronca no nos gane, para recuperar la República y la libertad no es preciso boxear sino jugar al ajedrez.


ELISA CARRIÓ

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CARRIÓ SE MOSTRÓ A FAVOR DE QUE VAYA “MUCHA GENTE” A LA MARCHA DE BLUMBERG, PERO DIJO QUE ESTÁ EN CONTRA DE SUS PROPUESTAS .

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 7, 2006

La líder del ARI, Elisa Carrió, se pronunció hoy a favor de que “mucha gente” vaya a la marcha que liderará Juan Carlos Blumberg a Plaza de Mayo, aunque advirtió que no está de acuerdo con las propuestas del dirigente para combatir la inseguridad. “Creemos que mucha gente tiene que ir a la marcha pero que hay que separar la propuesta de Blumberg del reclamo de seguridad”, afirmó Carrió. La diputada sostuvo que “muchísima gente que va a ir a la plaza no va por la propuesta de Blumberg, va porque siente miedo, porque quiere que el gobierno le resuelva, ojalá que no se confundan las dos cosas”. Además, Carrió pidió, en declaraciones radiales formuladas esta mañana, que no se haga un “uso político” de la marcha de Blumberg, en tanto que confirmó que no concurrirá a la manifestación prevista para mañana. También criticó al funcionario Luis D’Elía –el integrante del Ejecutivo que más cuestionó la marcha de Blumberg-, a quien acusó de formar parte de una “fuerza de choque” del Gobierno nacional. Así, Carrió se diferenció tanto del Gobierno, como del líder de Compromiso para el Cambio, Mauricio Macri, quien anunció que concurrirá a la movilización de mañana a Plaza de Mayo. Carrió pidió “discutir en serio una política de seguridad” y destacó que en su momento no votó los proyectos impulsados por Blumberg, pero que el oficialismo sí lo hizo. “Blumberg acordó con Alberto Fernández en ese momento un paquete de medidas, que distorsionó una parte importante del sistema penal argentino y no solucionó el problema de la inseguridad”, explicó. Al respecto, destacó que “la inseguridad se da en la provincia de Buenos Aires cuando a los hijos les son arrancados por el ‘paco’ (pasta base de cocaína)”. “Esa gente pobre no tiene fuerza para manifestarse”. Tenemos que manifestar por los chicos que se están muriendo por el paco, por los chicos que están siendo usados, por las madres”, explicó.

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ARI ENTEVISTA A ELISA CARRIÓ

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 7, 2006

No me voy a suicidar como Alem”

La líder del ARI reconoció que tiene la imagen pública mas baja de su carrera política y que ya se hubiese suicidado si no fuera por su fe. En una entrevista realizada por el filósofo Santiago Kovadloff y la historiadora María Sáenz Quesada en el marco del Foro del Bicentenario, la diputada del ARI Eisa Carrió apuntó contra el Gobierno y la UCR. Dijo que Roberto Lavagna va a perder las elecciones y que el país vive en un estado pre-fascista.

Sáenz Quesada: La Argentina está planificando una nueva ley de educación ¿Cuál es su posición?

CARRIO: Los nuevos paradigmas de la educación tienen que ser la República, la democracia y las organizaciones territoriales no soberanas. Hay que construir una nueva ciudadanía a partir de un contrato moral mundial que se base en principios como “no hagas a los demas lo que no quieres que te hagan”, principios de la Torah, los conceptos del amor y a libertad del cristianismo, la responsabilidad kantiana, los tratados de derechos humanos. La educación laica debe enseñar las creencias de los pueblos, el conocimiento del otro. Solo se ama lo que se conoce.

KOVADLOFF: Dice que no habla de la coyuntura sino de procesos históricos. ¿Cómo relaciona la concepción de los procesos históricos con su decisión pública de que está preparada para perder?

CARRIO: Lo que se me imputa es que no acepto esa teoría. En 2003 gana Kirchner. Clarín y en menor medida, La Nación comienzan la instalación de que se trata de un mal menor. Clarín se dedica a instalar la teoría del mal menor al servicio de la corporación. Yo pensé que no pasaba diciembre, empezaron a llevarse gente del partido. Pero la vida son los principios y eso es mas importante que la política. La libertad que uno tiene cuando está dispuesto a perder es absoluta. ¿Ustedes creen que a mí, me importa sacar el uno por ciento? Estoy en el lodo mirando a Alberto Fernández. Una vez que perdiste el narcisismo porque te dijeron de todo, es maravilloso.

S Q: ¿Se siente identificada con Leandro Alem?

CARRIO: Absolutamente. Un día Mario Cafiero me trajo las obras completas de Alem y ahí empezó la identificación. Pero yo no me voy a suicidar como Alem. Yo me hubiese siucidado si no tuviera la eucaristía. Creo que el cielo existe.

K: ¿Qué posición toma con respecto a las alianzas políticas teniendo en cuenta que el oportunismo hace que ya no exista oposición ni oficialismo?

CARRIO: Podemos llegar a acuerdos con ciertos políticos, pero acuerdo de ideas no de conductas. Lo que nos separa de otros sectores de la oposición es la conducta. Si yo estuviera en el Gobierno me rodearía de gente que piense distinto pero que tenga la misma conducta. La unidad de conducta es lo que hace al Gobierno. No soy histérica, me hago la histérica. Evito sacarme fotos con ciertos políticos de la oposición pero sé que mucha de esa gente va a estar con nosotros. Hay un candidato que no tienen partido. Ese candidato no va a ganar las próximas eleccciones pero el grupo que lo rodea y lo apoya va a ganar bancas legislativas. López Murphy es una buena persona pero cuando hacés una alianza la hacés con el partido. En la UCR también hay buenas personas, pero también están las peores. Muchos quieren un salto a un abrazo, pero el salto viene solo, es como cuando uno se divorcia.

S Q: ¿Cual es el rol de los partidos políticos?

CARRIO: Sinceramente tengo que decir que no lo sé. En el caso del ARI creo que si una persona dice “lo que creé es mío”, rompe lo que creó. La retención es un signo de falta de inteligencia, no es sabiduría. Es el caso de Fidel Castro. En la retención está la oligarquía. Ya no es importante que yo esté en el partido pero sí tengo que ser candidata a presidente. Me aburro y siento que me degrado en las reuniones políticas sobre especulaciones electorales, me enferma el alma

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Intervención del Dip. Nacional Carlos Raimundi (ARI) sobre el plan anual para autorizar entrada y salida de tropas, sesión del 30.08.06

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 7, 2006

Sr. Raimundi.- Señor presidente: creo íntimamente que los dos diputados preopinantes no pueden estar convencidos de la fundamentación que han dado en cuanto al tema de la mora.

El hecho de haber dejado de lado el operativo Unitas no es argumento suficiente. Mucho menos lo constituye el hecho vinculado con la habitualidad de estos ejercicios. La circunstancia de que se hayan repetido anualmente debería haber sido el motivo para que nos anticipáramos a su discusión. Como sabíamos que se iban a reiterar, porque ya se venían haciendo, debíamos haber presentado el proyecto en el tiempo que exige la ley.

A fines de 2003, cuando se planteó el tema vinculado con la presencia de marines en la provincia de


Entre Ríos, la cuestión de las inmunidades y demás, recuerdo que ya en la actual gestión de gobierno hubo una reunión conjunta donde estuvieron presentes el entonces canciller Bielsa y el ex ministro de Defensa, José Pampuro, quienes trataron de justificar la autorización por parte de la Cámara de ejercicios militares que ya se habían realizado. Es decir que las tropas ya habían entrado y salido, habían gozado de las inmunidades, y el Congreso todavía no había autorizado los ejercicios.

A partir de ese episodio límite se sancionó la ley 25.880, que reglamenta esta facultad del Congreso, cuyo artículo 5° obliga al Poder Ejecutivo a enviar al Congreso en la primera semana de marzo el proyecto sobre el plan anual para que a partir de dicha fecha se pueda comenzar a discutir acerca de los ejercicios militares que tendrán lugar entre septiembre de ese año y septiembre del año siguiente. Esta ley fue promulgada el 21 de abril de 2004, o sea que desde entonces el Poder Ejecutivo sabe perfectamente que en la primera semana de marzo tiene que enviar el plan anual para que el Congreso estudie la conveniencia de los ejercicios que debe aprobar. En cambio, ayer a las 9 de la noche hemos recibido esta fotocopia, que está casi en blanco porque tiene tan poca tinta que casi no se ve, en este sobre de papel madera.

Sinceramente, creo que con lo que nos estamos ahorrando de café en las reuniones de comisión que debieran hacerse y no se hacen, sobre todo en la de Defensa, se podría cargar de tóner la fotocopiadora para que por lo menos sea legible lo que recibimos la noche anterior a la jornada en que debemos aprobar un plan anual de quince ejercicios de las fuerzas armadas. Ya tuvimos la misión aérea a Brasil, el envío de tropas a Haití y ahora este nuevo proyecto, que es tratado sobre tablas.

Es cierto que hemos ganado un poco de tiempo porque antes se autorizaba la entrada y salida de las tropas después de que éstas habían entrado y salido, mientras que ahora el 30 de agosto, con un proyecto ingresado el día anterior, estamos autorizando ejercicios militares que van a tener lugar a partir de la primera quincena de septiembre. O sea que por lo menos nos estamos expidiendo 48 horas antes de la realización del ejercicio.

El otro problema tiene que ver no sólo con lo procesal sino con el contenido, porque si se hubiera enviado a tiempo este proyecto, con calidad institucional ‑un tema que estuvo presente en toda la jornada de hoy- hubiéramos tenido más eficacia a la hora de analizar estas cuestiones porque podríamos haber discutido el contenido.

Nosotros hubiéramos aprobado sin problemas catorce de los quince ejercicios porque son maniobras bilaterales con países de la región. Es decir que de alguna manera se podría haber dado más fortaleza o unanimidad a la aprobación de algunos ejercicios. Pero también podríamos haber discutido el contenido del ejercicio que figura en el Anexo 8° porque es una maniobra de control del Canal de Panamá en conjunto con las fuerzas armadas americanas, y nosotros perfectamente podríamos haber discutido esto.


Es posible que a partir de la discusión apareciera gente experimentada y con fundamentos suficientes para que modificáramos nuestra opinión.

Se dice que este ejercicio “está enmarcado en la cooperación militar internacional”, que “sirve para fortalecer la confianza mutua y la integración con las Armadas del continente” y –esta parte sí es verdad‑ para “mantener un nivel de adiestramiento”.

En el marco situacional se dice: “El concepto rector de este ejercicio se basa en el cumplimiento de una hipotética misión de paz.”

Fíjense que se dice: confianza mutua, cooperación militar e integración en el marco de las misiones de paz con las fuerzas armadas que pertenecen a un país que acaba de aprobar un presupuesto de defensa superior a los 500 billones de dólares.

Si algo pudiera explicar una posible crisis o estancamiento del proceso de crecimiento de la economía mundial es el déficit fiscal de los Estados Unidos. Sin embargo, 500 billones de dólares se acaban de aprobar en el presupuesto de defensa para el ejercicio 2006.

En el año 2005 el presupuesto militar de los Estados Unidos era superior a la suma de los presupuestos militares de los 21 países que le siguen en orden de importancia. En el 2006 el presupuesto militar de los Estados Unidos es superior a la suma de los 35 países que le siguen. Son todos los países desarrollados, está la ex Unión Soviética, China, Canadá y el resto de esos países.

Esta asignación presupuestaria es para destinar al conjunto del planeta más personal militar que personal diplomático.

El Comando Sur de los Estados Unidos, con el cual se debería hacer este ejercicio conjunto en el marco de la cooperación y de las misiones de paz, tiene destinados en el territorio de América Latina más personal militar en las misiones militares que personal diplomático tiene asignado el Departamento de Estado en las embajadas y misiones diplomáticas.

Actualmente el Pentágono y el Departamento de Estado están discutiendo la posibilid0ad de que por primera vez un jefe militar comande las misiones diplomáticas en lugar de un diplomático.

Con esas fuerzas armadas tenemos una misión pendiente en el marco de “la cooperación, la integración y la confianza mutua”. Por lo menos tendríamos que haberlo discutido.

Como decía antes, la única verdad es el adiestramiento: esto se hace para adiestrar tropas argentinas. El G7 acaba de discutir la cuestión energética como central. Los gasoductos y oleoductos de la ex Unión Soviética que cruzan Uzbekistán, Turkmenistán, Kirkistan y otras ex repúblicas soviéticas, son los asentamientos de las principales bases militares de los Estados Unidos, que se acaba de convertir en una potencia asiática, no porque tenga control satelital sino porque tiene control territorial.

La primera base militar más numerosa está en Bagdad, y la segunda en Bogotá, Colombia, a kilómetros de Panamá, que nosotros tenemos que controlar en el ejercicio del Anexo 8. Por lo menos tendríamos que haberlo discutido con el debido tiempo.

Dado que deben tener allí el control militar, nos tienen que adiestrar para que controlemos la región. Tenemos que hacer un ejercicio militar con las fuerzas que están en Irak y con las que están en están en Guantánamo.

Nosotros no hubiéramos aprobado el Anexo VIII,


pero tal vez lo podríamos haber discutido, lo que podría haber mejorado la eficiencia, la comprensión y el apoyo de esta iniciativa.

No había necesidad de presentar el 29 de agosto un proyecto como si se tratara de un atropello. Humildemente, señalo a los señores diputados que éste es un claro ejemplo en el que la calidad institucional habría mejorado la eficiencia.

Por lo expuesto, vamos a votar en contra del proyecto. (Aplausos.)

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La esposa del intendente de San martín asumió como diputada

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 7, 2006

Lidia Naim, la mujer del intendente de San Martín, Ricardo Ivoskus, asumió hoy como diputada por el ARI como consecuencia de la renuncia a su banca de la interventora del PAMI Graciela Ocaña.

Naim reemplazó a la actual diputada del ARI Elsa Quiroz, que era la suplente de Ocaña y, en un curioso pasaje, debió hoy renunciar para volver a asumir, minutos después, en la nueva banca.

El salto significará para Quiroz reducir dos años su mandato, ya que había asumido hasta 2009 y la banca de Ocaña vence en 2007.

La jugada buscó, en forma simultánea, cerrarle el paso al dirigente del Partido Intransigente (PI) Gustavo Cardesa, actualmente cercano al kirchnerismo, quien hubiera sucedido a Ocaña si Quiroz se hubiera negado cambiar de asiento.

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ARI GORBACZ DIPUTADO NACIONAL

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 7, 2006

Reformulación de la tarifa para residentes

GORBACZ: “ESPEREMOS QUE NO SEA UN TRAJE A MEDIDA DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS”.

 

El diputado Leonardo Gorbacz se refirió a las declaraciones vertidas por el Presidente del In.Fue.Tur., Lic. Osvaldo Maggi, quien se reunió esta semana con el Subsecretario de Transporte Aerocomercial. “Está muy bien que también el In.fue.tur. y el Gobierno Provincial planteen su propuesta. Maggi no desconoce lo que nosotros propusimos porque se lo enviamos a él apenas lo presentamos. Así que espero que si acercan una propuesta diferente sea mejor que la nuestra, y espero que la Secretaría de Transporte realmente las tenga en cuenta”, dijo Gorbacz.

Dip. Leonardo Gorbacz

El diputado de ARI Leonardo Gorbacz se refirió, hoy en Buenos Aires, a las declaraciones vertidas por el Presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Lic. Osvaldo Maggi, quien se reunió esta semana con el Subsecretario de Transporte Aerocomercial, Tec. Ricardo Cirielli.

Al respecto Gorbacz especificó que: “ya hace casi cuatro meses que Nación tiene una propuesta de la diputada Fabiana Ríos y mía que contempla un cambio sustancial en la tarifa para residentes, donde proponemos una tarifa diferencial y menor para los que viven en Tierra del Fuego y para los estudiantes, sin cupos en los aviones ni condiciones de días mínimos y máximos, porque esas limitaciones tornan el sistema inaccesible e inservible para la mayoría”. Y a continuación agregó: “de hecho el concejal Gustavo Longhi hizo una denuncia por incumplimiento por parte de aerolíneas de la tarifa residente, que terminó en una sanción a la compañía aérea”.

Respecto de la invitación al ejecutivo provincial para que presente su propuesta, el diputado del ARI analizó: “está muy bien que también el In.Fue.Tur. y el Gobierno Provincial planteen su propuesta. Maggi no desconoce lo que nosotros propusimos porque se lo enviamos a él apenas lo presentamos. Así que espero que si acercan una propuesta diferente sea mejor que la nuestra, y espero que la Secretaría de Transporte realmente las tenga en cuenta”.

Este mes el presidente firmó el Decreto 1012/06 que prorroga la emergencia aerocomercial, otorga importantes beneficios impositivos para las empresas y eleva las tarifas de cabotaje. El artículo 7 ordena al Ministerio del Arq. Julio De Vido la reformulación de la resolución 35/02, que establece la tarifa para residentes. “Es en función de esa directiva presidencial, que nosotros conocíamos antes que se firme, que hicimos nuestra propuesta en mayo, por escrito, previa reunión con Cirielli y desde entonces venimos permanentemente comunicándonos con este funcionario y su equipo para seguir el avance de esta iniciativa”, explicó el parlamentario.

Para finalizar, el diputado expresó: “sabíamos que la suba de tarifas iba a perjudicar especialmente a nuestra población. Pedimos que no haya aumento, pero ya estaba decidido. Por eso pretendíamos que al menos en forma simultánea a ese aumento se implemente una nueva tarifa para residentes. El pasaje ya aumentó y el sistema aún no cambió. Esperemos que pronto decidan un cambio y que no sea un mero maquillaje de lo que ya hay, ni un traje a medida de Aerolíneas Argentinas”

 

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ARI MARTA MAFFEI

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 7, 2006

Marta Maffei en Santa Fe

La diputada nacional del ARI, Marta Maffei, participará de un panel donde se presentarán propuestas para la nueva Ley de Educación.

La actividad se hace en el marco del ciclo “Defendiendo Derechos” organizado por el Bloque de Diputados Provinciales del Partido ARI Santa Fe.

Será este viernes 1° de septiembre, a las 19 horas, en el Auditorio ATE de la ciudad de Santa Fe.

En el marco del ciclo “Defendiendo Derechos” el Bloque de Diputados del Partido ARI de la provincia de Santa Fe, invita a participar de la charla-debate sobre Propuestas para la nueva Ley de Educación.

Participarán como disertantes la diputada nacional Marta Maffei, el diputado provincial Antonio Riesta, y Lic. en Ciencias Políticas José Maria Serra.

La misma tendrá lugar el próximo viernes 1º de septiembre, a las 19 horas en el Auditorio ATE de San Luis 2854, de la ciudad de Santa Fe.

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ARI Elisa Carrió presentará propuestas para terminar con el trabajo en negro

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 7, 2006

La diputada del ARI Elisa Carrió presentará mañana en el Congreso una serie de “iniciativas legislativas” destinadas a “terminar” con el trabajo en negro y con los talleres clandestinos de confección de indumentarias.
La presentación se realizará a las 16, en el Salón Cabezas de la Cámara de diputados.
El objetivo es “hacer visible la actividad de confección y comercialización de indumentaria a través de la regulación de la actividad, la instrumentación de un régimen especial para el poder de policía en el ámbito de la ciudad y la creación de una comisión de seguimiento con la participación de todos los sectores involucrados”, se informó.
Carrió estará acompañada en la presentación por el legislador de la Ciudad de Buenos Aires Facundo di Filippo -autor de las últimas dos iniciativas- y del presidente del ARI de la Ciudad, Guillermo Smith, además del titular del Bloque de Diputados en la Legislatura porteña, Fernando Cantero, así como diputados nacionales y Legisladores porteños.
En su proyecto, Carrió propone la creación de un registro que otorgue un certificado que habilite a la confección y comercialización de indumentaria, que permitirá controlar desde los mayores responsables, descendiendo en la cadena de producción.
El 65% de la producción se realiza de manera informal, lo que equivale a un 80% de informalidad en términos de empleo, según lo reconocido por empresarios del sector.
Para la Ciudad de Buenos Aires las iniciativas van en el mismo sentido y establecen un régimen especial de regulación del poder de policía del trabajo que tendrá entre sus obligaciones fiscalizar y controlar a todos los que participan de la cadena de producción y comercialización.
El último proyecto propone la creación de una comisión de seguimiento del cumplimiento de los derechos laborales, del registro de los trabajadores, del pago de salarios dignos, del cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo, entre otros

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ARI ELISA Carrió: “No hay que hacer uso político de la marcha”

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 7, 2006



La diputada Elisa Carrió consideró hoy que “no es bueno hacer una utilización electoral” de la marcha de mañana convocada por Juan Carlos Blumberg, en reclamo de seguridad.

“Hay que tener cuidado, hay que ser mesurados, hay que poder abrir un debate después de esto y no hay que hacer ningún uso político”, dijo Carrió en declaraciones a Radio Mitre.

Consideró que el uso político “seguramente algunos lo van a hacer. Ese es un peligro del cual van a ser responsables, no la ciudadanía que va, pero sí los que quieran montarse en una cuestión tan profunda y tan delicada para obtener un rédito electoral”.

Indicó que “el reclamo de la seguridad es un reclamo no sólo del centro de la ciudad de Buenos Aires, sino un reclamo también de cualquier lugar y también de las personas más pobres del país”.

“Mucha gente tiene que ir a la marcha, pero que hay que separar la propuesta de Blumberg del reclamo de seguridad”, subrayó la dirigente política.

Carrió sostuvo que “muchísima gente que va a ir a la plaza no va por la propuesta de Blumberg, sino porque quiere, porque siente que la seguridad es un tema central y porque quiere que el gobierno la resuelva”.

“Ojalá que no se confundan las dos cosas. Por eso digo después de esto que yo entiendo esa marcha cómo una demanda de seguridad.

Pero después todo el mundo tendrá que ponerse a pensar que acá es necesaria una ley de responsabilidad penal adolescente, que es necesario combatir la droga, que es necesario combatir el ‘paco’, que es necesario descontracturar de alguna manera esa sensación dramática que se vive en el conurbano”, opinó.

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ARI PÉREZ Y BLOQUE ARI Envío de tropas a Haití – Renegociación contractual Ferroexpreso Pampeano S.A.

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 7, 2006

Intervenciones de los Diputados

Adrián Pérez

Sr. Pérez (A.).- Señor presidente: quiero pedir un tratamiento sobre tablas que seguramente el oficialismo va a acompañar según lo expresado por el bloque en una sesión de hace unos veinte días.
El tratamiento que solicito es sobre la iniciativa contenida en el expediente 1.512-D.-06, de la señora diputada María América González, y tengo conocimiento de que hay varios proyectos en el mismo sentido.
El proyecto propone la derogación de la cláusula del artículo 4° de la ley 25.790, que establece que para el caso de las renegociaciones que el Poder Ejecutivo lleva adelante con las empresas privatizadas, vencidos los sesenta días una vez que el acuerdo llega al Parlamento sin que éste se pronuncie, dichas renegociaciones se consideran aprobadas por el silencio del Congreso.
Hoy tenemos en tratamiento un acuerdo con una empresa, que es Ferro Expreso Pampeano, y la verdad es que nosotros vamos a afrontar el tratamiento aun cuando no se está dando cumplimiento al artículo 113, que establece el plazo para presentar las observaciones. Pero lo hacemos porque si no estaríamos ante una nueva sanción tácita de una renegociación con empresas privatizadas. Una nueva porque ya llevamos veinte sanciones de esta forma y solamente dos han tenido tratamiento expreso.
La diputada María América González ha hecho un trabajo impecable en la comisión mientras la integró. Hoy no tenemos representantes en la Comisión de Seguimiento y por lo tanto lo único que nos queda es presentar observaciones, y no pudimos hacerlo porque en realidad no está todavía siquiera publicado el Orden del Día.
Me hago eco de las palabras del propio miembro informante, que ahora se ha retirado, el señor diputado Urtubey, que hace muy poco decía lo siguiente: “La cuestión sustancial y de fondo es si nosotros vamos a asignar o no un sentido al silencio. Desde nuestro bloque, y en línea con lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución Nacional –obviamente conocemos la opinión de otros bloques- no vamos a impulsar ningún tipo de sanción ficta, en ningún sentido, ni por aprobación ni por rechazo.
Entendemos que hay muchas cuestiones que se pueden discutir y consensuar pero hay una cuestión conceptual con la que se tiene que estar o no de acuerdo. Nosotros sostenemos que asignar un valor al silencio en términos afirmativos o negativos no corresponde de acuerdo con lo establecido en el artículo 82”.
Agregaba luego: “Nosotros sostenemos que el artículo 82 de la Constitución Nacional cuando habla de expreso tratamiento implica que si no hay tratamiento no podemos asignar un sentido a ese silencio”.
Dicho esto, hay que tener en consideración que públicamente y hace muy pocos días nos han dicho que no se puede asignar al silencio ningún valor, tanto en la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia como en ningún sentido, porque el artículo 82 es la imposibilidad concreta de que se le asigne valor al silencio, más allá de que no es nuestra posición, ya que nosotros creemos que sí puede haber rechazo tácito y el oficialismo sostiene que no se le puede asignar valor al silencio.
Como el artículo 4° de la ley 25.790, le asigna valor –es decir que pasado el plazo se considera aprobada la renegociación-, entendiendo que el oficialismo por lo menos por ahora va a mantener esta postura, entonces vamos a pedir, junto a otros, el tratamiento sobre tablas de este expediente. Nos referimos a la cláusula del artículo 4° de la ley 25.790.
La realidad es que nosotros desde el 19 de agosto del año pasado estamos en una acción judicial para que se declare la inconstitucionalidad de la norma, que es abiertamente inconstitucional. Nos han rechazado la medida cautelar en junio de este año y sin duda estamos dando una pelea judicial enorme para una cuestión que es obvia, que es la inconstitucionalidad del artículo 4° de esta ley.

Insisto en que como ahora el oficialismo nos viene a decir que no hay sanción ficta, lo que proponemos es saldar esta cuestión, derogando la cláusula seguramente con el acuerdo de todos los bloques, y vamos a pedir que la votación sea nominal.

MARCELA RODRIGUEZ

Sra. Rodríguez.- Señor presidente: lamentablemente me, veo en la obligación de tener que leer el artículo 82 de la Constitución Nacional, cosa que suponía que no tendría que hacer en este recinto.
Se trata de un artículo muy breve y muy claro: “La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente. Se excluye en todos los casos la sanción tácita o ficta”. Esto quiere decir simplemente eso.
Por otra parte en realidad no habría distinción alguna entre la legislación formal y material, y para el caso de renegociación de los contratos también se requiere voluntad de la Cámara. Siendo así, es de aplicación directa el artículo 82.
No entiendo cuál es la distinción que hace el señor diputado Cigogna. Si la concepción del miembro informante en relación con la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia es que no se puede asignar ningún valor al silencio, en este caso tampoco se le podría asignar valor alguno y correspondería la derogación del artículo 4°.

ELISA CARRIÓ

Sra. Carrió.- Señor presidente: solamente, deseo efectuar dos aclaraciones. En primer término, todos los actos que nosotros sancionamos y que no son resoluciones ni declaraciones, son leyes. Consecuentemente, la tesis del señor diputado Urtubey, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, debería llegar a decir que cuando aprobamos un tratado o el presupuesto no estamos sancionando una ley.
Esto constituye un gravísimo precedente, no sólo en lo que se refiere a la Constitución Nacional sino también a la inteligencia humana. Las leyes pueden ser formales o materiales. Cuando se aprueba o rechaza el presupuesto, un tratado o un contrato estamos en presencia de leyes formales. En cambio, cuando se legisla en general nos encontramos ante una ley de carácter material.
Me parece que no debemos expresar algunas cosas. A mi juicio, es preferible manifestar que no estamos de acuerdo, porque el oficialismo está cayendo en el tema de decir que los argumentos deben tomarse según la sesión de que se trate.
En segundo lugar, en octubre de 2003, cuando el señor diputado Camaño integraba el bloque oficialista y era presidente de esta Honorable Cámara se sancionó la ley por la cual se delegaron facultades en materia de renegociación de contratos. En esa oportunidad planteé la inconstitucionalidad de este artículo 4°.
Quiero expresar mi agradecimiento al señor diputado Camaño por haber cambiado de criterio respecto de un tema sobre el cual también habría podido modificar su posición cuando era presidente de este cuerpo.
Entonces, no hay ningún inconveniente en que este asunto se trate como una preferencia sin despacho. Pero este era un claro caso de inconstitucionalidad en el cual el oficialismo, para argumentar lo que no pudo argumentar en la sesión anterior, termina, además, reconociendo la inconstitucionalidad en que incurrió en octubre de 2003. Este no es un problema nuestro.

Por lo expuesto, solicito al señor diputado Urtubey, a quien respeto y personalmente aprecio, que tratemos de decir “estamos en contra”, pero que no expresemos tantas cosas en este recinto, ya que ello puede significar no sólo la posibilidad de que se incurra en contradicciones respecto de las posiciones que se asumen, sino también un desconocimiento absoluto de las nociones más elementales del derecho

CARLOS RAIMUNDI

Sr. Raimundi.- Señor presidente: voy a rescatar dos expresiones; la primera: “el mundo es como es”, y la segunda, la frase premonitoria de Dante Caputo durante su experiencia anterior a principios de los años 90 en la misión a Haití: “Si el mundo no puede resolver Haití, el mundo no puede resolver nada”. Desde aquel momento el mundo, siendo como es, estando dirigido como lo está y acogiéndose a los códigos y paradigmas, ha ampliado las brechas de desigualdad, los niveles de inseguridad interna e internacional, el número de conflictos y de víctimas de conflictos interestatales que en general tienen características más cruentas que ese tipo de guerras de la etapa anterior.
La prueba de esto es muy reciente: en el mismo momento en que los que dirigen el mundo, los que representan las sumas más ingentes del PBI mundial, estaban reunidos en San Petersburgo, se iniciaba uno de los enfrentamientos más cruentos y paradigmáticos de la actualidad: el conflicto de Medio Oriente. Estos liderazgos mundiales con estas características, siendo como son, no pudieron resolverlo. El mundo no pudo resolver Haití y tampoco está pudiendo resolver su propia situación caótica.
Adelanto el voto negativo de nuestro bloque por tres órdenes de razones. La primera es, de alguna, instrumental. Teniendo en cuenta la forma en que el gobierno está abordando este proyecto, daría la impresión de que esta iniciativa es importante y fundamental porque, de lo contrario, no necesitarían tratarlo con tanta rapidez.
Este proyecto ingresó al Senado el día 2 de agosto, y a una semana, sin tener dictamen de comisión, sin haber sido discutido y sin conocerlo hasta estas últimas horas, está siendo aprobado por ambas cámaras.
¿Desde cuándo este proyecto es fundamental? Desde hace mucho tiempo. No hacía falta este avasallamiento al respeto que institucionalmente nos debemos, porque esta iniciativa fue sancionada en su primera versión en el mes de junio de 2004, tenía seis meses de vigencia y ha sido prorrogada por tres períodos más de seis meses. Por lo tanto, el gobierno sabía hace mucho tiempo que vencía la vigencia de la anterior autorización, y sabía que había que tratarlo. No había necesidad de discutirlo en horas, sobre tablas, para evitar un debate más pormenorizado y con más elementos que nos permitieran profundizar su análisis.
Por lo tanto, ¿por qué si se trata de un proyecto fundamental el gobierno hizo esto? Puede ser por improvisación y torpeza o por el conocido desprecio a las instituciones. ¿Para qué vamos a discutir esto en las comisiones del Parlamento si vamos a tratarlo nomás en unas horas? Vamos a mandarlo del Senado a la Cámara de Diputados para que salga rápido. Esto demuestra que, indudablemente, hay una falta de claridad en los objetivos.
Supongo –y me consta‑ que existe una falta de claridad e improvisación en los objetivos porque personalmente planteamos a funcionarios de Cancillería la situación de Haití en varias oportunidades, e hicimos lo propio en la Comisión de Defensa cuando nos visitó la ministra Garré, el día 8 de junio –hace más de dos meses.
El encargado de respondernos fue el viceministro, el licenciado Vázquez Ocampo, quien planteó que realmente ésta iba a ser una segunda etapa, y que iba a tener connotaciones estructuralmente diferentes a las que había tenido la misión anterior. Sostuvo que ésta iba a ser una segunda etapa que se iniciaba con una misión de altos componentes civiles, sanitarios, de ingeniería civil y de personal de apoyo a la reestructuración de un Poder Judicial colapsado, y que después de una etapa de recomposición del sistema de seguridad interno había que pasar a la reconstrucción de las instituciones básicas del estado social en Haití para disipar los riesgos de que cayera en las condiciones del Estado fallido.
Interpreté de buena fe esos objetivos. Inclusive, hay noticias periodísticas que plantearon esa misma situación y, sin embargo, hoy vemos que hay una nueva etapa, que existen nuevas condiciones.
Si releyéramos algunos párrafos de la intervención del miembro informante, podríamos decir que este es el proyecto para defender la alegría. Parece que al salir a las calles de Haití se cambió el chaleco antibalas por la alegría. La gente está alegre porque eligió un presidente. Pero yo no creo que eso sea así, y aun suponiendo que así fuera, que se tratara de dos etapas conceptualmente distintas y que estamos al inicio de un nuevo camino, ¿por qué parecen calcados el texto del proyecto, sus fundamentos y los anexos que establecen las características de la misión? Son un calco. Es decir, frente a dos etapas sustancialmente distintas, el gobierno nacional apela a la misma solución.
Teniendo en cuenta que no se trata de etapas distintas –como debería suceder‑ el gobierno vuelve a apelar a la misma solución tendiente a encarar la situación desde una perspectiva absolutamente militar. En términos de gastos, de personal acreditado, de trascendencia política, lo que vale de la función argentina en Haití es la misión militar y no el Plan Huerta. No se trata de que esté en desacuerdo, sino de que no podemos darle un valor que realmente no tiene, en comparación con el proyecto que estamos considerando.
Además, me remito a los fundamentos de la ministra que lo envía, porque en el punto I de los objetivos del proyecto se plantea el contribuir a crear un entorno de seguridad.
En el punto II se menciona asistir al gobierno de Haití en programas de desarme y de reinserción de todos los grupos armados. El punto III se habla del entrenamiento de la Policía Nacional Haitiana; el punto IV, del suministro de apoyo operacional a la Policía Nacional Haitiana y al Servicio de Guardacostas; el punto V menciona el proteger al personal de las Naciones Unidas, y el punto VI señala el dar apoyo de seguridad a los actos electorales.
Es decir que de los ocho puntos de objetivos, en seis se menciona la cuestión de la seguridad. Por eso estamos en desacuerdo básicamente con una lógica, que en breve voy a sintetizar, pero antes quiero referirme a su descripción histórica.
No voy a abundar porque ya fue mencionada, pero entre los antecedentes se encuentra la ocupación militar entre 1915 y 1934, y el bloqueo de 2001, que impidió el ingreso de 500 millones de dólares al país, que habrían anticipado los resultados de la reconstrucción de la situación social en Haití, que ahora se está promoviendo. Esto también incluye el hecho de que no llegara un crédito de fomento del Banco Interamericano de Desarrollo por 146 millones de dólares.
Todo ello fue producto de la desestabilización creada por los propios marines norteamericanos, que fueron los que dominaron políticamente el territorio de Haití. Así llegamos al año 2004.
Simplemente quiero resumir la lógica que se utiliza. El mundo no pudo resolver la cuestión de Haití porque los que proponen la fuerza de paz para restablecer la democracia son los mismos que interrumpieron el proceso democrático.
También se trata de los mismos que provocaron la inestabilidad política a partir del bloqueo, la corrupción de la policía y de la Aduana y la incorporación de capital en empresas que trafican ilegalmente, armas, personas y drogas en la región.
Ahora nos ofrecen la solución para detener la inseguridad. En definitiva, la lógica que utiliza el gobierno para justificar el envío es la siguiente: hasta tanto no se resuelvan las cuestiones de seguridad básica, no podemos reconstruir las instituciones sociales y eliminar la probabilidad de caer en un Estado fallido.
Nosotros planteamos que mientras el conflicto se mire desde la lógica estrictamente militar y de seguridad, nunca se van a poder llegar a atender las situaciones vinculadas con la recuperación institucional y social de la República de Haití.
Del mensaje de la ministra que acompaña el proyecto también surge que se persiste en la lógica de este tipo de misiones, cuando el propio mensaje constituye la prueba del fracaso. Uno de los párrafos de ese mensaje señala ‑fíjense que despropósito; parece mentira‑ lo siguiente: “La República Argentina ha contribuido activamente en el restablecimiento de la situación política y humanitaria de la República de Haití, a partir de su participación en la Misión de Naciones Unidas en Haití (UNMIH) entre los años 1993 y 1996, en la Misión Policial de Naciones Unidas en Haití (MIPONUH) entre los años 1997 y 1999, y actualmente en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), a partir del año 2004.” Es decir que ha contribuido a recuperar una situación política de una degradación tal que hace necesario que después de dos años y de una tercera misión fracasada, tengamos que renovarla desde la misma lógica y composición. Digo esto porque no existe ni una coma de diferencia en la composición militar del proyecto que estamos analizando.
Sería extraordinario volver a lo que pidió Preval. Es cierto que él visitó Argentina, Brasil y Chile, pero en esa oportunidad planteó que necesitaba de nuestra presencia civil para eclipsar la fuerza política del comando militar, que aunque formalmente lo ejerce la fuerza brasileña, se encuentra monitoreado y supervisado por el eje Washington-París, que fue el que originó la última etapa de inestabilidad en este conflicto.
No podemos negarnos por el mero hecho de hacerlo; es necesario brindar una alternativa, pero ella responde a una clave distinta. Así, en la reunión de Brasilia, que después se continuó en Puerto Príncipe, los países que decidimos acompañar este proceso nos comprometimos a donar aproximadamente 1.800 millones de dólares. Esto es la reiteración de la etapa anterior, en la que se asumió el compromiso de ayudar financieramente mediante créditos del Fondo Monetario Internacional y del Comité de Asistencia. Pero esto no quiere decir que el dinero tiene que ir a las consultoras, sino que debe ser utilizado en la recomposición del sistema institucional, social y civil del territorio haitiano.
Quisiera finalizar mi exposición con dos reflexiones. En primer lugar, y a pesar de lo que he señalado, deseo resaltar el muy buen comportamiento de las tropas argentinas -por el conocimiento que tengo, me veo obligado a hacerlo‑ en términos de disciplina, de racionalidad, de eficacia y, sobre todo, de respeto a los derechos humanos. En estos términos me animo a valorar lo que hicieron las Fuerzas Armadas argentinas. Son fuerzas que se han comportado correctamente en una misión cuyo objetivo se encuentra en las antípodas de lo que considero que tendría que hacer la Argentina en Haití.
En segundo término, creo que no debemos recubrir esto con un barniz de política exterior de la región. Es cierto que esta semana se reunió el Comité de los Siete Países, conocido como el Dos por Siete, es decir, dos ministros por cada país. Pero ello no indica por sí mismo que estemos en presencia de una política exterior de alcance regional. Tengamos en cuenta que en la declaración de presidentes del Mercosur que se reunieron hace veinte días en la ciudad de Córdoba, la cuestión de Haití no figuró como prioridad en materia de política exterior de la región. Además, en los Parlamentos de la región en los que se debatió este mismo proyecto, tanto en Uruguay como en Chile –puedo estar equivocado, pero de acuerdo con la información que tengo todavía no se discutió en Brasil‑, las exposiciones a favor y en contra de los parlamentarios estuvieron regidas por una lógica de intereses nacionales. Y nadie me va a poder discutir que el interés de Brasil de comandar esta misión militar en Haití tiene que ver con una estrategia de ponerse en el nivel de potencia de segundo orden en el ámbito internacional junto con otros países del mundo, con la discusión de la representación regional en el sillón del Consejo de Seguridad, con involucrarse en temas internacionales y regionales más allá del Mercosur. Este es el objetivo real de política nacional que tiene Brasil, y no de política regional como se lo quiere plantear en este debate.
La última reflexión que quiero hacer es que la región debiera tener una alternativa a esto, ya que estamos en condiciones inmejorables. Esto es una invitación a un debate muy profundo. América Latina está en condiciones que no tienen precedentes históricos. Tenemos dos décadas de continuidad electoral, de un proceso de crecimiento en la economía, de reducción de los déficit y en muchos casos de superávit de las economías y de precios internacionales apropiados.
Estamos en condiciones objetivas inmejorables para sentar una posición de principios, para reconstruir la situación de Haití no desde el punto de vista militar sino desde la óptica de qué significa reconstruir un Estado democrático con la ayuda civil de la región.
No me quiero referir a otras cosas que tienen que ver con la política de la región, sobre las que recién estuvimos conversando en privado con el señor diputado Argüello, porque significaría entorpecer un debate que tiene que ser franco y limpio. Pero quiero decir que frente a todas estas posibilidades lo que tenemos ante nosotros es un proyecto que en su artículo 1° dice que se autoriza la salida de tropas con un componente estrictamente militar para reconstruir un Estado que no está clamando por condiciones militares ni de seguridad sino que está reclamando reconstruir sus instituciones sociales.

 

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ARI rechaza cambio en código fiscal y asegura

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 7, 2006

Impuesto Inmobiliario

Desde el bloque de diputados del ARI se adelantó que rechazarán en su totalidad las modificaciones que propone el poder Ejecutivo al Código Fiscal.

En ese sentido, legislador bonaerense Walter Martello señaló que cobrar el impuesto inmobiliario en las boletas de los servicios públicos es otorgarle a Santiago Montoya más poder”.

“Vamos a rechazar en su totalidad esta modificación. En realidad, lo que hace es variar una redacción anterior, en la cual para adherir a este régimen que estaba vigente se preveía la posibilidad de que las empresas de servicios cobren los impuestos, previa conformidad de los contribuyentes”, explicó el diputado.

Asimismo, Martello aseguró que esto es “es darle mucho más poder, en el marco de que viene fracasando su política fiscal”.

Mientras tanto, Deuco también rechazó la iniciativa y su titular, Pedro Busetti dijo que “siempre hemos cuestionado el enganche” y remarcó que “el cobro del Inmobiliario es un problema de Montoya”.

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ARI GORBACZ DIPUTADO NACIONAL

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 7, 2006

El diputado Gorbacz presentará un proyecto para “repudiar” a la empresa Aerolíneas Argentinas

El diputado nacional de ARI Leonardo Gorbacz presentará esta semana en Buenos Aires, un proyecto de resolución que prevé el repudio de la Cámara de Diputados a la empresa Aerolíneas Argentinas, por el aumento excesivo de las tarifas a los turistas extranjeros. El proyecto señala que al mismo tiempo que se firmó el decreto que autorizó el incremento en un 20% en las tarifas de cabotaje, Aerolíneas aumentó el 200% en dólares la tarifa para extranjeros que arriben al país utilizando otra línea aérea. Hay chances de que se flexibilice el pasaje para residentes

El diputado nacional de ARI Leonardo Gorbacz presentará esta semana en Buenos Aires, un proyecto de resolución que prevé el repudio de la Cámara de Diputados a la empresa Aerolíneas Argentinas, por el aumento excesivo de las tarifas a los turistas extranjeros.

El proyecto señala que al mismo tiempo que se firmó el decreto que autorizó el incremento en un 20% en las tarifas de cabotaje, Aerolíneas aumentó el 200% en dólares la tarifa para extranjeros que arriben al país utilizando otra línea aérea.

La medida provocó el repudio de la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo y de distintos operadore locales, quienes hicieron notar el grave perjuicio para la actividad si la decisión no se revierte.

Al respecto, Gorbacz manifestó que “estamos hartos de Aerolíneas Argentinas. Esto es muy triste porque históricamente fue nuestra línea de bandera, y estos empresarios la han convertido en cualquier cosa. Cambian los horarios de los vuelos, el servicio es pésimo, te niegan los pasajes de residentes, y también aumentan de tal manera los precios de cabotaje para extranjeros que ponen en riesgo el crecimiento del turismo de una manera temeraria. Hay que decirles basta de una buena vez”, indicó el funcionario en declaraciones distribuidas por su área de prensa.

El diputado informó que se comunicó telefónicamente con el Subsecretario de Transporte Aerocomercial, Ricardo Cirielli, a raíz de la firma del decreto que prorroga la emergencia del transporte aerocomercial y a su vez otorga importantes beneficios a las empresas. Cirielli le comunicó a Gorbacz que desde la Subsecretaria se encuentran reformulando el pasaje de residentes, pero que todavía no han definido que cambios le harán.

Gorbacz junto a la diputada Fabiana Ríos presentó una propuesta para que este beneficio no tenga cupos ni condiciones, sino que haya una tarifa diferenciada para residentes en Tierra del Fuego con la sóla presentación del DNI. El costo extra se compensaría con la quita del beneficio a destinos del país que no dependan, como Tierra del Fuego, de la vía aérea para comunicarse.

En relación a este tema, el representante fueguino comentó que “estamos haciendo un seguimiento de la aplicación de ese decreto para ver cómo se manejarán esos subsidios y en qué va a cambiar la prestación. Si no mejora el servicio y las frecuencias, los denunciaremos”, afirmó.

El ARI también presentará un pedido de informes al Ministerio de Defensa sobre la situación de LADE. “Han recibido un aumento presupuestario importante, y queremos saber cómo se ha aplicado y cuál es la situación actual en cuanto a equipos, personal, rutas, y todo otro dato que nos sirva para evaluar si puede o no ser una alternativa para mejorar la conectividad aérea en la Patagonia, ya que su función es el desarrollo de rutas de fomento, y pareciera ser que hoy por hoy no la está cumpliendo”, consideró el diputado.

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ARI FABIANA RÍOS

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 7, 2006

Piden informes sobre el abordaje de la enfermedad


Aprobaron en el Congreso un proyecto de la diputada Ríos sobre el Síndrome de déficit atencional

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La Cámara de Diputados aprobó hoy un proyecto de resolución de la diputada Fabiana Ríos sobre el síndrome de déficit atencional.La medida solicita al Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación que brinde explicaciones respecto de los datos disponibles en relación a la producción y venta de fármacos, y de las precauciones y recomendaciones existentes en virtud de que en la mayoría de los casos diagnosticados se trata de niños o adolescentes. “La hiperactividad es aceptada demasiado rápida y fácilmente por los profesionales, y la solución farmacológica termina siendo la primera respuesta”, dijo Ríos.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó hoy en sesión un proyecto de resolución de la diputada fueguina Fabiana Ríos (ARI) relacionado con la enfermedad conocida como síndrome de déficit atencional.

La medida solicita al Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación que brinde explicaciones respecto de los datos disponibles en relación a la producción y venta de fármacos, y de las precauciones y recomendaciones existentes en virtud de que en la mayoría de los casos diagnosticados se trata de niños o adolescentes.

El proyecto había sido aprobado por una amplia mayoría en la Comisión de Salud de la Cámara Baja a finales de mayo. El rápido tratamiento que se le dio en los diferentes estamentos del Congreso, que llevo a su tratamiento en el recinto en menos de cuatro meses, denota el fuerte interés que despertó en el cuerpo legislativo.

“El denominado síndrome de déficit atencional responde a situaciones complejas ligadas a diferentes patologías, y sólo expertos profesionales de la medicina y de la psicología pueden diagnosticarlo”, explicó la funcionaria, y agregó que “lamentablemente en la práctica cotidiana se ha constatado que la evaluación diagnóstica se deja en manos de docentes y familiares”.

En declaraciones difundidas por su área de prensa, Ríos mencionó que “la hiperactividad es aceptada demasiado rápido y fácilmente por los profesionales. En muchos casos comprobamos que se adoptó un tratamiento farmacológico, cuando otras clases de exámenes o tratamientos hubiesen sido más adecuados para esos niños”.

“Ni siquiera los médicos que defienden el uso de la medicación como primer abordaje niegan los efectos colaterales. Sería prudente que el fármaco sea el último recurso. No nos parece un hecho menor la inducción de conductas que tienden a resolver con fármacos problemas que pueden ser resueltos sin ellos”, concluyó la diputada.

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ARI ELISA Carrió se mete con el trabajo esclavo

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 7, 2006




La líder del ARI, Elisa Carrió, dará a conocer el martes por la tarde tres iniciativas legislativas, dos de ellas, específicas para la Ciudad, que hacen referencia a los talleres textiles clandestinos y al trabajo esclavo. Por su parte, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que inició las denuncias sobre este tema el año pasado, amplió este lunes su presentación judicial contra más de veinte nuevos talleres

La diputada nacional por el ARI, Elisa Carrió, junto al legislador de su partido Facundo Di Filippo, realizarán el martes 29, a las 16, en el Salón José Luis Cabezas de la Cámara de Diputados de la Nación, una conferencia de prensa, en donde darán a conocer tres iniciativas legislativas, una referida al ámbito nacional y las otras dos con eje en la Capital Federal.

Voceros de Di Filippo, que preside la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación de la Legislatura porteña, señalaron que los nuevos proyectos tratan de propiciar una serie de medidas sobre la problemática de los talleres textiles clandestinos, un sistema de producción basado en el trabajo esclavo.

La existencia de fábricas clandestinas en las que se utilizaba mano de obra esclava había sido denunciada el año pasado por la defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini. En marzo de este año, una de estos establecimientos se incendió, provocando la muerte de seis personas. A raíz del hecho, el Gobierno porteño lanzó una ola de allanamientos y clausuras de este tipo de talleres.

Este lunes, Pierini amplió su denuncia judicial contra más de veinte nuevos tallere

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ARI MACALUSE Sesión Informativa Jefe de Gabinete

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 7, 2006

EDUARDO MACALUSE

Sr. Macaluse.- Señora presidenta: en realidad no le encuentro sentido a todo esto. Hace varios años que venimos planteando la necesidad de modificar el reglamento de la Cámara para que las visitas del jefe de Gabinete –cuando se cumplen‑ sean efectivas, para que podamos enterarnos de las políticas del Gobierno, preguntar y repreguntar y para que nos contesten lo que preguntamos.
Lo que ocurre es que viene el señor jefe de Gabinete de Ministros, hace un discurso sobre lo que legítimamente le parece, después se abre una catarata de discursos, donde hablamos de lo que legítimamente nos parece –que no tiene nada que ver con lo que le parecía legítimamente al ministro‑, y después contesta lo que legítimamente le parece a él, que no tiene nada que ver con lo que nosotros le preguntamos.
Es así que nos vamos conformes, pero luego de dar un espectáculo que considero lamentable. A veces hay chicanas, que también son legítimas, discutimos la historia de cada uno, que también es legítimo porque cada uno de nosotros tiene que hacerse cargo de su historia, pero todo esto no nos sirve a nosotros y, por sobre todas las cosas, no le sirve al ciudadano.
La señora o el señor que enciende el televisor porque el jefe de Gabinete concurre al Congreso y quiere saber sobre qué va a informar, escucha discursos aburridos y opiniones genéricas. Parece que se tratara de Polémica en el fútbol, pero más aburrido porque se abordan temas que a lo mejor a la gente no les interesan tanto.
Por otra parte, debemos tener en cuenta que hemos hecho seiscientas preguntas. ¿Un ser humano puede contestar efectiva y precisamente seiscientas preguntas? Es imposible.
¿No sería mejor acordar dos o tres temas y circunscribirnos a ellos? Podríamos hacer por escrito todas las preguntas que queramos sobre cualquier tema y nos podrían responder por escrito, pero esas dos o tres cuestiones acordadas deberíamos discutirlas seriamente y hacer preguntas precisas en lugar de discursos, para que nos respondan con absoluta precisión, no sólo para que sepamos qué está haciendo el Gobierno y lo controlemos sino también para que la gente lo sepa.
Si no procedemos así es como si existiera una especie de muro detrás de las espaldas del señor jefe de Gabinete de Ministros y sobre la pared que da hacia donde está él se despliega un póster a todo color de la realidad que el Gobierno ve, que no es la que se ve en la calle. Nos habla de todo ese espectáculo rozagante que consiste en ver la Argentina que ellos ven, y por nuestra parte hablamos de un montón de cosas y damos nuestras opiniones.
De ese modo no brindamos información precisa, que es lo que el ciudadano necesita y lo que corresponde para mejorar la calidad institucional.
He escuchado respetuosamente al señor jefe de Gabinete, pero hay algo que quiero comentar. A veces vengo a la Cámara en auto y otras en tren y en subte, y no veo la misma realidad según el medio de transporte que utilice.
A veces veo pibes revolviendo tachos de basura y mujeres mendigando; veo personas que caminan 70 u 80 cuadras porque no pueden pagar los 70 centavos o el peso que cuesta el colectivo. También veo gente que antes venía en colectivo o que tomaba el tren y ahora lo hace en bicicleta para poder llegar a fin de mes o poder comer; veo al taxista o a gente que viaja en tren que comenta que no llega a fin de mes.
No podemos atribuir al Gobierno toda esa realidad y pedirle en los años que gobernó la solución de los desaguisados que hicieron en los años anteriores la Alianza, el PJ, etcétera. Pero sí podemos sentarnos y preguntarles si ven a toda esa gente como la vemos nosotros. ¿O necesitan viajar en tren para hacerlo? Y si la ven, ¿vamos a hacer algo por ellos, o no vamos a hacer nada?
No podemos decirle a la población que las cuentas dan bien. Este no es un estado de bienestar; es un estado de bien contable. Mientras las cuentas den bien, estamos bárbaro, aunque tengan que revolver la basura o estén sin trabajo. Esto es así porque debemos contar con 30 mil millones de dólares de reservas, ya que el presidente ha dicho que este es un buen número.
Tuvimos que pagar 30 mil millones de pesos al Fondo Monetario Internacional, porque este organismo entendía que estaba sobreexpuesto en la Argentina. Entonces, para que el Fondo no quede sobreexpuesto, está bien que quedemos expuestos nosotros, y consigamos el trabajo otro día y la comida otro año.
Debemos tener un tipo de cambio alto para poder exportar y para que estén mejor los exportadores. Entonces, la población tendrá un salario bajo. No se va a discutir la política salarial ni qué haremos con el excedente de 20 mil millones de pesos que presenta el presupuesto de este año.
No se discutió si en vez de pagar la deuda al Fondo, había alguna posibilidad de redistribuir ese dinero. Estas cosas no se debaten porque si no, las cuentas darán mal.
Entonces, además de la realidad que observamos en la calle, vemos las cifras de las prestaciones de seguridad social. Según la Secretaría de Hacienda, el porcentaje del gasto primario, en 1993 era del 29 por ciento; en 1994, 31 por ciento; en 1995, 27,7 por ciento; en 1996, 25,8 por ciento; en 1997, 27 por ciento; y en 1998, 27,4 por ciento. Estamos hablando de Menem y no de Perón.
En el 2000, 27,7; en 2001, 28. Aquí hablamos de de la Rúa y de Santibáñez. En 2002, 25,8, y en 2003, 25,6. Este año será del 23,7 por ciento, lo que es menor al porcentaje de la época de de la Rúa y de Menem.
Por eso no tiene que sorprendernos que la Cámara de Seguridad Social haga una fuerte crítica a la decisión administrativa del jefe de Gabinete, que lleva el número 199/04, y que quita 710 millones a la ANSeS para reasignárselos a Yacyretá. Es decir que le sacamos a los pobres para darle a los ricos.
Esto es lo que se está haciendo hoy. No son cifras del ARI, sino de la Secretaría de Hacienda y de la Cámara de Seguridad Social. Por ejemplo, tenemos a María América González reclamando que se pague lo que se le debe a los viejos. Todavía estamos en veremos y ni siquiera nos hemos sentado a analizar cómo hacerlo.
El desempleo era del 11,4 por ciento en 1994, mientras que el subempleo era de 10,3 por ciento. Hoy estamos igual que en pleno menemismo.
En cuanto a la distribución del ingreso, el decil que recibía más en 1980, percibía el 29,2 por ciento; en 1994, el 33; en 2005, el 35,8. Los que tienen más están recibiendo más.
Con respecto a los que poseen menos, el decil más bajo recibía en 1980 el 2,6 por ciento; y en pleno menemismo, en 1994, 1,6. Ahora estamos en 1,3, lo que significa que nos encontramos peor, sobre todo teniendo en cuenta que este año habrá excedentes por 20 mil millones de pesos.
Así podemos pasar revista a distintos cuadros. Este año, además de tener el excedente mencionado, hemos otorgado 25 mil millones de pesos en subsidios. La tercera parte de esos subsidios se destinan a las grandes empresas: a Madanes –representado por Aluar y FATE‑ van 712 millones; a Techint, 126 millones; al grupo de Aceitera General Deheza, 55 millones; a la cerealera Cargill, 42 millones, y a Dreyfuss, 32 millones.
¿Este es el combate contra los grupos concentrados del campo, que parecería estar constituido por los chacareros? El dinero se otorga a Cargill, mientras hay gente revolviendo tachos de basura.
En cuanto a la política de subsidios, ellos se otorgan a las mineras para que extraigan los minerales y los exporten. Mientras tanto, no subsidiamos a los pequeños productores que están alrededor de las mineras, que a su vez les están pudriendo los campos.
También se subsidia a las petroleras y a los hidrocarburos. Hoy se discutió en la Comisión de Presupuesto y Hacienda una iniciativa vinculada con la cuestión. Se subsidia a las grandes petroleras para que extraigan un recurso estratégico y se lo lleven del país y no se les paga a los trabajadores de YPF el subsidio que les corresponde y la propiedad participada. Mientras tanto estamos discutiendo la caída de las reservas. Estamos subsidiando para que se lleven el petróleo, y tenemos una gravísima caída de reservas en la Argentina. Se subsidia a la banca extranjera para que administre el ahorro de los argentinos y no queremos subsidiar a los deudores hipotecarios, que no saben cómo hacer para pagar sus viviendas, porque no quieren que se las regalen. Marta Maffei está harta de llamar, al igual que María América González, para ver si vamos a sancionar una ley para resolver el problema de los deudores hipotecarios. Y el festival de subsidios no termina con eso: está la amortización acelerada, la reducción anticipada del IVA, la promoción industrial y los fondos fiduciarios, porque también se subsidia a través de ellos, y no podemos saber con cuánto dinero ni cómo ni a quién ni en qué momento ni si cuentan con el nivel de desagregación adecuado.
En la pregunta número 178, ítem g), el señor diputado Adrián Pérez planteó una cuestión de sentido común al jefe de Gabinete en su anterior visita. Solicitó un informe detallado sobre la aplicación de los recursos emergentes de los fondos fiduciarios vigentes explicitando en cada caso el monto asignado a cada beneficiario y le contestaron de acuerdo con lo que la SIGEN había revisado, que era del año anterior, de modo que no obtuvo respuesta a lo que él pedía.
Es decir que tenemos un país injusto, pero además –y por eso en parte es injusto‑ contamos con una calidad institucional muy baja, muy pobre, porque no podemos controlar lo que debemos controlar y venimos aquí a hacernos discursos entre nosotros. Hablamos de las renegociaciones con las empresas de servicios públicos y de los ATN.
Una pregunta que nos hacíamos, como también se la hacía el señor diputado Adrián Pérez, es sobre la decisión administrativa número 515/05: ¿cuáles son los elementos considerados como respaldatorios del informe técnico para decidir otorgar a Buenos Aires un incremento de fondos de ATN por 60 millones de pesos, que significan el 30 por ciento del total asignado al recurso, cuando históricamente la provincia de Buenos Aires obtuvo el 12 por ciento? Era un año electoral. Muchos dirán que la provincia tiene mucha pobreza y necesita a los pobres.
Voy a dar un ejemplo: Mar del Plata, con un “intendente K” –esto no lo digo yo sino que lo ha expresado el presidente de la Nación‑ tuvo un ATN de 302 mil pesos que se destinaron al desarrollo de desfiles de modelos. Era un objeto altruista, porque le iban a dar el producido al Inareps, que es el Instituto Nacional de Rehabilitación. De los 302 mil pesos que se otorgaron, entregaron 10 mil a la institución. El resto lo puedo desagregar y después entregarles fotocopias, si lo desean. Así, a un gran hotel le correspondieron 10.575 pesos; a una empresa de modelos, 6 mil; a un modelo relativamente conocido, 950 –no digo los nombres porque los pibes no tienen la culpa; ellos hacen su trabajo, la porquería la hacen los que entregan así los ATN‑; a otro modelo más reconocido a nivel internacional, 6.362; a una empresa de supermodelos, 16.385; a una agencia de modelos, 13.600; a una agencia de gerenciamiento de modelos, 2.400; a otra agencia de modelos, 1.270; a Aerolíneas Argentinas, 4.300; a otro estudio de modelos, 5.262; y a la producción, escenografía, luz y sonido, 242 mil pesos.
Ese es el uso que tienen los ATN. Nosotros pescamos éste porque no hay un nivel de desagregación del destino de los ATN que podamos ver sin encontrarnos con alguna clave o con algún empleado fiel que diga “Miren lo que están haciendo”. Tengo en mi poder la respectiva copia del municipio al que pertenece Mar del Plata que atestigua lo que estoy diciendo.
Justamente en el momento en que le llegaban los ATN el intendente descubre que tenía enormes coincidencias con el gobierno nacional y empieza a trabajar electoralmente con él. Este es el uso espurio de los fondos públicos de las instituciones para hacer campaña electoral mientras la gente se está muriendo de hambre. Si la gente la pasara mal y el país estuviera mal, tal vez podría ser entendible que se pidieran sacrificios, pero se están pidiendo sacrificios cuando sobra dinero. Lo que ocurre es que ese dinero no se da a la gente y se entrega de esta forma espuria.
Por otra parte, quiero decir lo siguiente. En el poco tiempo que tuvimos para revisar las respuestas a las preguntas que oportunamente hizo el ARI pudimos observar que la mayoría no fue contestada o se respondió evasivamente.
A modo de ejemplo puedo citar las siguientes: la 273, sobre política de derechos humanos, fue contestada evasivamente; la 274, relativa al Código Penal, también fue contestada evasivamente; y con la 275, referida a perspectiva de género y educación, ocurre exactamente lo mismo.
La pregunta 278 no fue contestada. En el caso de la 279, referida a planes sociales, la respuesta no coincide con las cifras oficiales. La pregunta 282, relativa a los privados de libertad, es contestada con una chicana. La 285 y la 286, ambas sobre seguridad social, no fueron respondidas. La 288, sobre sistema integrado de jubilaciones, no se contesta; la 289, sobre cupo de ocupación de discapacitados, no se contesta; la 290, sobre discapacidad, tampoco se contesta; la 291, sobre PAMI e informes varios, no es respondida; la 292, sobre PAMI e informe sobre fideicomiso, no es respondida; la 293, sobre PAMI y el estado de situación financiera, no es contestada…

Sra. Presidenta (Vaca Narvaja).- La Presidencia solicita al señor diputado que vaya redondeando su exposición porque ha finalizado su tiempo.

Sr. Macaluse.- Voy a redondear, señora presidenta, pero me gustaría que también redondearan las respuestas a nuestras preguntas.
Diría que el PAMI actúa con delay, es decir, después de tres años de que los jubilados se quedaron sordos les dan los audífonos, después de tres años de quedarse ciegos los operan de cataratas, después de tres años de que asume la interventora renuncia a su banca, y a lo mejor dentro de tres años nos den las respuestas que hoy estamos esperando.
Otra pregunta, referida al préstamo del FMI, tampoco fue contestada, así como tampoco fueron respondidas las preguntas sobre denuncia sobre tratados de inversión y sociedades económicas constituidas por el Estado.
La pregunta 325, sobre tribunal de defensa de la competencia, tampoco fue respondida. No voy a seguir porque la señora presidenta me acaba de pedir que redondee mi exposición, pero podría seguir enumerando un sinfín de preguntas que no obtuvieron respuesta.
Entonces, me pregunto qué sentido tiene venir a discursear entre nosotros cuando en realidad lo que queremos es enterarnos de cómo se manejan los dineros públicos. Lamentablemente no podemos hacer esto último. Entendemos que en la Argentina se podrían hacer muchas cosas por los más pobres pero no se están haciendo por intereses económicos concentrados y también por intereses espurios de la política y el electoralismo.
Por eso nuestro bloque respetuosamente, así como escuchamos respetuosamente al señor jefe de Gabinete, no va a permanecer en esta sesión porque creemos que no tiene sentido. La idea no es irnos haciendo un escándalo sino manifestando la necesidad de trabajar más seriamente para obtener las respuestas a las preguntas que hicimos oportunamente en forma concreta, y sobre todo, que el ciudadano pueda enterarse de cómo se manejan sus dineros.

– El bloque del ARI hace abandono del recinto.

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ARI MARIO FABRÍS DIPUTADO TIGRE

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 7, 2006

Proyecto de Ley para preservar las sierras tandilenses
Piden que las sierras de Tandil sean declaradas Patrimonio Turístico Provincial

Las sierras de Tandil forman parte de uno de los basamentos geológicos más antiguos del mundo con más de 2.200 millones de años. Junto a las sierras de Balcarce, la zona de Cinco Cerros, los mogotes de Mar del Plata, la Isla Martín García y sierras cercanas a Montevideo, en Uruguay, integran parte del Cratón del Río de la Plata, patrimonio histórico de la humanidad.

La explotación de canteras en las sierras se ha desarrollado como una actividad tradicional en la zona, generando recursos y mano de obra para los habitantes de Tandil. Sin embargo, estos recursos son perecederos y los métodos de extracción que se utilizan actualmente son mucho más agresivos que los implementados hace años, por lo que la agresión medioambiental es cada vez mayor.

Por ello, el diputado provincial, Mario Fabris (ARI), presentó recientemente un proyecto por el que se declara como Patrimonio Turístico de la Provincia de Buenos Aires el área comprendida entre las rutas Nº 226, 30 y 74, en el partido de Tandil. El objetivo es crear una Reserva Natural geológica, de protección de los suelos, cuencas hídricas, flora y fauna.

Fabris aclara que “no se trata de perjudicar una histórica fuente de trabajo, sino de detener la explotación indiscriminada de las canteras, agravada durante los últimos años con las técnicas de extracción mediante explosivos, que afectaron el aspecto del paisaje, el valor natural y científico de estas sierras, e incluso provocaron rajaduras en muchas viviendas cercanas”.

Este proyecto de Ley también incluye las áreas de la Sierra Alta de Vela; de los Cordones Los Bosques, Federación, Libertadores, Animas, Sierras del Tandil, La Juanita y Santa Rosa; los Cerros San Luis, Redondo, Los Nogales, Calvario, Granito, Independencia; Paraje el Empalme, la Movediza y Villa Mónica.

Fabris solicita que, dentro de las áreas contempladas, se prohíba el asentamiento de canteras y cualquier tipo de actividad que signifique un daño ambiental o modifique la fisonomía del paisaje serrano . En este sentido, de sancionarse la Ley, las empresas o emprendimientos que se encuentren funcionando, deberán reconvertir sus actividades hacia otras permitidas o programar su reubicación en planes de explotación controlados, en un plazo no mayor a tres años, de lo contrario serán erradicadas.

Este proyecto parte de la propia convicción del diputado Fabris sobre la imperiosa necesidad de cuidar los recursos naturales, y de una creciente conciencia ambiental de muchos grupos y asociaciones del partido de Tandil, que pretenden revertir este proceso de extracción sin retorno y proteger un verdadero patrimonio natural y turístico.

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ARI OLIVERA ENRIQUE

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 7, 2006

POR EL CORREDOR VERDE DEL OESTE
Olivera se reunió con vecinos de Villa Luro

El diputado porteño del lilismo, Enrique Olivera, mantuvo un encuentro con vecinos de Villa Luro para informarles sobre su iniciativa legislativa de incorporar el Corredor Verde del Oeste al Código de Planeamiento Urbano

El legislador del ARI, Enrique Olivera, se reunió el martes 5, por la noche con vecinos de Villa Luro, para darles detalles del proyecto de ley, que incorpora el Corredor Verde del Oeste al Código de Planeamiento Urbano como Urbanización Parque (UP), con el objetivo de impedir la comercialización inmobiliaria de los terrenos públicos aledaños a las vías del ex Ferrocarril Sarmiento.

“Estamos convencidos, que el Corredor debe ser público, verde, recreativo y de libre acceso y no convertirse en un negocio inmobiliario, es por ese motivo que presentamos este proyecto de ley”, le manifestó Olivera a los vecinos, que se reunieron en el local ubicado en la calle Guardia Nacional 122.

El ex jefe de Gobierno además, señaló: “Con la incorporación del Corredor al Código de Planeamiento Urbano como Urbanización Parque, se garantizará el destino de los actuales terrenos ferroviarios ya que existen trascendidos periodísticos que dan cuenta de gestiones por parte del Gobierno Nacional a través del ONABE (organismo encargado de administrar los terrenos ferroviarios) para comercializar esas tierras con destino a emprendimientos inmobiliarios”.

El Corredor Verde del Oeste, que atravesará los barrios de Once, Almagro, Caballito, Flores, Vélez Sársfield, Villa Luro y Liniers, fue incorporado al proyecto de Plan Urbano Ambiental e impulsado por el Gobierno de la Ciudad durante la gestión 1996/2000. Plantea sumar 70 hectáreas de espacios verdes públicos en una zona de la Ciudad con alta densidad de población y, superar, mediante el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, los problemas de tránsito entre el norte y el sur de la Capital Federal, como así también aumentar las frecuencias del ferrocarril.

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ARI VICENTE LÓPEZ

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 7, 2006

Vicente López
Seguridad comunitaria: los municipios pueden y deben comprometerse más

Con una amplia y masiva concurrencia concluyó la charla-debate realizada por el Grupo Coincidencias de Vicente López, bajo el título “Seguridad Comunitaria: Nos preocupa y Nos ocupa”. El encuentro, realizado el pasado viernes en la Cámara Empresaria de este distrito, logró reunir a un amplio y variado sector del pensamiento político, que a lo largo de las horas resaltó, entre otros aspectos, que dicha problemática no es de solución inmediata; el estado municipal debe y puede comprometerse más seriamente; hay que apostar fuertemente a la transparencia de las instituciones; la mejor inversión pública es la que se corporiza en materia social y sobre la educación y que el compromiso ciudadano juega un rol relevante.

Participaron del debate, la diputada nacional por el Frente para la Victoria, la médica Graciela Rosso; el ex juez y vecino de Olivos, Fernando Maroto; los concejales Blanca Díaz del bloque Ari-Vecinos Unidos y su par del PRO-Recrear, Luis Parodi; la presidente del Foro de Munro, la abogada Marcelina Monzón; y el abogado Miguel Quintabani, presidente de PRO-Vicente López y dirigente del Frente para la Victoria. A último momento y por cuestiones imprevistas de su agenda oficial, el viceministro de desarrollo social de la nación y vecino de Olivos, Daniel Arroyo, debió postergar su participación. Por su parte, el diputado provincial del Frente para la Victoria, Alfredo “Loby” Antonuccio, quien fue internado por una descompensación clínica, envió a un representante de la comisión de seguridad de la legislatura provincial.

El debate fue coordinado por el director de Lo Nuestro, Miguel Armaleo, quien destacó “la honestidad intelectual de los panelistas, que sin especulaciones decidieron sentarse en una misma mesa para encontrar puntos en común, que nos hagan mejorar nuestra calidad de vida”. Y aseguró que “la construcción política plural, respetando y aceptando las distintas opiniones, es la parte motora del Grupo Coincidencias”, de ahí la amplitud de criterio. Muestra de esta realidad es que el oficialismo municipal fue invitado, pero desistió de su participación.

“Para quienes integramos Coincidencias, la seguridad no es una cuestión abstracta, por eso hablamos de seguridad comunitaria como una cuestión mucho más abarcativa, y no quedarnos simplemente en ver si ponemos un patrullero más o menos en la esquina. No se trata de dejar de lado las necesidades ni desatender la urgencia, pero intentamos proyectarnos en una comunidad organizada donde, entre otras cosas, la seguridad institucional cumpla un rol destacado”, describió en su momento Armaleo, antes de dar comienzo al rico debate. “Difícilmente –ampliaba el periodista– podremos tener seguridad en nuestras calles si, por ejemplo, el municipio está más preocupado en ver cuántas torres de edificios pone sobre Libertador, o poco y nada hace cuando en nuestras escuelas no hay clases por falta de gas o porque se caen los techos”.

Fueron más de 170 personas que colmaron el salón principal de la Cámara Empresaria de Vicente López.. Entre los presentes se observo la asistencia de la concejal Alicia Soria –quien se quedó participando muy animadamente hasta el final– y Juan Schneider, del Frente para la Victoria de Vicente López; Rodolfo “Manino” Greco del bloque PJ; el Delegado del Ministerio de Trabajo de San Isidro, Carlos Bologna; el director provincial de Loterías, Hugo Asserat; los ex diputados Hugo Marinucci y Alejandro Filomeno; José Armaleo, dirigente del Encuentro Social Peronista, Rodolfo Santangelo, y los periodistas Claudio Leveroni y Fernando Gañete Blasco del Grupo Coincidencias, el cirujano y dirigente vecinal Arnaldo Brecciani, el ex diputado Daniel Sabatella; la concejal sanisidrense Aurora Bastidas y el secretario de Bloque del Fte. para la Victoria de ese distrito, Juan Medina; el dirigente de Recrear Vicente López, Alberto Ricciardi, el periodista y miembro pleno del Foro Latinoamericano de Seguridad, Horacio Acchille; el secretario de Nuevo Espacio de San Isidro, Santiago Cafiero; la doctora Silvia Daveccio, vecina de Carapachay y funcionaria del ministerio de Salud de la Nación; los radicales Eduardo Barro y Fermín Lencina del Frente Militante de Partidos Políticos de Vte. López, el empresario Edgardo Miranda, la dirigente social de Florida, Iris Di Giano y Domingo Maltese del Centro Cultural Tiempos Modernos, entre otros. El gobernador Felipe Solá, mediante un escrito que hizo llegar a la redacción de Lo Nuestro, lamentó no poder participar de la interesante charla propuesta por el Grupo Coincidencias, pero otros compromisos oficiales contraídos con anterioridad, hicieron imposible su asistencia. Lo propio sucedió con el concejal Carlos Castellanos, presidente del bloque Acción Comunal San Isidro es Distinto. En tanto, el presidente del Foro de Carapachay, Carlos Devita, un hombre cercando al intendente García, una horas antes del encuentro, increiblemente dijo no interesarle debatir.

La diputada Rosso fue la encargada de abrir el debate, insistiendo en la necesidad de “la participación ciudadana, porque esto nos va a garantizar, entre otras cosas, una mejor democratización en las instituciones y una mayor transparencia”. Al respecto, señaló como positiva la creación de los Foros de Seguridad, implementados en su momento por el gobierno provincial. También detalló que el delito es un flagelo que atraviesa todo el mundo y está demostrado que la solución, por cierto compleja, no se reduce simplemente a una cuestión técnica. El mayor acento para la diputada nacional –enrolada en el kirchnerismo– continúa siendo lo que “el gobierno nacional viene realizando en materia social, a efectos de reducir los índices de exclusión y marginalidad social”.

Conocida por su constante compromiso con su comunidad, la abogada penalista Marcelina Monzón, presidente del Foro de Seguridad de Munro, dijo que “no alcanza con la vocación de servicio para que los foros de seguridad funcionen. Hace fatal mayor compromiso político y ciudadano”. De su larga experiencia profesional y el hecho de estar al frente de los Foros le ha permitido observar que “hay que insistir más con la tarea de la prevención policial y sobre todo con la educación, y garantizar las mismas oportunidades para todos”. Al respecto, puso como ejemplo una interesante iniciativa llevada a cabo con chicos que habían pasado por la cárcel y sufrido las consecuencias de semejante realidad. “Logramos que estos chicos se insertaran en una vida normal, a partir de concretar un proyecto de vida que los contenga y les dé proyección. Con la colaboración de una ONG instalamos una pizzería manejada por ellos, y los resultados fueron óptimos: ninguno volvió a delinquir”, señaló Marcelina Monzón con el orgullo del caso y con los resultados a la vista.

Miguel Quintabani comenzó su charla exhibiendo estadísticas internacionales que señalan que en México se cometen 20 homicidios por cada 100.000 habitantes en un año, en tanto en San Pablo 30, mientras que en EE.UU. son 10 por cada 100 mil, en España 2 y Argentina tiene 6 homicidios, es decir que de acuerdo con estos datos, “no estamos tan mal como algunos intentan hacernos creer. Claro que esto no nos tiene que conformar pero sirve para saber dónde estamos parados”. El presidente de la asociación Pro Vicente López apuntó “que muchas veces, desde algunos sectores se victimiza a la pobreza, pero nada se dice del delito de guante blanco”, y no dejó pasar la oportunidad para mencionar la corrupción policial. Recordó que en otras épocas se llegaban a vender las comisarías y esto con la connivencia de los intendentes.

Habrá que recordar que lo dicho por el dirigente kirchnerista Quintabani, es lo que en su momento revelara el segundo de Juan Pablo Cafiero en el ministerio de seguridad provincial, Marcelo Saín: el avance de la corrupción policial se facilita gracias a la actitud de ciertos intendentes. Con una administración municipal –con varios imputados penalmente, incluido el intendente García– en camino de juicio oral por supuestos hechos de corrupción, no pocos creyeron ver en los dichos del abogado, algún parentesco con lo local. En este marco de resaltar la inseguridad institucional, mencionó que en Vicente López hay quinieleros en la función pública. Finalmente, bregó para que el municipio ocupe un mayor rol a la hora de atender las demandas de seguridad comunitaria.

La concejal Blanca Díaz (ARI-Vecinos Unidos), dijo que era imperioso construir más ciudadanía que garantice transparencia en cada uno de los actos de gobierno. A esta necesidad de mayor compromiso social, Díaz le agregó que “la dirigencia política y especialmente los funcionarios, deben comprometerse más con las cosas”. Con mucha preocupación dijo “que el avance del consumo del Paco –rezago de droga que consume la población más humilde y que puede causar la muerte en poco tiempo– está haciendo estragos en nuestra comunidad y no se está actuando con la seriedad del caso”.

“Ni manos garantistas ni mano dura, justicia dura” comenzó diciendo el concejal del PRO-Recrear Luis Parodi. Aseguró que “no se puede hablar de seguridad desde la antinomia; los derechos humanos deben ser para todos, y para esto es importante que la ley sea respetada y cumplida por todos los ciudadanos”. Por otra parte, mencionó el estado calamitoso –a veces de ex profeso– de las cárceles que hace que quien ingrese por un delito menor, salga, muchas veces, hecho un verdadero delincuente. La aplicación de penas más severas ante ciertos delitos como narcotráfico, secuestro de personas, o cuando la participación policial o política se expresa, al igual que construir más Estado (y más eficiente), “podrá mejorar nuestra seguridad”. Al igual que el resto de los panelistas, destacó la necesidad de hacer mayor hincapié sobre la inversión en materia social y de educación, como lo han hecho otros países que han salido de situaciones similares.

Reconocido y respetado a partir de su coherente lucha contra la corrupción policial -particularmente del sistema penitenciario-, y su marcada diferencia con la llamada familia judicial –que suele bailar con el poder político de turno– el ex juez Fernando Maroto dijo “que la seguridad es responsabilidad de Estado y como tal no puede ni debe transferirla, bajo el pretexto de participación de la ciudadanía”. “El estado debe asumir su rol y nosotros, como ciudadanos podemos y debemos hacer que lo establecido y planificado se cumpla”, amplió el peronista Maroto. “Con el presupuesto provincial que se destina a seguridad, es mucho lo que se puede hacer –detallaba quien fuera presidente de la Cámara Penal N°1 de San Isidro–, pero sucede que a muchos funcionarios les está pesando la incapacidad”.

No dejó pasar la oportunidad para recordar el andamiaje de corrupción que subyace en el sistema penitenciario, judicial –los datos oficiales dan cuenta de que sólo el 10 % de las causas judiciales terminan con sentencia firme–, y policial.

En cuanto a las cuestiones más locales, Maroto dijo que “los foros de seguridad tal como funcionan, no están cumpliendo con su verdadero cometido: no logran realizar un trabajo profundo porque los comisarios les niegan información. Por eso es necesario conformar el Consejo Municipal de Foros de Seguridad, representado por los distintos Foros y sectores de la comunidad, que el intendente los convoque y ejerza su autoridad”. Y dijo que “Vicente López es mucho lo que puede aportar, pero no se ve en los hechos. Roban muy seguido en las mismas cuadras y esto no es casualidad”, arriesgó el ex juez, para agregar que tampoco la presencia de los móviles es notable.

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ARI PIEMONTE , JUBILACIONES

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 7, 2006

Impulsan la emergencia previsional docente bonaerense

“El reclamo jubilatorio de los docentes debe resolverse ya”, demandó el ARI; y a través de un proyecto, buscará otorgarle al Ejecutivo un plazo de sólo un año para que los docentes puedan obtener dicho beneficio

“Es inadmisible que los docentes deban esperar hasta 3 años para obtener el beneficio jubilatorio. El Estado no puede castigar y faltarle el respeto a quienes han entregado su vida al servicio de la educación”, afirmó el presidente del bloque de diputados del ARI, Horacio Piemonte.

Por eso, “la delicada situación del sistema jubilatorio bonaerense, agravada por el incendio de expedientes en la Dirección de Escuelas, motivó al diputado Piemonte a presentar en la legislatura un proyecto para declarar la “emergencia previsional”, declararon hoy en un comunicado.

La Ley, que contaría con el apoyo de otros bloques, “le otorga un plazo de un año al Ejecutivo para reducir el problema en el Sistema de Previsión Social; eliminar trámites burocráticos innecesarios y afectar mayores recursos económicos y humanos para agilizar los procesos jubilatorios”.

A su vez, “la iniciativa le permitirá a la Dirección de Jubilaciones de la
Dirección General de Cultura y Educación adecuar la infraestructura edilicia, ampliar su plantilla y liberar vacantes”.

Este organismo, además deberá garantizar a los que ingresan o ya
ingresaron al régimen de jubilación anticipada, el 60 por ciento del sueldo hasta que esta ley entre en vigencia; el restablecimiento de la bonificación por egreso suprimida por el ex gobernador Carlos Ruckauf; la posibilidad de extenderlas licencias por enfermedad a aquellos docentes que se tienen que jubilar por incapacidad y sus trámites se encuentranestancados, como así también de establecer convenios que simplifiquen los trámites y los certificados para quienes lo inicien.

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ARI Diputado Sebastián Cinquerrui

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 7, 2006

Argentina es un nuevo productor de cocaína”

El Diputado del ARI, Sebastián Cinquerrui, que ejerce la presidencia de la Comisión de Prevención de las Adicciones en la Cámara baja bonaerense, afirmó que “si los organismo de control y las diferentes instituciones del Estado no tienen una definición univoca de cómo se hace el PACO y no reconocen que es la escoria en la producción cocaína, el Estado no está reconociendo que en el norte argentino y el conurbano bonaerense se está fabricando cocaína” .

Cinquerrui participó en el debate sobre “Drogas y democracia: Políticas Públicas”, llevado a cabo en el congreso provincial, junto Marcelo Saín, interventor de la policía de Seguridad Aeroportuaria; el Subsecretario de Información para la Prevención del Delito Roberto Vazquez; el camarista Marcelo Madina y Maximiliano Pagani, Relator de la Procuración Gral. Suprema Corte de Justicia provincial.

El legislador manifestó que “si nosotros no podemos definir cuál es el nuevo rol de la Argentina como productor en el escenario mundial no vamos a poder definir políticas públicas que ataquen el problema del PACO, por el contrario, vamos a seguir poniendo todo el esfuerzo sobre los más vulnerables sin atacar al gran narcotráfico”.

“En la argentina hay descontrol en la circulación de los precursores químicos lo que significa que se está importando la Pasta Base para producir cocaína. La resaca se utiliza para producir Paco y a su vez genera una red de contención social en el barrio que se produce” , dijo Cinquerrui.

Por último, Sebastián Cinquerrui agregó que “la desfederalización fragmentó el sistema judicial en materia de estupefacientes y penaliza al consumidor; es utilizada por la policía bonaerense para agrandar las estadísticas y no ataca al narcotráfico” .

El encuentro fue clausurado por el Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Raúl Zaffaroni y Donald McPhearson, coordinador de las políticas de drogas de la ciudad canadiense de Vancouver.

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ARI LA PLATA

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 7, 2006

Para Alak y sus alfiles un curso básico de instituciones republicanas, mientras nos negamos al Premio al Mejor Puntero.

Escandalizados presenciamos cómo financian sin tapujos sus campañas personalistas mientras jamás rinden cuentas de la gestión de la cosa pública con un mínimo sesgo de coherencia.

La Plata es la fiesta del Chivo con el Frente para la Victoria en el poder.

Una Municipalidad debe tener un rol promotor en todo el sentido y alcance que puede tener esta palabra a través de las instituciones republicanas, y así abrirse a la razón, y salir de esta cerrazón, a partir de los rufianes que la conducen confundiéndola con una Unidad Básica, generando violencia cotidiana con el uso de las personas que cosifican, como medio para permanecer en el poder, y ahora proponiendo con total desparpajo el “Premio Municipal al Mejor Puntero”, a criterio del propio jefe comunal que premiaría de esta manera a sus mejores reclutadores de la variable pobreza, que también comete descomunales atropellos al no diferenciar al Estado, del gobierno y querer toda vez que financiar a la oposición para dividir los votos, tal como viene sucediendo en las últimas elecciones, para asegurar su permanencia y la de sus amigotes, como así que lo controle como Defensor Ciudadano a un “opositor” de su riñón propuesto por alguna ong amiga, que fue candidato de una formación de la intendencia como Galland y Carriquiriborde quien entonces concejal y candidata a senadora, es actual funcionaria.

Dirimen su interna con dineros públicos, esa es su razón de gobierno, mientras las peleas, idas, reconciliaciones y vueltas entre el seno de la propia corporación sigue desgobernando la ciudad, sin planificación alguna para prever una mejor calidad urbana que proyecte el espíritu de esta ciudad con un buen índice de condiciones de vida, cuando se podría gestionar sin mayores esfuerzos con los mismos fondos que desnaturalizan.

Creemos que “Una buena ciudad es mejor que una buena casa”, y a partir del 10 de diciembre de 2007 lo vamos a probar, desconurbanizando la región, caracterizando a esta palabra en razón del presente del Conurbano, con las peores consecuencias mientras las mismas mafias se hicieron del poder.
OSCAR NEGRELLI
ARI LAPLATA

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ARI ELISA CARRIÓ Regulación de la actividad de confección y comercialización de indumentaria

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 7, 2006

La diputada Nacional Elisa Carrió presentó un proyecto de ley cuyo objetivo es la regulación de la actividad de confección y comercialización de indumentaria es hacer visible la actividad y proteger a los trabajadores y trabajadoras del rubro.

Los empresarios han reconocido que el 65% de la producción se realiza de manera informal y que esto se traduce en un 80% de informalidad en términos de empleo.

La situación es grave: se diluyen las responsabilidades en lo que hace a la inscripción de los/as trabajadores/as, pago de tributos y responsabilidad ante accidentes y violación de normas de salubridad e higiene.

El trabajo a domicilio es una particularidad de esta actividad, lo que implica que muchas partes de la cadena de confección se realizan fuera de la sede de la empresa, con la consecuente reducción de costos a costa del respeto de los derechos de los/as trabajadores/as.

No se pretende desarmar una forma de producción -que podría producir quita de trabajo o despidos masivos- sino registrar esta actividad mediante la autorización expresa por parte de las autoridades estatales. El Estado nacional está comprometido a proteger esta actividad y está obligado por la ratificación mediante la ley 25.800 del Convenio de la OIT Nº 177 en noviembre de 2003.

Hasta la actualidad, tanto el Estado nacional como las autoridades locales han sido ineficientes en la erradicación del trabajo no registrado, a pesar de contar con todo tipo de herramientas legales. Trabajar la cuestión migratoria no se traduce en la eliminación de la explotación de los/as trabajadores/as.

Debe plantearse un esquema de trabajo regular en el control de estas actividades. Esta tarea se propone en dos ejes: con una ley nacional y dos locales.

Se propone la creación de un registro a cargo de las autoridades locales, a fin que éste expida un certificado que habilite a la confección y comercialización de indumentaria. Esta certificación empresaria permitirá un control desde los mayores responsables descendiendo en la cadena de producción

Las leyes locales que impulsa el legislador del ARI Facundo Di Filippo tienen la intención de regular el poder de policía del trabajo de la Ciudad para concretar los controles que le corresponden por la Constitución local. La otra propuesta está direccionada a crear una comisión de trabajo que involucre a todas las partes que forman parte de la actividad.

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ARI CHACO, ELISA CARRIÓ

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 7, 2006

En la sede partidaria de Buenos Aires

Con la presencia de Elisa Carió se constituyó el Foro de Legisladores del ARI

El Foro de Legisladores del ARI de todo el país quedó constituido el viernes, a la mañana, en la ciudad de Buenos Aires, con la presencia de la diputada Elisa Carrió, la secretaria general del partido, Elsa Quiroz, el presidente del Bloque de diputados nacionales, Eduardo Macaluse y la diputada provincial, Alicia Terada por el Chaco.

El encuentro que se inició a las 10:30 en la sede del ARI Buenos Aires sita en Rivadavia 1475, tuvo 7 exposiciones, donde se presentaron los ejes temáticos que se van a desarrollar durante los próximos meses, y que formarán parte del programa de gobierno que el ARI presentará a la sociedad el próximo año.

Luego de la Inauguración, habló la diputada nacional Marcela Rodríguez, sobre “las instituciones republicanas en peligro”. Más tarde lo hizo el diputado Carlos Raimundi quien abordó el tema “la seguridad personal y colectiva desde una perspectiva integral”.

Delia Benutti y Eduardo Macaluse, por su parte desarrollaron “la educación un desafío generacional”.

“Problemas y perspectivas” fue el tema elegido por el intendente de Salto, Edagardo Burgos y del concejal de Villa Carlos Paz, Omar Ruiz.

La doctora Maria América González, habló sobre “el sistema provisional, respeto y dignidad a nuestros mayores y futuro cierto para sus hijos”.

Para finalizar, la reunión, desde las 15 hasta las 18, se realizó la última mesa con la presencia de Elisa Carrió, los diputados provinciales Sebastián Cinquerrui y Walter Martello y el diputado Nacional Leonardo Gorbacz que expusieron sobre “la droga, un genocidio silencioso”.

“Hay tiempo para construir poder, lo tiempos mediáticos no tienen sabiduría, los tiempos de la sabiduría y del discernimiento son otros”, por lo que reflexionó que “hay que estar cuando se debe estar y, hay que saber estar ausente “Señaló Carrió al ser consultada sobre como construir poder en medio de ausencias..

“Somos dirigentes políticos que sabemos estar ausentes” remarcó.

Carrió, que en el foro expuso sobre el tema de “la droga, un genocidio silencioso”, ratificó su postura en favor de la defensa de los derechos humanos y con seguridad de la gente”.

La diputada llamó a “enfrentar la producción de la cocaína” como una de las claves para combatir la droga, porque “alguien está garantizando impunidad a la producción de la cocaína cuya pasta residual es vendida en cada esquina del Conurbano bonaerense”.

De esta forma quedó constituido el Foro de Legisladores del ARI, que estableció los “ejes temáticos” que formarán para del programa de gobierno de esta fuerza, de cara al 2007.

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ARI MACALUSE. RODRIGUEZ. MAFFEI, PÉREZ Leyes secretas – Educación sexual

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 7, 2006

EDUARDO MACALUSE

Sr. Macaluse.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del proyecto por el que se declara de interés parlamentario la IV Conferencia Nacional de Políticas de Drogas, contenido en el expediente 3.762-D.-2006. Pido disculpas a la Honorable Cámara por no haberlo solicitado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, pero en ese momento no sabía que había sido aprobado por la única comisión a la cual fue girado, es decir, Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico.

Sr. Macaluse.- Señor presidente: tal como lo hemos planteado siempre, nuestro bloque no está de acuerdo con los pedidos de licencia prolongados para ejercer cargos en el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, adelanto el voto negativo de nuestro bloque.

MARELA RODRIGUEZ

Sra. Rodríguez.- Señora presidenta: en realidad el proyecto venido en revisión reitera efectivamente lo que habían sido los textos de las leyes 25.148, 25.645 y 25.918, como ya se dijo, que disponían la ratificación por dos o tres años, dependiendo del caso, de la delegación legislativa en favor del Poder Ejecutivo dictada con anterioridad a 1994.
Ahora bien, el artículo 1° de cada una de estas normas también dispone, además de la prórroga, que el Poder Ejecutivo tiene que ejercer esas atribuciones con arreglo a lo dispuesto en el artículo 100, inciso 12, de la Constitución Nacional. Esto es algo que también debe ser tenido en cuenta en este debate. Es decir que al Poder Ejecutivo se le impuso algo que era obvio: cumplir con todos los recaudos impuestos a partir de la reforma de la Constitución Nacional, en aquellos casos en los que existiera delegación legislativa. Es decir que los decretos deben ser refrendados por el señor jefe de Gabinete de Ministros y ser sometidos al control del Congreso de la Nación.
En realidad, nosotros hemos tenido una posición histórica crítica en relación con este tipo de normativas.
En 1999, consideramos un texto similar a éste que vino en revisión del Senado. En ese momento el miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales fue la señora diputada Carrió. Introdujo reformas al proyecto que fueron aceptadas por esta Cámara, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el cuestionado artículo 2°, que menciona cuáles son las materias de administración, a las que posteriormente me voy a referir por la laxitud de la redacción de ese artículo.
En realidad, la señora diputada Carrió había propuesto que el artículo 2° dijera que las normas habían sido dictadas al amparo de la delegación delegante y que mantenían vigencia de conformidad con la jerarquía del órgano que las había dictado. Eso es algo también diferente, porque se trataba de una vigencia de espacio y tiempo, que no implicaba una aprobación.
Ella misma dijo en su discurso que cualquier juez podía cuestionar la constitucionalidad de la norma, y que no implicaba aprobarlas en ese momento. Además, le imponía a los órganos del Poder Ejecutivo que informaran cuáles eran las herramientas o facultades delegadas que se usaban en situaciones de emergencia y que eran necesarias para la función.
El ex ministro Bielsa dijo mejor que nadie en una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales que si hay alguien que sabe realmente de qué se trata todo esto es el propio Poder Ejecutivo. No es el digesto el que nos va a dar la solución. Cuando dicta una norma y debe utilizar una facultad delegada, de hecho el Poder Ejecutivo expresa lo siguiente: “Visto la norma tal…”, y sabe precisamente cuáles son las normas que necesita para cumplir determinados actos.
Entonces el Poder Ejecutivo y otros órganos como el Banco Central o la AFIP eran los que podían dar esta información que nos posibilitara ordenar toda la situación para que el Congreso pudiera sancionar un proyecto de ley que zanjara, de una vez y para siempre, esta cuestión. Estoy citando casi textualmente lo que fueron las palabras pronunciadas por la señora diputada Carrió en 1999.
La Cámara de Diputados aceptó la propuesta, pero la Cámara de Senadores insistió en su sanción original, y de esa forma fue aprobada la primera norma.
Como consecuencia de lo expuesto, no contamos con los mecanismos correspondientes y nos vimos obligados a las sucesivas prórrogas.
En 2002, todos recordarán que vivimos una situación de caos, con lo que llegamos a sancionar una norma sin que existieran discursos, a mano alzada y creo que por unanimidad. En ese momento había cierta razonabilidad en el procedimiento dada la situación en que se encontraba el país.
Pero obviamente era discutida la constitucionalidad de esa norma, además de que implicaba seguir manteniendo las prórrogas, a pesar de que la disposición de la cláusula transitoria octava es definitiva.
En realidad, desde el bloque de la mayoría se sostiene que es indispensable una nueva prórroga porque de otra manera el ordenamiento jurídico se caería in totum y se producirían grandes males. En rigor de verdad, si no hay una prórroga no se producirá ninguna de estas catástrofes. Lo único que va a suceder es que una facultad que es propia del Congreso de la Nación y no del Poder Ejecutivo vuelva al ámbito que corresponde, es decir, a este Parlamento. En todo caso, si es necesario, el Poder Ejecutivo tendrá que remitir un proyecto de ley a este Congreso. El oficialismo cuenta con una holgada mayoría en ambas Cámaras, y en ese sentido, ya se demostró que cuando quiere sancionar un proyecto con rapidez, lo hace. Consecuentemente, no va a suceder nada y no habrá inconvenientes en que se apruebe ese proyecto.
Además, el oficialismo cuenta con otra herramienta: si realmente estuviéramos ante una situación de extrema gravedad, existe la posibilidad de que se dicte un decreto de necesidad y urgencia. Precisamente para eso existe ese tipo de norma; si el Poder Ejecutivo la utiliza para cualquier cosa, bien puede hacerlo para las situaciones que lo ameritan. Es decir que no tenemos necesidad de una nueva prórroga ni existe posibilidad de ningún daño.
Además, esta es una prórroga masiva que afectaría la cláusula transitoria octava y el artículo 76 de la Constitución Nacional. Distinto es el caso en que existe una situación excepcional, como ocurría en 1999 pero no hoy, a doce años de la reforma constitucional, cuando se pretende seguir manteniendo esta prórroga que no sabemos qué duración puede llegar a tener.
En oportunidad de debatir esta prórroga en el año 2004 fuimos muy críticos respecto de los artículos 2° y 3°. Efectivamente, cuando la delegación se permite para determinadas materias de administración, ello debe tener una razón. Sin embargo, tal como lo ha dicho el señor diputado Tonelli, en el artículo 2° del proyecto se enumera una excesiva cantidad de facultades pero finaliza diciendo “toda otra materia asignada por la Constitucional Nacional al Poder Legislativo nacional que se relacione con la administración del país”. En resumidas cuentas, esto significa que se considera como materias determinadas de administración a toda materia relacionada con la administración del país, es decir, a todo. Si esto les parece que es una forma de acotar cuáles son las materias determinadas de administración, me parece que es una forma bastante extraña de usar el lenguaje.
Esta ambigüedad y vaguedad de la norma también fue criticada en 1999 por la señora diputada Carrió, quien dijo que daría lugar a pleitos o problemas de constitucionalidad, y que además extendía el ámbito de delegación efectuada por el Congreso. Es decir que lo que acaba de señalar el señor diputado Tonelli ya lo había advertido la señora diputada Carrió en 1999, señalando que el artículo 2° extendía el ámbito de delegación y no se limitaba a las normas anteriores a 1994. Por eso en ese momento la Comisión de Asuntos Constitucionales decidió suprimir ese artículo.
Pero, además, el artículo 3° aprobaba las normas dictadas entre los años 2002 y 2003, y ahora se pretende hacer lo mismo con las comprendidas entre los años 2004 y 2006 y con la totalidad de la legislación delegada.
Ahora bien, como el artículo 1° dice que el Poder Ejecutivo tiene que seguir el procedimiento del artículo 100 inciso 12), en realidad lo que corresponde es que el Congreso revise una por una las normas y no que se expida in totum, es decir, de manera general sobre todas ellas.
Ya en el año 2004 nosotros habíamos dicho que esto en realidad es una trampa, porque mediante la prórroga de las facultades nos quieren llevar a aprobar cosas que ni siquiera sabemos de qué se tratan y quieren que le demos un cheque en blanco al Poder Ejecutivo.
El señor miembro informante dice que Sagües daba el consejo de verificar una norma por sus consecuencias o ratificar sus resultados. Acá podemos ratificar los resultados con una mera descripción de algunos de los decretos que fueron dictados al amparo de la última norma, que fue la ley 25.918.
Miren en qué resultó la última ley que se aprobó en 2004, cuando dijimos que estábamos dando un cheque en blanco, que trataban de hacer trampa, que iban a querer aprobar cosas bajo la delegación que íbamos a sancionar.
Algunos de estos decretos no tienen como único fundamento la ley 25.918, pero todos se remiten a ella como dictados al amparo de la legislación delegada por esa norma, y algunos simplemente por esa norma.
El decreto 1.067/05 crea la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario sobre la base solamente de esa norma. El decreto 1.023/06 transfiere el Registro Nacional de Armas de la órbita de la Secretaría de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior ‑esto no parece ser muy grave. El decreto 1.683/05 se refiere a la aprobación del programa de obras, trabajos indispensables y adquisición de bienes en el Plan Nacional de Inversiones Ferroviarias. El decreto 243/06 ‑esto se empieza a poner más interesante- se refiere a un convenio por 150 millones de dólares y adivinen quién está involucrado: De Vido, el ministro de Planificación Federal. En el decreto 1.700/04 ya son 200 millones de dólares, y quien tiene que ver con este decreto dictado al amparo de esta norma es nuevamente De Vido, el ministro de Planificación Federal. El decreto 182/05, referido a un convenio de garantía por 200 millones de dólares, es un proyecto de desarrollo de la inversión sustentable en infraestructura. El decreto 529/06 es un modelo de convenio de préstamo destinado al proyecto de transición del programa Jefes y Jefas de Hogar por 350 millones de dólares. El decreto 32/06, se refiere a otro contrato de préstamo, es un programa de apoyo al Programa Familia Fase 1 por 700 millones de pesos. El decreto 1.616/04 es un programa de ajuste estructural en apoyo de la recuperación de la economía por 500 millones de dólares. El proyecto de modernización del Estado se materializó mediante el decreto 392/06, por 30 millones de dólares. El decreto 652, consistió en una donación para la preparación del proyecto de eficiencia energética en la Argentina, por 345 mil dólares solamente para costo del servicio de consultoría.
También podemos mencionar el decreto 182/06, por 98 mil euros; el decreto 1.003/05, sobre el programa de mejora de competitividad del sector turismo, por 33 millones de dólares; el decreto 919/05, sobre el programa de fortalecimiento institucional productivo de gestión fiscal provincial, por 18 millones de dólares; el decreto 392/05, sobre el programa de fortalecimiento institucional del Senado de la Nación, por 4 millones 800 mil dólares.
También podemos citar la carta‑acuerdo para el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad, por 339 mil dólares; el decreto 31/05, por 350 mil dólares; el decreto 1.711/04, sobre el programa de desarrollo para áreas fronterizas, por 22 millones de dólares; y el decreto 633, sobre el programa de reforma del sector de agua potable y saneamiento, por 30 millones dólares.
No los voy a seguir cansando con la enumeración de decretos. Simplemente quiero decir que todo eso se hizo al amparo de la ley 25.918, entre otras normas, que además ahora se pretende aprobar in totum mediante el artículo 3°, que dice: “Apruébase la totalidad de la legislación delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta ley”. Se procede de esta forma de la misma manera en que se otorgaron facultades para el dictado de estas normas. Insistimos en que nosotros no estamos dispuestos a dar un cheque en blanco ni a seguir avalando situaciones como éstas, con las que se sigue violando la Constitución Nacional.
Además, creemos que esto va a ser mucho más gravoso en términos de lo que se ha dicho acá. Al hablar del digesto, la señora diputada tuvo una visión optimista y dijo que desde el Ejecutivo alguien había dicho que no iba a haber más prórrogas. Sin embargo, la senadora Cristina Fernández de Kirchner al informar en el Senado de la Nación sobre el digesto dijo lo siguiente: “En este sentido, tengo dudas de si lo van a poder hacer en el plazo de tres años que estamos acordando hoy. Ojalá me equivoque y no sea necesario dentro de tres años volver a reunirnos aquí para hacer nuevamente esto. Aclaro que no estoy ‘satanizando’. Ojalá que me equivoque –lo reitero‑, porque sería muy bueno que pudiéramos demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de hacerlo. Pero sinceramente no creo que pueda ser así”.
Por lo tanto, ni siquiera la senadora Fernández de Kirchner cree que esto se pueda resolver a corto plazo. Entonces, ¿hasta cuándo les vamos a seguir dando un cheque en blanco? ¿Hasta cuándo se va a seguir violando la Constitución? Sin lugar a dudas, hay algo que no se puede permitir.

(…)

Sra. Rodríguez.- Señora presidenta: efectivamente, como lo reconocí al principio de mi exposición, algunos de estos decretos sólo se basan en la ley anterior y otros tienen su fundamento en varias normas. ¿Qué es lo que viene sucediendo sin solución de continuidad? No me tomé el trabajo de buscar todos los decretos porque sólo quería contar con los más recientes, y además, resulta un poco difícil ubicarlos mediante el buscador; pero lo cierto es que cada vez que se sanciona un proyecto como el que se halla en debate estos decretos son aprobados in totum.
En algunos casos puede tratarse de decretos emitidos sobre la base de facultades propias, pero en muchas situaciones no; de lo contrario, no estaríamos invocando esta ley.
Entonces, en vez de someter cada una de estas normas al control estipulado en el inciso 12) del artículo 100 de la Constitución, en el artículo 3° del proyecto de ley se dispone la aprobación de la totalidad de la legislación delegada dictada entre 2004 y 2006. Este es el problema.
Es posible que alguna norma sea correcta, pero podrían existir algunas otras incorrectas. Apuesto a que la mayoría de los diputados de este Congreso no conoce lo que dice cada uno de estos decretos; yo no lo sabía hasta que los leí. Sin embargo, estamos aprobándolos. Es esto lo que quiero significar, porque está violándose la Constitución.
El mecanismo, incluso respecto de esa ley con la que estuvimos en contra en el año 2004, consistía en seguir con lo que establece el inciso 12) del artículo 100 de la Constitución. Ello no se respeta, pero igual lo aprobamos. Entonces, cada dos o tres años continuamos violando la Constitución.
Este bloque ya no está dispuesto a entregar más facultades del Congreso, a permitir mayores vulneraciones a la Constitución y dar cheques en blanco a un Poder Ejecutivo que cada vez concentra más facultades. (Aplausos.)

(…)

Sra. Rodríguez.- Señora presidenta: es cierto que el artículo 100, inciso 12, planteaba la creación de una comisión bicameral. Lo que afirma el señor miembro informante no es correcto en el sentido de que no puede ser retroactivo. Lo cierto es que cuando el Poder Ejecutivo quiso enviar un DNU para ser ratificado por este Congreso, lo hizo aunque no existiese esa comisión bicameral. Es decir que hubo una forma de aprobarlo, y aun sin la comisión bicameral este Congreso ejerció el control. Cuando no quiso, no lo hizo, y todos estuvimos sometidos a los vaivenes del Poder Ejecutivo. Pero no era requisito ineludible para el control –por lo menos para el oficialismo no lo fue‑, dado que lo enviaron y aprobaron sin la existencia de la comisión bicameral.
En cuanto a lo demás, estoy de acuerdo con el señor diputado Tonelli, por lo cual obviaré su referencia.
La otra cuestión respecto de este tipo de normas es que al aprobarlos no solamente aprueban. En una sesión del año 1999 el senador Yoma, que era presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sostuvo que la legislación delegada también debería ser ratificada lisa y llanamente habida cuenta de que con dicha ratificación aquélla adquiriría el rango jerárquico normativo de ley formal. Es decir que aquí se presenta otro problema, porque si lo que se pretende es que sea una resolución de la AFIP, no puede tratarse de una ley.

Por ese motivo, en su momento la señora diputada Carrió había hecho la propuesta de mantener la vigencia según la jerarquía del órgano que la dictó. Si ahora hicieran eso, de hecho no se caería nada y ustedes tendrían una solución más apegada a la Constitución; sin embargo, ustedes no quieren optar por esta vía.

ADRIAN PÉREZ

Sr. Pérez (A.).- Señor presidente: responderé a la convocatoria que ha realizado la señora miembro informante del oficialismo ‑referida a que busquemos un mayor grado de consenso‑ con otra: que revean el texto que hoy el oficialismo somete a consideración atento a que no atiende la cuestión central, que sí contemplan otros dictámenes, como por ejemplo el que suscribe el bloque del ARI, sustentado en proyectos legislativos presentados hace mucho tiempo en esta Cámara.
Los miembros informantes sostuvieron que este proyecto de ley constituye uno de los avances institucionales más importante de los últimos tiempos, y yo quiero demostrar que esta iniciativa es puro maquillaje. La verdad es que este proyecto de ley no atiende la cuestión de fondo, no resuelve el tema central: cómo evitar el secreto en los actos de gobierno.
Estamos dispuestos –como deberíamos estarlo todos‑ a respetar el principio constitucional de que en un esquema republicano los actos de gobierno deben ser públicos. Por ese motivo queremos que todos los actos de gobierno sean públicos, por supuesto los del Parlamento, pero también, y mucho más, los del Poder Ejecutivo, que es unilateral, discrecional y carece de controles.
Resulta claro que estamos de acuerdo con la publicidad de las leyes secretas existentes hasta el presente. Sin embargo, la pregunta es: ¿por qué exigimos la publicidad de las leyes secretas, reconocidas hoy por el oficialismo como de carácter histórico e intrascendentes, y no estamos dispuestos a dar publicidad a los decretos secretos que fueron el origen de los más vastos delitos cometidos desde la administración pública nacional en los últimos tiempos? Esta es la cuestión central.
Cuando se publiquen las leyes secretas encontraremos donaciones de caballos de pura sangre o importaciones de vajilla de porcelana para la Quinta Presidencial de Olivos exenta de impuestos. En cambio, cuando se den a publicidad los decretos secretos, que el oficialismo no quiere abrir, develaremos a la sociedad cómo se manejaron en la Argentina los fondos reservados, cómo absolutamente todos los gobiernos democráticos incrementaron los fondos reservados por la vía del dictado de decretos para desviarlos a las más diversas actividades ilícitas. Eso es lo que contienen los decretos y no las leyes secretas.
Obviamente queremos publicidad pero de las cuestiones trascendentes que pueden poner en evidencia cómo se desviaron los recursos de las arcas públicas.
Queremos saber, señor presidente, porque la sociedad lo necesita, cuál fue el instrumento que permitió el desvío ilegal de armas a Croacia y Ecuador, que no se posibilitó por medio de leyes secretas sino de los decretos secretos del Poder Ejecutivo.
No hay nada en las leyes secretas. Es más, todos sabemos que en los últimos 25 años de la historia argentina, desde la vuelta de la democracia, no hay leyes secretas, pero sí decretos secretos.
Tengo que confiar en la palabra de la miembro informante de mayoría que sostiene que este gobierno sólo dictó un decreto secreto. Ciertamente no lo sé. Asimismo tengo que confiar en algunos informes periodísticos y en la información que pude obtener en algunas causas judiciales, pero la verdad es que en una República los actos del Poder Ejecutivo deberían estar al servicio del conocimiento público, y hoy deberíamos estar abocados a analizar la publicidad fundamentalmente de los decretos secretos.
También deberíamos restringir los organismos habilitados para recibir fondos reservados y establecer mecanismos de control sobre esos fondos, porque estas cuestiones tampoco han sido tratadas en el proyecto del oficialismo.
Esos son los puntos que nos diferencian sustancialmente; no es una cuestión menor ni secundaria, sino central.
Días pasados una legisladora me decía que daba la sensación de que yo hablaba como si la historia hubiese empezado cuando me senté en esta banca, lo cual no es cierto. La verdad es que defendemos esta posición después de haber estudiado y analizado los hechos que sucedieron en nuestra historia más reciente, habilitados fundamentalmente por decretos secretos.
¿Cómo se inició el tratamiento de este tema en el Parlamento nacional? Empezó allá por abril de 2004, cuando María Julia Alzogaray declaró por primera vez en la causa que se le seguía por enriquecimiento ilícito que había recibido sobresueldos, que eran los que justificaban su enriquecimiento. Ese fue el primer reconocimiento de un funcionario público de la década del 90 de la existencia de los sobresueldos.
Pocos días después –también en abril de 2004‑ conocimos las declaraciones de Roberto Martínez Medina, que había sido secretario de Granillo Ocampo, quien reconoció que este último también cobraba sobresueldos con recursos provenientes de los fondos reservados. En aquel momento Martínez Medina manifestó que todos los meses iba a retirar el sobre a la secretaría de Aiello, donde se encontraba con todos los secretarios de los ministros y de los secretarios de Estado. Los secretarios de Mazza y de Alderete también iban del 1 al 10 a retirar los sobresueldos.
Luego conocimos la declaración de Santiago Lozano, funcionario del Ministerio del Interior, quien reconoció haber cobrado sobresueldos.
También en el mes de abril declaró Ricardo Cossio, ex director de la DGI entre 1989 y 1995, quien dijo: “Señores: yo cobré sobresueldos, pero también los recibían la mayoría de los funcionarios”.
La propia secretaria de Aiello dijo en su declaración que del 1 al 10 pasaban por su oficina los secretarios de los principales funcionarios del Poder Ejecutivo.
Así comenzó esta discusión, que en mayo de 2004 terminó con una condena contra María Julia Alzogaray por enriquecimiento ilícito. En aquella oportunidad el tribunal oral señaló: “Hay una actividad sistemática e irregular por parte del Poder Ejecutivo, que tenía a su cargo la administración de fondos públicos, acciones que a nuestro entender alcanzan la categoría de delito, consistente en el pago a los funcionarios de mayor jerarquía de la administración nacional en forma absolutamente discrecional de sobreasignaciones que no tenían respaldo legal.”
Quiere decir que todos los funcionarios de aquella época cobraban sobresueldos, y lo hacían porque existía un decreto secreto que permitía el incremento de los fondos reservados.
En diciembre de 2004 conocimos la declaración de Camilión. Esto es muy interesante, porque el ex ministro declaró en la causa por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, que no se perpetró en base a una ley secreta –a las que hoy les quieren dar publicidad y prohibir a futuro‑, sino a un decreto secreto.
Entonces, queda en claro que el problema pasaba y sigue pasando por los decretos secretos y no por las leyes secretas.
En su declaración Camilión reconoció que tenía 2 millones de dólares en Suiza, pero aclaró que provenían de los sobresueldos que cobraba ,al igual que el resto de los ministros del Poder Ejecutivo Nacional.
Existe otra causa que nosotros citamos cuando impugnamos el pliego de Martín Redrado cuando se lo designó como presidente del Banco Central. En esa causa cuatro funcionarios de la Comisión Nacional de Valores reconocieron que no solamente Redrado cobraba sobresueldos –chocolate por la noticia‑, sino que todos ellos también los percibían. Fue una suerte de autoimputación de esos cuatro funcionarios; me refiero al secretario privado, al gerente de Comunicaciones, a la directora de Recursos de la Comisión Nacional de Valores y a otra secretaria privada de Redrado. Era tan evidente que Martín Redrado cobraba sobresueldos que destinaba a cuestiones personales, que los propios funcionarios manifestaron que sus sobresueldos provenían de lo que aquél cobraba. Redrado era generoso, porque distribuía.
Luego nos enteramos de otras cuestiones –no solo del tema de los sobresueldos‑, que dejaban en claro que el dinero era desviado para otro tipo de actividades ilícitas, siempre proveniente de fondos reservados.
No era para sobresueldos, sino para coimas para que se aprobara la ley de reforma laboral. Entonces Rafecas dijo: “¿Señores, saben lo que pasó? Se sacaron 5 millones de dólares de la SIDE para pagar a los senadores para que voten el proyecto de ley de reforma laboral.”
Era agosto de 2005, y después vino la causa en la que estaba involucrado Galeano, y se descubrió que efectivamente este juez le había pagado 400 mil dólares a Telleldín para incriminar a los policías en la causa AMIA.
Así podría seguir nombrando causas judiciales en las que sucedieron hechos similares. También podemos mencionar los casos de los jueces federales que cobraban sobresueldos, de los periodistas que cobraban sobresueldos, y siempre lo mismo. ¿Saben de dónde salían esos sobresueldos? De los fondos reservados. ¿Y saben cómo se incrementaban los fondos reservados? No por ley secreta, sino por decreto secreto.
¿Saben cómo se vendían ilegalmente las armas? No por ley secreta, sino por decreto secreto. Siempre fueron decisiones del Poder Ejecutivo, y no del Parlamento Nacional.
Por eso queremos tratar la cuestión con seriedad, sensatez y racionalidad, y afrontar el tema central, que es el secreto en las decisiones del Poder Ejecutivo. Desde ahí siempre se han cometido los ilícitos.
La Oficina Anticorrupción elaboró un informe debido a la existencia de muchas causas, en el que explicaba que efectivamente lo que ocurría era que el Poder Ejecutivo incrementaba mediante decretos secretos los fondos reservados, y que no había posibilidad de controlarlos, porque los secretos no se controlan.
Nos decía, por ejemplo, que en el año 1992 los fondos de la SIDE se incrementaron por decreto secreto en 92 millones de pesos: pasaron de 115 a 207 millones. En el año 1993 se aumentaron en 76 millones de pesos y en el año 1995, en 66. ¿Pero saben qué pasó? Si yo observo año por año, encuentro que el incremento siempre se debió a un decreto secreto.
¿Hubo en estos años alguna ley secreta que incrementara esos fondos? No, era siempre lo mismo: un decreto secreto. Esto no fue patrimonio únicamente del menemismo, porque llegó el año 2000 y también hubo un incremento de los fondos de la SIDE: de 138 pasaron a 167 millones mediante un decreto reservado, y ahora estaba en el gobierno la Alianza. No es patrimonio del menemismo ni tampoco de la Alianza, porque también lo hizo este gobierno.
Cuando Beliz se fue del gobierno dijo: “Señores, ¿saben qué pasó? Les cuento. Hubo un incremento de fondos reservados para la SIDE de cien millones de pesos mediante dos decretos, uno de Duhalde y otro de Kirchner, que tenían como destino financiar la campaña de Kirchner.”
Nosotros dijimos que no podía ser. ¿Por qué decreto se incrementó? Buscamos todos los decretos y no existía. Entonces dijimos: “Mintió Beliz”. No, no mintió Beliz. Lo que pasó nuevamente es que hubo un decreto reservado que posibilitó el incremento de los fondos reservados.
Queremos que todo se publique porque el pueblo quiere saber de qué se trata. Queremos mostrar a la sociedad lo que pasó durante todos estos años con los fondos reservados, con los incrementos, con las ventas ilegales, y para esto indefectiblemente debemos publicar los decretos secretos.
No alcanza con la publicación de las leyes. Es más, diría que a esta altura es intrascendente la publicación de las leyes. Si verdaderamente queremos que la sociedad sepa, tenemos la obligación moral de publicar y poner en conocimiento las decisiones secretas del Poder Ejecutivo que permitieron los más vastos ilícitos de la administración pública nacional.
La otra vez me decía el diputado Bielsa lo siguiente: “La verdad es que mientras yo estuve en la función no tuve fondos reservados, y nunca tomé una decisión secreta.”
¿Saben una cosa? Le creo al señor diputado Bielsa. Pero qué bueno sería despejar las dudas para que ello se conociera efectivamente, tanto para el bien de nosotros como para el que nunca tomó decisiones secretas ni contó con fondos reservados.
Si uno observa lo que ocurrió en los últimos años, se va a dar cuenta de que en 1993 el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto incrementó los fondos reservados en un 93 por ciento. ¿Lo hizo mediante leyes secretas? No, utilizó decretos secretos.
Por eso consideramos que este proyecto es de una gran falacia, y de un marcado cinismo e hipocresía. Lo vienen a presentar como el gran avance institucional, pero no se deciden a tocar la cuestión central. No se animan a publicar un solo decreto secreto ni a prohibir al gobierno y, al presidente la posibilidad de que emita decretos secretos en el futuro.
¡Vaya paradoja! Estoy de acuerdo con que exista la prohibición de leyes secretas, pero en una república el único órgano habilitado para dictar una ley secreta es el Parlamento nacional, porque cuenta con un esquema interno de control. Es decir, por lo menos existen distintas representaciones políticas que toman una decisión. Sin embargo, decimos que el Parlamento no puede hacerlo. Pero el órgano con mayor discrecionalidad, que es unilateral y está cargado de arbitrariedad, sí puede legislar en secreto y emitir decretos secretos.
Siempre se procede habilitando y concentrando facultades en el Poder Ejecutivo, y ahora se le da la posibilidad de que mantenga en secreto sus decisiones.
Por eso cuando dicen que estamos dando un salto están mintiendo. Nuestra propuesta consiste en discutir en serio y dar a publicidad los decretos, prohibiendo para el futuro los decretos secretos.
Tengo una posición personal: ¿el Parlamento podría establecerse alguna regla excepcional para dictar una ley secreta? La respuesta es afirmativa si existieran condiciones de control posterior y si hubiera una ley de acceso a la información, que hoy no tenemos en la Argentina. O sea que en estas condiciones es imposible dictar una norma de ese carácter.
La ley de acceso a la información que sancionó esta Cámara fue destrozada en el Senado. La paró Cristina y la destrozaron. Entonces, ya no hay posibilidad de tener una ley de acceso a la información. Insisto: en estas condiciones es imposible legislar.
Lo que resulta irrisorio es que hoy nos presenten todo esto como un avance y un salto cualitativo en pos de la calidad institucional; esto es pura falacia, cinismo e hipocresía.
Nos han dicho que podemos llegar a invadir funciones propias del Poder Ejecutivo. Es una total mentira. En todo caso, lo que estamos haciendo es reglamentar un mandato constitucional, porque la Carta Magna nos obliga a que los actos de la administración pública deben revestir tal carácter –o sea, ser públicos‑ para el conocimiento de la sociedad. Este es el principio fundamental en todo esquema republicano. Entonces, no estamos vedando ninguna facultad al Poder Ejecutivo, sino que estamos cumpliendo con un mandato constitucional al prohibir al presidente que emita decretos secretos.
Hoy el miembro informante nos ha dicho que establecimos alguna limitación al Poder Ejecutivo en la ley de los superpoderes. Es cierto. Por eso la verdad es que aplaudo –en esto soy sincero‑, porque creo que la ley de superpoderes contó con una sola cuestión positiva: la cláusula por medio de la cual se impidió al señor jefe de Gabinete de Ministros reasignar partidas e incrementar fondos reservados.
Lo importante hoy habría sido que hubiéramos impedido al Poder Ejecutivo establecer disposiciones secretas, tal como lo hemos hecho con el Parlamento. Así como venimos a exigir la publicación de todas las leyes secretas, también deberíamos exigir al Poder Ejecutivo la publicación de todos los decretos secretos.
Uno de los grandes problemas que tuvimos fue la existencia de muchos organismos habilitados para recibir fondos reservados. Por eso dijimos que había que eliminar a todos aquellos que nada tuvieran que ver con la defensa y la seguridad nacional.

El problema consiste en que el texto que pretende aprobar el oficialismo nos remite a dos leyes: la de defensa nacional y la de seguridad interior. De modo tal que continuamos con la misma cantidad de organismos habilitados para recibir fondos reservados. Siguen estando el Congreso de la Nación, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, etcétera. Hay algunos organismos que figuran de manera correcta, pero hay otros que nada tienen que ver con la cuestión vinculada con la defensa y la seguridad. Esta es otra diferencia importante con nuestro dictamen.

Sr. Presidente (Cambareri).- Su tiempo ha concluido, señor diputado.

Sr. Pérez (A.).- Ya termino, señor presidente.
En nuestro dictamen proponemos el establecimiento de mecanismos de control, pero no me voy a extender en esto porque mi tiempo ha concluido.
Quiero cerrar mi exposición señalando que las últimas leyes que se han sancionado en el Congreso -la reglamentación del dictado de los decretos de necesidad y urgencia y los superpoderes- apuntan a una mayor concentración y secreto en las facultades del Poder Ejecutivo. Por eso apoyamos el dictamen del ARI; e queremos terminar en serio con el secreto y proponemos la prohibición de las leyes y decretos secretos.
Deseamos seriamente que la ciudadanía conozca lo que pasó: por eso pedimos la publicidad de las leyes y decretos secretos.
Queremos eliminar los organismos que utilizan fondos reservados y no realizan tareas de seguridad y de defensa nacional. Por eso sostenemos el dictamen del ARI y no el del oficialismo.
Pretendemos establecer mecanismos de control. Por eso apoyamos el dictamen del ARI y no el del oficialismo.

No queremos convalidar la hipocresía, el cinismo y el absolutismo. Por eso no vamos a votar el dictamen del oficialismo. (Aplausos.)

MARTA MAFFEI

Sra. Maffei.- Señor presidente: en primer lugar solicito autorización para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones, y también anticipo el voto afirmativo del bloque del ARI.
El proyecto de ley en consideración, por el que se crea el Programa Nacional para la Educación Sexual, tiene una altísimo consenso y es producto de muchos años de trabajo. Es una norma humana, ética, respetuosa, consensuada, democrática y participativa a todos los niveles, ya que los padres participan en la escuela y en la definición del programa, y también participan el Consejo Federal, el Ministerio de Educación y distintos especialistas con la absoluta posibilidad interdisciplinaria de definir programas, contenidos, proyectos y materiales didácticos.
Esto está basado en dos cuestiones fundamentales: el derecho de los jóvenes a recibir educación sexual y la obligación de la escuela de otorgarla, sin discriminar si la escuela es pública o privada y con la absoluta claridad de que toda persona, desde el ingreso al sistema educativo ‑en el preescolar‑ y hasta el nivel terciario, tendrá el derecho de recibir una educación sexual de carácter integral.
Por primera vez en mucho tiempo, y no sé si por única vez, en este recinto estamos a punto de empezar a desmitificar algunos temas y de correrle el velo al tabú de la educación sexual, que ha causado estragos en la historia de la civilización y particularmente en la historia de las mujeres y de las niñas. Es la primera vez que vamos a correr el velo del currículo oculto que ha existido por siglos dentro del sistema educativo, y quizás por primera vez podamos empezar a hablar justificadamente de educación integral.
Por primera vez vamos a sacarnos el “mascarón”, vamos a sacarnos la hipocresía y vamos a empezar a plantear una historia diferente, de hablar con la verdad, sin dejar la ética, los principios y la verdad de lado. El ser humano es al mismo tiempo físico, biológico, psíquico, cultural, social, histórico y afectivo. No se puede seguir desgajando al ser humano, no se puede seguir fracturándolo, y muchísimo menos se puede recortar, a partir de nuestras incapacidades, miedos, inhibiciones y los desconocimientos que tenemos, el derecho de los pibes a aprender.
Yo no necesito recordar aquí lo que ha sido la historia de siglos con la obturación de la información, del conocimiento y de la educación sexual. ¡Cuántos siglos de violencia, cuántos miedos, cuántas culpas! ¡Qué enorme incapacidad que hemos tenido de juntar el placer con la función reproductiva! ¡Cuántos años y cuántos siglos de ocultamiento, que han cargado de culpa, vergüenza y miedo a las personas, al punto de que en muchísimos casos, aun como adultas, no han podido tener una relación saludable en materia sexual y de relaciones interpersonales.
Es más; la situación sexual no aclarada y la violencia padecida han terminado siendo la base de una reiteración patológica donde la víctima pasa a ser victimario, repitiéndose así históricamente los procesos de abuso sexual.
Ya es tiempo de que realmente nos convirtamos en adultos porque somos capaces ya no de practicar sexo ‑cualquier animal lo practica‑ sino de hablar de sexo, razonable, ética y comprensivamente, con toda la capacidad que tenemos como seres humanos para desarrollarnos en plenitud.
Es tiempo de educar al ser humano en su sensibilidad, en la pasión, en el amor, en la soledad. La persona debe ser educada integralmente, y ésta es una dimensión que faltaba en su educación. Todos conocemos las consecuencias de haber ocultado la educación sexual. Todos sabemos –y los docentes lo hemos visto mucho más‑ lo que han padecido nuestros chicos. Conocemos acerca del abuso y de la violencia, de la prostitución y pornografía infantiles en la actualidad, de las enfermedades de transmisión sexual, de la maternidad adolescente –como han manifestado mis compañeras­‑ y de los conflictos familiares ocultos.
Debo decir algo que la practica docente me ha enseñado reiteradamente. La mayoría de los que se oponen a la educación sexual terminan siendo los que en la casa realizan el abuso sexual. Esto lo hemos visto reiteradamente en la escuela pública.
Es enorme la cantidad de denuncias de la Sociedad de Pediatría. No hay límite de edad. Las víctimas son cada vez de menor edad. El 68 por ciento de todas las violencias proviene del ámbito familiar, el ámbito más íntimo, el de las personas que deberían cuidar a los niños; incluso, en la escuela, en las instituciones deportivas.
Saquémonos la careta y empecemos a hablar seriamente de los verdaderos trastornos que padecen nuestros pibes. Ya es tiempo de actuar y educar no sólo a la víctima. También hay que educar la voluntad, la sensibilidad, la ética y la pasión del posible victimario. Si no educamos a las dos partes, volverán a reiterarse las prácticas del abuso sexual.
Finalmente, sin pretender abusar del tiempo porque sé que todos estamos cansados, deseo que algo quede absolutamente aclarado. En primer lugar, este proyecto de ley no ha dejado de lado a los padres sino que los ha incluido; pero el derecho de los padres no puede llegar a inhibir el derecho de los chicos a recibir educación e información sexual. Hay un límite: los niños no son propiedad de los padres, y no depende de la voluntad de ellos el derecho a educarse que tienen los chicos. Éste es un derecho consagrado en la ley, en la Constitución y en todos los tratados internacionales que ha firmado la República Argentina y en los cuales se basa aquella ley.
¿Por qué se trata de un derecho que está por encima de la voluntad de los padres? Porque en realidad ir a la escuela y educarse es un derecho para que las personas tengan defensa propia; un derecho social para que tengan oportunidad de defenderse. Ir a la escuela no es un hecho relacionado con la posibilidad de confirmar o rechazar las opiniones de los familiares, acentuar la discrecionalidad de los docentes o soportar la de quien fuere. Uno va a la escuela a aprender, a insertarse en una cultura y a adquirir los conocimientos socialmente valiosos para ser una persona íntegra.
Se dice que en este proyecto de ley existe –lo he escuchado de parte de algunos compañeros que me han precedido en el uso de la palabra- la posibilidad de una objeción de conciencia.
En este sentido, quiero establecer dos aspectos básicos, porque me parece que existe confusión. Algunos compañeros están creyendo que lo que nosotros vamos a implementar es una asignatura llamada “Educación Sexual”, que va a tener horario de clase, y los chicos la van a cursar todos los días o dos o tres veces por semana. Entonces, se plantea la posibilidad de que el padre tenga derecho a retirar a su hijo cuando se cursa dicha asignatura. Están equivocados.
Este es un programa tendiente a acciones de educación sexual que se va a desarrollar en distintas asignaturas y materias. Estará presente cuando se curse Psicología, Filosofía, Historia, Biología, Literatura. ¿Qué van a hacer los padres? ¿Van a retirar a sus hijos de todas las clases? Cada vez que un maestro empiece a hablar racionalmente de un problema sexual durante cualquier asignatura, ¿van a sacar al chico? ¿Le van a dar un permiso automático para que se retire de clase cada vez que se toque un tema de educación sexual?
No nos hagamos la ilusión de que vamos a tapar el sol con las manos porque los mismos padres que dicen que podrían objetar el derecho de su hijo de aprender en forma sistemática, científica, ética y ordenada adentro de la escuela a través de los especialistas y de los docentes, no pueden inhibir lo que después ocurre fuera de clase. De esta manera, el pibe aprende en cualquier lado: en los recreos -así está mal informado o con conocimientos dudosos brindados por sus compañeros-, en el club de fútbol, en la cancha o a través de la televisión, de la forma más soez y grotesca. Incluso hoy he escuchado que hasta por teléfono celular: marcando simplemente cuatro números se puede acceder a cualquier tipo de información sexual.

Entonces, permitamos que la educación sexual sea sensatamente brindada por la institución escolar. (Aplausos.)

 

 

 

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ARI Elisa Carrió: hay “clima de participación” en Argentina como en Venezuela

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 7, 2006

La líder del ARI, Elisa Carrió, sostuvo hoy que el Gobierno está “probando” con las acciones de su funcionario Luis D’Elía, “el modelo de quiebre venezolano” para “generar un clima de enfrentamiento y partición” de la sociedad.

Carrió, quien dijo que no asistirá a la concentración convocada por Juan Carlos Blumberg, estimó sin embargo que la gente que irá a la Plaza de Mayo mañana lo hará “para demandar seguridad” al Estado, y que no muchos lo harán por adherir a las propuestas de Blumberg.

La dirigente, en diálogo con radio Mitre, consideró que la “contramarcha” con la que viene amenazando el subsecretario de Tierra y Habitat, D’Elía, demuestra que el funcionario es utilizado por el Gobierno como “fuerza de choque que mide en las encuestas para ver si se legitima en la sociedad

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ARI PIEMONTE DIPUTADO

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 7, 2006

Piemonte: “El reclamo jubilatorio de los docentes debe resolverse ya”

Emergencia Previsional |

“Es inadmisible que los docentes deban esperar hasta 3 años para obtener el beneficio jubilatorio. El Estado no puede castigar y faltarle el respeto a quienes han entregado su vida al servicio de la educación”, afirmó el presidente del bloque de diputados del ARI, Horacio Piemonte.

La delicada situación del sistema jubilatorio bonaerense, agravada por el incendio de expedientes en la Dirección de Escuelas, motivó al diputado Piemonte a presentar en la legislatura un proyecto para declarar la “emergencia previsional”.

La Ley, que contaría con el apoyo de otros bloques, le otorga un plazo de un año al Ejecutivo para reducir el cuello de botella estructural en el Sistema de Previsión Social, eliminar trámites burocráticos innecesarios y afectar mayores recursos económicos y humanos para agilizar los procesos jubilatorios.

A su vez, la iniciativa le permitirá a la Dirección de Jubilaciones de la Dirección General de Cultura y Educación adecuar la infraestructura edilicia, ampliar su plantilla y liberar vacantes.

Este organismo, además deberá garantizar a los que ingresan o ya ingresaron al régimen de jubilación anticipada, el 60 por ciento del sueldo hasta que esta ley entre en vigencia, el restablecimiento de la bonificación por egreso suprimida por el ex gobernador Carlos Ruckauf, la posibilidad de extender las licencias por enfermedad a aquellos docentes que se tienen que jubilar por incapacidad y sus trámites se encuentran estancados, como así también de establecer convenios que simplifiquen los trámites y los certificados para quienes lo inicien.

Por último, el proyecto cotempla otorgar un subsidio mensual desde el fallecimiento hasta el cobro de pensiones para aquellos que corresponda.

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ARI IRMA GARCIA

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 7, 2006

Una gota de calma para tantos enojos. Cruces delirantes y “purga” de estatales

La dirigente del ARI, Irma García, calificó de “inconducente, irrespetuoso y antidemocrático” el inédito enfrentamiento público que protagonizan los líderes parlamentarios, judiciales y gubernamentales.
Desde la periferia del poder, el ARI intentó analizar las entrañas del conflicto, algo que la dirigencia del “sistema establecido” procura disimular con una cosmética cargada de calificativos o ingeniosidades, según los casos.
Casi apelando a la racionalidad, la orientadora del ARI sostuvo: “Señores jueces, señor Gobernador, señores diputados, la función que tienen asignada y por la que han jurado al asumir sus cargos es la de respetar y hacer cumplir la Carta Magna, es respetar y fortalecer las instituciones del Estado, respetando su independencia, es la obligación de trabajar para producir un salto cualitativo en la concepción de la república democrática que hoy nos rige”.
En ese contexto, deploró la confrontación mediática que domina el escenario político provincial, y propuso reemplazar esa pirotecnia por “información fehaciente y fidedigna que la ciudadanía merece para poder entender, debidamente informada, lo que está sucediendo y poder emitir opinión fundada y objetiva”.
Quizás una gota de calma para tantos enojos podría generar el espacio para recuperar la racionalidad.

Aportes a la confusión

A propósito del delirio generalizado que denuncia el ARI, durante los últimos días, se registraron algunas piezas cumbres. El Comité Provincia de la Unión Cívica Radical elaboró un documento titulado “La psicosis de la monarquía”, una pretensiosa interpretación de la gestión gubernamental.
Con el mismo estilo, le respondieron los “radicales disidentes”, una sigla que se esmera en sumar elementos a la confusión general. Dicen estos radicales K que sus correligionarios, los que gobernaron la provincia, “esquilmaron los derechos” de la gente y la “utilizaron como variante de ajuste, fieles a las premisas del neoliberalismo”, una visión revisionista impensada.
Con esa ética y esa estética agregaron: “Se le quiere conferir carácter de “régimen” a un gobierno elegido democráticamente y se acusa de tener actitudes “psicóticas” a su titular, por el solo hecho de reclamar de la Justicia actitudes que reflejen un accionar que al menos justifique los sueldos que ganan los jueces, ¿Quién puede hacerlo sino el Gobernador de la Provincia? Seguramente, ningún ciudadano común, a no ser que ponga en riesgo su libertad por desacato”.
“En términos de impunidad de funcionarios, nuestro partido tiene lo suyo, alguna vez tuvimos un ministro de Gobierno que percibía su sueldo y una jubilación simultáneamente y todo quedó en el olvido, habiendo devuelto o no el beneficio. De las famosas regalías mal liquidadas cobradas nunca se dio precisión sobre el destino de cada dólar”, bramaron los “disidentes”.
Hay mucho más, pero volcarla sin anestesia sería riesgoso para la tolerancia de los ciudadanos.

Versión alarmante

La frutilla del postre fue aportada por la oleada de trascendidos, advirtiendo sobre una inminente “purga” de empleados públicos -supuestamente opositores-. El dato motivó la presentación de un proyecto del legislador Carlos Lorenzo para derogar un artículo del Decreto-Ley 1987 que regula las relaciones de los trabajadores de la Administración Pública con el Estado. “En la provincia de Chubut existen vigentes normativas del gobierno de facto que violan garantías constitucionales”, dijo, y agregó: “De acuerdo con las informaciones de medios de difusión, trascendió que el Poder Ejecutivo se valdría de esa legislación, a los efectos de dar de baja a agentes de la Administración Pública por su ideología contraria al partido gobernante”.
Ayer, fuentes de la poderosa Asociación trabajadores del Estado (ATE) admitieron que existen las versiones, pero advirtieron que no quieren politizar el conflicto y propusieron tratar la eventual modificación del referido Decreto-Ley en el marco de las paritarias.
Tal como sugiere el ARI, sería sano suministrar información a la sociedad sobre estos temas y no someterla a un sistemático bombardeo de consignas políticas y agresiones personales, como lo está haciendo actualmente nuestra dirigencia

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Carrió advierte sobre “clima de partición” (ampliacion)

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 7, 2006

La líder del ARI, Elisa Carrió, sostuvo hoy que el Gobierno está “probando” con las acciones de su funcionario Luis D’Elía “el modelo de quiebre venezolano”, para “generar un clima de enfrentamiento y partición” de la sociedad.

Carrió, quien dijo que no asistirá a la concentración convocada por Juan Carlos Blumberg, estimó sin embargo que la gente que irá a la Plaza de Mayo mañana lo hará “para demandar seguridad” al Estado, y que no muchos lo harán por adherir a las propuestas del padre de Axel, secuestrado y asesinado hace dos años. La dirigente, en diálogo con radio Mitre, consideró que la “contramarcha” con la que viene amenazando el subsecretario de Tierra y Hábitat D’Elía, demuestra que el funcionario es utilizado por el Gobierno como “fuerza de choque que mide en las encuestas para ver si se legitima en la sociedad”.

“Mucha gente tiene que ir a la marcha, pero hay que separar la propuesta de Blumberg del reclamo de seguridad”, consideró Carrió, quien respondió con un rotundo “sí” cuando se le preguntó si es bueno que mucha gente se congregue mañana en la Plaza de Mayo.

En ese sentido, indicó que “muchísima gente que va a ir a la Plaza no va por la propuesta de Blumberg: va porque siente que la seguridad es un tema central, porque siente miedo y quiere que el Gobierno lo resuelva. No va por la propuesta de Blumberg. Ojalá no se confundan las dos cosas”.

Según la dirigente, “nunca hice un uso político de ninguna marcha. Una presencia política le da un tinte político a la presencia ciudadana. No es bueno hacer una utilización electoral de esto. Lo que sí tenemos que discutir en serio es una política de seguridad”.

Consultada sobre las amenazas de D’Elía para realizar una movilización paralela en contra de Blumberg, Carrió opinó que “eso está preparado desde el Gobierno”.

“D’Elía es una prueba usada por el Gobierno, que parece marginal pero es un funcionario del Gobierno, en un montón de hechos, para probar lo que se llama el modelo de quiebre venezolano”, agregó.

Carrió explicó que en Venezuela “salían las clases medias y altas, como un modelo, y esto era rechazado diciendo va a haber una contramarcha de los grupos de (el presidente Hugo) Chávez, de modo de ir generando un clima de enfrentamiento y partición de la sociedad”.

“El modelo venezolano es de choque, no de reconciliación. Está siendo probado en la Argentina en un avance de un D’Elía, quien no avanza sin el aval del Gobierno. Un funcionario del Gobierno, que viola como viola D’Elía la ley, debe ser denunciado por el Presidente, no puede ser funcionario público tiene que ser procesado y condenado. Sin embargo, es la fuerza de choque que tiene el Gobierno y eso se mide en las encuestas, para ver cómo se legitima en la sociedad”, continuó.

Por otra parte, recordó que hace dos años fuimos los únicos que en el Congreso votamos en contra de las propuestas de Blumberg. Apoyando estas propuestas estuvo el Gobierno: Blumberg acordó con (el jefe de Gabinete) Alberto Fernández un paquete de medidas”.

“En la provincia de Buenos Aires los hijos le son arrancados a las madres para el consumo del paco, son usados para la organizaciones delictivas. El paco está matando gente en la provincia de Buenos Aires, y nosotros no estamos haciendo nada por eso. Esa gente no tiene fuerza para manifestarse. El tema es complejo e implica una solidaridad profunda de todos los argentinos”, señaló.

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Discurso del presidente del bloque, Eduardo Macaluse, en la sesión informativa del Jefe de Gabinete

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 7, 2006

Sr. Macaluse.- Señora presidenta: en realidad no le encuentro sentido a todo esto. Hace varios años que venimos planteando la necesidad de modificar el reglamento de la Cámara para que las visitas del jefe de Gabinete –cuando se cumplen‑ sean efectivas, para que podamos enterarnos de las políticas del Gobierno, preguntar y repreguntar y para que nos contesten lo que preguntamos.

Lo que ocurre es que viene el señor jefe de Gabinete de Ministros, hace un discurso sobre lo que legítimamente le parece, después se abre una catarata de discursos, donde hablamos de lo que legítimamente nos parece –que no tiene nada que ver con lo que le parecía legítimamente al ministro‑, y después contesta lo que legítimamente le parece a él, que no tiene nada que ver con lo que nosotros le preguntamos.
Es así que nos vamos conformes, pero luego de dar un espectáculo que considero lamentable. A veces hay chicanas, que también son legítimas, discutimos la historia de cada uno, que también es legítimo porque cada uno de nosotros tiene que hacerse cargo de su historia, pero todo esto no nos sirve a nosotros y, por sobre todas las cosas, no le sirve al ciudadano.

La señora o el señor que enciende el televisor porque el jefe de Gabinete concurre al Congreso y quiere saber sobre qué va a informar, escucha discursos aburridos y opiniones genéricas. Parece que se tratara de Polémica en el fútbol, pero más aburrido porque se abordan temas que a lo mejor a la gente no les interesan tanto.
Por otra parte, debemos tener en cuenta que hemos hecho seiscientas preguntas. ¿Un ser humano puede contestar efectiva y precisamente seiscientas preguntas? Es imposible.
¿No sería mejor acordar dos o tres temas y circunscribirnos a ellos? Podríamos hacer por escrito todas las preguntas que queramos sobre cualquier tema y nos podrían responder por escrito, pero esas dos o tres cuestiones acordadas deberíamos discutirlas seriamente y hacer preguntas precisas en lugar de discursos, para que nos respondan con absoluta precisión, no sólo para que sepamos qué está haciendo el Gobierno y lo controlemos sino también para que la gente lo sepa.

Si no procedemos así es como si existiera una especie de muro detrás de las espaldas del señor jefe de Gabinete de Ministros y sobre la pared que da hacia donde está él se despliega un póster a todo color de la realidad que el Gobierno ve, que no es la que se ve en la calle. Nos habla de todo ese espectáculo rozagante que consiste en ver la Argentina que ellos ven, y por nuestra parte hablamos de un montón de cosas y damos nuestras opiniones.

De ese modo no brindamos información precisa, que es lo que el ciudadano necesita y lo que corresponde para mejorar la calidad institucional.
He escuchado respetuosamente al señor jefe de Gabinete, pero hay algo que quiero comentar. A veces vengo a la Cámara en auto y otras en tren y en subte, y no veo la misma realidad según el medio de transporte que utilice
.

A veces veo pibes revolviendo tachos de basura y mujeres mendigando; veo personas que caminan 70 u 80 cuadras porque no pueden pagar los 70 centavos o el peso que cuesta el colectivo. También veo gente que antes venía en colectivo o que tomaba el tren y ahora lo hace en bicicleta para poder llegar a fin de mes o poder comer; veo al taxista o a gente que viaja en tren que comenta que no llega a fin de mes.
No podemos atribuir al Gobierno toda esa realidad y pedirle en los años que gobernó la solución de los desaguisados que hicieron en los años anteriores la Alianza, el PJ, etcétera. Pero sí podemos sentarnos y preguntarles si ven a toda esa gente como la vemos nosotros. ¿O necesitan viajar en tren para hacerlo? Y si la ven, ¿vamos a hacer algo por ellos, o no vamos a hacer nada?

No podemos decirle a la población que las cuentas dan bien. Este no es un estado de bienestar; es un estado de bien contable. Mientras las cuentas den bien, estamos bárbaros, aunque tengan que revolver la basura o estén sin trabajo. Esto es así porque debemos contar con 30 mil millones de dólares de reservas, ya que el presidente ha dicho que este es un buen número.

Tuvimos que pagar 30 mil millones de pesos al Fondo Monetario Internacional, porque este organismo entendía que estaba sobreexpuesto en la Argentina. Entonces, para que el Fondo no quede sobreexpuesto, está bien que quedemos expuestos nosotros, y consigamos el trabajo otro día y la comida otro año.

Debemos tener un tipo de cambio alto para poder exportar y para que estén mejor los exportadores. Entonces, la población tendrá un salario bajo. No se va a discutir la política salarial ni qué haremos con el excedente de 20 mil millones de pesos que presenta el presupuesto de este año.

No se discutió si en vez de pagar la deuda al Fondo, había alguna posibilidad de redistribuir ese dinero. Estas cosas no se debaten porque si no, las cuentas darán mal.
Entonces, además de la realidad que observamos en la calle, vemos las cifras de las prestaciones de seguridad social. Según la Secretaría de Hacienda, el porcentaje del gasto primario, en 1993 era del 29 por ciento; en 1994, 31 por ciento; en 1995, 27,7 por ciento; en 1996, 25,8 por ciento; en 1997, 27 por ciento; y en 1998, 27,4 por ciento. Estamos hablando de Menem y no de Perón.

En el 2000, 27,7; en 2001, 28. Aquí hablamos de de la Rúa y de Santibáñez. En 2002, 25,8, y en 2003, 25,6. Este año será del 23,7 por ciento, lo que es menor al porcentaje de la época de de la Rúa y de Menem.

Por eso no tiene que sorprendernos que la Cámara de Seguridad Social haga una fuerte crítica a la decisión administrativa del jefe de Gabinete, que lleva el número 199/04, y que quita 710 millones a la ANSeS para reasignárselos a Yacyretá. Es decir que les sacamos a los pobres para darles a los ricos.

Esto es lo que se está haciendo hoy. No son cifras del ARI, sino de la Secretaría de Hacienda y de la Cámara de Seguridad Social. Por ejemplo, tenemos a María América González reclamando que se pague lo que se le debe a los viejos. Todavía estamos en veremos y ni siquiera nos hemos sentado a analizar cómo hacerlo.
El desempleo era del 11,4 por ciento en 1994, mientras que el subempleo era de 10,3 por ciento. Hoy estamos igual que en pleno menemismo.

En cuanto a la distribución del ingreso, el decil que recibía más en 1980, percibía el 29,2 por ciento; en 1994, el 33; en 2005, el 35,8. Los que tienen más están recibiendo más.
Con respecto a los que poseen menos, el decil más bajo recibía en 1980 el 2,6 por ciento; y en pleno menemismo, en 1994, 1,6. Ahora estamos en 1,3, lo que significa que nos encontramos peor, sobre todo teniendo en cuenta que este año habrá excedentes por 20 mil millones de pesos.

Así podemos pasar revista a distintos cuadros. Este año, además de tener el excedente mencionado, hemos otorgado 25 mil millones de pesos en subsidios. La tercera parte de esos subsidios se destinan a las grandes empresas: a Madanes –representado por Aluar y FATE‑ van 712 millones; a Techint, 126 millones; al grupo de Aceitera General Deheza, 55 millones; a la cerealera Cargill, 42 millones, y a Dreyfuss, 32 millones.

¿Este es el combate contra los grupos concentrados del campo, que parecería estar constituido por los chacareros? El dinero se otorga a Cargill, mientras hay gente revolviendo tachos de basura.

En cuanto a la política de subsidios, ellos se otorgan a las mineras para que extraigan los minerales y los exporten. Mientras tanto, no subsidiamos a los pequeños productores que están alrededor de las mineras, que a su vez les están pudriendo los campos.
También se subsidia a las petroleras y a los hidrocarburos. Hoy se discutió en la Comisión de Presupuesto y Hacienda una iniciativa vinculada con la cuestión. Se subsidia a las grandes petroleras para que extraigan un recurso estratégico y se lo lleven del país y no se les paga a los trabajadores de YPF el subsidio que les corresponde y la propiedad participada. Mientras tanto estamos discutiendo la caída de las reservas. Estamos subsidiando para que se lleven el petróleo, y tenemos una gravísima caída de reservas en la Argentina. Se subsidia a la banca extranjera para que administre el ahorro de los argentinos y no queremos subsidiar a los deudores hipotecarios, que no saben cómo hacer para pagar sus viviendas, porque no quieren que se las regalen. Marta Maffei está harta de llamar, al igual que María América González, para ver si vamos a sancionar una ley para resolver el problema de los deudores hipotecarios. Y el festival de subsidios no termina con eso: está la amortización acelerada, la reducción anticipada del IVA, la promoción industrial y los fondos fiduciarios, porque también se subsidia a través de ellos, y no podemos saber con cuánto dinero ni cómo ni a quién ni en qué momento ni si cuentan con el nivel de desagregación adecuado.

En la pregunta número 178, ítem g), el señor diputado Adrián Pérez planteó una cuestión de sentido común al jefe de Gabinete en su anterior visita. Solicitó un informe detallado sobre la aplicación de los recursos emergentes de los fondos fiduciarios vigentes explicitando en cada caso el monto asignado a cada beneficiario y le contestaron de acuerdo con lo que la SIGEN había revisado, que era del año anterior, de modo que no obtuvo respuesta a lo que él pedía.

Es decir que tenemos un país injusto, pero además –y por eso en parte es injusto‑ contamos con una calidad institucional muy baja, muy pobre, porque no podemos controlar lo que debemos controlar y venimos aquí a hacernos discursos entre nosotros. Hablamos de las renegociaciones con las empresas de servicios públicos y de los ATN.
Una pregunta que nos hacíamos, como también se la hacía el señor diputado Adrián Pérez, es sobre la decisión administrativa número 515/05: ¿cuáles son los elementos considerados como respaldatorios del informe técnico para decidir otorgar a Buenos Aires un incremento de fondos de ATN por 60 millones de pesos, que significan el 30 por ciento del total asignado al recurso, cuando históricamente la provincia de Buenos Aires obtuvo el 12 por ciento? Era un año electoral. Muchos dirán que la provincia tiene mucha pobreza y necesita a los pobres.

Voy a dar un ejemplo: Mar del Plata, con un “intendente K” –esto no lo digo yo sino que lo ha expresado el presidente de la Nación‑ tuvo un ATN de 302 mil pesos que se destinaron al desarrollo de desfiles de modelos. Era un objeto altruista, porque le iban a dar el producido al Inareps, que es el Instituto Nacional de Rehabilitación. De los 302 mil pesos que se otorgaron, entregaron 10 mil a la institución. El resto lo puedo desagregar y después entregarles fotocopias, si lo desean. Así, a un gran hotel le correspondieron 10.575 pesos; a una empresa de modelos, 6 mil; a un modelo relativamente conocido, 950 –no digo los nombres porque los pibes no tienen la culpa; ellos hacen su trabajo, la porquería la hacen los que entregan así los ATN‑; a otro modelo más reconocido a nivel internacional, 6.362; a una empresa de supermodelos, 16.385; a una agencia de modelos, 13.600; a una agencia de gerenciamiento de modelos, 2.400; a otra agencia de modelos, 1.270; a Aerolíneas Argentinas, 4.300; a otro estudio de modelos, 5.262; y a la producción, escenografía, luz y sonido, 242 mil pesos.
Ese es el uso que tienen los ATN. Nosotros pescamos éste porque no hay un nivel de desagregación del destino de los ATN que podamos ver sin encontrarnos con alguna clave o con algún empleado fiel que diga “Miren lo que están haciendo”. Tengo en mi poder la respectiva copia del municipio al que pertenece Mar del Plata que atestigua lo que estoy diciendo.

Justamente en el momento en que le llegaban los ATN el intendente descubre que tenía enormes coincidencias con el gobierno nacional y empieza a trabajar electoralmente con él. Este es el uso espurio de los fondos públicos de las instituciones para hacer campaña electoral mientras la gente se está muriendo de hambre. Si la gente la pasara mal y el país estuviera mal, tal vez podría ser entendible que se pidieran sacrificios, pero se están pidiendo sacrificios cuando sobra dinero. Lo que ocurre es que ese dinero no se da a la gente y se entrega de esta forma espuria.

Por otra parte, quiero decir lo siguiente. En el poco tiempo que tuvimos para revisar las respuestas a las preguntas que oportunamente hizo el ARI pudimos observar que la mayoría no fue contestada o se respondió evasivamente.

A modo de ejemplo puedo citar las siguientes: la 273, sobre política de derechos humanos, fue contestada evasivamente; la 274, relativa al Código Penal, también fue contestada evasivamente; y con la 275, referida a perspectiva de género y educación, ocurre exactamente lo mismo.

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ARI ELISA CARRIÓ

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 7, 2006

Carrió adelantó que formará una nueva clase dirigente
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Lo dijo durante una charla que ofreció a jóvenes integrantes de la fuerza que representa- Aseguró que el partido “estudia formar una clase dirigente para la Argentina el porvenir”- Ayer por la mañana, la diputada participó junto al amauta Valentín Mejillones Akharapi de una conferencia sobre el triunfo de Evo Morales en Bolivia.


La diputada por el ARI, Elisa Carrió, afirmó ayer que su fuerza está “estudiando y formando una nueva clase dirigente para la Argentina del porvenir”, durante una charla sobre ética política que ofreció a los jóvenes de su partido.

“Nos formamos junto a nuestros jóvenes en el profundo análisis, respeto y conocimiento de todas las sabidurías, tradiciones y culturas como forma de construir la paz”, agregó Carrió.

Ayer por la mañana, la diputada participó junto al amauta Valentín Mejillones Akharapi de una conferencia sobre el triunfo de Evo Morales en Bolivia.

“Espiritualidad y acción política en la visión del amauta que le entregó el mando”, es el nombre de la charla que se desarrolló en el Instituto Hannah Arendt.

Amauta, significa sabio, conocedor de la cultura y, como tal Akharapi, fue el elegido para entregarle el bastón de mando al Presidente Boliviano durante una celebración aymará que -sostuvo- fue motivo de orgullo y honor.

“El bastón es un poder que nos viene de nuestra cultura”, dijo y explicó que “ahora todo ha cambiado, todos nos saludan y nosotros buscamos un cambio sin rencor ni odio. No queremos más dolor y discriminación”. Por la tarde, la líder del ARI dictó una clase en el contexto del curso “Formación y conducta moral para construir una nueva historia” que se dicta desde hace dos meses organizado por la Juventud del ARI para sus militantes.

Akharapi sostuvo que “nos han querido matar, nos han querido desaparecer pero aún seguimos con nuestra cultura milenaria, por eso el hermano Evo va a gobernar con la sabiduría de un indígena, que conoce lo que es sufrir, lo que es el hambre y porque sabe que nuestros ancestros nos enseñaron a no mentir”.

Para el Amauta, “en Bolivia dijimos aquí basta porque el 80 por ciento de la población somos indígenas queremos un gobierno propio de los pueblos originarios”, al tiempo que convocó a defender los recursos naturales.

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COMUNAS

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 7, 2006

DESCENTRALIZACIÓN Y POLÍTICA
Comienza el seminario “Buenos Aires hacia las comunas

Este martes se llevará a cabo la inauguración del seminario y taller internacional “Buenos Aires hacia las comunas”. El mismo tendrá lugar durante dos jornadas en la Legislatura porteña y reunirá a dirigentes de diferentes partidos políticos nacionales e internacionales y a funcionarios del Ejecutivo. Entre ellos, cabe mencionar, a Ricardo López Murphy, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Gorgal y Roy Cortina

Con la participación de representantes de un amplio espectro ideológico, comenzará este martes el seminario y taller internacional “Buenos Aires hacia las comunas”. El mismo tendrá lugar durante dos jornadas en el Salón Dorado de la Legislatura porteña y tiene por objetivo debatir sobre la descentralización en la Ciudad de Buenos Aires y analizar casos testigos a nivel mundial.

La apertura se realizará el martes a las 15:30 y estará a cargo del diputado Santiago de Estrada (Juntos por Buenos Aires), vicepresidente primero de la Legislatura porteña; el diputado Enrique Olivera (ARI), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales; el diputado Rodrigo Herrera Bravo (Compromiso para el Cambio), presidente de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana; y Rüdiger Graichen, representante de la Fundación Friedrich Naumann en la República Argentina;.

En el primer panel informativo, denominado “Hacia la descentralización de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Beneficios y posibles problemas”, expondrán la líder de Unión por Todos, Patricia Bullrich, el ex director del Centro de Gestión y Participación (CGP) 2 Norte, Sergio Abrevaya; y el diputado porteño del Frente para la Victoria y ex director del CGP 1, Sebastián Gramajo.

En lo que respecta a las propuestas de los partidos, la primera mesa tendrá como panelistas a la subsecretaria de Gestión Pública de la Ciudad, Silvina Pedreira; al diputado del ARI Guillermo Smith; a la presidenta del bloque Compromiso para el Cambio, Gabriela Michetti; y al presidente del bloque Recrear, Jorge San Martino.

A su término, opinarán sobre la relación gobierno-comunidad como herramienta para el cambio el ministro de Gobierno porteño, Diego Gorgal y el ministro de Gestión y Descentralización de la Ciudad, Roy Cortina.

En tanto, el miércoles por la tarde se expondrá sobre “Nuevas comunas: Ley de los partidos políticos: La relación entre representantes políticos y vecinos”. Los encargados de opinar sobre el tema serán Norberto La Porta, diputado porteño del Partido Socialista; Jorge Enríquez, diputado porteño de Unión Republicana; María Eugenia Estenssoro y Fernando Cantero, diputados porteños del ARI.

Asimismo, el panel que versará sobre “Un plan estratégico para las comunas: política social, educación, salud, seguridad y medio ambiente” tendrá como expositores a Horacio Rodríguez Larreta, vicepresidente de Compromiso para el Cambio; Enzo Pagani, presidente de Recrear Capital; y Milcíades Peña, ex diputado porteño. Mientras que, posteriormente, el analista político Felipe Noguera y el representante del Instituto Libertad de Chile, Mauricio Cisternas, realizarán un análisis del cambio político estructural de la ciudad con la creación de las nuevas comunas.

El cierre se realizará a las 19:30 y el panel estará integrado por Hermes Binner, diputado nacional por el Partido Socialista de la provincia de Santa Fe y ex intendente de la ciudad de Rosario; Ricardo Lopez Murphy, presidente de Fundación Cívico Republicana; Iván Posada, diputado nacional de la República Oriental del Uruguay; y Miguel Talento, vicepresidente segundo de la Legislatura porteña.

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Hogar Raimondi: Garulli dijo desconocer las denuncias

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 7, 2006

Junto al delegado Donaire, participó de la interpelación en la Legislatura porteña

  • “Pareciera que algunos hogares han sido transformados en “cotos de caza” por algunos sindicalistas”, dijo una diputada

La directora del Hogar Raimondi de nuestra ciudad, Dora Garulli, y el delegado designado por el gobierno porteño, Héctor Donaire, participaron de la interpelación del pasado martes en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, pero no aportaron mayores datos sobre las denuncias realizadas ante el Juzgado Federal.

Según fuentes allegadas a la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación del cuerpo deliberativo porteño, donde se realizó la interpelación, los directivos del hogar necochense negaron los hechos denunciados y no respondieron algunas de las preguntas.

Como se sabe, la directora general de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, María Elvira Camozzi, decidió iniciar un sumario a la actual directora y designó a Donaire, como delegado para que controle el funcionamiento del hogar, lo que sería el paso previo a una intervención.

“Coto de caza”

Tras la interpelación del martes, a la que participaron la María Elvira Camozzi, y los directores de los cuatro hogares dependientes del gobierno porteño (Raimondi, San Martín, Rodríguez – Viamonte y Rawson), quienes se hicieron presentes junto a la Subsecretaría de Promoción e Integración Social de la Ciudad, Gabriela Groba; la diputada Liliana Parada (ARI) no advirtió “buena predisposición ni de Camozzi ni de la sumariada directora del Hogar Raimondi, Dora Garulli”.

En ese sentido, dijo que “no hubo avances significativos en la situación del Hogar ya que, además de las numerosas evasivas y negaciones por parte de los funcionarios citados, Garulli dijo desconocer absolutamente todo lo denunciado”.

A su vez, Garulli fue informada acerca de las reiteradas persecuciones y amenazas de muerte que sufren los testigos de la causa penal, a lo que ésta respondió desconocer de qué personas se trataba.

En tanto, Parada, luego de preguntar insistentemente, inquirió, ante el abroquelamiento de los funcionarios, si ellos estaban buscando lo mismo que los legisladores, es decir, “nada más que la verdad”. De ser así, “estamos en la misma vereda”, sostuvo la diputada.

No obstante, la legisladora del ARI manifestó que “sí podemos decir que gracias a la denuncia penal se produjeron algunos avances. Hay que aclarar que esta no es la primera, pero ha sido suficientemente relevante como para que se reconozca que existía previamente una serie de denuncias y que ahora por eso se empezaron a tomar medidas”, aunque, por otro lado, recalcó que “pareciera ser que algunos hogares han sido transformados en ‘cotos de caza’ por algunos sindicalistas”.

Bajo la lupa. Se interpeló a directivos del Hogar de Ancianos Alejandro Raimondi

http://www.ecosdiarios.com/26082006/loca002.php

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ARI, Elisa Carrió , diputado Cinquerrui

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 7, 2006

Foro de Legisladores del ARI
El Paco es el mayor genocidio del país”, afirmó Elisa Carrió

“El Paco es el mayor genocidio del país”,
afirmó Elisa Carrió.

La diputada Nacional por el ARI, Elisa Carrió afirmó “que el tema estratégico hoy es el mayor genocidio que se esta produciendo en el país con la droga y en especial con el paco en los sectores más pobres que además está marcando el crecimiento de la producción de cocaína en Argentina”.

Para la diputada del ARI, que participó de un Foro de Legisladores y concejales de su partido, esto demuestra que “alguien está garantizando el crecimiento de la producción de cocaína” y que por ese motivo ella y el diputado provincial de Buenos Aires, Sebastián Cinquerru están realizando una investigación sobre “los dramáticos índices de crecimiento del consumo de Paco”.

“Hay que pelear y defender los derechos humanos de los hijos de las madres pobres que están presos del Paco y están desamparadas”, aseveró Carrió y agregó que esto esta vinculado al crecimiento de la inseguridad “porque la mayor parte de los delitos se cometen en busca de dinero para comprar droga, por eso la inseguridad no es un problema del Código Penal, sino mucho más profundo y por tal motivo no se puedo hacer de esto una cuestión electoral”.

Carrió se definió “como expresamente ausente” de la discusión sobre la marcha promovida por Juan Carlos Blumberg que, dijo, “tiene todo el derecho de expresarse, como en cualquier sociedad democrática.

Cuando los periodistas la consultaron sobre la posibilidad de alianzas, Carrió respondió: “Somos la intransigencia que resiste a la billetera de Alberto Fernández” y agregó que “Cuando hay fascismo hay compra y miedo de periodistas, políticos y organizaciones sociales” y dijo que el ARI “es el núcleo de resistencia que no participa de rejuntados electorales y que está trabajando y se está formando para cuando le toque gobernar, para cuando la sociedad advierta lo que está pasando”, al tiempo que dijo que “los tiempos mediáticos no son tiempos de sabiduría”.

Por su parte, el diputado Cinquerrui afirmó que “las estadísticas oficiales confirman que en la provincia del Presidente es donde más creció el volumen de consumo de Paco y es la provincia que más sospechas tiene de que por sus puertos se exporta cocaína”.

“El Paco es hijo directo del modelo kirchnerista, porque hay un amparo en las máximas esferas del poder político en connivencia con la policía. Nadie es ingenuo, todo el mundo sabe lo que pasa, pero no lo quieren ni decir ni investigar”, agregó.

“Hoy la argentina se convirtió en un hiperproductor de clorhidrato de cocaína”, dijo Cinquerrui y agregó que “el Paco es el residuo de la fabricación de cocaína, lo que demuestra que Argentina se transformó en un país de exportación masiva de cocaína”.

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ARI MACALUSE EDUARDO

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 7, 2006

Para Eduardo Macaluse “estas normativas no deben prorrogarse sino que deben caducar”.


Eduardo Macaluse
ARI – Bs As

La Cámara de Diputados en su sesión de hoy tratará de convertir en ley el proyecto que establece la prórroga por tres años de las leyes que contienen la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, incluida en normas y decretos hasta la reforma constitucional del 94.

Los diputados tienen también previsto debatir el proyecto del oficialismo que baja del Senado, que propone la publicación de las leyes secretas, que fueron declaradas inconstitucionales por la Justicia, y que hoy también quedaría convertida en ley.

El diputado arista, Eduardo Macaluse (ARI- Buenos Aires), habló acerca de las posiciones del bloque con respecto a las Leyes Secretas y Delegadas.

EC: ¿Cuál va a ser la posición del ARI en el recinto en el tratamiento de las Leyes Secretas?

M: Nosotros queremos, no sólo que se deroguen las leyes secretas, sino toda la normativa secreta. En realidad, estas leyes son viejas. En la democracia no las hubo. Desde 1983 en adelante lo que existen son decretos y normativas menores, resoluciones que disponen sobre los bienes de los argentinos. Para que haya transparencia debe haber acceso a la información.

En cuanto a las Leyes Delegadas…

M: Pensamos que ya hubo tiempo suficiente como para que el gobierno hiciera un informe acerca de cuales son esas leyes y la consecuencia de la pérdida de vigencia. Por lo tanto, no vamos a apoyar una prórroga de estas normativas que deben caducar.

EC: ¿De qué se trata el dictamen de minoría impulsado por el bloque?

M: Adrián Pérez presentó el dictamen junto con otros diputados del bloque. Impulsamos que todas las normativas secretas sean derogadas. No sólo las leyes y que no vuelvan a haber normativas con este carácter.

EC: ¿Qué es lo que el gobierno pierde al darlas a conocer?

M: Creo que quieren demostrar un acto de transparencia al derogarlas. En realidad, no lo hacen con aquellas normativas que sí pueden tener consecuencias concretas sobre el manejo del dinero, que es lo que a nosotros nos importan.

El diputado del ARI fijó posición con respecto a legislación delegada. En charla con Edición calificada también opinó sobre las “leyes secretas”.

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ARI OLIVERA ENRIQUE DIPUTADO

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en septiembre 7, 2006

DESCENTRALIZACIÓN Y POLÍTICA
Comienza el seminario “Buenos Aires hacia las comunas”

Este martes se llevará a cabo la inauguración del seminario y taller internacional “Buenos Aires hacia las comunas”. El mismo tendrá lugar durante dos jornadas en la Legislatura porteña y reunirá a dirigentes de diferentes partidos políticos nacionales e internacionales y a funcionarios del Ejecutivo. Entre ellos, cabe mencionar, a Ricardo López Murphy, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Gorgal y Roy Cortina

Con la participación de representantes de un amplio espectro ideológico, comenzará este martes el seminario y taller internacional “Buenos Aires hacia las comunas”. El mismo tendrá lugar durante dos jornadas en el Salón Dorado de la Legislatura porteña y tiene por objetivo debatir sobre la descentralización en la Ciudad de Buenos Aires y analizar casos testigos a nivel mundial.

La apertura se realizará el martes a las 15:30 y estará a cargo del diputado Santiago de Estrada (Juntos por Buenos Aires), vicepresidente primero de la Legislatura porteña; el diputado Enrique Olivera (ARI), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales; el diputado Rodrigo Herrera Bravo (Compromiso para el Cambio), presidente de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana; y Rüdiger Graichen, representante de la Fundación Friedrich Naumann en la República Argentina;.

En el primer panel informativo, denominado “Hacia la descentralización de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Beneficios y posibles problemas”, expondrán la líder de Unión por Todos, Patricia Bullrich, el ex director del Centro de Gestión y Participación (CGP) 2 Norte, Sergio Abrevaya; y el diputado porteño del Frente para la Victoria y ex director del CGP 1, Sebastián Gramajo.

En lo que respecta a las propuestas de los partidos, la primera mesa tendrá como panelistas a la subsecretaria de Gestión Pública de la Ciudad, Silvina Pedreira; al diputado del ARI Guillermo Smith; a la presidenta del bloque Compromiso para el Cambio, Gabriela Michetti; y al presidente del bloque Recrear, Jorge San Martino.

A su término, opinarán sobre la relación gobierno-comunidad como herramienta para el cambio el ministro de Gobierno porteño, Diego Gorgal y el ministro de Gestión y Descentralización de la Ciudad, Roy Cortina.

En tanto, el miércoles por la tarde se expondrá sobre “Nuevas comunas: Ley de los partidos políticos: La relación entre representantes políticos y vecinos”. Los encargados de opinar sobre el tema serán Norberto La Porta, diputado porteño del Partido Socialista; Jorge Enríquez, diputado porteño de Unión Republicana; María Eugenia Estenssoro y Fernando Cantero, diputados porteños del ARI.

Asimismo, el panel que versará sobre “Un plan estratégico para las comunas: política social, educación, salud, seguridad y medio ambiente” tendrá como expositores a Horacio Rodríguez Larreta, vicepresidente de Compromiso para el Cambio; Enzo Pagani, presidente de Recrear Capital; y Milcíades Peña, ex diputado porteño. Mientras que, posteriormente, el analista político Felipe Noguera y el representante del Instituto Libertad de Chile, Mauricio Cisternas, realizarán un análisis del cambio político estructural de la ciudad con la creación de las nuevas comunas.

El cierre se realizará a las 19:30 y el panel estará integrado por Hermes Binner, diputado nacional por el Partido Socialista de la provincia de Santa Fe y ex intendente de la ciudad de Rosario; Ricardo Lopez Murphy, presidente de Fundación Cívico Republicana; Iván Posada, diputado nacional de la República Oriental del Uruguay; y Miguel Talento, vicepresidente segundo de la Legislatura porteña.

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