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ARI Unidad de Información Financiera – Promoción y regulación del microcrédito destinado a grupos de escasos recursos

Posted by LA ARGENTINIDAD ...AL PALO en junio 21, 2006

 

Intervenciones de nuestros Diputados 

 Adrián Pérez

Sr. Pérez ( A.).- Señor presidente: como bien señalara el señor diputado Villaverde, un proyecto muy similar al que está en debate fue tratado el año pasado en esta misma Cámara y creo resultó aprobado por unanimidad.
En aquella oportunidad incluíamos un artículo por el que se transfería al Ministerio de Defensa la Dirección de Fabricaciones Militares. Es decir que se reiteraba la fórmula actual por la que se excluye la Dirección de Fabricaciones Militares respecto de la ley que la sometía a privatización. Efectivamente, el señor diputado Cornejo hizo referencia a que en el año 1996 todas las fábricas de esa Dirección quedaron sujetas a privatización.
Actualmente existen cuatro empresas que, a los fines del proceso de privatización, fueron transferidas al Ministerio de Economía y se mantuvieron dentro de su órbita. Queda claro que se las transfirió al solo efecto de poder ser privatizadas; pero ahora, al excluirlas de la ley de privatización, manifestamos nuestra voluntad de que se mantengan en la esfera pública.
Se trata de empresas que, a partir de los últimos años, realmente han iniciado un proceso de recuperación importante mejorando sus índices de competitividad; están exportando y han aumentado su oferta de producción no sólo para el mercado interno sino también para el externo.
El ámbito natural y original de tales empresas siempre fue el Ministerio de Defensa. Ahora, curiosamente, el dictamen en tratamiento –que prácticamente es una reproducción del que consideráramos el año anterior‑ excluye el artículo por el que transfería la Dirección de Fabricaciones Militares a su ámbito natural, es decir el Ministerio de Defensa.
Por lo expuesto, solicito la inclusión del siguiente artículo: “Transfiérense al Ministerio de Defensa las facultades asignadas a la Dirección de Fabricaciones Militares por los artículos 27 y 34 de la ley 12.709 y sus modificatorias.”
 De esta manera, repito, transferimos todas las empresas de la Dirección de Fabricaciones Militares al Ministerio de Defensa, que es su ámbito natural. Se trata de un elemento aclaratorio, porque existen muchas versiones acerca de que estas empresas de la Dirección de Fabricaciones Militares serían convertidas en sociedades anónimas o resultarían transferidas al Ministerio de Planificación, al estilo de lo que se hizo con AYSA, ENARSA y ARSAT.
En razón de que estamos eliminando la posibilidad de que nuevamente sean privatizadas y creemos en la voluntad expresada por el señor diputado Villaverde en el sentido de que esta norma tiende a promover la procuración y la provisión de medios para la defensa, entiendo que el artículo que he propuesto debe ser incorporado al proyecto para que la Dirección de Fabricaciones Militares sea devuelta a su ámbito natural, es decir, el Ministerio de Defensa.


 Marcela Rodríguez

Sra. Rodríguez.- Señora presidenta: nosotros vamos a presentar una propuesta alternativa pero además, como lo hemos hecho en su momento cuando tratamos la anterior reforma a la ley de lavado, queremos advertir que se está avanzando en modificaciones de extrema gravedad en la materia.
En verdad dijimos que esto iba a suceder. Porque señalamos que estamos dándole enormes atribuciones a un organismo que después van a querer modificar. Es decir, están poniendo el carro delante del caballo. 
 Primero vienen con el hecho de darle mayor poder  y después vendrán con que quieren cambiar su composición. Efectivamente, meses después aquí estamos con un organismo con mayor poder, donde ahora vamos a dar aún más poder a una sola persona.
En realidad acá hay cuestiones tanto de conveniencia técnica como cuestiones políticas importantes por las cuales nos oponemos a la iniciativa del Poder Ejecutivo.
La actual integración de la UIF combina políticos o representantes del cuerpo político con expertos, con técnicos. Tienen una combinación entre técnicos y políticos que da especialización para detectar operaciones de lavado.
Al eliminar los concursos de oposición y antecedentes y hacer que simplemente sea una única persona designada por el Poder Ejecutivo nacional lo cierto es que se resta y se pierde en especialización, como sería tener un órgano plural con expertos, que cuenten con las mejores condiciones y los mejores requisitos. Como contrapartida se le da un poder extremo a una sola persona, que además es designada por el Poder Ejecutivo.
Ya sabemos que una de las fuentes del lavado de dinero –así como el narcotráfico, la prostitución, la trata de personas‑ son los hechos de corrupción. Entonces estamos dándole la capacidad de designar al controlado diciendo que este señor y solamente este señor, que no ha de pasar por ningún concurso de oposición y antecedentes, será el que tenga que controlar al controlado.
Es cierto que va a haber un Consejo Asesor. Pero en dicho Consejo Asesor cuatro de los siete representantes van a ser designados por ministerios o, en algún caso, por alguna secretaría.
Estaba pensando ‑vuelvo a lo que fue la reforma anterior‑ que por un lado le restamos eficacia para controlar hechos de corrupción pero, por otro, le otorgamos a esta unidad un poder ‑a mi entender inconstitucional‑ por el cual se levantan el secreto bursátil, el secreto financiero y el secreto comercial. Pero no hacemos lo que sí deberíamos hacer, que es levantar el secreto fiscal, cuando esto es lo que permitiría mejorar la detección de operaciones de lavado de dinero.
Con la capacidad de reunir esta información, porque levantamos los secretos, vamos a tener una especie de central de inteligencia en manos de una sola persona que va a conocer, sin haber acudido nunca a un juez de la Nación, los secretos de los ciudadanos de origen fiscal, financiero o bursátil. Esto, repito, en manos de una sola persona elegida solamente por el Poder Ejecutivo y sin que un juez de la Nación haya intervenido nunca. Me van a decir: “Sí, con un procedimiento igual al del decreto 222”. Nosotros salvamos el procedimiento del decreto 222 cuando se aplicó en relación con los ministros de la Corte.
También reconocemos las críticas que  han hecho las ONGs ‑aclaro que en esto no voy en desmedro de ninguno de los ministros de la Corte elegidos mediante este procedimiendo‑, en el sentido de que muchas veces se hicieron observaciones y después no fueron recogidas por el procedimiento. Es cierto que hay un déficit en el funcionamiento del decreto 222, pero insisto en que me enorgullecen los nuevos ministros de la Corte que tengamos.
Pensemos lo que sucede en la AFIP. Seamos honestos. En realidad, cuando se trató la reforma en esta Cámara, más de uno de nosotros queríamos levantar el secreto fiscal. En esa oportunidad vino el administrador general de la AFIP, se sentó sobre el secreto fiscal y no lo levantamos. Esto era una persona sentada arriba de un secreto, y ahora vamos a tener una persona sentada sobre todos los demás secretos.
Pero si como todo eso fuera poco, esta Unidad de Información Financiera tiene otras atribuciones importantísimas, como por ejemplo la de imponer multas. En este sentido, tiene la capacidad de imponer multas que van de una a diez veces el monto de la operación sospechosa. De manera que si hay una operación sospechosa de un millón de dólares, ese señor, con semejante poder, puede poner multas por 10 millones de dólares. Imagínense la caja de recaudación que esto podría implicar; va a recaudar más que unos cuantos órganos de recaudación.
En realidad, lo que hemos hecho hasta ahora fue un “como si”. Cuando reformamos la ley anterior era sólo hacer un “como si” ante el GAFI. Es cierto que hay legislación comparada donde existen organismos unipersonales; pero reconozcamos que este país es muy particular.  No es lo mismo este país que cualquiera de los que se ha mencionado y que tienen esa legislación. El nuestro es un país donde los hechos de corrupción han sido muchos, donde la impunidad ha sido mucha, donde la corrupción policial ha sido mucha, donde los mecanismos de control no funcionan y donde los organismos de control tienen déficit.
Entonces, no se puede extrapolar lo que sucede en cualquier país y decir que hay organismos que funcionan bien en otro lugar. Me parece que en esto tenemos que ser un poco más serios y reconocer que en nuestro país se dan cuestiones que son más difíciles de contemplar.
Es cierto que actualmente no funciona la UIF, pero esto ocurre porque el Poder Ejecutivo la vació. El Poder Ejecutivo sacó a algunos de sus integrantes, quizás con buen criterio, pero después no llamó a concurso para cubrir las vacantes. Entonces, si queda un solo miembro, es obvio que la UIF no va a funcionar. Asimismo, si no se le da presupuesto, tampoco va a funcionar. La propia UIF dice que si no se levanta el secreto fiscal no puede avanzar. Entonces, si no se lo levantan, no va a funcionar.
Pero esto no es un problema de órgano colegiado sino de que no hubo voluntad política para avanzar en esta materia.
Otra de las cosas que se dijo sobre ese consejo asesor es que más allá de que sea obligatorio consultarlo, no es vinculante su definición.
Además, si se cambia la forma de remoción de los miembros –antes estaba garantizada por un tribunal independiente y ahora el que los nombra los saca‑, obviamente hay una merma en la independencia.
Antes había un procedimiento especial de remoción para los que integraban el cuerpo colegiado, que estaba a cargo de tres ex magistrados y surgía explícitamente de la ley. Ahora se los saca de la misma manera en que se los pone. 
  Por lo tanto, estos señores que tendrán que dictaminar saben que lo que digan no es vinculante y también saben que están expuestos a ser removidos si lo que dicen no le gusta a quien los designó. Este no es un buen criterio para garantizar la independencia de quienes tienen que controlar.
En mérito a la brevedad diré que hemos hecho una propuesta que mantiene la composición en un número reducido de cinco miembros –no volvemos a la de once‑, pero deben ser personas expertas y para ello aumentamos los requisitos para poder ser integrante de la UIF. Establecemos concursos abiertos de oposición y antecedentes en los que cualquiera pueda participar y con un jurado que represente a distintos organismos y que también tenga garantía de independencia e imparcialidad.
Seguimos todas las recomendaciones internacionales, no sólo las del GAFI sino también de las entidades de fiscalización, que tienen que ver con la independencia de los organismos de control.
 Asimismo, proponemos levantar el secreto fiscal. Insistimos en que poco puede avanzar la UIF en su tarea si no levantamos el secreto fiscal. Una vez que levantemos el secreto fiscal se podrá pedir con fundamento al juez el levantamiento de otros secretos.
También damos al Ministerio Público la posibilidad ‑que se negó en el otro dictamen‑ de hacer investigaciones preliminares.
Por supuesto, volvemos a la situación originaria en la que de ninguna manera se pueden avasallar garantías constitucionales equivalentes a la correspondencia sin la autorización judicial.

Insistimos en que este avance, combinado con la reforma anterior, es de extrema gravedad. Este Congreso nuevamente está otorgando poderes excesivos a una sola persona, que va a tener la posibilidad de disponer de información sobre cualquier ciudadano o ciudadana de la Nación sin la intervención de un juez. Estaremos ante una central de información paralela que ni nosotros sabremos qué hará.


 

 Leonardo Gorbacz

Sr. Gorbacz.- Señor presidente: en primer lugar, debo expresar el acuerdo de nuestro bloque con la política y filosofía contenida en la propuesta sobre los microcréditos y el apoyo a los microemprendimientos. Entendemos que la promoción del microcrédito es una forma adecuada de distribución del ingreso, que responde a la propuesta central de nuestro partido.
Sin embargo, el hecho de que estemos de acuerdo con la política de los microcréditos no significa necesariamente que vayamos a apoyar el proyecto en análisis. Tenemos objeciones sobre la metodología con la que se propuso discutir esta iniciativa. Este expediente ingresó a la Comisión de Acción Social y Salud Pública de un momento para el otro, sin que tengamos la posibilidad de hacer un análisis previo, y recibió dictamen a pesar de que los diputados, incluso los que firmaron el dictamen, no habíamos tenido posibilidad de leer el proyecto. Recuerdo que se hizo presente uno de los autores de esta iniciativa, quien muy amablemente se puso a disposición de la comisión para responder a las inquietudes que le plantearan sus integrantes. Pero lo cierto es que resulta difícil plantear alguna inquietud cuando ni siquiera se tuvo la posibilidad de leer el proyecto.
Tampoco se ha respetado, como suele suceder, el artículo 113 del reglamento, que establece un plazo determinado para que los legisladores presenten sus observaciones.
Lo que se votó en la comisión fue el título. Pero nosotros entendemos que cuando se vota un proyecto de ley nos estamos expidiendo sobre el contenido y no sobre el título. En este país sabemos que las peores prácticas se han puesto en marcha bajo el paraguas de las mejores causas. Digo esto porque este tema se vincula con la causa de la distribución del ingreso, que nosotros sostenemos y apoyamos.
La forma en la que se trató este proyecto generó algunos errores, como por ejemplo los que tienen que ver con la redacción del dictamen, que recibimos en nuestras bancas recién hace escasos minutos. Además, dio lugar a ciertas oscuridades, que no pueden formar parte de ningún proyecto que persiga un fin tan noble. 
Más allá de la metodología también tenemos que plantear algunas objeciones sobre al texto en análisis, que de no ser tenidas en cuenta nos obligarán a votar en forma negativa a pesar de que estamos a favor de los microcréditos.
Aquí se habló del Programa de Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Socioproductivo, de la FONCAP, que es un programa que está vigente y que persigue los mismos objetivos de este proyecto. De modo que no se entiende por qué generar otro programa para cumplir los mismos objetivos.  Si aquel programa no está funcionando correctamente, debiera hacérselo funcionar bien o darle de baja, y si funciona bien habrá que fortalecerlo.
 No se entiende por qué se prevén dos programas con el mismo objetivo. Si en todo caso hay una explicación tampoco aparece claro cuál sería la relación entre un programa y otro.
Incluso este programa de la FONCAP tiene un registro llamado Registro Unico de Instituciones de Financiamiento a la Microempresa y al Pequeño Productor, que tiene el mismo objetivo, casi calcado, que el registro que crea este proyecto de ley. Quiere decir que van a haber dos registros que tienen el mismo sentido y que apuntan a las mismas instituciones.
En segundo  lugar –creo que ésta es la objeción fundamental‑, no hay un criterio claro de selección de las instituciones de microcrédito que pudieran ser beneficiadas con este proyecto.
Sabemos –no somos ignorantes‑ que existen valiosas instituciones  que están trabajando muy bien en materia de otorgamiento de microcréditos, pero nada garantiza que estos cien millones de pesos -tal como está este proyecto de ley y tal como fue tratado hasta ahora, sin voluntad de cambiar ningún aspecto‑ vayan a parar efectivamente a manos de esas instituciones que sabemos que están funcionando bien y no de otras que funcionen mal, tengan otros objetivos o se creen especialmente para tomar dinero del Estado, en lugar de ir a manos de quienes más lo necesitan.
Tampoco hay un criterio de selección sobre cuáles van a ser los microemprendimientos beneficiados.  No hay establecido un cupo -como planteó el señor diputado Lozano en la reunión conjunta de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda- que determine cuánto debiera ir para el funcionamiento de las instituciones y cuánto tendría que ir –lo que debiera ser la porción más importante‑ al destinatario final, es decir, a los microemprendedores.
Tampoco se aceptó incluir una cláusula clara de distribución federal de los fondos con lo cual, como se ha dicho, sospechamos que esto pueda agotarse solamente en Capital y el conurbano.
No se aceptó la propuesta del señor diputado Lozano para que quede absolutamente claro que todas las asociaciones y fundaciones que puedan recibir este subsidio del Estado deban ser sin fines de lucro, con lo cual pensamos que las consecuencias posibles de la ley no serán el fortalecimiento de los microemprendimientos, que es el sentido final, sino el apoyo exclusivo a un sector geográfico del país, con el consiguiente agotamiento de los fondos.
Otra posibilidad es que empiecen a pulular instituciones de microcrédito que no tengan objetivos genuinos y que además pongan en tela de juicio a aquellas instituciones  que queremos salvaguardar, y a las que  felicitamos y acompañamos en su tarea.
  Otra cosa probable a nuestro juicio es el uso clientelar de estos fondos, precisamente por la falta de controles.  Para dar un ejemplo, el programa de microcréditos de Brasil, que se llama Banco Popular de Brasil, otorgó en el año 2003 microcréditos por seis millones de dólares, y gastó para ese mismo período once millones de dólares en publicidad. Esto podría pasar también con este proyecto.

Aunque coincidiendo con el espíritu de este proyecto, en la medida en que no ha sido posible  introducir las modificaciones que proponemos, lamentablemente vamos a tener que votar negativamente. Creemos que en lugar de ser un proyecto de fortalecimiento de los microemprendimientos, terminará siendo un proyecto de fortalecimiento del clientelismo, y sabemos que el clientelismo es una práctica política que lejos de generar trabajo lo destruye. (Aplausos.)

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