Buscan traspasar el puerto a la Capital

 Quieren crear un ente administrador por ley, pero no hay convenio para el traspaso. Conflicto de jurisdicción.

Legisladores macristas y del ARI tienen previsto firmar hoy un despacho que crea un ente administrador del Puerto de Buenos Aires. Esta inicitativa reabre la polémica por la transferencia del puerto de Buenos Aires al Gobierno porteño.

Según publica hoy el diario económico Ambito Financiero, el proyecto dejará en manos de Jorge Telerman el reclamo por la transferencia de la contabilidad portuaria, que estiman tiene una recaudación anual de $ 50 millones de pesos.

Si bien la Constitución porteña habla de la creación de ese organismo, mientras no exista acuerdo entre los Estados Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, la ley -que tiene previsto aprobarse antes de fin de año- pasaría a ser una suerte de reclamo o bien expresión de deseos.

Los legisladores macristas y sus aliados del peronismo y de Recrear vienen impulsando el proyecto que iba a sancionarse el año pasado. Se trata de una embestida hacia el gobierno nacional, pero como el titular del organismo es el jefe de Gobierno, quedará a su voluntad integrar efectivamente ese ente. La puja surgió hace más de diez años, en 1991, cuando fueron transferidos los distintos puertos que pertenecían al orden nacional a sus respectivas jurisdicciones, excepto en la Ciudad de Buenos Aires, por entonces municipio que no era autónomo. Pero luego, en la Constitución porteña se estableció que la Ciudad tenía jurisdicción sobre el área portuaria.

«Actualmente, la Ciudad no tiene ninguna participación en el puerto, que quedó en manos de la Administración General, que no realiza acciones para mejorar la zona», explicó el macrista Rodrigo Herrera Bravo, quien asegura que la ley cuenta con los 22 votos de la bancadas de PRO y los de la bancada del ARI.

«La ley -explicó el legislador- propone lo que dice la ley nacional de puertos, que las jurisdicciones tienen que crear un ente administrador para que la Nación los traspase».

De ese modo, el proyecto crea un ente que tendrá participación privada -cámaras navieras, exportadores, importadores-, representantes de los trabajadores y funcionarios, para contabilizar las tasas y contribuciones que pagan los concesionarios de las terminales y los operadores.

Para el kirchnerista Sebastián Gramajo, «esto tiene que analizarse de acuerdo con la ley de puertos, que vetó el pase a la Capital Federal y es sólo una acción reclamando la autonomía, pero no es lógico crear un ente si no hay un acuerdo con la Nación o iniciadas las tratativas».